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La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS) ha reconocido el avance que el Congreso de la República ha experimentado en los procesos de modernización y profesionalización de su labor legislativa, pero ha insistido que uno de los obstáculos más importantes en el fortalecimiento de nuestro sistema democrático es la existencia de fondos provenientes del presupuesto nacional, mejor conocidos como “Barrilito” y “Cofrecito”.
El manejo de dichos fondos entre los legisladores constituye una distorsión de su función primordial y se ha convertido en una práctica que fomenta el clientelismo y el dispendio de los recursos del Estado. En tal sentido, FINJUS propone que los partidos políticos que intervienen en la campaña electoral se comprometan a eliminar este mecanismo ilegal de financiamiento de la actividad partidaria y que en consenso con las organizaciones sociales más representativas, se anuncie al país su desaparición a partir del 16 de agosto venidero.
El cofrecito o barrilito debe eliminarse porque atenta contra la transparencia del sistema político-electoral y constituye un obstáculo al fortalecimiento institucional que experimenta Congreso. Se ha insistido que los legisladores, en el cumplimiento de su misión, deben manifestar su compromiso permanente con las comunidades que representan, pero ello no significa que dediquen tiempo o recursos para desarrollar obras sociales que son atribuciones que corresponden a la administración central, los órganos autónomos y descentralizados y a los ayuntamientos o administraciones locales.
Los legisladores deben disponer de mecanismos adecuados para canalizar las necesidades de sus representados hacia los órganos y organismos públicos que deban brindar el servicio correspondiente y mantenerse vigilantes de que los fondos públicos sean usados en las actividades para los que fueron emitidos. Pero esto no justifica la existencia del barrilito o cofrecito en el Congreso Nacional, pues esto seguirá implicará que se siga descuidando la función legislativa que es lo fundamental y en especial el control de la actividad de la Administración, que es una de las funciones más importantes que debe desarrollar el Congreso Nacional ante los cambios de la tradicional función legislativa y el incremento del poder reglamentario.
Todo lo anterior es particularmente preocupante ante los retos que tiene el Poder Legislativo en la actualización del sistema legal e institucional que impone la Constitución proclamada el 26 de enero pasado y muchos menos aceptable es perpetuar la vigencia del barrilito a la luz del rediseño que realiza la Constitución a las funciones de los poderes del Estado apostando por el fortalecimiento del rol fiscalizador del Congreso Nacional. Exhortamos al Congreso a eficientizar su labor fiscalizadora para evitar que las instituciones públicas centrales, descentralizadas o locales puedan gastar discrecionalmente los fondos públicos y, en consecuencia, constreñirlas a ejecutar el Presupuesto General del Estado en la forma que sea aprobado.
Servio Tulio Castaños Guzmán
Vicepresidente Ejecutivo
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