El Presupuesto y el desempeño del Poder Judicial Dominicano. (CREES) Featured

 

Contar con instituciones que protejan los derechos esenciales de los ciudadanos es una condición fundamental para el desarrollo socioeconómico de un país. Las instituciones fuertes y cumplimiento de las reglas de juego por todos es esencial para un verdadero Estado de Derecho en cualquier sociedad. El Estado de Derecho es esencial, ya que crea una sociedad más justa basada en la igualdad ante la ley, crítico para promover el desarrollo económico.

 

Contener los actos de violencia y preservar la integridad de las personas son elementos fundamentales para mantener un orden social en el que los seres humanos puedan prosperar. Es decir, la preservación de la vida es el primer pilar que cimenta el Estado de Derecho. En adición, el orden social precisa de la seguridad de los derechos de propiedad y del cumplimiento de los contratos como dos requisitos adicionales para la convivencia pacífica en sociedad.

 

Para poder contar con un Estado de Derecho que proteja los derechos esenciales de los ciudadanos, y mantenga el orden social necesario para la vida en sociedad, es preciso contar con un Poder Judicial que garantice un sistema de justicia que sea accesible, eficiente, imparcial e independiente.

 

En vista de que la independencia del Poder Judicial debe ser real y no un mero enunciado, el Poder Judicial debe contar con autonomía efectiva desde el punto de vista financiero. En consecuencia, en este estudio se analiza el presupuesto del Poder Judicial dominicano desde diferentes perspectivas. El análisis se nutre de las ponencias del foro “El Presupuesto del Poder Judicial”, organizado por la Coalición Acción por la Justicia y la Seguridad.

 

Entre los temas abordados en este documento es importante señalar: i) la normativa que rige la independencia presupuestaria del Poder Judicial y la elaboración del presupuesto de la Suprema Corte de Justicia; ii) el análisis histórico del presupuesto del Poder Judicial; iii) la necesidad de evaluar el desempeño del Poder Judicial por medio de indicadores de eficiencia; iv) las necesidades actuales del Poder Judicial para cumplir con su plan estratégico; y, v) la necesidad de considerar la revisión de las leyes que consignan partidas presupuestarias.

 

2.   Independencia Presupuestaria del Poder Judicial

 

La Constitución de República Dominicana establece que el país posee un gobierno civil, republicano, democrático y representativo, que se divide en Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Judicial. La misma Constitución establece la independencia de los tres poderes en el ejercicio de sus respectivas funciones.

 

En el Artículo 149, la Constitución es específica en lo relativo a la independencia presupuestaria del Poder Judicial. En el Párrafo I del Artículo 149, se establece que el “Poder Judicial goza de autonomía funcional, administrativa y presupuestaria.” Es decir, el Poder Judicial goza de la facultad de poder elaborar su presupuesto, así como para administrar los recursos que recibe.

 

Entre los acuerdos que surgieron a partir del denominado “Pacto por la Democracia” de 1994, se encontraban reformas al sistema electoral y al sistema de justicia. De ese proceso surge la Ley No. 46-97, promulgada el 18 de febrero de 1997, que busca reforzar la independencia financiera del Poder Judicial. Aunque la Constitución de 1994, vigente en ese momento, incluía la autonomía administrativa y presupuestaria en su Artículo 63, esta ley fue promulgada como una forma de fortalecer dicha autonomía, como lo establece en su considerando primero.

 

Posteriormente, en 2004, se promulga la Ley 194-04 para establecer, entre otros temas, el monto presupuestario que debe ser asignado al Poder Judicial. Dicha ley establece que:

 

“El Presupuesto del Poder Judicial (Suprema Corte de Justicia) y del Ministerio Público (Procuraduría General de la República), serán por lo menos un cuatro punto diez por ciento (4.10%) de los ingresos internos, incluyendo los ingresos adicionales y los recargos establecidos en el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos , y se distribuyen de la manera siguiente:

 

Un sesenta y cinco por ciento (65%) del cuatro punto diez (4.10%) corresponderá a la Suprema Corte de Justicia y un treinta y cinco por ciento (35%) del cuatro punto diez (4.10%) corresponderá al Ministerio Público.”

 

De lo anterior se desprende que el porcentaje que la Ley 194-04 establece para el presupuesto destinado a la Suprema Corte de Justicia será por lo menos el dos punto sesenta y seis por ciento (2.66%) de los ingresos internos de cada año. Para los fines de determinar el monto a ser destinado a la Suprema Corte de Justicia, este 2.66% es aplicado a los ingresos internos que integran el Fondo General; es decir, se excluyen aquellos fondos que tienen un destino específico.

 

3.   El proceso del Presupuesto del Poder Judicial

 

El presupuesto del Poder Judicial se elabora a partir de la base legal que establecen la Constitución y la Ley 46-97, en lo que respecta a la autonomía, y la Ley 194-04, en lo relacionado con el monto que debe ser destinado al presupuesto de la Suprema Corte de Justicia.

 

En adición a estas legislaciones, el proceso de la elaboración del presupuesto está normado por otras leyes. La Constitución de la República Dominicana del año 2010 creó el Consejo del Poder Judicial para que tuviera, entre otras funciones, la administración financiera y presupuestaria del Poder Judicial. Posteriormente, la Ley No. 28-11 o Ley Orgánica del Consejo del Poder Judicial, estableció las atribuciones administrativas de dicho consejo. En su Artículo 8, esta legislación establece que la primera función del Poder Judicial debe ser:

 

“Elaborar y remitir al Poder Ejecutivo la propuesta del presupuesto anual del Poder Judicial, en base a las cargas fijas y programas presentados por sus distintas dependencias, conforme las normas legales y reglamentarias correspondientes, a fin de que sea incorporado en el Presupuesto General del Estado.”

 

En la Figura No. 1 se presenta el esquema del proceso de elaboración del presupuesto.

Una vez elaborado el presupuesto del Poder Judicial, el mismo debe ser incorporado al Anteproyecto del Presupuesto General del Estado para el año al que corresponda. Así lo establece la Ley 194-04 en su Artículo 6, el cual también indica que debe ser remitido al Congreso Nacional por la Dirección General de Presupuesto.

 

 

El mismo Artículo 6 de la Ley 194-04 indica la condición bajo la cual podría ser modificado el porcentaje que debe ser destinado al presupuesto del Poder Judicial –el 2.66% del Fondo General. Dicha asignación solo puede ser modificada por el Poder Ejecutivo en el caso de que las estimaciones y situación económica del país determinen una merma o disminución de los ingresos. En la Gráfica No. 1 es posible apreciar que, desde la entrada en vigencia de la Ley 194-04 solo se ha producido una reducción en los ingresos del Fondo General en el año 2009. La reducción de ingresos de 2009 fue una consecuencia de la crisis financiera de 2008 que afectó a la economía mundial.

 

Gráfica No.  1

 

3.1. Análisis histórico del presupuesto del Poder Judicial

 

En esta sección damos una mirada a la evolución histórica del presupuesto del Poder Judicial, luego de haber visto la base legal que establece la autonomía presupuestaria del Poder Judicial, tanto en lo relativo a su elaboración como a su administración, así como la asignación presupuestaria establecida por ley.

 

En la Gráfica No.  2se muestra el gasto ejecutado por el Poder Judicial desde 1990 hasta el año 2015. En términos nominales, se ha incrementado sensiblemente en los últimos 25 años, al pasar de RD$31.1 millones a RD$5,222.2 millones, en términos nominales.

 

En los últimos 25 años, hay dos períodos en los cuales hubo un incremento notable del gasto ejecutado por el Poder Judicial, ambos relacionados con las legislaciones destinadas a fortalecer la autonomía de este poder y a otorgar un presupuesto específico. Entre los años 1996 y 1998 se produjo un incremento notable en el presupuesto ejecutado por el Poder Judicial. Fue en torno a ese periodo de tiempo en que se produjeron reformas importantes en dicho poder del Estado, entre ellas en la composición de la Suprema Corte de Justicia y la promulgación de la misma Ley 46-97; a raíz de estos hechos, el gasto creció 103.6% en el año 1997. Entre 1995 y 1998, el presupuesto del Poder Judicial creció 388%. Aún teniendo en cuenta la inflación, el crecimiento fue de 301%.

 

El otro momento en el cual aumentó el gasto ejecutado por la Suprema Corte de Justicia fue en los años 2005 y 2006, justo cuando inicia la implementación de la Ley 194-04, promulgada en 2004. Entre 2004 y 2006 el gasto se duplicó al crecer 107%.

 

Gráfica No.  2

 

En términos reales se observa la misma tendencia al crecimiento del gasto nominal ejecutado por el Poder Judicial, con excepción de los años 2002 y 2003, y 2010 y 2011.

 

Gráfica No.  3

 

3.1.1.     Participación del gasto del Poder Judicial dentro del gasto ejecutado por el Gobierno Central

 

¿Cuál es la participación del gasto ejecutado por el Poder Judicial en el gasto ejecutado por el Gobierno Central? En promedio, desde el año 1990 hasta el 2015, el gasto ejecutado por el Poder Judicial ha representado el 1.06% de lo ejecutado por el Gobierno Central. Desde el 1997 la participación en el gasto del Gobierno Central del Poder Judicial se incrementa, alcanzando un pico en el año 2006 y descendiendo desde entonces, tal como se verifica en la Gráfica No. 4.

 

Gráfica No.  4

 

Lo que indica este comportamiento es que el presupuesto destinado al Poder Judicial ha ido disminuyendo dentro del total del gasto del Gobierno Central. Desde el año 2006 a 2015, el gasto total del Gobierno Central se incrementó en 158%, casi 2.6 veces, mientras el gasto ejecutado por la Suprema Corte creció en 66%. La política pública, reflejada a través del presupuesto, ha mostrado que no ha sido una prioridad el incremento de las asignaciones al Poder Judicial para fomentar el fortalecimiento de la justicia y su independencia en el país.

 

3.2. Cumplimiento de la Ley 194-04

 

El mandato de la Ley 194-04 de asignar un 2.66% de los ingresos internos (del Fondo General) a la Suprema Corte de Justicia no ha sido cumplido, por lo que el Poder Judicial no ha administrado un presupuesto de acuerdo a lo establecido por ley. En la Gráfica No. 5 se aprecia el comportamiento del presupuesto que ha recibido la Suprema Corte de Justicia en comparación con lo que establece la Ley 194-04. En promedio, desde el 2004 a 2016, al Poder Judicial sólo se le ha asignado el 58.7% del presupuesto de gastos que le corresponde.

Gráfica No.  5

 

En la Gráfica No. 6 es posible apreciar la diferencia entre el 2.66% determinado por la Ley 194-04 y el porcentaje del Fondo General que ha sido asignado desde 2005, año en que inició la aplicación de la legislación. En el año 2006 fue cuando la asignación presupuestaria se acercó más al porcentaje establecido por ley. Desde entonces, el porcentaje asignado ha ido disminuyendo. Los  últimos cinco años, es decir desde 2012 a 2016, presentan la menor proporción del Fondo General para el Poder Judicial.

 

Gráfica No.  6

 

Los datos indican que la asignación presupuestaria a la Suprema Corte de Justicia ha estado lejos del monto del 2.66%, sobre todo en años recientes. En la Gráfica No. 7 se observa que en 2015, por ejemplo, la solicitud de fondos hecha por el Consejo del Poder Judicial ascendió a RD$10,178.6 millones, mientras que la asignación incluida en la ley de Presupuesto General del Estado fue de RD$5,222.2 millones, solo un 51.3% del total.

 

Gráfica No.  7

 

En resumen, es evidente que el porcentaje asignado al Poder Judicial no ha sido el que indica la legislación; al igual que se ha podido comprobar que la asignación incluida en el Presupuesto General del Estado ha sido inferior a la solicitada por el Consejo del Poder Judicial. Es necesario verificar si el Consejo del Poder Judicial ha sometido presupuestos que requieran asignaciones similares a la establecida por ley, o si ha elaborado presupuestos con requerimientos menores al 2.66%.

 

Desde la aplicación de la Ley 194-04, el porcentaje solicitado para el presupuesto del Poder Judicial ha sido menor al 2.66%, con excepción de los años 2007, 2008 y 2009. A partir de ese último año, el presupuesto solicitado como porcentaje de los ingresos presenta una tendencia a disminuir. Como se puede observar en la Gráfica No. 8, es a partir del año 2013 cuando aumentan los montos solicitados como porcentaje del Fondo General.

 

Gráfica No.  8

 

A partir de la anterior situación es preciso preguntarse si el 2.66% puede representar una cantidad de recursos superior a la que necesita el Poder Judicial en determinados años. En la actualidad, el Poder Judicial cuenta con un plan estratégico que incluye las necesidades de recursos. El plan no proporciona detalles sobre recursos necesarios, ya que no presenta al público las proyecciones de necesidades de infraestructura, equipos y contrataciones. Los requerimientos para poder ir cumpliendo con los objetivos del plan son incluidos anualmente en el plan operativo anual (POA). En una sección posterior son presentadas necesidades financieras que han sido dadas a conocer por el Poder Judicial, y el monto del presupuesto para 2017.

 

4.   ¿Cómo se distribuye el gasto del Poder Judicial?

 

La mayor parte del presupuesto del Poder Judicial es consumido por el gasto corriente, como es de esperarse en cualquier parte del planeta. Únicamente el 3.9% del presupuesto de 2015 fue destinado a gasto de capital, y solo el 1.1% fue invertido en edificaciones. El 85.3% del gasto de 2015 fue destinado a gasto de consumo: remuneraciones a empleados (69.4%) y compra de bienes y servicios (15.9%). Esas cifras son consistente con los resultados de años anteriores, como se aprecia en la Tabla No. 1.

 

Tabla No. 1

 

 

Gráfica No.  9

 

5.   Necesidades Financieras del Poder Judicial

 

El Poder Judicial posee un plan estratégico que abarca el quinquenio 2015-2019. El contenido del plan estratégico indica que el mismo fue desarrollado manteniendo una estructura lógica y coherencia interna. Los objetivos estratégicos del plan, así como sus objetivos específicos, están basados en un diagnóstico institucional que identificó los factores que deben ser asumidos o reformados para mejorar el servicio de la justicia. Esos objetivos están acompañados de líneas de acción, que indican el conjunto de acciones que deberá realizar el Poder Judicial para poder concretar los objetivos.

 

En sentido general, el plan estratégico del Poder Judicial dominicano presenta una metodología que identifica claramente las necesidades del sistema judicial, lo que representa un buen insumo para la posterior elaboración de presupuestos anuales que reflejen los requerimientos para cumplir con los objetivos estratégicos. A partir del plan estratégico del Poder Judicial, y como forma de hacer operativo dicho plan cada año, es elaborado un plan operativo anual (POA). Cada uno de los POA debe, consecuentemente, servir de base para el presupuesto de cada año.

 

De acuerdo al Consejo del Poder Judicial, a junio de 2016 no había podido ser cumplido el 43% de los proyectos contemplados en el POA del año[1]. Esto indica, por lo menos para 2016, que los recursos destinados a la Suprema Corte de Justicia pudieron ser mayores, de acuerdo al plan estratégico.

 

Los proyectos incluidos en el POA de 2016 son los siguientes:

 

1.     Continuación de la Modernización de la Jurisdicción Inmobiliaria

2.     Expansión del Modelo de Gestión del Despacho Judicial Penal a la totalidad de los distritos judiciales del país

3.     Instalación de nuevos Centros de Información y Orientación Ciudadana (CIOC) en los Palacios de Justicia

4.     Puesta en funcionamiento de nuevos Centros de Mediación Familiar

5.     Implementación  de Centros de Entrevistas a personas en condiciones de vulnerabilidad, víctimas o testigos de delitos (cámaras de Gessell)

6.     Actualización de la infraestructura tecnológica y automatización de los procesos y servicios judiciales

7.     Expansión del Sistema de Captura de Audio de las audiencias en los tribunales

8.     Fortalecimiento y automatización del Tribunal Superior Administrativo

9.     Planes de Descongestión y eficiencia de los tribunales

10.  Inventario Nacional de Expedientes Pendientes

11.  Digitalización de Expedientes de la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia

12.  Diseño e implementación del sistema de casillero judicial para las notificaciones y citaciones judiciales

 

Estos proyectos y programas, críticos para el fortalecimiento del sistema de justicia, lamentablemente quedarían pendientes para el futuro. De igual forma, quedaría pendiente la construcción, adecuación y/o ampliación de 22 tribunales y/o palacios de justicia en diferentes departamentos judiciales del país. En adición a esas necesidades para mejorar las edificaciones, el Poder Judicial requiere el nombramiento de 153 jueces y 276 servidores de apoyo a los tribunales, en adición a la designación de 117 Jueces de Paz.

 

Con el fin de atender las necesidades pendientes, para 2017 el Poder Judicial debió solicitar unos RD$14,329.06 millones[2]. Este monto representa un incremento de 155.6% sobre el presupuesto de 2016.

 

Gráfica No. 10

 

Tabla No. 2

 

6.   Gasto de los poderes judiciales de América Latina

 

¿Cómo se compara el gasto del Poder Judicial de República Dominicana con los países de América Latina? Para iniciar, es posible observar el gasto del Poder Judicial como porcentaje del PIB, para tener una idea del gasto como proporción de las economías de los países que son usados en la comparación. Como se observa en la Gráfica No. 11, República Dominicana ocupa uno de los últimos lugares en cuanto al presupuesto que ejecuta el Poder Judicial como proporción del PIB. El primer lugar lo ocupa Costa Rica, aunque es necesario aclarar que en ese país el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Órgano de Investigación Judicial reciben un presupuesto conjunto.  La República Dominicana se sitúa como uno de los dos países que menos presupuesto destina al Poder Judicial, sólo después de Payaguay.

Gráfica No. 11

 

6.1. Gasto per cápita del Poder Judicial en América Latina

 

A partir de la Gráfica No. 12 es posible observar que República Dominicana tiene uno de los gastos por habitante en el sistema judicial más bajos de toda América Latina. Aunque el gasto por habitante, que ronda los US$12 por persona, no está tan lejos de algunos países de Centroamérica, es importante notar que El Salvador destina tres veces más por persona para la provisión de justicia que República Dominicana. Del mismo modo, Panamá tiene un gasto por habitante que es 2.5 veces superior al del país.  De nuevo, la República Dominicana es uno de los países que ocupan una posición en la cola de países de la región.

 

Gráfica No.  12

 

Al comparar el gasto por habitante entre los años 2004 y 2015, es posible observar que República Dominicana incrementó su gasto en mayor proporción que el promedio de la región (Gráfica No. 13). Mientras el promedio de los países de América Latina aumentó 2.4 veces, el gasto per cápita en el país creció 3.0 veces. Ese crecimiento, sin embargo, no fue suficiente para evitar ser uno de los cuatro países de la región que menos presupuesto destinan para la provisión de justicia.

 

Gráfica No.  13

 

7.   Indicadores de la eficiencia del Poder Judicial

 

Toda institución que recibe recursos de los contribuyentes debe estar sujeta a evaluaciones sobre sus resultados. Es decir, es necesario que se evalúe qué tan eficiente es la institución en el uso de los fondos recaudados de los ciudadanos.  Como hemos sostenido en otras instancias, la solución a los problemas no sólo tiene que ver con mayores presupuestos, sino de cuán eficientemente se usan el dinero para brindar un servicio de calidad.

 

En esta sección son presentadas algunas métricas que proporcionan una visión de la forma cómo opera el sistema judicial dominicano. En algunos casos, se realiza una comparación con otros países de la región. Estos indicadores no pretenden constituir una lista exhaustiva, solo son presentados ejemplos de medidas que pueden ser empleadas, a partir de una línea de base, para ir monitoreando el desempeño del Poder Judicial hacia el futuro.

 

En primer lugar, es imprescindible tener una idea del costo por caso del sistema judicial dominicano, tal como muestra la Gráfica No. 14. En vista de que los casos constituyen el principal resultado de los procesos llevados a cabo por el Poder Judicial, cuánto cuesta cada caso debe ser una métrica esencial de eficiencia. En la medida en que en el futuro pueda ser incrementado el presupuesto que ejecuta la Suprema Corte de Justicia, este debe ser un indicador esencial. En adición a la realización de comparaciones intertemporales, es necesario contrastar este indicador con los países de América Latina.

 

Gráfica No.  14

 

7.1. Casos resueltos por juez

 

Las estadísticas internacionales mostraban que en 2011 República Dominicana tenía una tasa de casos resueltos por juez más alta que Argentina, Guatemala, Nicaragua y Uruguay, como se puede observar en la Gráfica No. 15. Todos estos países tenían en común un mayor gasto en presupuesto por juez, tal y como se observa en la Gráfica No. 16. Es decir, que en esa medida el sistema judicial dominicano mostraba más eficiencia.

 

Gráfica No.  15

 

Gráfica No. 16

 

Además de contar con un presupuesto más bajo que otros países, República Dominicana también tenía una tasa de jueces por habitante inferior al promedio de los países analizados, y entre los cinco países de menor proporción.  Como se observa en la Gráfica No. 17, República Dominicana contaba con 6 jueces por cada 100,000 habitantes, mientras que el promedio en la región era de casi 10 jueces por esa cantidad de habitantes.

 

Gráfica No. 17

 

7.2. Resolución de casos

 

Una métrica importante para ir descongestionando el sistema judicial dominicano es la tasa de resolución, que representa los casos salientes como porcentaje de los casos entrantes. A los fines de evitar la congestión del sistema judicial, lo ideal es que este indicador sea lo más cercano a cien por ciento en cada periodo de análisis, lo que indicaría que se resuelven todos los casos que entran al sistema de justicia. Como se puede observar en la Gráfica No. 18, al igual que con otros indicadores, esta métrica debe permitir realizar comparaciones intertemporales, a la vez que deben de publicarse comparaciones con otros países.

 

Gráfica No. 18

Mientras que una tasa de resolución del 92% para elevada en el contexto dominicano y regional, los casos resueltos del Poder Judicial son casos que llevan muchos años en los tribunales; los casos pueden durar 3, 5 y hasta 10 años entre las distintas instancias.  De esta manera, mientras la tasa de resolución parece elevada, la eficiencia del sistema se cuestiona cuando los casos salientes tienen que pasar por un via crucis para ser ventilados y resueltos.

En vista de que no es suficiente que los casos sean resueltos, es necesario verificar la calidad de las decisiones tomadas. Un indicador sugerido para estos fines es el número de casos entrantes a cortes de apelación sobre los casos entrantes totales, tal y como muestra la Gráfica No. 19. En la medida en que las decisiones no tengan que ser apeladas, el número de casos en cortes de apelación debe ser menor, en términos proporcionales. En síntesis, menores casos que se elevan a las cortes de apelación implican que las partes en conflicto aceptan en mayor medida las decisiones de las cortes, lo que refleja mejor calidad de las decisiones de los jueces.  En este sentido, la menor tasa de casos que van a cortes de apelación en la República Dominicana evidencia mejores sentencias de los jueces, que ahora están mucho mejor preparados por la labor que realiza la Escuela Nacional de la Magistratura.

 

Gráfica No. 19

 

7.3. Eficiencia en respeto a la propiedad y cumplimiento de contratos

El Doing Business, el estudio sobre clima de inversión que anualmente prepara el Banco Mundial, incluye indicadores de cumplimiento de contratos y de respeto a la propiedad. En ese sentido, la Gráfica No. 20 muestra el tiempo que toma en República Dominicana la resolución de una disputa legal comercial. Entre los países de América Latina, ocupa la tercera posición entre los países en los cuales menos tiempo toma resolver una disputa comercial.  

 

Gráfica No. 20

 

Con relación a los derechos de propiedad, el estudio Doing Business tiene un componente que  analiza el registro de propiedades. El componente de registro de propiedades del Doing Business puede ser monitoreado en sus diferentes métricas. Una de estas métricas es el número de procedimientos para registrar una propiedad en América Latina, que se incluye en la Gráfica No.  21.

 

Gráfica No. 21

 

Otro indicador incluido en el componente de registro de propiedades del Doing Business es el tiempo que toma registrar una propiedad. Tal como se observa en la Gráfica No.  22, la métrica refleja más días del promedio de América Latina para República Dominicana.

 

Gráfica No. 22

 

8.   Legislaciones que introducen restricciones al presupuesto general del estado

 

En República Dominicana existen diferentes compromisos contenidos en legislaciones que asignan una alícuota del presupuesto a instituciones determinadas. Es decir, distintas leyes incluyen provisiones de gasto público específico o pre-fijado, como porcentaje de alguna partida, para distintos estamentos del Estado.  En un ejercicio realizado en 2012 por CREES, fueron identificados 28 compromisos cuyos porcentajes y base de cálculo se listan en la Tabla No. 3.

 

Tabla No. 3

 

La asignación al Poder Judicial es parte de estos compromisos que comprometen los ingresos públicos y, por tanto, el gasto incluido cada año en la Ley General de Presupuesto del Estado. Estas políticas de asignaciones son, en importante medida, un reflejo de deficiencias institucionales que tratan de ser cubiertas por medio de legislaciones. En otros casos, son consecuencia de la expansión de las funciones del Estado sin la debida planificación con relación al origen de los fondos.

 

En sentido general, es necesaria una revisión de las leyes que crean compromisos en el gasto público, puesto que aumentan la presión sobre las finanzas públicas y restan flexibilidad a la ejecución presupuestaria según los requerimientos en momentos diferentes. Además de que aumentan el gasto público en renglones que no necesariamente son prioridad de las políticas públicas sanas que creen las condiciones para el progreso económico, político y social.  Como es de esperarse, la gran mayoría de estas asignaciones no se cumplen y se introducen dispensas en cada presupuesto del Estado.

 

En consecuencia, las legislaciones que crean estos compromisos de gasto son incumplidas año tras año. Para evitar esta práctica constante, es de rigor que se haga una revisión de todas las legislaciones que crean los compromisos de gasto que afectan el presupuesto del gobierno.  Las asignaciones preestablecidas por legislaciones para fines específicos representan debilidades institucionales y rigideces que cuestan más que los beneficios que podrían representar para la población. 

 

El gasto público debe de partir del principio de que este debe tener un fin determinado, para alcanzar objetivos particulares de políticas públicas. Cuando existen compromisos que no necesariamente están vinculados a objetivos prioritarios de política pública, la ley de presupuesto deja de tener el fin para la que es promulgada cada año. En consecuencia, esta práctica reduce la eficiencia en el uso de los recursos de los contribuyentes. 

 

Mientras estas asignaciones presupuestarias prefijadas de antemano en legislaciones aisladas deben ser eliminadas, no es menos cierto que la formulación y ejecución del Presupuesto General del Estado debe mejorarse sustancialmente para que refleje las prioridades de la República Dominicana. Una mayor asignación de recursos al Poder Judicial es crítico para avanzar en la protección de los derechos fundamentales a la vida, la libertad y las propiedades en la República Dominicana. Un buen sistema judicial que garantice el cumplimiento de los contratos y dirima las diferencias eficientemente entre distintos miembros de la sociedad son elementales para el fortalecimiento institucional y el progreso económico, social y político en cualquier sociedad.

 

9.   Propuesta para incrementar el presupuesto del Poder Judicial

 

¿Es posible incrementar el presupuesto del Poder Judicial a los fines de que queden cubiertas las necesidades identificadas y planteadas en su plan estratégico? La respuesta es que si se desea mejorar el sistema de justicia es posible asignar recursos de los contribuyentes que en la actualidad son empleados de forma ineficiente por el Estado. Es ampliamente manejado por la opinión pública que los recursos que administra el gobierno no son priorizados para obtener los mejores resultados de acuerdo a prioridades de políticas públicas. Estos recursos son malgastados por duplicidad de funciones en la administración pública, uso discrecional de recursos en actividades clientelistas y en corrupción. En esta sección proponemos formas de reasignar recursos de los contribuyentes al sistema de justicia, a los fines de aumentar su independencia y eficiencia, y garantizar los derechos de los ciudadanos.

 

Las prestaciones de asistencia social que administra cada año el Congreso Nacional son fondos no relacionados con la naturaleza del Poder Legislativo. Ese fondo representa una asignación de recursos cuyo fin está desligado de las funciones del Congreso, que son la elaborar y aprobar las leyes de la nación. La propia estructura del Estado contempla instancias especializadas para la administración de recursos destinados a la asistencia social, que parten de una base de identificación de necesidades. Según el Proyecto de Ley de Presupuesto 2017, el fondo social del próximo año llegaría a los RD$ 1,290 millones, repartidos entre la Cámara de Diputados y el Senado en un 68.6% y 31.4%, respectivamente. Esos recursos podrían ser destinados al Poder Judicial quien, mediante una administración de justicia más eficiente, podría tener un impacto mayor en la sociedad en su conjunto.

 

En el Proyecto de Ley de Presupuesto 2017 se incluyen RD$98,029 millones destinados al gasto de capital, lo que representa RD$20,233 millones más que lo presupuestado en 2016. De esos RD$98,029 millones, RD$3,000 millones pueden reasignarse al Poder Judicial para ser ejecutados como gastos de capital y cubrir sus requerimientos de nuevas obras de infraestructura y mejoramiento de las actuales.

 

En adición, el Poder Judicial podría disponer de unos RD$2,000 millones adicionales que pudieran ser traspasados de gastos corrientes del Poder Ejecutivo. En este sentido, corrigiendo duplicidad de funciones entre instituciones y empleados públicos que actualmente existen. Un ejemplo de esto es la existencia de al menos 6 instituciones dedicadas a la organización del transito en el país: La Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET), la Oficina Técnica de Transporte Terrestre (OTTT), la Dirección General de Tránsito Terrestre (DGTT), la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), el Fondo de Desarrollo del Transporte Terrestre, y el Consejo de Administración y Regulación de Taxis.

 

Con la identificación y reasignación de recursos propuesta, sería posible asignar al menos RD$6,000 millones adicionales en un ejercicio fiscal al Poder Judicial.

 

10.        Conclusiones

 

A partir de los diferentes análisis presentados, concluimos que es imprescindible fortalecer la autonomía presupuestaria del Poder Judicial, así como incrementar la dotación de recursos al sistema judicial para que puede cumplir con su rol en la sociedad.  

 

Las principales conclusiones que se desprenden de los análisis, datos y evidencias presentadas en este documento son las siguientes:

 

  1. Existe una base legal suficiente para garantizar la autonomía presupuestaria del Poder Judicial de la República Dominicana, y el Consejo del Poder Judicial está facultado para solicitar el presupuesto del Poder Judicial para que sea remitido al Congreso por el Poder Ejecutivo.

 

  1. El Poder Judicial no recibe el presupuesto solicitado, pero este poder del Estado no siempre solicita el 2.66% de los ingresos que indica la Ley 194-04.

 

  1. Los recursos asignados al Poder Judicial no son suficientes, en la actualidad, para cubrir las necesidades del sistema de justicia.

 

  1. Mayores asignaciones presupuestarias deben realizarse con aumentos verificables de desempeño, lo que implicaría comparar el desempeño del Poder Judicial con sus pares internacionales.

 

  1. Las asignaciones de presupuestos deben hacerse de acuerdo a las necesidades de los diferentes poderes y no por legislaciones, para así evitar rigideces presupuestarias que perjudiquen las finanzas públicas.

 

  1. Es posible reasignar al Poder Judicial al menos RD$6,000 millones del Presupuesto General del Estado que actualmente están presupuestado para otros destinos menos eficientes.

 


[1] Fulcar Pérez, Cristiana. 2016 Presupuesto del Poder Judicial. (Presentación de PowerPoint)

[2] Fulcar Pérez, Cristiana. 2016 Presupuesto del Poder Judicial. (Presentación de PowerPoint)

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