FINJUS considera viable propuesta del TSE de dividir en dos salas (administrativa y contenciosa) las Juntas Electorales. Featured

La Fundación Institucionalidad y Justicia, INC (FINJUS) considera pertinente ponderar en detalle la propuesta realizada por el Tribunal Superior Electoral con relación a la división en salas de las Juntas Electorales, la cual se orienta a la separación de las funciones administrativas de las que atañen a lo contencioso. Se trata de una iniciativa de implementación necesaria a los fines de contribuir a la institucionalidad de este órgano en el cumplimiento de las atribuciones que a su cargo ponen las leyes vigentes.

 

La especialización de cualquier órgano en general, en este caso de lo contencioso electoral, es un medio fundamental para garantizar en prima fase una justicia electoral oportuna con la adecuada escogencia de los criterios y principios que han de orientar la labor hermenéutica de las decisiones contenciosas. Esto se traduce en el escenario perfecto para armonizar, asegurar y potencializar los postulados democráticos contenidos en nuestra Constitución.

 

Desde FINJUS entendemos como loable la referida propuesta pues la división de las Juntas Electorales Municipales, en salas especializadas en sus respectivas competencias, crearía las condiciones propicias para la descentralización de la materia contenciosa electoral de estos órganos. Realizar dicha separación reviste gran importancia tanto en el aspecto funcional como práctico; así también, con ello se daría cumplimiento al objeto ulterior del mandato constitucional[1] y fomentaría una deseable coherencia decisoria en este campo.

 

La descentralización de las funciones de las Juntas Electorales es un imperativo para dar paso a una administración de justicia electoral más sencilla y expedita, por las características particulares de la materia contenciosa electoral en que la pronta resolución de los conflictos posterior condiciona la declaratoria de la elección respectiva que, de no darse oportunamente, provoca que cualquier reclamo o conflicto dotado de electoralidad afecte el procesos mismo y quebrante derechos políticos fundamentales.

 

Cabe resaltar que no se trata únicamente de garantizar criterios de especialización y separación de funciones en la materia, sino que la centralización de las funciones de las Juntas Municipales ha devenido en la saturación de esta entidad, provocando congestionamientos e interferencias respecto de las decisiones expeditas que deben ser emitidas en los procesos de conflictividad post-electorales. Es importante destacar que el papel de la justicia electoral frente a desenlaces electorales conflictivos, está sujeta a plazos que deben ser estrictamente respectados, y hace que cada una de las etapas electorales deba precluir en el momento oportuno”[2], para garantizar los principios de la celeridad, transparencia y eficiencia.

 

Entendemos factible la propuesta del Tribunal Superior Electoral a los fines de dotar de una verdadera separación de funciones a estos órganos, y así garantizar el principio de imparcialidad objetiva, con la finalidad de salvaguardar y dar

plena vigencia al Estado de derecho. Otro aspecto a considerar es que estamos en la antesala de un proceso de comicios electorales que se vislumbra complejo al contemplar de forma consecutiva los torneos electorales municipales, congresuales y presidenciales, lo cual sin lugar a dudas acrecentará el volumen de trabajo de las Juntas en cuanto a sus respectivas calidades de encargada de los procesos electorales, en razón de la jurisdicción que le corresponda, y de las funciones de tribunales electorales de primera instancia que asumen en ocasión del proceso postelectoral.

 

Por tales razones desde FINJUS consideramos acertada la propuesta preparada por el TSE entendiendo que de viabilizarse, teniéndose en cuenta un análisis pormenorizado de los recursos necesarios, resultaría altamente positivo y saludable para cumplir y garantizar el objetivo de la configuración constitucional en cuanto a las funciones descentralizadas en el ámbito de sus respectivas competencias de las Juntas Electorales.

 

 

 

Dr. Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente  Ejecutivo FINJUS

20 de marzo 2018.

 

[1] Ver articulo 213 Constitución Dominicana.

[2] Sentencia N.o 1978-E-2004, del 5 de agosto 2014, Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica.

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