Análisis de la propuesta de redacción alterna a la Comisión Especial designada para el estudio del Proyecto de ley de Partidos Políticos. Featured

 

Desde FINJUS hemos expresado por diferentes vías la urgencia de que el Estado concretice la reforma de la ley de partidos y agrupaciones políticas, normativa que ha sido identificada como clave para generar cambios que faciliten el control de la corrupción, la erradicación del clientelismo y el fortalecimiento de mecanismos de sanciones a quienes desnaturalizan el ejercicio de la política y el papel fundamental que juegan los partidos en la democracia. Sin embargo ello no puede dar paso a la generación de “legislaciones al vapor” o modelos reglamentarios ajustados a los intereses de las facciones políticas que ostenten el poder de turno.

 

Consideramos que cada nueva propuesta debe estar dirigida a la creación del consenso social que permita la pronta adopción de una ley moderna sustentada en los principios enunciados en la Constitución y la Estrategia Nacional del Desarrollo, entre otros. Esos principios incluyen que los partidos desarrollen internamente mecanismos democráticos para la elección de sus autoridades, que fomenten una cultura de transparencia que impida la intromisión del crimen organizado, la corrupción política pública y privada en la elección de funcionarios y representantes públicos y sobre todo, que propicie la más amplia participación social en la vida política nacional, con énfasis en los jóvenes y las mujeres.

 

La redacción alterna de la Comisión Especial aborda cuestiones de primer orden para una regulación a los partidos, tales como: financiamiento, métodos de democracia interna, precampañas electorales, sanciones, educación política, principios, entre otros. Empero, consideramos que se hace de una manera puramente enunciativa y que no profundiza los conceptos, por lo que no enfrenta de manera clara los problemas actuales de la democracia partidaria.

 

  1. Sobre el financiamiento de los partidos.

 

En el artículo 57 y siguientes se indican los presupuestos relativos al patrimonio de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos. Al tratarse del financiamiento, esta redacción solamente hace alusión a los mismos preceptos de la Ley Electoral No. 275-98, lo cual no es que se trate de un asunto condenable sino que requiere mayores especificaciones y evolución normativa frente a la realidad política actual.

 

En el caso de los recursos públicos a recibir, se mantiene el mismo esquema que favorece a los partidos mayoritarios en cuanto a la distribución de los recursos económicos del Estado. El denominado método “80-20”, establecido en el artículo 59 privilegia a los partidos mayoritarios y no permite un acceso más equitativo a los recursos proporcionados por el Estado, representando así un freno al desarrollo de los partidos, movimientos y agrupaciones emergentes.

 

De igual manera, en lo que respecta a las contribuciones de carácter privado, esta redacción alterna mantiene la inobservancia en torno a las recomendaciones que hiciéramos en escenarios anteriores, en cuanto al establecimiento de topes de financiamiento por parte de empresas y/o particulares. Entrando en contexto, el párrafo del artículo 61 de esta redacción, indica que dichas contribuciones individuales “no podrán ser superiores al uno por ciento (1%) del monto máximo correspondiente al partido que reciba mayor asignación de fondos públicos”.

 

En ese sentido, ¿a qué nos referimos cuando indicamos que no se establecen topes de financiamiento? Debemos explicar que este monto puede ser muy variable y dependerá de factores variables atendiendo a la asignación de fondos públicos y, por ende, dicha retribución podrá variar según los resultados electorales, los cuales no tienen, en ningún escenario, previsibilidad absoluta.

 

Otro aspecto a resaltar es el hecho de que esta modalidad no combate el clientelismo y las formas asistenciales que pueden formar parte eventualmente del modus operandi de los partidos y agrupaciones políticas en determinados momentos. Por tanto, es menester que un proyecto de ley de partidos especifique montos exactos de financiamiento por parte de quien contribuya individualmente en atención a los salarios mínimos nacionales, cuya variación no depende de lo turbio o no que pueda presentarse un torneo electoral.

 

De igual manera, es menester no tan sólo exigir la transparencia de publicación que indica la redacción actual, sino una publicitación de la proveniencia de los fondos tanto de las personas físicas como las personas morales. Así también, prohibiciones expresas de contribuciones de personas físicas, cuyas personas morales (empresas) hayan favorecido previamente con sus fondos a los partidos, movimientos y agrupaciones políticas.

 

Con medidas como la anterior, cuya discusión amerita una mayor profundidad, pueden evitarse los daños continuos que hemos visto en nuestro sistema democrático y que golpean con dureza la institucionalidad y no permiten la necesaria recuperación de la confianza por parte de la ciudadanía en estas instituciones de derecho público.

 

  1. Primarias abiertas o cerradas.

 

Desde FINJUS, hemos establecido en numerosas ocasiones nuestra posición al respecto, cuyo eje ha sido debidamente fundamentado en el marco del respeto a la Constitución y las leyes vigentes. A pesar de ello, la Comisión Especial –salvo algunos contados votos disidentes– ha vuelto a poner sobre la mesa la obligatoriedad de las primarias abierta como instrumento de selección de candidatos y candidatas a puestos de elección popular.

 

Es en los artículos 37 y 42 de la redacción alterna por la Comisión Especial[1], donde se establecen los parámetros anteriormente mencionados. A raíz de ello, consideramos fundamental indicar nuevamente nuestros argumentos al respecto, los cuales han sido apoyados por diversos sectores de la vida política nacional y toman en cuenta el más amplio consenso en torno a este tema.

 

Para esta ocasión no es necesario reiterar que nuestra Constitución en el artículo 216 establece que “la organización de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos es libre, con sujeción a los principios establecidos en esta Constitución[2], ni tampoco que la Suprema Corte de Justicia, actuando como Tribunal Constitucional, mediante sentencia del 16 de marzo del 2005 declaró No Conforme con la Constitución la Ley No. 1286-04 del 15 de agosto del 2004, que establecía el sistema de elecciones primarias mediante el voto universal directo y secreto el mismo día para todos los partidos.

 

Lo que sí debe mencionarse es que hemos planteado que para la FINJUS, el quid de la discusión versa sobre la ponderación de dos aspectos fundamentales que determinan cuál debe ser el grado de intervención del Estado en el fondo y las formas de los partidos y agrupaciones políticas: la libertad de asociación (expresado en la organización de partidos políticos) y el carácter público (función pública que cumplen) de estas organizaciones.

 

A partir de la ponderación de estos dos aspectos es que el Estado determinará su intervención. Es cierto que el partido es una expresión del derecho a la libre asociación política, aunque ya sabemos que esa asociación debe cumplir con determinadas condiciones: democracia interna, objeto lícito, entre otros. Por estas condiciones mencionadas anteriormente, se permite una mayor intervención del Estado.

 

Sin embargo, el grado de intervención conforme a la configuración constitucional actual no permite al Estado determinar cuál debe ser la forma de elección de los candidatos concretamente. Más allá de tratar forzosamente la inconstitucionalidad al respecto de este tema, debe tomarse en cuenta que la intervención del Estado no exceda lo constitucionalmente posible y afecte de manera irrazonable la libre asociación.

 

Una nueva vez, tomando en cuenta la redacción del referido artículo 37 de este proyecto legislativo, se confunde en el escenario político el tratamiento de las asambleas de electores indicado en la ley electoral actual con el método de escogencia interna de candidatos en los partidos políticos. En ese sentido, conviene explicar directamente cuál ha sido la conclusión ambigua respecto a la elección de candidaturas a lo interno de los partidos políticos.

 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 59 de la Ley Electoral No. 275-97, el delegado no es más que el encargado de “la representación de los partidos que les hayan designado ante los respectivos organismos electorales”. Conforme lo anterior, el artículo 68 de la antedicha legislación electoral, establece que “La nominación de los candidatos a cargos electivos que hayan de ser propuestos por un partido político, reconocido o inscrito, deberá ser hecho por el voto afirmativo de la mayoría de los delegados a convenciones regulares y públicamente celebradas tres (3) días, por lo menos, después de haber sido convocadas por medio de aviso público en un diario de circulación nacional.”

 

De la lectura de los presupuestos normativos expuestos anteriormente, queda claro que la norma electoral vigente hace alusión explícita a la validación y escogencia de los candidatos de cualquier partido ante la Junta Central Electoral, como órgano rector, por parte de los delegados de cada partido como método de formalización y aceptación de las candidaturas a cargos electivos, no al instrumento de elección en sí.

 

Por tanto, en ningún momento la Ley Electoral No. 275-97 establece un método único de escogencia interna de los candidatos de cada partido político para los puestos electivos, sino que luego de esta escogencia –cual que sea–, deberá ser validada ante la Junta Central Electoral por los delegados que haya enviado cada organización política. Es decir, se ha tratado de argumentar sobre la base de dar matices a unas determinadas condiciones formales posteriores a una discusión, ignorando así su problemática esencial de fondo.

 

Sin perjuicio de lo anteriormente explicado, nos llama la atención que, además de establecer la obligatoriedad de un método único de escogencia para las asambleas electorales primarias de los partidos y/o agrupaciones políticas (esto es en modalidad abiertas y simultáneas), se elimina la proposición de que la Junta Central Electoral, en su calidad de órgano director y organizador en materia electoral, registre un padrón de concurrentes a los fines de evitar que un elector pueda votar en varias elecciones por varios partidos, agrupaciones o movimientos. Esta delimitación hubiese constituido una interesante medida que, al menos reduciría o iría en pos de regularizar el desorden derivado de la imposición  de un método único de elección y, en este caso, de unas primarias abiertas y simultáneas.  

 

 

  • Cuota de género.

 

Un punto interesante que desarrolla esta redacción alterna, preparada por la comisión especial del Senado, es lo relativo a la participación femenina y/o cuota de género. Actualmente nuestro ordenamiento jurídico dispone una reserva de solamente un 33% para escaños a ser ocupados por mujeres.

En el artículo 45 del referido proyecto se estructura la inadmisibilidad de las listas de candidaturas congresuales y municipales si no cumplen con el 40% y 50% de participación femenina, respectivamente; esta medida se contempla de carácter obligatorio.

 

De la misma forma, en cuanto al orden democrático interno que respecta a la mujer, consideramos oportuna la prohibición expresa de que, ante la renuncia de una candidata a un puesto de elección popular, deba ser sustituida de manera obligatoria por otra candidata, consagrando así el principio de igualdad real que debe estimarse de manera transversal en la legislación electoral.

 

Otra discriminación positiva que formula esta redacción es la cuota de la juventud, indicando que cada agrupación partidaria deberá contar con un 10% de jóvenes hasta la edad de 35 años como parte de su propuesta de candidatura.

 

Entendemos que estas disposiciones se encaminan al establecimiento de la paridad de género en el sistema político dominicano; lo cual debe constituir un objetivo en movimiento, es decir, una intención común a la cual apunten nuestros esfuerzos de diálogo y concienciación para contribuir al fortalecimiento de un Estado social, democrático y de derecho, máxime sobre la base de que la democracia construye su esencia desde la realidad de la igualdad de todas las personas, siendo todas dignas de consideración y respeto y con derecho a intervenir en los asuntos atinentes al conglomerado.

 

Por todo lo anterior, desde la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS) insistimos en dos cuestiones elementales para el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en el país: tomar en cuenta la redacción de una posición que garantice el consenso nacional y; evitar que la norma a aprobar adolezca de lagunas, vacíos normativos, confusiones terminológicas e interpretaciones ambiguas en torno a la tan discutida temática sobre las primarias abiertas o cerradas.

 

Lo verdaderamente importante es garantizar que los mecanismos de la vida orgánica interna de los partidos respondan a un contenido democrático, tanto en lo organizativo como en los procedimientos de elección, sin que ello implique un excesivo intervencionismo por parte del Estado ni tampoco que ello desvirtúe la naturaleza pública de las organizaciones políticas.

Por ultimo invitamos al Congreso Nacional a reflexionar sobre las implicaciones políticas-institucionales que supone la imposición de la modalidad de primarias abiertas para el sistema de partidos políticos. No será posible el desarrollo de la gobernabilidad democrática ni el mejoramiento de la institucionalidad si del diálogo entre los actores que dirigen la vida pública, en un determinado momento, no es provechoso. En este sentido, y en la actual coyuntura, entendemos que resulta impostergable repensar esta situación y abocarse a hacer operativas las propuestas que nazcan tanto de los partidos como de la ciudadanía en general.

 

Dr. Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente ejecutivo FINJUS 

1 de mayo del 2018.

 

Ver Carta depositada camara de Diputado

 

[1] Contenido que contrasta con el artículo 37 del Proyecto de ley propuesto por la Junta Central Electoral que indicaba como competencia de cada partido y/o agrupación política la elección de la modalidad de celebración de sus elecciones internas..

[2] República Dominicana. Constitución Política 2015. Artículo 216. Subrayado y resaltado nuestro.

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