Sobre la acusación en el caso ODEBRECHT Featured

El pasado jueves 7 de junio, la Procuraduría General de la República depositó en la Suprema Corte de Justicia el expediente acusatorio del caso ODEBRECHT, dentro del plazo que establecen las normas procesales penales. El Ministerio Público determinó, luego de haber agotado la fase de investigación, que de 14 investigados originalmente solo 7 serían acusados, y que a los restantes se les aplicaría la figura del archivo provisional. Asimismo tomó la decisión de acusar además a una nueva persona, por lo que ahora el grupo total de encartados es de 8.

 

Para todas las personas e instituciones comprometidas con el fortalecimiento del sistema de justicia los hechos que están ocurriendo alrededor del Caso Odebretch ameritan la máxima atención, pues constituye el proceso penal más  importante de la historia en nuestro país, por la gravedad de los hechos que se juzgan, por la notoriedad de las personas acusadas y por las expectativas generadas en toda la sociedad. Por ello la ciudadanía debe dar seguimiento estricto a este proceso porque consideramos que tanto la forma como sea conducido, como sus conclusiones tendrán gravísimas consecuencias para la institucionalidad, el régimen democrático y el sistema político.

 

Los actos realizados por el Ministerio Público hasta ahora, o sea la acusación y el archivo provisional, forman parte de los requerimientos que debe hacer por escrito al concluirse el procedimiento preparatorio, en el marco de la fase de investigación. La acusación refleja los fundamentos que de acuerdo al Ministerio Público existen para que los acusados sean sometidos a juicio y el archivo provisional, para este caso en particular, significa que probablemente no existan suficientes elementos para verificar la ocurrencia de los hechos y/o que los elementos de prueba resultan insuficientes para fundamentar una eventual acusación.

 

La acción del Ministerio Público genera inquietud en importantes sectores de la ciudadanía que han sentido frustración en las decisiones que se adoptaron en casos similares en el pasado y se preguntan si en esta ocasión el saldo final no contribuirá a aumentar el desencanto y la desconfianza ciudadana en el sistema de justicia.

 

El análisis de lo que está ocurriendo en el caso Odebrecht debe partir del hecho de que el Ministerio Público es el órgano constitucionalmente establecido para dirigir en todos los casos la investigación penal en representación del Estado y la sociedad.

 

Por ello, si de sus investigaciones concluye que donde posee más fuerza probatoria para conseguir una condena contra quienes identifica como responsables de los delitos más que en otros acusados, es ahí donde debe concentrar su labor. Estas conclusiones debieron realizarse desde la esfera jurídica-investigativa, el plano fáctico y la obligación de combatir los crímenes y delitos de corrupción sin distinción.

 

La decisión de archivar provisionalmente algunos casos en particular responden a criterios de la Ley Procesal Penal que permiten al Ministerio Público, concentrarse en los acusados que representan una mayor posibilidad de condena, mientras deja abierta la opción de revisar el archivo provisional si las circunstancias, pruebas y evidencias que vayan apareciendo indican responsabilidad de esas personas.

 

El Ministerio Público debe concentrarse en mostrar que sus actos  permitirán juzgar los hechos delictivos en base a evidencias y pruebas sólidas, para facilitar el desarrollo sustancial del proceso. Tiene sobre sus hombros la labor de demostrar los fundamentos de su la larga labor de investigación y sobre todo que tiene la decisión firme de llevar el caso hasta las últimas consecuencias.

 

Nuestra opinión no se basa ni en la ingenuidad ni en la sospecha. Valoramos que todos los argumentos y opiniones que se emitan en este caso deben apelar a la razonabilidad y apoyarse en el análisis de los pasos tanto del Ministerio Público, como órgano encargado de la persecución, como del Poder Judicial, como responsable de juzgar los hechos y las evidencias.

 

En ese orden, el Ministerio Público está obligado a evitar que cada una de las decisiones que ha tomado no sean engavetadas ni tengan poca sustentación. Estos son reclamos de la ciudadanía, que reflejan la urgencia de que los sistemas de control de las instituciones sean fortalecidos y nuestro régimen de consecuencias caiga sobre los responsables de la corrupción que nos afecta.

 

Llamamos la atención de no caer en cualquier forma del “populismo penal”, ya que las responsabilidades penales se deben establecer de manera diáfana en los tribunales de la República. El Ministerio Público debe escuchar atentamente los reclamos sociales y mantenerse en permanente investigación, mostrando contundencia en las decisiones que toma y atendiendo a las opiniones que expresan la desconfianza de importantes sectores sociales que están basados en las tristes experiencias del pasado reciente.

 

 

Dr. Servio Tulio Castaños G.

13 de junio del 2018.

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