20 de junio de 2018

Agradezco la deferencia que ha tenido el magistrado Rafael Ciprián, al requerirme prologar esta obra titulada Derecho Administrativo Constitucionalizado (Para ganar los casos y vencer la arbitrariedad, con la Constitución), la cual desde el inicio se percibe como una herramienta de obligatoria consulta para la comunidad jurídica en general y, muy especialmente, para aquellos que deriven su ejercicio profesional por la interesante rama del Derecho Administrativo.

Esta importante obra del magistrado Rafael Ciprián refleja la férrea disciplina que posee en el estudio del derecho, la cual siempre le hemos admirado y reconocido; así también, la vasta experiencia fruto de una carrera loable en el entramado jurídico que, incluso, se acompaña de asuntos administrativos que trastocaron su condición de juez de carrera. Todo ello resulta en la elaboración del presente libro en un lenguaje claro y sencillo que, desde sus primeras páginas, atrapa al lector ávido de conocimiento sobre el proceso de constitucionalización que ha transformado al Derecho Administrativo en las últimas décadas.

Es preciso apuntar que el principio de legalidad ha sido desde los inicios la norma estructural en toda área del derecho; sin embargo, la necesidad de modernización y desarrollo contemporáneo de esta disciplina refiere a un cambio de paradigma en el cual  la Constitución y el Derecho Constitucional se erijan como la columna vertebral de cualquier rama del derecho. En palabras del destacado profesor alemán de Derecho Administrativo, Schmidt-Assman: “hoy la constitucionalización se ha convertido en una de las más notables fuerzas de desarrollo del Derecho”.

En nuestro país fue la reforma constitucional del 2010 que enarboló el “posicionamiento de la Constitución como la norma suprema en el Estado actual”^[1]  y provocó de forma progresiva el fenómeno de la constitucionalización en las diversas áreas de estudio del derecho, incluyendo, de manera muy particular, el Derecho Administrativo. De tal forma, esta nueva concepción en el ámbito jurídico dominicano ha implicado un proceso de transformación en cuanto al manejo de la legitimación formal de las actuaciones administrativas, pero aún más en la aplicación de derechos y garantías constitucionales que representa la legitimación material de dichos actos.

Sin lugar a dudas, el Derecho Administrativo es una de las ramas jurídicas que “concretizan” el ordenamiento constitucional, tal y como apunta el magistrado. Esto así, porque la Administración Pública esta reglada por principios, normas y valores constitucionales del Estado que están orientados en torno a un objetivo principal: proteger al individuo como “gobernado” frente a las arbitrariedades e ilegalidades del poder público, de cara a los desmanes de las autoridades “depositarias” del ejercicio de la actividad estatal.

Así también señalar que el fortalecimiento del marco jurídico y normativo propio del derecho administrativo deviene preponderante para la consecución de un verdadero Estado social, democrático y de derecho, puesto que se trata de la materia que pone en manos del ciudadano la herramienta de defensa propicia ante aquellas situaciones que le afecten y provengan de ejecuciones del aparato estatal. Ciertamente, un recurso administrativo es una vía puesta a disposición del administrado para atacar, impugnar y cuestionar la validez del acto administrativo que lesiona sus derechos e intereses.

El proceso de constitucionalización del Derecho Administrativo ha tenido una influencia notable en las nuevas tendencias de este campo. De hecho, esto queda expuesto en el contenido de la obra que nos ocupa, la cual deja establecido que las bases constitucionales han sido el vehículo de transformación de la concepción de aspectos esenciales de la administración pública, tales son: los actos administrativos, el contrato administrativo, los bienes públicos, la función pública, el empleo público, la contratación pública, la responsabilidad administrativa, entre otros.

A propósito de las múltiples reflexiones y aportes de esta obra, traigo a colación el criterio del profesor francés Louis Joseph Favoreu, el cual comparto enteramente, al establecer que “bajo el efecto del fenómeno de la constitucionalización, el centro de gravedad del orden jurídico se ha desplazado. Y, hoy […], en consecuencia, hablamos de principio de constitucionalidad, porque la Constitución no es ya más un Derecho de preámbulo ni un compendio de vagas recetas políticas sin ningún efecto jurídico”[2]^”; es decir, este  es el núcleo duro de todo el ordenamiento jurídico, pues todas las actuaciones de los Poderes Públicos siempre deberán estar supeditada a los postulados establecidos en la Constitución y en las demás leyes que conforman el ordenamiento jurídico dominicano.

Colegimos, ciertamente que, con el Derecho Administrativo constitucionalizado se deja de lado el formalismo propio de normas estrictas que solo limitaban la actividad administrativa, partiendo del temor hacia el leviatán para recurrir a texturas normativas distintas en pro de la eficacia que exige la Constitución[3]

Valoramos altamente la capacidad expositiva del autor y su gran esfuerzo para provocar en los lectores una reflexión profunda sobre el rol fundamental que juega la constitucionalización del Derecho Administrativo en hacer que los entes de la Administración Pública cumplan de manera irrestricta con las normas, principios, y valores establecidos en la Constitución.

Tenemos ante nosotros un trabajo investigativo serio, comprensible, accesible, donde el escritor muestra una gran manejo del lenguaje, facilitando la comprensión sin descuidar la calidad técnica jurídica, en un ejercicio de equilibrio que siempre es bien recibido por los lectores.

La obra materia de este Prólogo se compone de dos grandes secciones. La primera, se subdivide en tres capítulos que tratan las generalidades y bases de la constitucionalización en relación al Derecho Administrativo, exponiendo magistralmente los sistemas de control de constitucionalidad que operan, el contrapeso que supone esta concepción a la pura legalidad de antaño, asimismo, el autor realiza un recuento preciso del curso de este fenómeno en Latinoamérica y los principios que renovaron la normativa dominicana; la segunda parte, contiene un catálogo de modelo de instancias de diferentes actuaciones en sede jurisdiccional de exquisita redacción y que permitirá el desarrollo del acervo práctico de los profesionales del derecho que están ligados al litigio en esta materia.

No quisiera concluir sin destacar que con esta obra el autor entrega a la comunidad jurídica y académica un nuevo recurso didáctico y teórico necesario en la bibliografía del Derecho Administrativo dominicano de lectura obligada para todo el que desea acercarse, entender o absolver sus dudas sobre cuáles son las bases constitucionales sobre la cual se deben fundamentar las actuaciones administrativas.  

Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo de la FINJUS

[1] Gustavo Zagrebelsky, El derecho dúctil, Trotta, 2009, pp. 36.

[2] Favoreu Joseph Louis, «La Constitucionalización del Derecho» Las Misceláneas en homenaje a Roland Drago, “La unidad del derecho”, París, 1996, pp. 25.

[3] Garzón Ospina, Fernando Andrés. «La constitucionalización del Derecho Administrativo». Bogotá, 2014.