Foro de Seguimiento a los avances de la Cumbre Judicial Nacional. Disertación Dr. Servio Tulio Castaños Guzmán, Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS Featured

2 de julio 2018

En primer lugar deseamos destacar la calidad y profundidad de los datos que han sido incluidos en este informe, que reflejan el esfuerzo que todo el Poder Judicial ha realizado desde noviembre del 2016 para alcanzar los logros definidos en la Cumbre.

 

Como expresamos al inicio de esta actividad, este espacio está diseñado para escuchar directamente al Poder Judicial sobre cómo se ha avanzado en esta dirección, que representa el impulso de las reformas que el sector justicia debe abordar para responder de forma efectiva a las necesidades de la sociedad dominicana y sus instituciones.

 

Y al mismo tiempo intercambiar con sus autoridades algunas sugerencias que impriman mayor profundidad o dinamismo en las áreas cuyo logro, como todo proceso humano en construcción , pudieran estar pendientes de ser alcanzadas. Todo esto en el marco del compromiso de las organizaciones presentes, que se ha expresado de forma nítida desde hace muchos años, acompañando todas las iniciativas que desde los órganos del sistema de justicia y especialmente del Poder Judicial se han diseñado para consolidar este Poder del Estado.

 

De todos los puntos reseñados por el magnífico informe del Magistrado Presidente deseamos referirnos brevemente a algunos temas, que consideramos esenciales en el futuro inmediato.

 

Un punto destacado de los acuerdos de la Cumbre y que resalta extensamente el Informe es lo referente al acceso ciudadano a la justicia. En la práctica, el acceso a la justicia se refiere a las condiciones que deben garantizarse para que todas las personas puedan acudir a los tribunales y solicitar o recibir justicia, garantizando de manera apropiada la protección de sus derechos, en condiciones de igualdad y de manera efectiva. Este fue de hecho el primer acuerdo suscrito en la Cumbre.

 

En el Informe de Avances, pudimos notar que se realizaron una serie de inversiones en infraestructura que indudablemente harán que importantes tribunales o jurisdicciones que aún no han entrado en funcionamiento o lo hacen de manera parcial puedan brindar un servicio de justicia más efectivo, lo que se complementa con la división de funciones y especializaciones jurisdiccionales que se han mencionado, lo que ha permitido la  ampliación de estructuras físicas y mayor atención ciudadana.

 

Así también, saludamos que se hayan tomado medidas para fortalecer y aumentar el número de intérpretes judiciales y alguaciles en el país, un área que en muchas ocasiones limita el servicio judicial y complica la eficiencia del sistema.  Algo sumamente innovador en materia de acceso a la justicia lo es la implementación del sistema de videoconferencias en materia penal, para fortalecer las investigaciones y dar seguridad a los testigos.

 

El pilar fundamental del acceso a la justicia no comprende solamente el acercamiento ciudadano, sino que dicho acceso sea oportuno y de calidad. Desde la Coalición Acción por la Justicia y la Seguridad deseamos ponernos a la disposición del Poder Judicial para sugerir mecanismos de seguimiento permanente del desempeño de las diferentes estructuras que brindan servicio a la comunidad y aportar al mejoramiento de los mecanismos de su evaluación en base a parámetros cualitativos consistentes.

 

Apoyamos los avances mostrados en el Informe en cuanto a la eficiencia en el procesamiento de casos, que fueron especialmente enfatizados en los acuerdos suscritos en la Cumbre Judicial Nacional: en este sentido resaltamos la automatización de trámites y consultas en la Jurisdicción Inmobiliaria; los nuevos sistemas de consulta de documentos que se han puesto en funcionamiento; la implementación de un Plan de Descongestión de algunas de las jurisdicciones más importantes y el diseño de un Plan Nacional de Lucha contra la Mora Judicial.

 

Cónsono con lo anterior, el Poder Judicial ha demostrado en su Informe de Avances, que han mejorado la infraestructura tecnológica y que introdujeron nuevas herramientas para la celeridad en la administración de justicia. Asimismo, nos entusiasma el compromiso con la implementación de programas que promueven los métodos de resolución alterna de conflictos que representan un antes y un después de la eficiencia y eficacia en el sistema de justicia dominicano. Este es uno de los aspectos en los que las organizaciones de la sociedad civil están realizando esfuerzos e iniciativas concretas y en los que nos gustaría contribuir, aportando al Poder Judicial y al sistema de justicia, de nuevas perspectivas para mejorar los índices de conflictividad en el país.

 

Nos parece oportuno que el Poder Judicial haya creado las Comisiones Regionales de Seguimiento a la Administración, para contribuir al fortalecimiento institucional, velando por el cumplimiento del Código de Comportamiento Ético. Estas comisiones están llamadas a formular propuestas de mejora para la judicatura y procuran la rendición de cuentas de cada tribunal, mediante informes elaborados por dichas comisiones. En este aspecto consideramos que sería oportuno que el Poder Judicial considerara crear algunos mecanismos de comunicación con las organizaciones sociales representativas en cada una de esas regiones que permita recoger las sugerencias concretas que ellas harían en la misma dirección de fortalecer la transparencia interna.

 

A nuestro juicio, este paso será fundamental para la integridad del Poder Judicial, porque estamos convencidos de que salvo algunas lamentables excepciones, la judicatura y los servidores judiciales están animados de un gran espíritu de servicio hacia la comunidad, mediante el ejercicio responsable y el cumplimiento de sus deberes, con gran compromiso y vocación para dichas labores.

 

Esto nos conduce a otro de los acuerdos de la Cumbre: la coordinación interinstitucional. Como es lógico, para la sociedad dominicana siempre han resultado más favorables los consensos que los disensos. En ese orden, saludamos los acuerdos suscritos con la Defensa Pública, el Ministerio Público, instituciones públicas y privadas nacionales e internacionales por parte del Poder Judicial, para mejorar el servicio y acceso a la justicia. En algunas áreas de nuestro sistema de justicia, como el área penal, la coordinación es vital, y los problemas que aún persisten y que se traducen en mora, retardo y obstáculos para los procesos deben ser identificados y superados.

 

Hemos prestado gran atención a los aspectos vinculados con la integridad en la labor judicial, el sistema de carrera y el régimen de consecuencias. Reconocemos el trabajo que se ha realizado desde el Poder Judicial para la descentralización de las Inspectorías Generales y, sobre todo, la actualización del Manual del Inspector Judicial, reforzando así los sistemas de prevención que deben existir en cualquier órgano de carácter estatal.

 

En cuanto al sistema de carrera, la capacitación, la formación y la actualización permanente de los jueces y servidores judiciales sigue siendo uno de los puntos más brillantes de acción del Poder Judicial, lo que está muy bien reseñado en el Informe de Avances. Asimismo deseamos expresarle la esperanza de que, en el marco del esfuerzo hecho en esta dirección, el Poder Judicial siga avanzando en el objetivo de que la totalidad de los jueces del país provengan del sistema de carrera, garantizando así una justicia más imparcial, eficaz y transparente.

 

Finalmente, uno de los acuerdos más importantes suscritos y reafirmados en la Cumbre Judicial Nacional lo fue todo lo que tiene que ver con gestión administrativa y presupuesto. ¿Qué decir del pedimento tan requerido por la ciudadanía de que sea asignado el 2.66% para el cumplimiento de la asignación en el Presupuesto General del Estado para el Poder Judicial, como lo establece la ley?

 

En ese sentido, la Coalición Acción por la Justicia y la Seguridad exhorta al Poder Judicial a tomar medidas cuanto antes sea posible y, a su vez, revisar la distribución presupuestaria, de manera que sea más equitativa tomando                  en consideración la carga de trabajo y el tamaño de los Departamentos Judiciales, como bien se estableció sería resultado de los acuerdos de la Cumbre.

 

Todo lo anterior lo expresamos con la convicción de que la democracia dominicana será fuerte en la medida en que el sistema de justicia muestre amplios niveles de autonomía e independencia. Esto fue expresado en la propia Cumbre Judicial, y es visto como una garantía de sostenibilidad de nuestro ordenamiento jurídico democrático. En todos los órdenes de la vida social e institucional del país, es fundamental el control de la legalidad, la salvaguarda de la seguridad jurídica y  la protección judicial de los derechos fundamentales en el Estado Social y Democrático de Derecho.

 

Magistrado Presidente:

 

En 2019 se cumplen 25 años de la consagración en la Constitución dominicana de la existencia de un Poder Judicial independiente, mediante la elección de la Suprema Corte de Justicia por el Consejo Nacional de la Magistratura y la creación de la carrera judicial. Todo lo que se ha realizado desde ese momento, como la Creación de la Escuela Nacional de la Judicatura, la adopción de las leyes, reglamentos y actos que sustentan la acción de este Poder del Estado, será objeto de evaluación por diferentes sectores.

 

Sabemos que su labor, Magistrado Presidente, junto a los demás jueces de la Suprema Corte de Justicia y miembros del Consejo del Poder Judicial, ha estado encaminada en general a preservar y fortalecer este Poder, pese a las limitaciones y dificultades que el propio Estado se ha encargado de producir. Por lo que el fortalecimiento del sistema de justicia es una tarea de todos.

 

En ese sentido, Magistrado Presidente y demás honorables miembros del Poder Judicial, deseamos reiterarle nuestro compromiso de acompañarles en el gran reto de consolidar una justicia cada vez más accesible, eficiente e independiente.

 

Agradecemos la presencia de todas y todos ustedes y les exhortamos a seguir participando de manera activa en cada espacio de intercambio que contribuya a promover juntos un verdadero clima de seguridad ciudadana, una cultura de paz y un mejoramiento integral del sistema de justicia dominicano.

 

Muchas gracias.

 

 

2 de julio del 2018.

 

 

 

 

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