11 de octubre de 2018, Auditorio PGR, 11:00 a.m.

 

Saludo protocolar:

 

• Miembros del Congreso Nacional, del Poder Judicial, de la Defensoría Pública, Defensor del Pueblo y del Ministerio Público que nos acompañan en este auspicioso momento;
• Autoridades penitenciarias y miembros del Patronato Nacional Penitenciario;
• Miembros de las iglesias, gremios empresariales y profesionales que nos acompañan;
• Asociaciones de derechos humanos;
• Compañeros de la comunidad jurídica, amigos de la prensa y demás invitados.

 

Muy buenos días.

 

Los hemos convocado en la mañana de hoy para presentarles el Plan de Humanización del Sistema Penitenciario, uno de los proyectos más emblemáticos y trascendentales de esta gestión y nuestra historia reciente.

 

Este proyecto vendrá a resolver una problemática que por décadas ha afectado a la sociedad dominicana. Nos referimos a la elevada situación de hacinamiento y a los reducidos niveles de reinserción de los privados de libertad que se encuentran en los distintos recintos penitenciarios del país.

 

Cada vez que tengo la oportunidad de dirigirme a la nación en un escenario como este, debo reiterar el compromiso inquebrantable que he asumido como Procurador General de la República de hacer cumplir la Constitución y las leyes.

 

Considero propicio, entonces, resaltar que la Constitución de la República establece claramente que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad, deben estar orientadas hacia la reeducación y reinserción del individuo.

 

Al mismo tiempo, la Carta Magna consagra una serie de derechos fundamentales que no distinguen entre un privado de libertad o un hombre o mujer libre. El derecho a la integridad física, a la educación y a la salud nos pertenecen a cada uno de nosotros por el simple hecho de ser humanos y por lo tanto deben ser respetados y garantizados de la mejor manera posible.

 

La privación de libertad debe ser vista como un mecanismo de última instancia para garantizar la seguridad de los miembros de la sociedad, en el presente y a futuro, no como un permiso para vulnerar los derechos de quienes infringen la ley.

 

Así, por un tema legal y sobre todo, humano, el Estado y en particular la Procuraduría General de la República, como encargada del sistema penitenciario nacional, están en la obligación de que a todos los privados de libertad, sin excepción, se les respeten sus derechos mientras se encuentran en prisión.

El cumplimiento de esta obligación no es de interés exclusivo de las autoridades. La condición humana en la que se encuentran nuestros privados de libertad debe ser de interés de toda la sociedad. Esto, no solo porque el respeto a los derechos humanos es lo correcto, lo humano, lo natural, sino porque además de nada conviene a los que estamos libres que los privados de libertad salgan de los recintos penitenciarios igual o peor de lo que ingresaron.

Históricamente en muchas de nuestras cárceles esta ha sido la norma. La insuficiente y precaria infraestructura y la carencia de un sistema integral de educación y rehabilitación a gran escala ha impedido que los esfuerzos de prevención terciaria de la criminalidad sean más efectivos y de mayor impacto en nuestra sociedad.  

Por eso el sistema de justicia penal debe estar siempre orientado a la reinserción y a la rehabilitación del interno.  Que el tiempo en prisión de un preso preventivo o un condenado sea un tiempo útil, capaz de devolver a la sociedad un individuo renovado y listo para su reintegración a la comunidad, y no una amenaza que regrese a las calles.

Este es un tema humano y de seguridad que debe ser del interés de todo ciudadano y por ello en la mañana de hoy nos proponemos presentarles el proyecto más humano y trascendental de esta institución y del sistema penitenciario dominicano.

Antes de proceder con la presentación, quiero ponerlos en contexto sobre la situación actual de nuestro sistema penitenciario.

La Procuraduría General de la República, a través de la Dirección General de Prisiones y el Modelo de Gestión Penitenciaria, tiene bajo su administración un total de 41 recintos penitenciarios distribuidos por todo el país. De esos 41 recintos, 19 pertenecen al sistema penitenciario tradicional o viejo modelo, con una población aproximada de 16,616 privados de libertad.

Los 22 recintos restantes pertenecen al llamado nuevo modelo, que cuenta con una población de privados de libertad que asciende a los 9,542 internos.

El principal reto que tenemos actualmente es el significativo grado de hacinamiento que presentan las cárceles que pertenecen al modelo tradicional. Esto, en razón de que la capacidad de estos 19 recintos que mencionamos anteriormente es de tan solo 4,588 internos, por lo que contamos con una sobrepoblación y hacinamiento de más de 12,000 privados de libertad, es decir, hoy en día más de 12,000 privados de libertad no tienen un espacio humano dentro de nuestras cárceles.

Esto significa que para resolver estos elevados niveles de hacinamiento y eliminar el déficit de espacio que nos afecta por décadas, tendríamos que construir nuevas edificaciones que nos permitan alojar a estos 12,000 internos.

Pero esa, aunque es la principal deficiencia del sistema penitenciario general de nuestro país, no es el único aspecto a mejorar.

Es justo reconocer que el nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria vino a revolucionar el concepto de la privación de libertad en nuestro país, allanando el camino hacia un régimen enfocado en la rehabilitación y reinserción del individuo y no uno meramente sancionador.

Por años esos esfuerzos han servido de ejemplo para diversos sistemas penitenciarios de la región, por lo cual hemos sido reconocidos por países hermanos como Guatemala, entre otros.

Sin embargo, a pesar de los significativos avances alcanzados por dicho Modelo de Gestión, hemos identificado que aún existen numerosas oportunidades de mejora, especialmente en aquellos puntos relacionados con el tratamiento, educación, rehabilitación y reinserción de los privados de libertad.

En definitiva, ha llegado el momento de construir sobre las bases de lo alcanzado hasta la fecha y de dar pasos contundentes de avance.

Es hora de dejar de hablar de un viejo y un nuevo modelo penitenciario, y de hablar de un único modelo: un modelo humano, donde todos los internos del país reciban el mismo trato digno e igualitario, así como las mismas oportunidades de rehabilitación y reinserción, porque así lo merecen por su sola condición de seres humanos y para que a su salida sean entes de bien y no delincuentes reincidentes.

Esto solamente será posible implementando verdaderos programas integrales de control, educación y capacitación que nos permitan reintegrar a la sociedad un ciudadano renovado y rehabilitado, logrando así prevenir la criminalidad a mediano y largo plazo.

Ante esta realidad apremiante y urgente que encontramos en los recintos penitenciarios de nuestro país, en la Procuraduría General de la República hemos estado trabajando arduamente en el primer plan de humanización del sistema penitenciario nacional.

Un sistema penitenciario donde cada interno se encuentre privado de libertad en condiciones humanas y dignas, sin hacinamiento y en espacios adecuados.

Un sistema donde siempre haya acceso a tratamientos médicos y psicológicos oportunos; donde existan actividades de formación cada vez más completas, puntuales y efectivas, así como actividades recreativas que fomenten la salud mental y física de los internos.

Un sistema penitenciario capaz de asesorar a los privados de libertad que se encuentren a punto de cumplir su condena, de darles seguimiento cercano una vez estén fuera del sistema y de ayudarlos a convertirse en seres productivos, libres de estigmas y prejuicios.

Un sistema con controles de seguridad a la vanguardia de estos tiempos que proteja la vida de los internos, quienes los visitan y al personal que trabaje en los recintos.

Un sistema sin privilegios, armas de cualquier tipo o teléfonos celulares en manos de los privados de libertad.

Un sistema donde la reincidencia sea mínima, donde el que salga no tenga que pisar un pie en una prisión nunca más. Un sistema que nos permita ver a un exconvicto sin ningún temor.

En esencia, señores, nuestra meta es crear un sistema penitenciario cada vez más humano para el beneficio de toda la sociedad. Que el que entre a una cárcel de este país no salga peor que como entró, sino que salga renovado, lleno de esperanza por una vida mejor.

Lo que les presentaremos a continuación es el primer paso, fundamental, para hacer de esta renovación penitenciaria una realidad.

El Plan de Humanización del Sistema Penitenciario que hoy les presentamos puede ser categorizado como uno de los principales proyectos de infraestructura, educación y capacitación que se haya realizado alguna vez en nuestro país.

Este plan está compuesto por 2 grandes ejes:

El primer eje se enfoca en el tratamiento de los internos dirigido a su rehabilitación y reinserción en la sociedad, mientras que el segundo eje se concentra en la solución del hacinamiento y la sobrepoblación histórica en nuestras cárceles.

En lo que respecta al primer eje sobre el tratamiento de los internos, el Plan contempla la reestructuración completa de nuestro sistema penitenciario, unificándolo, paulatinamente, hacia un único sistema reformado, actualizado, moderno, pero sobre todo humano.

Esto incluirá una revisión de la estructura organizacional del sistema, para garantizar la efectividad continua en la gestión, controles, administración y operatividad del mismo.

En especial, revisaremos los procesos que implican interacción con otros actores, como el Poder Judicial, la Defensoría Pública y el mismo Ministerio Público. Así garantizaremos procesos más rápidos y un mayor nivel de satisfacción en los usuarios del sistema.

Verificaremos las necesidades de capacitación del personal penitenciario para preparar programas de formación continua y especializada que se traduzcan en un mejor control y manejo de los recintos con programas de tratamiento más certeros y apropiados para los internos.

En este sentido, el Plan de Humanización incluye la revisión de cada uno de los protocolos actuales de tratamiento, a fin de dotar al interno de oportunidades individualizadas, que se adapten a sus condiciones personales y particulares, y que le permitan una reinserción efectiva y eficaz en la sociedad.

El Plan incluirá también las medidas necesarias para lograr la igualdad de condiciones de todos los internos, salvaguardando su seguridad, sin ningún tipo de privilegios.

Por igual, esta reestructuración también procurará aumentar los niveles de seguridad, aumentando los controles para eliminar el ingreso y uso de todo tipo de armas, teléfonos y sustancias prohibidas.

Nos hemos propuesto implementar un sistema penitenciario donde el interno, mientras esté recluido, pueda aprovechar su tiempo, aprender, crecer, transformar su vida y salir de la cárcel como un hombre o una mujer nuevos y útiles para la sociedad, y para eso estaremos trabajando desde hoy y durante los próximos 18 meses.

Ya que hemos explicado, de forma resumida, este primer eje, procedo de inmediato a pasar al segundo eje del Plan, que se irá implementando de forma paralela al primero.

Este segundo eje dará respuesta al tema del histórico hacinamiento en las cárceles que por décadas ha afectado al sistema y al país. No podemos hablar de tratamiento efectivo si no contamos con las condiciones básicas para prestar dicho tratamiento.

Por eso, me complace anunciar a la nación que durante los próximos 18 meses construiremos más de 12,000 espacios para los privados de libertad que hoy se encuentran hacinados. A partir de esa fecha, no habrá más internos durmiendo en el piso, apiñados, en espacios cerrados y de poca ventilación. Eso, señores, será cosa del pasado.

¿Cómo lo haremos?

Primero, ampliaremos 8 de los actuales centros de corrección y rehabilitación existentes bajo el nuevo modelo, conforme las necesidades que tienen las provincias donde los mismos se encuentran. Estos 8 centros serán los de Puerto Plata, Elías Piña, Dajabón, Rafey Hombres, San Pedro de Macorís, Najayo Mujeres, Najayo Hombres y Najayo San Cristobalense.

Para ello construiremos nuevas edificaciones dentro de esos 8 centros, aumentando la capacidad existente en 2,120 privados de libertad.

Además de las 8 ampliaciones que ya les explicamos, también vamos a construir 2 nuevos recintos penitenciarios.

 

El primero de ellos estará ubicado en el distrito municipal de Pedro Corto, en la provincia de San Juan de la Maguana, y tendrá capacidad para 960 internos. Este nuevo centro vendrá a completar el déficit urgente de espacios que necesita esa provincia y a reducir en esa misma cantidad el hacinamiento de las cárceles ubicadas en las provincias aledañas.

El segundo recinto me voy a permitir desarrollarlo con mayor detenimiento, por tratarse de la construcción más significativa y de mayor impacto dentro de este Plan de Humanización del Sistema Penitenciario.

Todos conocemos la denominada cárcel de La Victoria. Este recinto penitenciario fue construido en los años 50, con una capacidad ampliada para solo 1,200 internos. Hoy, ese mismo lugar alberga a casi 9,000 privados de libertad de nuestro país. Repito, un recinto de 1,200 internos alberga, por años, casi 9,000.

No hay que abundar mucho para entender que esas condiciones de excesivo hacinamiento impiden a todas luces mantener los estándares de salud, seguridad, educación, formación y tratamiento que requiere un interno para su debida reinserción a la sociedad.

Por décadas, las condiciones que se viven en la cárcel de La Victoria han permanecido iguales con las poca mejoras que permite ese espacio, afectando de alguna manera u otra el efectivo funcionamiento de la justicia penal en nuestro país, los esfuerzos de prevención de la criminalidad de las autoridades y la fibra misma de la sociedad dominicana.

La cárcel de la Victoria es un símbolo del pasado, un adefesio que no representa el compromiso que ha asumido la República Dominicana y su gobierno con el bienestar, la dignidad y el respeto a los derechos humanos de toda su gente, sin distinción de género, color, edad, nacionalidad, religión, condición social o económica.

Por eso, es un honor y una gran satisfacción anunciar formalmente al país que en 18 meses La Victoria que hoy conocemos ya no será más, ya que como parte de este Plan de Humanización del Sistema Penitenciario estaremos construyendo 12 nuevos recintos penitenciarios dentro de un nuevo complejo para eliminar de manera definitiva y contundente el hacinamiento existente en esta cárcel.

Este nuevo complejo penitenciario estará ubicado en Las Parras, en el municipio de Guerra, de la provincia de Santo Domingo y los 12 nuevos recintos tendrán una capacidad de 9,257 internos, de los cuales 8,592 serán hombres y 665 serán mujeres, debidamente separados en pabellones.

La infraestructura que hemos diseñado para esta nueva Victoria cumplirá con todas las normas internacionales de Derechos Humanos, así como también con los estándares mínimos para el tratamiento de privados de libertad aceptados por la Organización de las Naciones Unidas, mejor conocidos como las “Reglas de Nelson Mandela”.

Esto incluye edificios con instalaciones de alojamiento humanas, donde cada interno tendrá su cama y su espacio para dormir y descansar correctamente.

También celdas acondicionadas especialmente para personas con movilidad reducida o discapacidad, así como espacios destinados a los internos de máxima seguridad.

De la misma forma, habrá un área materno-infantil, donde las internas embarazadas y las madres podrán residir y dar cuidados a sus criaturas por espacio de un año, protegiendo así el bienestar de estos niños y niñas en su etapa más vulnerable.

Por igual, habrá un área de visitas adecuada y digna para que los familiares de los internos puedan visitarlos. En especial, esta área incluirá un espacio para las visitas de los niños a sus padres y madres privados de libertad, que garantice la dignidad del interno ante los ojos de su hijo o hija.

Asimismo, en la nueva Victoria los internos contarán con atención médica y psicológica de primera mano, ya que construiremos el primer hospital penitenciario del país ubicado en el mismo complejo. Esto permitirá dar respuesta más rápida a las urgencias de salud que se presenten dentro del recinto, reduciendo la necesidad de trasladar a los internos a recintos privados.

De la misma forma, para cuidar del estado mental, espiritual y físico de los internos, el recinto contará con instalaciones para la libertad de culto y congregación religiosa, incluyendo capillas y templos, así como también canchas multiusos para el ejercicio físico y deportivo.

Por otra parte, bajo este proyecto de humanización del sistema penitenciario, y en especial de la nueva Victoria, la productividad del privado de libertad jugará un rol de gran importancia para su rehabilitación y reinserción. Queremos que durante su periodo de internamiento, los reclusos aprovechen su tiempo y aprendan oficios que les permitan, una vez salgan del recinto, reintegrarse de forma útil en la sociedad. Que tengan una verdadera oportunidad de rehacer sus vidas y de mantenerse alejados de la criminalidad.

Para ello, la nueva Victoria contará con diversos programas y espacios que fomentarán la educación, capacitación, y la preparación técnico-profesional de los privados de libertad.

Estos espacios incluyen talleres industriales para realizar actividades de artesanía; también amplias áreas de cultivo agrícola y de invernaderos para que los internos puedan producir y consumir productos agrícolas de calidad que sean beneficiosos para su salud, y eventualmente utilizar el excedente para la comercialización y sostenibilidad del recinto. 

Por igual, hemos contemplado dentro del recinto espacios para expansión futura donde empresas industriales puedan instalar sus naves y contratar la mano de obra de los internos, logrando así que estos cumplan un ciclo completo de educación básica, profesional, formación técnica y experiencia laboral durante su tiempo en prisión.

Esto les permitirá integrase a sus comunidades con una oportunidad de empleo concreta y adaptada a las necesidades del mercado. 

Estos programas de educación serían ejecutados en colaboración con otras instituciones claves que ya trabajan de cerca con nosotros, como el Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y el INFOTEP.

Al mismo tiempo, esperamos contar con el apoyo de todo el empresariado para ejecutar de manera efectiva este proyecto de reinserción, a través de sus áreas de desarrollo y responsabilidad corporativa. Esta es una iniciativa de gran impacto en el desarrollo social y económico dominicano con la cual estamos altamente comprometidos, por lo que desde ahora los exhorto a acercarse a nosotros y a participar en estas oportunidades para los privados de libertad y empresas en nuestro país.

Por último, es importante destacar que estas modernas edificaciones que se construirán para la nueva Victoria estarán acompañadas de un sistema de seguridad de última tecnología y de otras facilidades que garantizarán el control, orden y la permanencia de los internos en el recinto durante el tiempo de su reclusión.

Esto incluye el monitoreo a través de cámaras de seguridad por circuito cerrado, el alojamiento para 983 vigilantes penitenciarios que se encontrarán permanentemente en el recinto, un escuadrón antimotines y una estación de bomberos.

La operatividad y rentabilidad del centro también estará garantizada gracias a que contará con una subestación eléctrica, una planta de tratamiento, cableados soterrados, programa de reciclaje y paneles solares, por mencionar algunas de las novedades que tendrá este recinto.

Señoras y señores, el proyecto de construcción de la cárcel de La Nueva Victoria será uno de los triunfos emblemáticos del sistema penitenciario dominicano en décadas. El impacto que la construcción de este solo complejo tendrá en la calidad del tratamiento que reciben los internos dominicanos y los índices de reinserción y seguridad ciudadana será, sin lugar a duda, altamente positivo para el sistema de justicia penal y los esfuerzos de prevención de la criminalidad que se coordinan desde esta Procuraduría.  

Como han podido observar, con estas ampliaciones y nuevas construcciones, quedará resuelto el tema de hacinamiento en nuestras cárceles, sin embargo, estamos conscientes de la precaria situación en la que se encuentran las 41cárceles o recintos existentes.

Ante esta realidad, también hemos contemplado dentro del Plan de Humanización la intervención de todos los recintos penitenciarios, ya sea para remodelaciones ligeras o profundas, dependiendo de la necesidad de cada centro.

De esta manera, las 41 cárceles existentes serán remodeladas o acondicionadas y de esta forma, todo privado de libertad en la República Dominicana, sin importar donde esté recluido, tendrá garantizado un espacio físico decente y digno durante su internamiento.  

Asimismo, aprovechamos para informar a la nación que también realizaremos intervenciones en 12 cárceles preventivas ubicadas en los Palacios de Justicia y en otras dependencias a nivel nacional.

Estas 12 cárceles serán remozadas para que las personas privadas de libertad que allí se encuentren gocen también de condiciones dignas mientras su destino es decidido por un juez o son trasladados a un recinto penitenciario definitivo.

De manera particular, quiero resaltar la situación que afecta la cárcel preventiva del municipio de San Luis, en la provincia de Santo Domingo. Este espacio, con precaria capacidad para tan solo 25 personas, ha albergado desde el año 2012, diariamente, un promedio de 180 imputados de ambos sexos, para una sobrepoblación de más de 150 personas.

Para empeorar la situación, la cárcel preventiva de San Luis es la única de su tipo en la provincia de Santo Domingo, que es precisamente la jurisdicción que mayor tasa de criminalidad tiene en el país.

Frente a esta situación tan grave, el Plan de Humanización del Sistema Penitenciario ha querido dar solución a este problema y para ello ha incluido la construcción de un nuevo recinto que vendrá a reemplazar la vieja cárcel preventiva de este municipio.

Este nuevo recinto contará con una capacidad para 236 personas y cumplirá con todas las normas internacionales de derechos humanos y de tratamiento a reclusos de la ONU. Además, será el primer centro preventivo que incluye celdas especiales para internos convalecientes o con alguna discapacidad, las cuales estarían ubicadas próximas al punto de atención médica que también está contemplado dentro del recinto.

Señores, estamos hablando de una verdadera transformación de la infraestructura penitenciaria nacional. Este proyecto no está concentrado en una sola provincia o en grupo poblacional particular: se trata de más de 70 obras diseminadas a lo ancho y largo del territorio dominicano, que impactarán a las 31 provincias y al Distrito Nacional. Esta es una iniciativa de dimensiones abarcadoras e inclusivas.

Pero eso no es todo. Hasta el momento solo he tenido la oportunidad de comentarles sobre los cambios que beneficiarán a la población de privados de liberad adultos en nuestro país.

Sin embargo, actuando en cumplimiento con la Ley 136-03 que crea el Sistema de Protección y Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, la Convención Internacional de los Derechos del Niño y las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad, el Plan de Humanización del Sistema Penitenciario también vendrá a renovar la justicia penal juvenil en la República Dominicana.

Actualmente existen 8 Centros de Atención Integral de Adolescentes en Conflicto con la Ley en nuestro país, localizados en Higüey, San Cristóbal, Santiago, La Vega, el Distrito Nacional y Santo Domingo.

Estos centros cuentan con una capacidad instalada de 471 internos y un número de adolescentes privados de libertad que supera los 570 jóvenes, para unas sobrepoblación de más de 100 internos.

El hacinamiento de nuestros jóvenes no es el único reto que debemos enfrentar en esta materia. La ubicación de los centros y la concentración de 4 de ellos en el Gran Santo Domingo da lugar a varios obstáculos: por un lado, esto dificulta los traslados de los adolescentes a sus audiencias si estas tienen lugar en provincias lejanas y por el otro, la distancia de sus comunidades provoca el desarraigo y la desvinculación familiar del joven, perjudicando así los esfuerzos de reinserción del adolescente en su entorno natural.

Para dar respuesta a situaciones como estas y proteger a uno de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, el Plan de Humanización contempla la ampliación, construcción y redistribución de los Centros de Atención Integral de Adolescentes en Conflicto con la Ley.

Esta parte de nuestro proyecto incluye la adición de 309 nuevos espacios para eliminar el hacinamiento existente actualmente.

¿Cómo lo lograremos?

Primero construiremos 2 nuevos centros de atención integral para adolescentes en las provincias de Barahona y La Romana, con una capacidad combinada de 168 internos. Estas nuevas estructuras servirán para descentralizar los centros y distribuirlos de manera más equitativa a nivel nacional.

Y segundo, lograremos eliminar el hacinamiento de nuestros adolescentes privados de libertad mediante la ampliación de 3 de los centros existentes. Estos son Ciudad del Niño, Santiago y el Batey Bienvenido.

En estas remodelaciones, seguiremos los lineamientos planteados por el Programa de Apoyo a la Reforma y Modernización del Estado (PARME), creando micro comunidades donde se trabajará con los jóvenes de manera personalizada y en grupos pequeños.

Como resultado de estos esfuerzos, nuestros adolescentes podrán contar con un internamiento digno que fomente y promueva su tratamiento y reintegración a la comunidad.

Ciudadanos y ciudadanas,

Como han podido ver, para dar el primer paso hacia la rehabilitación y reinserción de un interno en la sociedad, es preciso contar con las estructuras básicas y dignas que le permitan recibir el tratamiento adecuado para su transformación y reintegración a la vida social.

 

 

Por eso, el segundo eje de este Plan de Humanización del Sistema Penitenciario se concentra en la ampliación y construcción de estructuras modernas que acaben con el hacinamiento y que cuenten con los espacios necesarios para ejecutar los programas de intervención necesarios para lograr el objetivo final, que es la reinserción.

Señoras y señores, una vez explicado el proyecto en su totalidad, aprovecho para hablarles brevemente de los aspectos técnicos y financieros de su ejecución.

El Plan de Humanización del Sistema Penitenciario que hoy les presentamos es un proyecto ambicioso que pretendemos completar para abril del año 2020, cumpliendo con todos los requisitos y las normas de compras y contrataciones establecidas en la ley.

En este sentido, se realizarán licitaciones de más de 80 obras, publicándose las primeras 15 obras el próximo lunes 15 de octubre y las restantes de forma paulatina durante los próximos 6 meses.

Quiero resaltar que este proyecto, por tratarse de la construcción y remodelación de recintos penitenciarios, requiere de altos niveles de seguridad y protección de la información relacionada con el mismo. No obstante, en aras de la transparencia que ha caracterizado a esta gestión, estamos realizando un proceso de licitación pública, abierto y participativo.

De esta forma, cualquier empresa que tenga la experiencia y que garantice la ejecución del proyecto en el tiempo y con la calidad requerida, siguiendo los estándares nacionales e internacionales, podrá resultar gananciosa en el proceso.

Este también será uno de los procesos de licitación más democráticos en la historia del país y para lograr esto, hemos estipulado que ninguna empresa podrá desarrollar más de 1 de las 80 obras o servicios que serán concursadas.

Esto significa que más de 80 compañías tendrán la oportunidad de participar y desarrollar este proyecto transformador, bajo estricta supervisión de la Procuraduría General de la República.

En lo que respecta al costo de implementación, el Plan Nacional de Humanización del Sistema Penitenciario comprende una inversión aproximada de 170 millones de dólares.

Esta inversión se realizará utilizando fondos propios y especiales de la institución que han sido captados gracias a la aplicación, por primera vez desde su promulgación, de la Ley 448-06 sobre el Soborno en el Comercio y la Inversión.

En virtud de esta legislación, el Ministerio Público dominicano logró que las empresas involucradas en los casos de corrupción de Odebrecht y Tucanos, indemnizaran al Estado dominicano por las prácticas de soborno en las que incurrieron en el país, contando con los mismos de forma directa en un 70% y anticipando el resto a través del factoring.

Son estos fondos, obtenidos en calidad de multas bajo la ley de soborno, los que conforme nuestras leyes y en coordinación con el Poder Ejecutivo y la Dirección General de Presupuesto, han sido formalmente asignados al desarrollo de este Plan de Humanización Penitenciaria, reiterando que así seguiremos actuando, exigiendo las penas e indemnizaciones necesarias a favor del Estado en todos los casos que surjan, implementado iniciativas que promuevan la seguridad y el bienestar ciudadano en materia de criminalidad. 

Aprovecho la ocasión para agradecer el respaldo ofrecido a este proyecto por parte del Poder Ejecutivo y diversas instituciones del Estado, como el Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones, la Dirección de Compras y Contrataciones, la Dirección de Presupuesto, entre otras tantas.

Cierro esta intervención recalcando el compromiso de esta gestión con el respeto a los derechos humanos de todos los habitantes de la República Dominicana, sin preferencias ni distinciones, incluyendo a los privados de libertad.

Ellos son el centro y el enfoque de este proyecto porque si bien han vulnerado la ley, el sistema de justicia penal moderno tiene necesariamente que ocuparse no solo de sancionar, sino también de rehabilitar y reinsertar en la sociedad a estas personas.

La condición de privado de libertad debe verse como una oportunidad de reforma y transformación individual, pero sobre todo como una oportunidad para prevenir la criminalidad.  

Para lograr reducir la delincuencia también debemos trabajar de cerca con esta población e implementar planes que contribuyan a disminuir la reincidencia y a aumentar los niveles de seguridad ciudadana a mediano y largo plazo.

El Plan de Humanización del Sistema Penitenciario viene, precisamente, a cumplir con ese objetivo. Tengan por seguro que durante los próximos 18 meses este servidor y todo el equipo de la Procuraduría General de la República estará trabajando, sin descanso, 24/7, para hacer realidad este proyecto, mientras continuamos modernizando nuestro Ministerio Público.

En unos pocos meses podremos decir que, por primera vez en décadas, la República Dominicana es un país libre de hacinamiento penitenciario. Que es un país donde lugares como La Victoria ya no existen, donde los derechos de los privados de libertad son protegidos mejor que nunca y donde su reinserción en la sociedad es promovida, no solo por las autoridades, sino también por todos los ciudadanos.

Esperamos contar con cada uno de los aquí presentes y con los que nos sintonizan a través de los medios de comunicación en este nuevo camino. Apoyen este proceso, participen en el mismo y formen parte de esta transformación que venimos a implementar en el sistema penitenciario dominicano.

Este es un momento trascendental para la historia de nuestro país, para la justicia penal dominicana y para nuestra sociedad en general.

Muchas gracias.