Ponencia a cargo del Dr. Servio Tulio Castaños “El Ministerio Público: responsable de la lucha contra la criminalidad” Featured

15 de octubre de 2018

                          

Damas y caballeros, muy buenos días, quiero comenzar por agradecer al Centro de Análisis y de Estudios Internacionales de la Universidad del Caribe (CAYEI-UNICARIBE), en la persona de su directora ejecutiva Aura Celeste Fernández, por tan grata invitación para participar en este seminario que aborda de manera principal una de las problemáticas de primer orden en nuestro país: la inseguridad ciudadana y la violencia.  

 

Saludamos con agrado que la academia preste especial atención en aunar esfuerzos con los actores del sistema de justicia y la sociedad civil para continuar planteando causas y alternativas encaminadas a lograr la disminución gradual y consistente de los niveles de inseguridad ciudadana incluso hasta la consecución de una solución dinámica que responda de manera efectiva al engranaje actual de la criminalidad mediante la atención prioritaria que ello amerita.

                                            

  1. Introducción

 

La seguridad ciudadana es uno de los temas de mayor preocupación de la sociedad dominicana; y es que, ciertamente, la actuación diaria de la población recibe la amenaza constante del incremento de actos violentos asociados a la criminalidad y la delincuencia, lo cual genera un clima social y comunitario insostenible.

 

No es sorpresa la abrumadora presencia en los medios de comunicación de todos los hechos relacionados con la criminalidad; las planas noticiosas diarias están plagadas de sucesos y acontecimientos que evidencian una dinámica social afectada por actos que disminuyen la paz y la seguridad ciudadana. Esto constituye una afrenta directa a la convivencia pacífica y al normal discurrir social.

 

Este aspecto —la seguridad ciudadana— se encuentra íntimamente relacionado con el desarrollo humano en virtud de su incidencia en los niveles de calidad de vida, el bienestar de las personas y la garantía de sus derechos fundamentales.

 

En efecto, tal y como lo ha indicado el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la seguridad ciudadana tiene un claro enfoque en garantizar interacciones sociales saludables y, más aún, en fortalecer todo Estado Social y Democrático de Derecho; siendo definida como “(…) el proceso de establecer, fortalecer y proteger el orden civil democrático, eliminando las amenazas de la violencia en la población y permitiendo una coexistencia segura y pacífica (…)”

 

La consecución de niveles razonables de seguridad ciudadana más que un punto en agenda, es una condición necesaria para el ejercicio de todo el catálogo de derechos fundamentales contenidos en nuestra Carta Política y en instrumentos de tanta relevancia como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bastaría solo con resaltar el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad de la persona, a la propiedad, a la libertad de empresa, entre otros, para concluir que la seguridad ciudadana debe ser vista desde un enfoque de derecho y, en consecuencia, debe erigirse y/o continuar como uno de los aspectos prioritarios a ser concretizados y motorizados desde el Estado, en su calidad de garante de los derechos de los cuales son titulares sus ciudadanos.

 

El efecto adverso de la criminalidad en la calidad de la democracia alcanza un grado de nocividad tal que permea las relaciones sociales y la interacción del ciudadano con el Estado. Esto conduce a dejar establecido que los hechos constitutivos del delito son males que una sociedad democrática desea evitar, previniendo su comisión y reprimiendo a los responsables, aunque teniendo como base innegociable el respeto pleno a las garantías constitucionales.

 

Asimismo, la seguridad ciudadana se constituye en un elemento indispensable para propiciar la seguridad jurídica y un clima de inversiones adecuado para favorecer el desarrollo nacional, la convivencia pacífica y las relaciones armónicas entre las personas y grupos.

 

Por la importancia capital que reviste esta problemática es lo que justifica la preocupación de instituciones locales e internacionales en el sentido de que las causas y manifestaciones de la criminalidad sean controladas desde el órgano persecutor que representa el poder coercitivo del Estado o, al menos, que la política en contra de este fenómeno sea dirigida y estructurada por este órgano.

 

En ese sentido nos corresponde plantear algunas consideraciones respecto del Ministerio Público, y su responsabilidad en la lucha contra la criminalidad; para ello tomaremos como referencia la perspectiva constitucional de este órgano, así como su naturaleza y funciones contenidas en las disposiciones de la Ley que lo regula; posteriormente, puntualizaremos, a manera de análisis, el fenómeno de la criminalidad en nuestro país y los retos que enfrenta el Ministerio Público frente a los cada vez más novedosos hechos delictivos.

  1. El Ministerio Público desde la perspectiva constitucional.

 

El artículo 169 de nuestra Constitución define el Ministerio Público como un órgano que interactúa dentro del sistema de justicia encargándose de la dirección de la investigación penal, del ejercicio de la acción pública en representación de la sociedad y de la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad.

 

En 2010 este texto dispositivo hizo una introducción interesante que constituye la esencia de este tema, esto es la responsabilidad que se le asigna a este órgano de dirigir la política estatal contra la criminalidad. Esto último amplió el radio de acción del Ministerio Público —el cual desde siempre estuvo circunscrito a la persecución e investigación del sistema penal— llevándolo de ser un actor que inicia su actividad posterior a la comisión del delito a un ente cuyo rol conlleva una intervención previa que se acerca considerablemente al espectro de la prevención.

 

Esta perspectiva constitucional altera el esquema tradicional que entendía el papel del Ministerio Público desde una interpretación restrictiva derivada de la concepción del derecho penal como medida de última ratio o de intervención mínima en la gestión del conflicto.

 

De hecho el articulado constitucional obliga a distinguir las tareas propias de la persecución penal de aquellas concernientes a la política criminal, pues son dos ámbitos interrelacionados pero de atención diferenciada en los que debe incursionar el Ministerio Público, al tenor de sus funciones.

 

Hablar de la labor del Ministerio Público en la formulación e implementación de la política criminal puede generar posiciones diversas; hay quienes entienden que esta responsabilidad ha de ser asumida ejecutando desde la esfera cercana a la persecución penal, mientras otros pudiesen tener una interpretación más amplia que confiere a este órgano una labor preventiva.

 

En este sentido, es importante enfatizar que, precisamente derivado de esta responsabilidad, el ordenamiento jurídico actual indica tareas expresas que se apartan de las atribuciones tradicionales del Ministerio Público, tales como la dirección del sistema penitenciario, o la responsabilidad del Procurador General en cuanto a las políticas de prevención y de control que deberá elaborar en colaboración con otras instituciones.

 

Otra de las importantes consideraciones que se desprenden de la definición constitucional de este órgano es que lo reconoce como parte del sistema de justicia, esto así evitando confusiones innecesarias respecto a la ubicación orgánica del Ministerio Público, el cual si bien está inserto en el ámbito del poder ejecutivo, acciona directamente en el sistema de justicia, de ahí que se le haya incluido en el título correspondiente al Poder Judicial.

 

Vale resaltar que, en el ejercicio de sus funciones, el Ministerio Público debe respetar la Constitución y el ordenamiento jurídico dictado conforme a ésta, garantizando los derechos fundamentales que asisten a las personas en conflicto con la ley que perpetran acciones en desmedro del interés público. Esto se contempla en mayor detalle en la Ley Orgánica del Ministerio Público, la número 133-11, de la cual haremos algunas precisiones.

 

  1. Una breve mirada a la Ley Orgánica No. 133-11.

 

En la Ley Orgánica del Ministerio Público, la No. 133-11, se estructura de manera operativa las funciones constitucionales acreditadas a este órgano. Entendemos que, en su momento, esta norma constituyó un avance en el sistema de justicia de nuestro país, pues conllevó una reestructuración del engranaje orgánico de conformidad con las exigencias de una sociedad contemporánea.

 

Esta ley representa un marco regulatorio que se acerca más a las exigencias actuales, dentro de las que podemos resaltar la necesidad de que el órgano que investiga y persigue en su desempeño, puede recabar e indagar datos estadísticos fidedignos de tipos penales de reciente aparición, lo cual permitirá un análisis político criminal y su consecuente tratamiento en pos de políticas atinentes a la prevención y disminución de los niveles de inseguridad.

 

  1. Puntualizaciones prácticas del análisis del fenómeno de la criminalidad en la República Dominicana por parte del Ministerio Público.

 

El conflicto es una realidad social. Las actuaciones delictivas pueden derivarse, en muchas ocasiones, de los conflictos suscitados en el seno de las sociedades. Por tanto, analizar el fenómeno de la criminalidad requiere una comprensión de la propia composición social de la ciudadanía. De no hacerlo de este modo, se podría caer en observaciones de tipo aislado del fenómeno criminal y no se abordaría el carácter preventivo que debe constar en cualquier profundización que se haga sobre este tema.

 

Justamente, el Ministerio Público como órgano encargado de dirigir las investigaciones delictivas y perseguir la criminalidad en aras a una eventual presentación de imputaciones al respecto –en caso de que lo amerite– debe primero analizar los comportamientos sociales y la naturaleza de los conflictos interpersonales y colectivos que suceden en la cotidianidad de la República Dominicana.

 

En virtud de lo que establece la Ley Orgánica del Ministerio Público No. 133-11,  

 

El Ministerio Público es el órgano responsable de la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad, que está dirigida a prevenir, controlar, gestionar y perseguir los hechos punibles. Para garantizar su eficacia y vinculación, las políticas preventivas y de control serán articuladas bajo la responsabilidad directa del Procurador General de la República en colaboración con los otros órganos e instituciones que corresponda[1].

 

Tal como lo establece el artículo precitado de la norma madre del Ministerio Público en el país, hay funciones explícitas dadas a este órgano en torno al análisis del fenómeno de la criminalidad. De acuerdo a estos presupuestos normativos que son planteados en la ley, debe colegirse que existe un mandato importante de coordinación de las políticas preventivas para enfrentar la criminalidad en el país, lo cual amerita un conocimiento previo por parte de este órgano del contexto social en que se suscitan los actos delictivos.

 

En consecuencia, debe conocerse a qué nos referimos con delitos, es decir, cuál sería una definición adecuada de la delincuencia y su impacto social. A manera explicativa, Paulina Ruiz y Jean Pierre Matus nos ofrecen una definición magistral la cual indica que,

 

La delincuencia se entiende como la acción de cometer delitos y los delitos se describen como una parte no deseada de la sociedad que es, por lo tanto, sancionada para restablecer la cohesión de dicha colectividad. A la sazón de esto, la delincuencia queda definida como la acción de cometer actos no deseados por la sociedad, específicamente, actos que transgreden las normas jurídicas que en ella se han implantado[2].

 

Esta definición da por hecho la correlación entre delito y sociedad que hemos mencionado. De manera que, un análisis de la criminalidad debe también comprender los niveles de rechazo que ocasionan los actos delincuenciales y la violación a las normas jurídicas que éstos imprimen en sí mismos.

 

Al no hacer una separación de estas dos temáticas, en este caso tenemos que el Ministerio Público debe lograr articular los esfuerzos gubernamentales en aras de prevenir, gestionar, controlar y perseguir los actos que perjudican la cohesión social y, a su vez, rechazarlos en el marco de las garantías ofrecidas en el concepto de Estado Social y Democrático de Derecho, a los fines de garantizar la convivencia pacífica necesaria en la sociedad.

 

En ese sentido, si se hace un análisis de las políticas de criminalidad que han sido puestas en práctica por parte del Ministerio Público durante la última década, eso da lugar a que la ciudadanía exija mucho más de lo que recientemente se ha  aplicado en la esfera pública de nuestro país. Decimos esto en virtud de que no es casual que la inseguridad ciudadana –en múltiples estudios nacionales e internacionales[3]– preocupe en promedio al 74.6% de las ciudadanas y ciudadanos dominicanos.

 

Esta preocupación debe llevar al Ministerio Público y demás órganos del Estado dominicano encargados de reducir los índices de criminalidad, a repensar las políticas públicas utilizadas durante años que con buena fe, han intentado enfrentar el fenómeno criminal pero no han logrado tener altos niveles de éxito en cuanto a la extinción de esta situación en términos teóricos ni prácticos.

 

No es un secreto que nuestro país sigue teniendo índices preocupantes sobre homicidios causados por conflictos interpersonales, niveles inaceptables de violencia de género e intrafamiliar, robos a mano armada, narcotráfico y corrupción. Por tanto, la visión que ha de emplear el Ministerio Público en cuanto al enfrentamiento de los actos delictivos debe ir más allá de lo que se encuentra establecido en las normas y así poder prevenir de raíz la delincuencia.

 

Para ello, consideramos importante que los poderes públicos –articulados a través del Ministerio Público– superen la visión reactiva que se ha tenido frente al delito, la cual reprime las libertades públicas y podría ser un obstáculo pero sólo para los casos aislados. Hoy día, se hace urgente impregnar en la sociedad mayores planes de prevención, conocimiento integral del comportamiento social y garantía de derechos cuando sea aplicado el ius puniendi. Esto conlleva un amplio proceso de concientización ciudadana y de materialización de políticas preventivas contra la criminalidad, lo cual deberá ser respaldado por todos los sectores sociales del país y articulado por el Ministerio Público.

 

En ese sentido, se ha establecido que, “La seguridad ciudadana se encuentra íntimamente relacionada con el desarrollo humano debido a que basa su paradigma en el bienestar de las personas y en la garantía de sus derechos fundamentales[4]”. Esta mirada supone una conclusión importante para el análisis práctico de la criminalidad: mientras se originen menos actos delictivos, mayor será el acercamiento material al paradigma del Estado Social y Democrático de Derecho consignado en la Constitución.

 

  1. Retos del Ministerio Público frente a los actos delictivos del siglo XXI.

 

La naturaleza de la criminalidad ha variado sus formas. Lo que era conocido como acto delictivo en el siglo pasado, no se adecúa al relato fáctico que puede darse de la delincuencia hoy en día. Por vía de consecuencia, el dinamismo social y sus características accesorias debe ser un elemento fundamental para que la ley y los poderes públicos no permanezcan estáticos frente a ello.

 

Uno de los grandes retos que tienen los poderes públicos es consolidar las funciones constitucionales y legales de los órganos del sistema de justicia apegados al Estado Social y Democrático de Derecho y decididos a sobreponerse a todas las presiones e influencias internas y externas que afectan su independencia.

 

Es impensable derrotar al crimen organizado, a la cultura de la ilegalidad y la impunidad que amenazan corroer la sociedad dominicana y doblegar a sus instituciones democráticas sin que esto responda a nuevos paradigmas y directrices que frenen los nuevos métodos delictivos.

 

La proliferación de nuevas formas de criminalidad puede ser la responsable principal del deterioro del clima de inversiones y el desarrollo económico en nuestro país. Por tanto, tal como se ha establecido en párrafos anteriores, el combate frontal y preventivo a la criminalidad será ineludiblemente un factor importante de mejoría socioeconómica para el país.

 

Las nuevas dinámicas sociales se expresan en el caos del tránsito urbano; en las relaciones violentas al interior de las familias; en la falta de oportunidades que afecta al 35% de los jóvenes que ni estudia ni trabaja; en las carencias de nuestro sistema educativo; en la falta de centros de esparcimiento y ocio sanos en los barrios y centros urbanos más poblados; en la falta de apoyo y control de las personas que sufren de adicciones; y en las precariedades de nuestro sistema de justicia. De modo que, ante nuevas causales sociales, es inevitable la existencia de nuevos fenómenos delincuenciales, lo cual imprime un reto de nuevos modos de prevenir y enfrentar la criminalidad por parte del Ministerio Público.

 

Hoy en día, suele escucharse el término de crimen organizado para referirse a acciones delictivas que gozan de una suerte de asociación entre los infractores de la ley y cuyo impacto social puede lesionar significativamente los bienes jurídicos protegidos. No obstante, los poderes públicos no están organizados plenamente como sí lo está el crimen. Por tanto, esto nos lleva a la necesidad de pensar en nuevas formas de articulación de las políticas contra la criminalidad desde una perspectiva multisectorial, dirigidas por el Ministerio Público.

 

A pesar de que existan legislaciones que apunten a sancionar las nuevas modalidades del crimen, como lo es la reciente Ley Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo No. 155-17, no existe en el país un parámetro práctico –que supere el ámbito normativo– de enfrentamiento efectivo de las nuevas formas de criminalidad.

 

En el 13vo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, se indicó que

 

El nivel de sofisticación de los delitos emergentes supone un desafío para los Estados bien equipados y plantea un reto todavía más grave para los países en desarrollo o con recursos limitados. A nivel mundial, la armonización de la legislación ayudará a prevenir y combatir los delitos emergentes y tal vez se necesiten idear formas innovadoras de incrementar la conectividad electrónica mundial para fines de investigación[5].

 

El Ministerio Público no puede estar ajeno a esta realidad. Resulta un reto importante que sea éste quien motorice las actuaciones de los demás órganos pilares para el sistema de justicia y el combate a la criminalidad, para así generar frente a la ciudadanía respuestas transversales y que no estén ajenas a la acelerada realidad de la globalización y puedan garantizar el clima de paz y sana convivencia social en la sociedad dominicana, independientemente de las formas en que se produzcan y reaparezcan los fenómenos delictivos.

 

  1. Conclusiones y nuevos paradigmas.

 

En FINJUS coincidimos con quienes entienden que este flagelo debe partir de una visión holística, en este sentido, cualquier iniciativa que se promueva desde el Ministerio Público para contrarrestar la criminalidad debe encaminarse a fortalecer la coordinación interinstitucional entre los actores del sistema. Son muchas las iniciativas que deben conjugarse para revertir el actual estado de cosas que han llevado a la crisis de criminalidad e inseguridad que embarga a la sociedad dominicana.  .

 

Se impone que el Estado a través de los órganos adecuados—el Ministerio Público— articule estrategias de política criminal eficaces en materia de prevención y persecución del crimen con el concurso de los organismos públicos competentes y la participación de las organizaciones sociales. Con la finalidad de frenar la corrupción, la criminalidad organizada, la inseguridad ciudadana, y entre otros flagelos que lesionan los derechos fundamentales. Hemos insistido en los últimos años en un conjunto de aspectos que deben tomarse en consideración para reforzar el clima de seguridad ciudadana que van desde un reenfoque de la educación cívico-ciudadana a reformas legales considerable.

 

Lo anterior, es esencial pues los efectos nocivos que genera la criminalidad trascienden el desarrollo económico, afectando la legitimidad del sistema político, la viabilidad del Estado, la seguridad ciudadana, que al mismo tiempo, contribuye a la creación de desigualdades en la aplicación y administración de la justicia, corroyendo la confianza ciudadana en sus instituciones.

 

Para nadie es un secreto que la adopción e implementación de políticas y estrategias institucionales cuesta dinero, pues sin la asignación presupuestaria adecuada las políticas y estrategias contra la criminalidad no podrán ser articuladas de forma eficaz. Para construir un nuevo paradigma en contra de la criminalidad es indispensable eficientizar la administración de los órganos que forman el sistema de justicia, en los términos que apuesta la Constitución, y no seguir relegando los recursos que por ley le corresponden a estos órganos para que puedan operar adecuadamente estos cambios.

 

En tal sentido, esto implica un compromiso que requiere el concurso de los otros poderes del Estado en garantizar la intangibilidad del presupuesto –alusivo al tema económico– para los órganos del sistema de justicia y entregarle las partidas que han sido reservadas en las leyes de autonomía presupuestaria. Si el crimen del siglo XXI goza de recursos, los organismos encargados de enfrentarlo deben ser dotados de importantes garantías económicas, potencializando así su actuación formal.

 

De los diferentes informes recientes producidos sobre la criminalidad, tanto a nivel local  como en América Latina, se desprende que la criminalidad debe ser abordada desde su complejidad, con un enfoque multidimensional que implica un tratamiento diferenciado, por lo que resulta improductivo enfrentarlo desde una sola política aislada —como puede ser la represión y encarcelamiento de los infractores—, sino que debe ser enfocado desde un conjunto de políticas que incluyan estrategias integrales, entre las que se podrían mencionar: medidas preventivas, reformas institucionales, adecuada inversión pública en programas sociales, replanteamiento de las relaciones Estado-comunidades y la expresión de una voluntad política amplia y sostenida.

 

Este conjunto de acciones debe descansar en sistemas de estadísticas e informaciones actualizadas, así como en la definición de estrategias de intervención social con carácter moderno y que sean eficientes y eficaces. Esta nueva forma de enfocar la inseguridad hace hincapié a la necesidad de realizar políticas a escala local, que permitan a los municipios y regiones articular acciones que complementen los programas nacionales dirigidos por los órganos e instituciones centrales encargadas de contrarrestar la criminalidad.

 

Este tema concentra tanta atención ya que, es un eje transversal para el goce efectivo de los derechos fundamentales, y todo esto no es más que una expresión sincera de las aspiraciones democráticas que han de tener las instituciones y los ciudadanos. Éstas han de ser por igual las aspiraciones del Ministerio Público para el fortalecimiento al que han de abocarse, tomando en cuenta su importancia social, jurídica, política e inclusive económica.

 

Abordar de manera inadecuada la problemática de la criminalidad pone en riesgo el desarrollo humano y el pleno goce de los derechos fundamentales; y no podemos olvidar que el respeto y protección de las libertades públicas son una de las claves más importantes para evaluar la verdadera legitimidad de un modelo político y social anclado a la democracia y garante de la institucionalidad.

 

Muchas gracias,

 

 

Dr. Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo FINJUS

15 de octubre 2018

 

[1] República Dominicana. Ley Orgánica del Ministerio Público. No. 133-11. Artículo 7. 2011. (Subrayado nuestro).

[2] RUIZ, Paulina; CEA, Macarena; RODRÍGUEZ, Carlos et MATUS, Jean Pierre. Determinantes de la criminalidad: Análisis de resultados. [en línea] Centro de Estudios de Derecho Penal de la Universidad de Talca. 2007. P. 6. [Documento en formato PDF] Disponible en: http://www.politicacriminal.cl/n_03/d_1_1_3.pdf

[3] Al respecto, véase: Boletín del Observatorio de Políticas Sociales y Desarrollo de la Vicepresidencia de la República Dominicana del año 2017 (P. 8); Latinobarómetro de las Américas del año 2017 (P. 59); Encuesta Gallup-HOY del año 2017 y Observatorio de Seguridad Ciudadana del PNUD del 2017.

[4]  PNUD. Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014. Seguridad Ciudadana con rostro humano. Nueva York. P. 9. 2013.

[5] 13vo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal. Formas nuevas y emergentes de delincuencia: amenazas con que el mundo debe contar. [en línea] DOHA. 2015. P. 2. [Documento en PDF] Disponible en: http://www.un.org/es/events/crimecongress2015/pdf/Factsheet_5_Emerging_forms_of_crime_ES.pdf

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Videoteca Canal de YouTube

Siguenos en FaceBook

SDG Twitter Slider

Promoviendo el fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática, el Sistema de Justicia y el Estado de Derecho en la República Dominicana.

Estar en contacto

Gustavo Mejia Ricart #104, Torre Piantini Piso 8 Suite 803

(809) 227-3250

finjusrd@finjus.org.do

 www.finjus.org.do