Convención Anual de los clubes de leones del cibao 2019

Asociación Internacional de Clubes de Leones

DISTRITO R-2

Hotel Emotions Playa Dorada, Puerto Plata

Sábado 11 de mayo de 2019

 

 Tema: Impacto del respeto a la institucionalidad en el desarrollo de un país

 

Agradezco muy sinceramente el honor que me confiere el Distrito R-2, integrado a la honorable Asociación Internacional de Clubes de Leones, al invitarme a compartir con ustedes en esta convención anual de los clubes de leones del Cibao.

 

Antes de abordar el tema que nos concierne, en el marco de la apertura de este evento, debo decir que para todos los dominicanos, especialmente los de mi generación, resulta una gran distinción coincidir con los miembros de esta importante organización, cuya trayectoria de bien, su vocación y su constancia para apoyar las mejores causas humanitarias y sociales en nuestro país constituye un modelo de trabajo al servicio de la comunidad.

 

Desde la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), nos hemos empeñado en asumir como objetivo fundamental la concreción del tema que hoy nos ocupa: “el respeto a la institucionalidad”. Para ello, junto a otras organizaciones de la sociedad, hemos colaborado en el diálogo y planteamiento de soluciones que promuevan la consolidación del Estado social y democrático de derecho consignado en nuestra Constitución.

 

Consideramos sumamente relevante que entes sociales como los son los clubes de leones inviten a la conversación y concienciación de aspectos tan esenciales para el desarrollo nacional como lo es el respeto a la institucionalidad de cara a la consolidación del diseño estatal que propugnamos desde nuestra norma fundamental. Nos satisface saber y reafirmar que los esfuerzos por fortalecer la institucionalidad, sobre todo la que atañe a una verdadera democracia, nacen por numerosos caminos y encuentran respaldo.

 

Al abordar este tema entendemos esencial partir de las nefastas consecuencias que, en diversos momentos de nuestra historia, como país hemos padecido a causa de la falta de institucionalidad en el diseño estatal. Referirnos, solo por citar algunos ejemplos, a la crisis sociopolítica y económica que antecedió y dio paso a la primera intervención norteamericana en 1916; al impacto que significó la dictadura de Trujillo a la incipiente modernización estatal a la que se encaminaba la nación; a los posteriores ataques que obstaculizaban una inminente transición democrática post régimen, entre otros.

 

A pesar de estas etapas críticas de nuestra historia estatal, no podemos desconocer que, luego de establecida la democracia como sistema político en nuestro país, esto es en los últimos años, se han hecho esfuerzos en torno a la construcción de una cultura de institucionalidad de la cual no solo se visibilizan cambios en el sector privado sino que se perciben importantes avances desde el seno de la Administración Pública. La suma de legislaciones y decretos, la implementación de políticas públicas, la elaboración de planes gubernamentales y las distintas acciones de control social y político, en las cuales ha tenido relevante participación la ciudadanía, han contribuido a mejorar el funcionamiento del Estado y sus instituciones.

 

Sin perjuicio de lo anterior, somos conscientes que todavía persisten fallos estructurales que frenan el desarrollo nacional y constituyen serias preocupaciones respecto del futuro de la Republica Dominicana, dentro de estos: el incumplimiento de los deberes y principios básicos que están establecidos en nuestro ordenamiento, la existencia de graves casos de corrupción, las evidentes debilidades en los sistemas de consecuencias, las serias falencias de nuestros partidos políticos, etc.

 

En efecto, los rankings internacionales en áreas claves del desarrollo y la democracia reflejan que como país ocupamos puestos críticos en cuanto a debilidades latentes en la Administración Pública. Por citar un ejemplo, según el Informe Konrad Adenauer sobre Índice de Desarrollo Democrático de América Latina en 2014, ocupamos junto a Guatemala los últimos lugares, por nuestras deficiencias en el cumplimiento de formalismos y en el ejercicio de los derechos y libertades y la calidad institucional.

 

En este mismo sentido han concluido estudios más recientes. Traemos a colación consideraciones expresadas en el último informe emitido por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre la calidad democrática en la República Dominicana hasta 2018, en el cual, en su capítulo de calidad de la gestión pública y calidad de vida se indica, entre otras cosas, lo siguiente:

 

“El país experimentó un avance moderado en la profesionalidad de la Administración Pública, pero también aumentó la desconfianza en las instituciones (…)

 

La pérdida de confianza en las instituciones de la democracia dominicana es un llamado de alerta. Sobre todo, porque los datos exponen la debilidad del Estado de Derecho, la limitada capacidad de las instituciones democráticas para servir como contrapesos, las bajas garantías de derechos fundamentales y el alto grado de discrecionalidad que mantiene el Poder Ejecutivo frente a las otras ramas del Estado (…)

 

Todos estos elementos construyen un contexto de vulnerabilidad de la democracia dominicana ante situaciones con potencial desestabilizador”

 

De cara al actual contexto que enfrentamos como nación, interesa sobremanera que, en escenarios como estos, se trate este tema. De inicio, es indispensable señalar la conceptualización del término “institucionalidad”, el cual hace referencia a la consolidación permanente, uniforme y sistemática de conductas, usos e ideas mediante instrumentos que aseguran el control y cumplimiento de una función social[1].

 

Otras definiciones doctrinales aportan elementos importantes que conviene tomar en consideración pues establecer una cultura de institucionalidad implica diseñar un conjunto de reglas que articulan y organizan las interacciones económicas, sociales y políticas entre los individuos y los grupos sociales [2];  esto sin olvidar que las instituciones en sí mismas son construcciones históricas que, a lo largo de su evolución (origen, estabilización y cambio) los individuos erigen expresamente (…) de acuerdo a las características peculiares que identifican los rasgos dominantes de una determinada economía y sociedad[3].

 

A propósito de esto último debe destacarse que las instituciones no son simple reflejo de la economía o de la sociedad, pues impera una relación de influencia e interdependencia (…) entre ellas, de manera que las instituciones moldean las preferencias de los individuos y los intereses de las organizaciones, y, a su vez, los individuos y organizaciones transforman las relaciones institucionales[4].

 

La aplicación de este concepto como principio transversal en las estructuras que conforman el Estado requiere entender algunas particularidades. En primer lugar, la permanencia, pues la institución está supuesta a permanecer en el tiempo sin importar las voluntades que la crearon, es por ello que, por ejemplo, pierde relevancia lo que circunstancialmente quieran gobernantes y gobernados en lo que concierne al fundamento del Estado como institución.

Como consecuencia de lo anterior se logran conductas uniformes a medida que se establecen las directrices que son inherentes a la institución como tal, las cuales deberán ser seguidas por sus adherentes a fin de alcanzar el fin o propósito para lo cual fue creada o que justifica su existencia, esto es su función social.

 

El cumplimiento de estos fines requiere de ciertos instrumentos para llevarlos a cabo que pueden erigirse en objetos tangibles, como las infraestructuras, o en cuestiones relativas a las ideologías o fundamento de la institución que se concretizan a través de las  normas que la rigen.

 

A fines de comprender el impacto que supone el respeto a la institucionalidad para el desarrollo de nuestro país, específicamente, conviene primero recordar las directrices fundacionales que sustentan y erigen al Estado dominicano como institución.

 

Para ello nos remitimos a la Constitución, en tanto ley suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado, que establece en sus artículos primero y séptimo lo siguiente:

 

Artículo 1. – Organización del Estado. El pueblo dominicano constituye una Nación organizada en Estado libre e independiente, con el nombre de República Dominicana.

 

Artículo 7. – Estado Social y Democrático de Derecho. La República Dominicana es un Estado Social y Democrático de Derecho, organizado en forma de republica unitaria, fundado en el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación e independencia de los poderes públicos.

 

De esto verificamos la configuración del Estado como institución con carácter permanente, así como su definición de social y democrático de derecho como condiciones innegociables para el sostenimiento del mismo.

 

Resaltamos que la base de nuestro Estado encuentra cauce en la democracia como sistema político, modelo el cual hemos asumido y defendemos pues, aunque adolece de defectos y no hay ejemplos de erradicación de abusos, injusticias y corrupción, evocando a Churchill, sigue siendo el único sistema que garantiza, de algún modo, aunque con falencias, los derechos humanos, la igualdad de oportunidades y la participación ciudadana.
       

De ahí que resulte necesario adentrarnos a la institucionalidad democrática, de manera específica, para abordar lo relativo al desarrollo nacional estableciendo, en primer orden, que la principal característica de una democracia es la independencia de los poderes públicos que se consolida mediante el respeto de cada uno de ellos hacia las facultades y obligaciones de los otros.

 

Un Estado Social y Democrático de Derecho, tal y como lo enarbola nuestra Constitución, requiere de la construcción y perfeccionamiento de instituciones democráticas que cumplan cabalmente con sus competencias y atribuciones. El jurista y académico mexicano Jaime Cárdenas expone de manera precisa este punto en su ensayo titulado “La Construcción de la Institucionalidad Democrática” en el cual afirma que:

 

“Se construyen instituciones democráticas en periodos de transición a la democracia, o también en democracias consolidadas cuya finalidad es profundizar (reconocer, proteger, garantizar) derechos humanos y establecer mecanismos para que los gobernantes rindan cuentas y actúen responsablemente, los poderes se mantengan en equilibrio, etcétera.

 

Con las instituciones democráticas se pretende desarrollar o lograr la realización de la democracia, esto es la competencia entre los partidos en igualdad de oportunidades, las elecciones como método para dirimir la integración de los poderes,  y los derechos humanos para justificar y caracterizar el Estado de derecho.”

 

Al igual que otros países del hemisferio pareceríamos encuadrarnos dentro de una transición hacia la democracia o inmersos en el proceso de su consolidación, pues todavía no se ha alcanzado la construcción del entramado institucional que exige una democracia. 

 

Si bien esta consolidación democrática está mermada por factores como la desigualdad socioeconómica, el subdesarrollo, la pobreza, la corrupción, entre otros, no es menos cierto que lo que se requiere, en orden primario, para arribar a una transformación política tangible, es la concreción del marco jurídico e institucional.

 

Es preciso advertir que sin una organización adecuada de esa base rectora, los procesos de cambio pueden sumirse en un estancamiento que devienen en menoscabo de los esfuerzos de los actores políticos y sociales, quienes entonces lejos de abrazar el objetivo nación se aferran a la salvaguarda de sus intereses.

 

En estos últimos años el contexto político-institucional de la República Dominicana ha tenido altos picos de variabilidad como consecuencia de la ola de reformas orientadas a adecuarnos a las tendencias contemporáneas y al proceso de globalización; pues, aunque subsisten grandes retos, desde la sociedad se ha entendido el papel del fortalecimiento de la institucionalidad como elemento indispensable no solo como garantía de una verdadera democracia sino también como motor para incentivar a los agentes económicos lo cual es fundamental para el desarrollo nacional.

 

Con relación al aspecto económico es preciso apuntar que un entorno político-institucional estable y con una sólida seguridad jurídica facilita el desarrollo de los negocios al promover la inversión privada, nacional y extranjera; en contraposición a ello, cuando no hay institucionalidad garantizada en los órganos gubernamentales no se obtienen los beneficios derivados de la competencia en un mercado ordenado y libre.  

 

De las grandes reformas de los últimos años debemos mencionar la Constitución de 2010 que marcó pautas claras respecto al nuevo ordenamiento en las capacidades institucionales del aparato estatal indicando, mediante reservas de ley, la necesidad de contar con disposiciones normativas claras que regularan determinado aspecto; de igual forma se reestructuró e instituyó los órganos incumbentes a los poderes del Estado e, incluso, se crearon órganos extrapoderes como el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral, y la adecuación del Tribunal Superior Administrativo a los fines de establecer una estructura coherente que garantizara la efectividad de las reformas contenidas.

 

En lo relativo a la conducción del Estado, el texto constitucional estableció mediante su artículo 241 que fuese sancionado por ley el proceso de planificación y de inversión pública, compromiso el cual derivó en la la ley 1-12 del 25 de enero del 2012 que diseñó la Estrategia Nacional de Desarrollo a 2030.

 

Este documento (Estrategia Nacional de Desarrollo) entendemos propicio mencionarlo pues es la expresión más clara que encontramos en nuestro marco normativo de los esfuerzos que se hacen para encaminarnos hacia una cultura de institucionalidad o, al menos, la evidencia de una declaración de principios y/o especie de carta compromiso suscrita desde el Estado en este sentido.

 

La referida disposición recoge el enfoque país dividiéndolo en 4 ejes claros que impactan todos los sectores de la sociedad: 1) el fortalecimiento institucional para la consecución de un Estado Social y Democrático de Derecho; 2) la igualdad de derechos y oportunidades; 3) un modelo de desarrollo económico con crecimiento sostenido; y, 4) una sociedad con cultura de producción y consumo sostenible.

 

Dentro del primer eje, relativo a lo institucional, que consignó la estrategia nacional de desarrollo, se resaltó la necesidad de contar con instituciones regidas por la ética, la transparencia y la eficacia que garanticen, entre otros aspectos, la gobernabilidad y el desarrollo nacional y local

 

A modo de ilustración se indicaron como compromisos la tarea de adecuar la estructura organizativa del Estado de conformidad al derecho administrativo moderno; así también implementar el servicio civil y la carrera administrativa en todos los estamentos de la administración pública e, inclusive, en los gobiernos locales. Por otro lado, se estableció la intención de cumplir con las normas de transparencia en las compras y contrataciones públicas en procura de garantizar el acceso a la información y la rendición de cuentas por parte de los órganos estatales

 

De igual forma, se esbozó la reforma de los marcos legales e institucionales relativos a seguridad ciudadana y defensa nacional, partiendo de los altos niveles de inseguridad que enfrenta la sociedad dominicana y que se traducen en elevados costos sociales y económicos pues para contrarrestarlos se aumentan las partidas para la búsqueda de soluciones alternas como la contratación de seguridad privada.

 

Otro punto tratado lo fue la regulación normativa del sistema de partidos y el régimen electoral que apuntaba a la institucionalización de las agrupaciones partidarias y el restablecimiento de la confianza de los diversos sectores de la sociedad en el esquema electoral y partidario de nuestro país.

 

De estos compromisos se han concretado importantes piezas legislativas que aún se encuentran en proceso de implementación y adecuación dentro de nuestro marco jurídico, como son: la Ley 247-12 del 9 de enero de 2012 que es la orgánica de la administración pública; la Ley 107-13 del 6 de agosto de 2013 sobre los derechos de las personas en sus relaciones con la administración y de procedimiento administrativo; la Ley 137-11 del 13 de junio de 2011 orgánica del tribunal constitucional y de los procedimientos constitucionales; la Ley 139-13 del 13 de septiembre de 2013 orgánica de las fuerzas armadas; la Ley 590-16 del 15 de julio de 2016 orgánica de la policía nacional; la Ley 631-16 del 2 de agosto de 2016 para el control y regulación de armas, municiones y materiales relacionados; la Ley 155-17 de 2017, contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo; la Ley 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos y la Ley 15-19 Orgánica de Régimen Electoral.

 

Aunque estas novedosas legislaciones no constituyen una panacea ni se erigen como la garantía de la institucionalidad, entendemos son pasos interesantes hacia el fortalecimiento de nuestra estructura democrática.

 

Así que corresponde que la sociedad continúe pendiente en las capacidades institucionales y la ejecución de las instituciones en el cumplimiento del orden normativo. Esto añade otros retos a los que subyacen en nuestra realidad actual.

 

No quisiera finalizar sin tocar de manera específica uno de los desafíos más importantes que nos corresponden como nación: el tema de la corrupción. Por todos es sabido que la corrupción como flagelo ha tenido especial incidencia y ha volcado la atención pública en los últimos años, generándose un preocupante clima de desconfianza hacia los gobernantes.

 

Estudios internacionales como el Latinobarómetro (publicaciones de 2017 y 2018) coinciden en que la corrupción, como consecuencia de la falta de institucionalidad, es el tercer problema de mayor importancia en República Dominicana constituyéndose en un impedimento importante, especialmente, en la efectividad de distribución del PIB y la realización de negocios, esto se refleja directamente en los indicadores económicos y financieros que miden la factibilidad económica del país; de ahí la necesidad de que todos los sectores de la sociedad tengan pendientes los temas relacionados a este punto y se aúnen esfuerzos en reformas legislativas eficaces que conjunto a un sistema de justicia fortalecido reduzca las brechas de oportunidad de corrupción en la administración pública.

 

Nos inquieta que los propios mecanismos institucionales creados por las leyes sean ignorados por algunas autoridades, actuando con actitudes de dueños de la verdad, en lugar de ser dirigentes, conductores sociales y líderes a los que las comunidades, hombres y mujeres sencillos, les han dado poder para representarlos.

 

En esta preocupación incluimos la especial atención que amerita nuestro sistema de justicia; y es que un sistema de justicia resquebrajado no podrá hacer frente a flagelos como la corrupción, el auge del crimen organizado, el incremento de la violencia, entre otras problemáticas que terminan afectando gravemente el desarrollo social, estancándolo.

 

Desde la perspectiva de la procura de la institucionalidad consideramos que como país estamos ante la oportunidad de acelerar de manera significativa el tránsito de una estructura patrimonialista y basada en la lealtad personal, a un esquema institucionalizado y fundado en principios coherentes con un Estado Social y democrático de derecho.

 

Para ello se requiere del concierto de todos los entes de la sociedad, de la cual ustedes son parte como individuos y como institución, por lo cual entiendo deben verse como promotores de cambios positivos y realistas, en base a sus principios y valores, de forma que su labor sirva como abono para crear una nueva cultura donde el diálogo, la responsabilidad y la fraternidad nos conduzcan a ser mejores ciudadanos y ciudadanas creyendo siempre en la necesidad del consenso y la actuación conjunta para aproximarnos al diseño de soluciones sostenibles, justas y humanas de nuestros problemas.

 

Gracias por la invitación y reitero mis felicitaciones por el excelente trabajo que, desde sus diferentes estructuras, realizan los Clubes de Leones.

 

Dr. Servio Tulio Castaños

Vicepresidente ejecutivo de la FINJUS

11 de mayo 2019

 

 

 

[1] Lucas Verdú, Pablo, Principios de ciencia política, Madrid, Tecnos, tI, 1977, p. 238.

^[2] Ayala Espino, José. Mercado, elección pública e instituciones. Una revisión de las teorías modernas del Estado, México, UNAM, 1996, p. 321.

^[3] Ídem

^[4] Cárdenas, Jaime, La construcción de la institucionalidad democrática, UNAM, México, 1999, pp. 20, Disponible en: https://www.revistadelauniversidad.mx/storage/bf336858-d761-444d-8f11-5286420796c0.pdf