Los recientes hechos delictivos que reportan las redes y medios de comunicación, en especial ligados a los llamados “secuestros exprés”, han ocupado la atención social, incrementando la preocupación y la percepción de inseguridad generalizada. Estos no son hechos novedosos ni pueden atribuirse exclusivamente a la influencia foránea o a un factor particular. Reflejan, de manera descarnada, la debilidad de las instituciones claves en el sistema de la seguridad ciudadana y sobre todo la falta de políticas públicas modernas y la ineficiencia de la inversión social en esta materia.

Para FINJUS este cuadro, que lamentablemente se repite cada temporada, amerita la reflexión profunda y la acción coordinada del Estado y la sociedad sobre la seguridad ciudadana para consensuar, formular e implementar los planes y políticas que sirvan de sostén a un Plan Nacional de Seguridad Ciudadana con bases sólidas, recursos adecuados y voluntad política para hacer que el imperio de la ley, la prevención, la persecución y el castigo oportuno y efectivo se hagan realidad en nuestro país.

Desde su complejidad, la seguridad ciudadana debe ser abordada de manera integral, multidimensional, interdisciplinaria e interinstitucional. Hasta el momento han resultado infructuosos los sucesivos “planes” de prevención y control de la delincuencia, pues se han basado en políticas públicas aisladas, impregnadas de populismo penal, sensacionalismo y golpes de efecto sin continuidad, lo que inevitablemente ha generado mayor inseguridad.

Se ha insistido que la inseguridad se traduce en elevados costos sociales y económicos, afectando la productividad, el crecimiento económico y la reducción de los ingresos de todas las capas sociales. Se repite una y otra vez que es urgente formular un efectivo plan nacional de seguridad ciudadana que armonice medidas preventivas, reformas legales, institucionales, inversión pública en programas sociales, así como el replanteamiento de las relaciones entre el Estado y las comunidades, incluyendo nuevos actores como son los ayuntamientos.

FINJUS entiende que hemos dado importantes pasos para la reforma legal relacionada con las nuevas perspectivas de la seguridad ciudadana, siendo su punto luminoso la adopción de la nueva Ley Orgánica de la Policia Nacional. Están elaborados y prácticamente consensuados en el Congreso Nacional los proyectos de Leyes de reforma del Ministerio de Interior y Policia y el Código Penal. Faltan por adoptar los reglamentos que ordena la nueva Ley de la Policía, cuya aprobación por parte del Poder Ejecutivo no debe ser entorpecida ni limitada como hasta el momento.

En el caso del Código Penal su aprobación no admite más demoras, dado que el actual Código se remonta a épocas en que el raterismo y las fullerías concentraban la atención social y que no está diseñado para enfrentar las nuevas modalidades de crimen organizado, transnacional y tecnológico, así como un conjunto de conductas antijurídicas tan diversas como el atraco, el recién denominado secuestro exprés, entre otros. Sin un Código Penal moderno, que responda a la realidad actual y sea un instrumento efectivo del sistema de justicia penal contra la criminalidad, seguiremos sucumbiendo a todas las amenazas que ya están presentes entre nosotros.

FINJUS considera que ha llegado la hora para elaborar un plan nacional por la seguridad ciudadana que contemple el diseño de estrategias integrales, programas e instituciones responsables y la definición pormenorizada de los recursos que se requieren. Esta es una de las prioridades nacionales para encaminarnos hacia una sociedad donde la convivencia pacífica, el respeto de los derechos de los demás y la tolerancia sean el sustento del progreso económico y social y el fortalecimiento de las instituciones.

Dr. Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo FINJUS 

28 de mayo de 2019