FINJUS deplora la convocatoria a movilización que ha realizado la ADP para este jueves considerando que irrumpe la semana de inicio del año lectivo 2019-2020 Featured

La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS), expresa su alta preocupación y considera desacertada la convocatoria que hace, a todo el magisterio nacional, la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) para realizar una movilización este jueves esgrimiendo en sus motivos, entre otros, la inconformidad con el concurso de oposición docente, en razón de la alteración que esto produciría en el curso normal de la semana de inicio de este nuevo año escolar 2019-2020.    

 

Sin dudas este llamado a manifestación genera una suerte de intranquilidad en todos los sectores de la sociedad pues alude a la interrupción del discurrir escolar proyectado sin que se hayan siquiera incorporado, adecuadamente, los actores educativos y estudiantes a los centros educativos.  

 

Si bien se reconoce la legitimidad de las reivindicaciones que pudieran realizar los educadores, a través de sus organizaciones gremiales, entendemos debe primar la prestación óptima del servicio de educación; y es, precisamente, ponderando el carácter esencial del mismo, que se exhorta a la ADP a priorizar otros mecanismos y vías de acción o negociación que no interrumpan el funcionamiento ordinario del servicio educativo.

 

Debe considerarse que, a fin de cuentas, el mayor perjuicio lo estarían soportando los estudiantes quienes se ven envueltos de manera indirecta en calidad de recurso o medio para resolver conflictos en beneficio de otros. Esto, además de contrario al contenido de dignidad humana consagrado constitucionalmente,  va en detrimento del derecho que tienen los niños, niñas y adolescentes de recibir una educación de calidad que requiere del cumplimiento cabal de las horas previstas y, consecuentemente, del diseño curricular establecido.

 

Conviene recordar que nuestro Tribunal Constitucional, en ocasión de conocer una revisión constitucional a una sentencia de amparo respecto de la suspensión de la prestación del servicio de educación —en ese caso particular se trató de una suspensión continua e indiscriminada—, emitió una consideración interesante exponiendo el razonamiento para calificar el derecho a la educación como servicio esencial; al efecto dispuso que: “… a la tradicional definición de servicios esenciales, esto es aquellos cuya suspensión pone en peligro la vida, la salud o la seguridad de las personas en toda o parte de la publicación–, debe adicionarse la educación pública gratuita a nivel inicial, básico y medio, (…), pues su misión esencial es contribuir a la función del Estado social y democrático de derecho que, por mandato constitucional debe propender a la obtención de los medios que permitan a la persona perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva (artículo 8)”.

 

A todo esto se le añade la dimensión social que contiene la prestación del servicio de educación. Y es que la suspensión de las docencias, aun se produzca en un escenario puntual y no progresivo, supone la alteración del contexto familiar respecto a su planificación en el orden social, económico, laboral, y hasta en la seguridad alimenticia; ejemplo de ello sería el caso de los tantos padres y madres que aprovechan las horas educativas de sus hijos para profesionalizarse y/o insertarse en el mercado laboral. 

 

Finalmente desde FINJUS resaltamos que la educación, en especial la pública, es un servicio esencial indispensable en sociedades democráticas como la nuestra pues constituye una base idónea para la concreción de la igualdad de oportunidades, favoreciendo la cohesión social y con ello el progreso económico.

 

Dr. Servio Tulio Castaños G.

20 de agosto del 2019.

 

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