Los recientes operativos realizados por las autoridades dominicanas, en combinación con organismos federales de los Estados Unidos, contra una red del crimen organizado internacional que funcionaba en el país desde hace años, abre nuevamente el análisis de las capacidades de los órganos estatales responsables de perseguir, acusar y sancionar el crimen transnacional.

No causa sorpresa que como en toda sociedad moderna y globalizada, en el país operen redes criminales con distintos propósitos y que las mismas se manejen con un alto grado de discreción y sofisticación, buscando no ser detectados por las autoridades competentes, especialmente cuando se dedican al tráfico de narcóticos, la trata de personas, el terrorismo, el lavado de activos, la corrupción y otros crímenes y delitos conexos.

Por esto es sumamente importante que operativos como los del pasado 20 de agosto en varias provincias del país se realicen con más frecuencia, con la finalidad de que quienes están dedicados a vulnerar los derechos de las personas, poner en peligro la seguridad nacional, dañar gravemente la economía y afectar la salud y el bienestar de los dominicanos sean apresados, investigados y puestos en manos del sistema de justicia penal y respondan por sus crímenes. Esto aplica asimismo sobre todas aquellas personas que directa o indirectamente, desde el Estado o la sociedad, han colaborado con el sostenimiento y encubrimiento de sus actividades.

La existencia de estas estructuras y su operación por largos periodos constituyen un reflejo de lo que los expertos y diferentes medios han definido como “rasgos de la crisis institucional” que nos afecta, y que se manifiesta en la ineficiencia de órganos claves del sistema de justicia; en la incoordinación de las agencias locales dedicadas a tareas de seguimiento y control; en la ineficacia de las leyes actuales, que en muchas ocasiones no pueden tipificar adecuadamente los ilícitos recientes y en la pobre efectividad de los medios que utilizan los órganos públicos para combatir las redes transnacionales del crimen organizado.

Queda lamentablemente en evidencia que persisten debilidades en los mecanismos estatales de prevención y control de este tipo de crímenes, asi como en el diseño y puesta en marcha de las alertas para actuar de manera conjunta y eficaz. Sigue siendo una meta que los operadores en estas áreas realicen sus actos revestidos de idoneidad, integridad, legalidad y competencia profesional para garantizar el éxito de sus funciones.

Pese a que ya contamos con herramientas legales muy potentes como la Ley de lavado de activos, o el conjunto de normas y regulaciones del sistema financiero, quedan pendientes por aprobar algunos instrumentos legales que serían claves y decisivos para actuar con anticipación contra estas redes criminales. Destacamos entre ellas, la Ley de Extinción de Dominio, que permitiría detectar y actuar con inteligencia contra estos crímenes. Llamamos nuevamente al Poder Ejecutivo y al Congreso Nacional a dar los pasos necesarios para que sean aprobadas en esta nueva legislatura las modificaciones al Código Penal, que contiene novedosos instrumentos para la investigación y castigo de los crímenes y delitos.

FINJUS reitera su alta preocupación ante la acción corrosiva de estas estructuras criminales y saluda la acción de las autoridades nacionales, que con la asistencia de organismos internacionales, y en el marco de los tratados y convenios suscritos por el Estado, están dando los pasos para desarticular esas prácticas criminales y llevar ante los tribunales tanto a los responsables, como a quienes, desde diferentes instancias, económicas, políticas, estatales o sociales, han dado cobijo y encubrimiento a esas redes mafiosas.

Dr. Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo FINJUS

25 de agosto de 2019