La apertura de este curso dirigido a miembros del Ministerio Público, coordinado bajo la dirección de la Procuraduría General de la República Dominicana, la Escuela Nacional del Ministerio Público, con la colaboración de la Fundación Institucionalidad y Justicia, FINJUS, representa un cambio de mirada a Los procesos electorales de República Dominicana.

Los dominicanos regularmente acostumbrados a observar las elecciones como un espacio público para partidos y candidatos, exclusivamente. Hoy, de cara al proceso electoral 2020, veremos las elecciones como un espacio para la participación de toda la sociedad, en su conjunto.

Interviene la Procuraduría General de la República en la recepción e investigación de denuncias por la probable comisión de crímenes y delitos electorales.

Intervienen organizaciones internacionales como observadores electorales que dejan constancia de incidentes registrados, y dan fe de la legitimidad y la transparencia del proceso y de la jornada comicial.

Colaboramos, también, los organismos no gubernamentales con interés en apoyar el buen desempeño de nuestras autoridades, con miras a salvaguardar la legalidad de las elecciones y, sobre todo, el derecho al voto libre de las y los ciudadanos.

Las elecciones de 2020 son una prueba importante para nuestra democracia. Hace justamente un año, el 20 de febrero de 2019, se publicó en la Gaceta Oficial la nueva Ley Orgánica del Régimen Electoral 15-19, que reúne, por primera vez en una norma general, el conjunto de conductas que atentan contra el voto de los electores, contra la contienda entre partidos, y contra el régimen democrático como aspiración última del pueblo dominicano.

No tenemos antecedentes en la aplicación de la nueva Ley. Ésta será la primera ocasión en el mar alguna vez a la realidad política de nuestro país. Surgirán controversias de interpretación con respecto al contenido, los alcances y el espíritu de la norma. Habrá diferencias de opinión entre la comunidad y entre los especialistas. Ello es consustancial a la entrada en vigor de una nueva disposición jurídica.

Y por eso el gran reto es convocar al entendimiento colectivo a partir del futuro dominicano que nos une.

Como parte de este esfuerzo nacional, en FINJUS creemos firmemente en el valor del conocimiento y de la capacitación. Es por ello que decidimos colaborar con la Procuraduría General de la República y la Escuela del Ministerio Público, para lograr la apertura de este importante curso sobre delitos electorales, sus violaciones y las prácticas del Ministerio Público durante la investigación, desde la recepción de la denuncia hasta la conclusión judicial del caso.

Este día, ustedes conocerán la experiencia de un especialista proveniente de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de México.

Aún con la distancia y las diferencias jurídicas que pueden subsistir, los dos países compartidos la vigencia de un modelo penal acusatorio, basado en el debido proceso que protege los derechos de víctimas e imputados, y compartimentos que en nuestros dos países se producen conductas delictivas que afectan los procesos electorales.

El uso de recursos públicos; la compra y la venta de votos; la alteración de documentación electoral; la inducción del voto, son prácticas que atentan contra la calidad de la democracia y cuya sanción penal está prevista en las dos naciones.

La experiencia de quien ha sido responsable de recibir, investigar, coordinar y consignar jurisdiccionalmente los casos por la comisión de delitos electorales en México, será sin duda una lección alentada para conocer los problemas y las oportunidades; Los obstáculos y las dificultades que nos brinda la legislación penal electoral para contribuir a la consolidación de un régimen democrático y la prevalencia de elecciones libres.

Este curso, estoy convencido, será de gran utilidad para todos ustedes de cara a las elecciones dominicanas del presente año. En FINJUS, continuaremos apoyando los trabajos de capacitación, de divulgación y de coordinación institucional para la democracia de República Dominicana en un ejemplo de legalidad, certeza y credibilidad en la región latinoamericana.

Dr. Servio Tulio Castaños G.

Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS