FINJUS llama a procurar la prudencia y la transparencia en el uso de los fondos destinados al Estado de Emergencia Featured

En el marco de la coyuntura actual, producto de una pandemia sin precedentes en casi un siglo, la protección de los derechos fundamentales y la racionalidad en la gestión pública han de ser los valores de mayor preponderancia en el funcionamiento del Estado dominicano. El país y el mundo se encuentran en una situación de crisis y, a la medida de esta circunstancia excepcional, el Poder Ejecutivo ha declarado con la aprobación del Congreso, el establecimiento del Estado de Emergencia Nacional, conforme los presupuestos constitucionales y legales que rigen la materia. 

 

Para la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS), este grave acontecimiento global obliga a los poderes públicos nacionales a la mayor prudencia y transparencia para mantener a flote los valores del Estado social y democrático de derecho aún en momentos críticos como el que vivimos. Además, la nación se encuentra en medio del proceso electoral más complejo de nuestras últimas décadas, por lo que el uso de los fondos públicos para afrontar el Estado de Emergencia debe ser transparentado a la ciudadanía. 

 

Es innegable que los Estados de Excepción suponen la flexibilización de ciertos procedimientos institucionales y la posible restricción de derechos fundamentales para permitir que la acción del gobierno sea más expedita según ameriten las circunstancias, pero en modo alguno supone que eximir a los funcionarios y las autoridades del Estado de responsabilidades por los abusos y las extralimitaciones que cometan en el ejercicio de las facultades y en la aplicación de las medidas que tomen durante los Estados de Excepción.  

 

De igual modo, se requiere que la Comisión Bicameral que está siendo conformada por miembros de ambas cámaras del Congreso Nacional, dé seguimiento oportuno al contenido de la resolución que declara el Estado de Emergencia. Asimismo, debe estar atenta y vigilante a que cada una de las medidas que habrán de ser tomadas sean necesarias y legalmente consecuentes frente a la situación y puedan ser eficientes para garantizar los derechos de la ciudadanía. 

 

Lo anteriormente expuesto implica garantizar que se eviten las extralimitaciones propias de cualquier Estado de Derecho y sus instituciones bajo condiciones fuera de lo ordinario. Así también se garantiza una visión clara de protección de los derechos fundamentales y su ejercicio en cualquier circunstancia. 

 

Los fondos destinados a superar la actual crisis desde el Estado de Emergencia –y sin obviar la vigencia del proceso electoral en curso– deben ser monitoreados en tiempo real por las instituciones encargadas constitucionalmente para ello, así como también es responsabilidad de la sociedad civil mantenerse vigilante en aras de evitar el desvío o utilización de estos recursos para fines contrarios a los que amerita el presente escenario. 

 

Debe saberse que habrá procedimientos, como aquellos que resultan de las compras y contrataciones públicas, los cuales podrían ser abreviados y realizados de una manera más expedita. La sociedad debe tener claridad que habrá derechos fundamentales que podrán ser limitados según permite la Constitución y autorizó el Congreso en la resolución aprobatoria del Estado de Emergencia. Sin embargo, en aras de salvaguardar lo más posible la institucionalidad democrática, la seguridad jurídica y la protección de los derechos fundamentales, solicitamos a los poderes públicos que actúen acorde a estos acontecimientos pero apegados al imperio de la ley, la transparencia absoluta y los principios del Estado social y democrático de derecho. 

 

Desde FINJUS, confiamos en que los poderes públicos concentrarán sus esfuerzos en proteger el derecho a la vida y a la salud, así como también a utilizar las medidas excepcionales que se han dispuesto estrictamente para hacer frente a la crisis actual. En estos momentos críticos, el correcto uso de los recursos públicos propios de este Estado de Excepción, puede evitar que surjan en el futuro inconsistencias en el sistema social y económico del país, fortaleciendo así la institucionalidad democrática.      

 

 

Dr. Servio Tulio Castaños Guzmán 

19 de marzo de 2020 


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