Aspectos a ponderar en una eventual reforma a la ley orgánica del Tribunal Superior Electoral Featured

 

Desde la Fundación Institucionalidad y Justicia en reiteradas ocasiones hemos señalado la necesidad de fortalecer el sistema de justicia electoral mediante la promoción de una modificación a la ley orgánica del Tribunal Superior Electoral. 

 

En este sentido, coincidimos con el informe de la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos que ha considerado, entre otras puntualizaciones, que la fragmentación de competencias abona a la incertidumbre jurídica, afecta la especialización y la unificación de criterios en la jurisprudencia electoral, genera confusión en los actores políticos y dificulta que se garantice una justicia oportuna. 

 

Debe tenerse en cuenta que los órganos judiciales en temas electorales son el instrumento más recurrido para canalizar institucional y civilizadamente la  conflictividad político electoral; así también representan la garantía de que los procesos electorales cuenten con la credibilidad y confianza suficientes de cara a la ciudadanía. Es por ello que resulta imperante el perfeccionamiento de sus atribuciones  

 

Una eventual reforma a la ley orgánica del Tribunal Superior Electoral debe ponderar diversos aspectos relativos a verificar la correspondencia entre la naturaleza del órgano y las atribuciones que se le ha dotado. El fortalecimiento de cualquier modelo jurisdiccional, apegado a un diseño de justicia electoral efectiva, debe comprender que, “el establecimiento de organismos electorales, administrativos y jurisdiccionales ajenos a los poderes tradicionales, o bien, especializados con autonomía constitucional en sus funciones y decisiones, contribuye al fortalecimiento de la democracia, dotando de confiabilidad a las instituciones que conforman el sistema político, porque para que la democracia exista se requieren de normas, procedimientos e instituciones que la hagan posible”1 

 

La Constitución dominicana delimitó de manera puntual la naturaleza y, en consecuencia, el ámbito competencial de los órganos autónomos a fin de evitar confusiones, duplicidades de esfuerzos y la desnaturalización de la función primigenia de los entes extra poderes, se hace necesario adecuar la norma que rige la actuación del Tribunal Superior Electoral para que así responda de manera integral al contenido constitucional que lo configura como el “órgano competente para juzgar y decidir con carácter definitivo sobre los asuntos contencioso electorales y estatuir sobre los diferendos que surjan a lo interno de los partidos políticos, agrupaciones, movimientos políticos o entre éstos” 

 

La competencia y atribuciones de este órgano jurisdiccional constituye uno de los aspectos esenciales a ser revisados en una eventual reforma normativa. A propósito de la reciente situación presentada con relación a la impugnación de la resolución de la JCE sobre el voto de arrastre, ha quedado evidenciada la necesidad de que se pondere otorgar al TSE, de manera expresa, la facultad de conocer de las contestaciones o diferendos que surjan contra los actos y decisiones de la JCE en materia electoral, pues, tal y como hemos advertido, la transferencia en esta materia al Tribunal Superior Administrativo (TSA), bajo el razonamiento de la calidad de la JCE en tanto órgano dentro de la esfera de la administración pública, desnaturaliza la función específica y la esencia que se verifica en el artículo 214 de la Constitución al TSE permitiendo que casos como estos, en los cuales se trata de un conflicto generado por la alegada afectación a derechos fundamentales en la resolución administrativa de la JCE que se impugna, sean derivados ante otras instancias. 

 

Sobre esto, si bien hay una gama de órganos que pueden emitir un fallo definitivo sobre una impugnación determinada, es evidente que son aquellos órganos de jurisdicción especializada los que constituyen el escenario natural para dilucidar los conflictos relacionados y/o afines a su materia.  

 

De igual forma, con relación a las atribuciones que enlista la ley 29-11 orgánica del Tribunal Superior Electoral (TSE) y que les fueron conferidas por el legislador a esta corte, debe determinarse, de manera concienzuda, la correspondencia de cada una de estas con la función primigenia de este órgano. 

 

Por otro lado, sería interesante analizar una posible atribución normativa al órgano en función de su trascendencia en materia contenciosa electoral, circunscribiendo esto de manera estricta a la interacción del órgano jurisdiccional con la elaboración del marco jurídico electoral. En torno a este punto, podría evaluarse experiencias comparadas que van desde la facultad para iniciar leyes en la materia, recabar su opinión en el proceso legislativo, reglamentar sus normas internas y los acuerdos generales para su adecuada implementación, entre otras.   

 

También se debe orientar la norma con relación al accionar de los partidos políticos, los cuales, en lo general y de acuerdo a las formas procesales que se establezcan, pueden contestar cualquier actuación de las autoridades electorales contrarias a la legalidad, incluyendo las reclamaciones derivadas de sus intereses simples y, hasta de los derivados de intereses difusos, en su calidad de entes de derecho público encargados de promover y coadyuvar en la participación del pueblo en la vida democrática y la vigilancia de los actos electorales para que estos se ajusten de manera invariable al principio de legalidad. 

 

En definitiva, de lo que se trata es de garantizar que el diseño de una jurisdicción electoral, en el marco del ordenamiento jurídico dominicano, cumpla con la función de verificar que todas las acciones del proceso electoral —previo y posterior— se apeguen al marco jurídico, a fin de proteger y mantener los derechos electorales. 

 

Servio Tulio Castaños  

Vice-Presidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia 

23 marzo 2020 


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