La problemática que viene desde años aconteciendo en el vertedero de Duquesa y otros vertederos en el país, coloca una vez más sobre la agenda pública el tema de la gestión de los residuos sólidos. Desde hace mucho tiempo, los vertederos a cielo abierto y sin control se han convertido en un foco de grave contaminación ambiental para el país, sin obviar que también han representado la corrupción histórica y desidia de autoridades públicas y entes privados responsables en la materia.  

La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS) considera inaplazable la aprobación de la ley de gestión de los residuos sólidos, cuyo proyecto fue enviado al Senado de la República el pasado mes de febrero, pero que ha sido discutido durante varios años en el Congreso Nacional. Los poderes públicos deben concentrar esfuerzos en dotar al ordenamiento jurídico de potestades regulatorias sobre un tema tan vital como este, cuyo abandono termina afectando derechos como la salud y el derecho al ambiente.

A pesar de la importancia de una norma de esta naturaleza, el tiempo que ha tardado en su aprobación se debe fundamentalmente a los intereses que circundan al negocio lucrativo de los vertederos de desechos sólidos, los cuales se han convertido en una fuente de corrupción pública y privada, cuyas consecuencias se ven reflejadas en la contaminación generada y la continuidad de la insalubridad en torno a los mismos, a pesar de haberse invertido tiempo y recursos en buscar soluciones a corto y largo plazo para su cierre definitivo.

La gestión de los residuos sólidos debe ser entendida como un asunto multidisciplinario y donde confluyen muchos actores, tomando en cuenta primordialmente su relación con el ambiente, entendido este como lo definen los expertos en gestión ambiental local González y Cuéllar, esto es, como “una forma particular de representación que, de las interacciones entre el sistema biofísico y el sistema cultural, han construido los diferentes tipos de configuraciones humanas a través de la historia”[1].

Precisamente, los vertederos en nuestro país se han definido sin tomar en cuenta la interacción del ambiente con los individuos en particular ni con el desarrollo sostenible de la sociedad en general, sino sobre la base de la primacía de relaciones particulares de negocio lucrativo descontrolado. Es por ello, que se requiere de un marco regulatorio que contemple la inclusión de temas como la separación y recolección selectiva; el establecimiento de responsabilidades y planes municipales de recolección; la educación social en gestión de residuos; y ser una fuente de generación de energía para el país.

De igual modo, resulta importante que una legislación que aborde esta temática establezca responsabilidades de carácter civil, administrativo y penal ante la inobservancia de sus disposiciones y, a su vez, el incumplimiento y daños causados al ambiente a causa de un manejo indebido de los residuos sólidos. De esta manera, podría instaurarse un sistema de consecuencias eficaz que evite la permanencia de prácticas corruptas y daños ambientales derivados del mal manejo de los residuos y la escasa regulación al respecto.

De acuerdo a la experta Cristina Baratta, una norma de esta naturaleza debe ir acompañada de “un profundo cambio de comportamiento capaz de revertir políticas y prácticas tradicionales buscando estrategias asociadas a la reducción del consumo; universalización de los servicios de limpieza urbana; prácticas de tratamiento de los residuos; retiro de los niños de los basurales; y potencial generador de trabajo e ingresos económicos asociado a los residuos sólidos”[2].

Desde FINJUS confiamos en que un proyecto de ley que integre los aspectos precedentemente mencionados, propiciará mayor seguridad y conciencia a la ciudadanía respecto a la integralidad de la gestión de los residuos. La aprobación de esta legislación es urgente y requiere el respaldo de la ciudadanía y las autoridades públicas y privadas para frenar los focos de infección y contaminación que provocan los vertederos, así como la ilegalidad inherente a éstos históricamente, logrando así un clima de bienestar favorable para la ciudadanía que, a su vez, fortalezca la seguridad jurídica nacional.

Servio Tulio Castaños G.

Vicepresidente Ejecutivo FINJUS

[1] GONZÁLEZ, L. de G. F, y VALENCIA CUÉLLAR., José. Conceptos básicos para repensar la problemática ambiental. Gestión y Ambiente, vol. 16, número 2. Universidad Nacional de Colombia. Agosto 2013. Medellín. Pp. 121-128.

[2] BARATTA, Cristina T., En: Manual de Gestión Integrada de Residuos Sólidos en ciudades de América Latina y el Caribe. Instituto Brasileño de Administración Municipal. 2006. P. 12