Análisis de la FINJUS de cara a un Plan Nacional Integral Featured

  1. Introducción

 

La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS), ha reafirmado, en varias ocasiones, la necesidad de un amplio diálogo que permita articular el consenso social necesario para consolidar el Estado social y democrático de derecho. La actual coyuntura generada por la pandemia COVID-19, se ha colocado sobre la mesa importantes desafíos latentes en toda la estructura institucional dominicana..

 

Aristóteles esclareció, en el umbral mismo de su "Política", que la razón por el cual el hombre es más que la abeja o cualquier animal gregario, un animal social, estriba específicamente en que es el único animal que tiene palabra . Por tanto, resulta natural que cualquier rediseño o puntualización que se realice en aras de fortalecer el esquema institucional actual del Estado dominicano, debe estar acompañado de diálogo.

 

Es por ello, coincidiendo con numerosos sectores sociales, empresariales y políticos que apelan a la necesidad de plantear nuevas interrogantes respecto al funcionamiento de diversas áreas de la vida nacional, es decir, de los factores sociales, económicos, políticos y culturales que configuran las condiciones de vida de toda la población.

 

Partiendo de esta realidad, desde FINJUS, se considera urgente especificar determinadas sonciones nociones que, de manera conjunta, deben ser abordadas al momento de presentar propuestas que pueden superar poco a poco las nuevas realidades que ha traído la pandemia, sin que esto vaya en detrimento de obviar asuntos pendientes de primer orden para la sociedad y el funcionamiento óptimo del Estado.

 

  1. Ciudadanía, pandemia y normalidad.

 

Alan Lavell analizó las implicaciones del COVID-19 en la construcción social de las políticas públicas. Este autor planteaba, entre otras cosas, las limitaciones sociales, políticas y económicas provocadas por el virus " representa la materialización de condiciones de riesgo preexistentes y subyacentes [1] " en una sociedad.

Es decir, cualquier análisis que se haga de los efectos causados ​​por la pandemia, invitar a una reflexión profunda sobre las condiciones económicas y sociales en que se encuentra el país, desde una visión histórica pero holística y actual.

 

De manera que, esto hace necesario entender los riesgos de la pandemia como el resultado de la interacción entre el ser humano y su medio, por lo que trasladar esta concepción a la coyuntura actual no solo implica un esfuerzo conceptual sino también reconocer las consecuencias de las implicaciones .

 

Tal como expresa Kingdon, una crisis o riesgo de importancia incentiva la innovación y los cambios en las políticas públicas, la  política de Windows  puede ser ese momento para la introducción temática o miradas diferentes de las consolidadas [2] .

 

Partiendo de lo anterior, consideramos que la ciudadanía enfrenta una gran reto de civismo, compromiso social, apego a la legalidad y racionalidad como elementos fundamentales para retornar a la normalidad que todos anhelamos. El sostén económico del país depende de factores que no son hijos ajenos a la responsabilidad individual y colectiva necesarios para enfrentar los riesgos peligrosos y los riesgos que se han insertado a partir de la situación sanitaria.

 

Por otro lado, es difícil esta coyuntura la que abre una ventana de oportunidades para reemplazar la ciudadanía el mejoramiento de aspectos concernientes a los poderes públicos desde el ámbito local y nacional. Así, consideramos que el primer paso a dar como propuesta dirigida hacia el comportamiento ciudadano ante el COVID-19 recae en la instalación de un Plan Nacional Integral entre los sectores que componen la vida social y económica de la nación.

 

Para esto, se requiere de las instituciones de mayor transparencia y mejor acercamiento a la ciudadanía, lo que significa la democratización de las tomas de decisiones, partiendo del respeto al imperio de la ley. Asimismo, en aras de fortalecer la seguridad jurídica, cualquier medida que sea tomada desde el Estado para superar los efectos de la pandemia, ha respondido a las necesidades reales de las diferentes localidades y las posibilidades operativas de las diferentes instituciones y organizaciones sociales del país .

  • Cohesión social y reformas institucionales.

 

Tal como hemos planteado en ocasiones anteriores, es urgente la modernización y adaptación del Estado como elemento estratégico de la cohesión social, para así dotar a la sociedad de respuestas afectadas ante la compleja temática que implica superar la realidad actual y responder ante las dudas sociales latentes .

 

Considere que para generar equilibrios en un sistema democrático se requiere de la puesta en común de metas a corto y largo plazo. En ese sentido, nos hacemos eco de la ciudadanía que exige transformaciones relevantes en materia del esquema institucional actual.

 

Hacemos la afirmación anterior, la cual es consecuente con los planteamientos que hemos realizado en diferentes puntos de vista respecto a reformas puntuales en determinados parámetros de la esfera pública, como lo son: el fortalecimiento del sistema de compras y contrataciones públicas; la exigencia de mayores controla que implica mayor transparencia en las entidades políticas; el robustecimiento de los órganos de control interno y externo del Estado; la calidad del acceso a la justicia; y el cumplimiento efectivo de los sistemas de consecuencias ante los actos de corrupción y la inobservancia de las normas.

 

Lo precedentemente establecido podría generar efectos favorables para la institucionalidad democrática, generando así mecanismos de nueva gobernanza y mayor presencia de soluciones viables ante las debilidades que se han evidenciado durante las décadas en la Administración Pública y el propio sistema político.

 

Es inminente que debemos encaminarnos hacia la búsqueda de este consenso, evitando así la dispersión social que ha ralentizado la ejecución de políticas públicas, así como de las legislaciones que podría haber servido de base para las reformas institucionales que exige la sociedad.

 

  1. La recuperación económica.

 

Coincidimos con diversos actores sociales en los objetivos realistas y alcanzables de cara a la necesidad de una eventual recuperación económica como estrategia nacional de impulso a los sectores productivos que verán afectados por la pandemia.

 

De modo que, los principales sectores de la economía han de ser atendidos con bastante minuciosidad. Una norma básica de desarrollo económico, además de fomentar la transparencia y la responsabilidad para erradicar la corrupción y otras prácticas que inhiben los negocios lícitos, implicando la comprensión de los riesgos y los retornos del mercado [3] .

 

Lo expuesto con anterioridad quiere decir que las actividades de desarrollo económico deben estar basadas en una evaluación periódica del mercado y afectados con una comprensión de la rentabilidad, el entorno habilitado y los retornos y riesgos potenciales [4] .

 

Por estas razones, un Plan Nacional Integral que propicie un amplio diálogo político y social para la recuperación económica nacional –lo cual eventualmente será prioritario tras los efectos que pudieren causar el COVID-19 en el contexto globalizado–, probablemente se tomarán en cuenta diferentes Aristas de la producción nacional.

 

De manera que, el crecimiento y la diversificación de nuestra economía es responsabilidad de entidades tanto públicas como privadas. En esta dirección, la Ley Núm. 47-20 de Alianzas Público- Privadas ofrece un marco regulatorio específico que puede servir de base para impulsos conjuntos de estos sectores con soluciones capaces de fortalecer la transparencia y lograr una recuperación económica que integre a la mayor parte de nuestros sectores productivos.

 

Ante el escenario planteado, resulta necesario introducir políticas de recuperación planificada, dirigidas directamente a las pequeñas y medianas empresas, quienes pueden ser los entes que se encuentran con mayores obstáculos para la reactivación económica. Del mismo modo, no se puede evitar la revisión y la aplicación de políticas fiscales que pueden evitar el riesgo de los sectores que pueden ser seriamente afectados por los efectos de la pandemia.

 

Igualmente, cualquier impacto negativo sufrido por nuestra economía podría verso repotenciado si no se opta por un marco absoluto de transparencia. La corrupción adopta sus más dañinas materializaciones en la inobservancia de las normas, lo que produce efectos directos en la distribución de las riquezas y en el clima de inversión. De manera que el combate de la corrupción deviene en una herramienta idónea para lograr la recuperación ante cualquier impacto negativo que sufra nuestra economía.

 

  1. El tejido social y los desafíos actuales.

 

En la actualidad, toda la política pública o la reforma institucional tiene que estar desde los elementos más esenciales que resignificar la vida cotidiana de la población. Tomando en cuenta las variaciones en la normalidad generadas por el coronavirus (COVID-19) y las debilidades institucionales previamente determinadas, el Plan Nacional Integral que propone no puede, bajo ningún concepto, obvio la realidad del tejido social.

 

En palabras de Martín-Barbero, “ las propuestas de desarrollo son mediaciones que posibilitan el análisis y la interpretación de procesos y situaciones particulares sin perder de vista lo social[5] . Por tanto, las preocupaciones sociales diversas sobre desempleo, pobreza, seguridad ciudadana y panorama educativo; deben tomar un rumbo único encaminado hacia propuestas concretas que requieren visibilizar las operaciones operativas en el ámbito local y nacional por parte de los poderes públicos.

 

Es decir, los actores sociales y políticos que forman parte de un Plan Nacional Integral para superar los desafíos institucionales que presentan el Estado dominicano, deben adoptar una mirada integral del ámbito social, el acuerdo a los diferentes contextos locales y el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas nacionales.

 

En este aspecto, toma preponderancia el cumplimiento del marco normativo; la planificación operativa de medidas que contrarresten la crisis sanitaria; así como una mayor operación de políticas públicas especialmente adecuadas a las realidades sociales actuales y futuras, evitando así la descomposición social.

 

Desde FINJUS, asumimos el compromiso de promover un Plan Nacional Integral que propicia condiciones favorables a la puesta en ejecución de medidas que surjan desde un amplio consenso social. Es imposible el diálogo entre los distintos sectores de la vida nacional que permiten consolidar una agenda común para el fortalecimiento institucional, la seguridad jurídica y la gobernabilidad democrática.

 

Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo FINJUS

 

[1] LAVELL, A., MANSILLA, E., MASKREY A., y RAMIRÉZ, F. La construcción social de la pandemia COVID-19: desastre, riesgo de riesgos y políticas públicas . Red de Estudios Sociales sobre Prevención de Desastres en América Latina. 20 de abril de 2020. P. 3. [Documento en formato PDF]. 

[2] REINO, Jhon W. Agendas, alternativas y políticas públicas . 2 da Edición Pearson. Serie Clásicos de Longman en Políticas Públicas. Michigan. 1984. P. 240.

[3] Véase : LA RED SEEP. Normas mínimas para la recuperación económica . TU DIJISTE. 2 da Edición. 2010. P. 105

[4] Ídem .

[5] MARTÍN-BARBERO, Jesús. De los medios a las mediaciones . En: Revista Razón y Palabra. N o 75. Pp. 1-19. 1987.

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