FINJUS favorece proceso jurisdiccional en el tema de la renovación del Ministerio Público

La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS), ante las informaciones aparecidas en los medios de comunicación sobre el reinicio del proceso de renovación del Ministerio Público, reitera la necesidad de que el mismo responda a los criterios de transparencia, publicidad y respeto al ordenamiento jurídico, en vista de los cuestionamientos que fueron presentados desde el momento de su convocatoria.

 

Dichos cuestionamientos dieron lugar a un recurso contencioso administrativo incoado por 18 fiscales que alegan haber sido afectados, por lo que se hace necesario la revisión, en sede judicial y desde el propio Consejo Superior del Ministerio Público, de las bases del referido concurso, en razón de la relevancia que supone la renovación de este órgano y el sensible contexto que lo permea.

 

Debe recordarse que la renovación de los cargos titulares a lo interno del Ministerio Público puede ser considerada como una necesidad institucional, en la medida que permita asegurar los objetivos de un sistema de carrera fundado en principios de mérito, capacidad y profesionalidad.

 

Desde FINJUS hemos insistido, desde el mismo momento de la convocatoria formal, que antes de realizar un concurso interno para determinar las titularidades de las Fiscalías y otros órganos, se debió evaluar el desempeño de los integrantes del Ministerio Público, y de manera especial de los titulares que, en virtud de las disposiciones de la Ley, pueden ser confirmados en sus cargos, para decidir luego las plazas que estarían vacantes, bien sea por haberse excedido el tiempo en la función o por rechazar la confirmación en el cargo, después de una exhaustiva evaluación de desempeño a los titulares.    

 

Si bien es cierto que el Consejo Superior del Ministerio Público es el órgano competente para realizar las designaciones de los diversos titulares de las fiscalías y órganos del Ministerio Público, dicho Consejo no está investido de una discrecionalidad absoluta en su labor, sino que la gestión de la carrera se encuentra mediada por el cumplimiento de los valores y principios que trazan la finalidad del sistema de carrera.

 

Un aspecto de gran magnitud que han resaltado importantes organizaciones sociales en la evaluación de esta situación es que al interior del Ministerio Público no existe un escalafón institucional que permita valorar los tiempos, los méritos acumulados en determinadas funciones y una categorización a lo interno de los distintos niveles, para decidir entonces las posibilidades de aspirar a cargos de titularidad.

 

En este mismo sentido la promoción de una categoría a otra superior en el Ministerio Público sólo tiene lugar cuando se hubieren alcanzado las condiciones determinadas por la normativa aplicable, es decir, la que establece la Ley Orgánica del Ministerio Público, No. 133-11, y sus Reglamentos.

 

Para FINJUS resulta imprescindible que un proceso de esta naturaleza sea revestido de altos niveles de transparencia y publicidad, para evitar dudas sobre parcialización hacia candidaturas específicas que pudieran empañar la legitimidad de la escogencia.

 

La sociedad apuesta por la cultura institucional transparente, que en el caso concreto de la renovación en el Ministerio Público implica el apego absoluto a los requisitos que fijan las normas, y las cláusulas constitucionales, así como erradicar las prácticas tradicionales que en el pasado entorpecieron el desempeño de sus funciones con los más altos niveles de idoneidad y profesionalidad.

 

 

Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS

 


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