La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS), ha externado su preocupación sobre el reciente comportamiento de las autoridades públicas respecto a la contratación directa que se realizó a través del Gabinete de Política Social de la Presidencia, en inobservancia de la normativa sobre compras y contrataciones públicas en el país.

Fruto de una investigación realizada por la Dirección General de Contrataciones Públicas pudo determinarse, a todas luces, que el proceso realizado por el Gabinete de Política Social incumplió aspectos procedimentales, esencialmente que la contratación realizada no se publicó oportunamente en el portal transaccional por lo que el Gabinete procedió a rescindir los contratos suscritos.

Esto demuestra que –si bien el Gabinete de Política Social acogió las recomendaciones de la Dirección General de Contrataciones Públicas–, aún persisten grandes debilidades institucionales en el Estado dominicano. No puede pasarse por alto que este comportamiento no resiste el más mínimo análisis sobre los parámetros de ética en la gestión pública.

De acuerdo a Cristina Seijo, “la gestión de la administración debe responsabilizarse en la inversión de los fondos públicos, conjugando eficacia y eficiencia con los principios de legalidad…”[1] Lo ocurrido evidencia una inobservancia a los principios de eficiencia, razonabilidad y de responsabilidad y moralidad expuestos en el artículo 3 de la Ley No. 340-06. Asimismo, la rescisión de los contratos y su posterior transformación en apoyo solidario permite el surgimiento de lagunas normativas que pueden traducirse en graves consecuencias a la estructura del sistema de compras y contrataciones públicas.

A nuestro juicio, esto se debe a la persistencia del irrespeto a la legalidad, donde se anteponen prácticas inmediatistas que no responden al ordenamiento jurídico dominicano. Resulta grave que a más de 10 años de haberse promulgado la Ley de Compras y Contrataciones Públicas, desde la propia gestión estatal se continúen desvirtuando tanto la finalidad de las instituciones, así como los elementos básicos de la norma.

Partiendo del paradigma de la Nueva Gestión Pública, el autor Bautista, nos señala que “la ética pública debe entenderse desde la colectividad, es la sociedad la que crea una serie de valores éticos y pautas de conducta que los individuos al servicio de la administración pública aceptan como propios y que posibilitan un bien común.”[2] Precisamente, para el caso concreto, las pautas de conducta de la Administración Pública dominicana obviaron un sistema de valores que afectó la propia lógica institucional del Estado, por lo que requirió una corrección que evidenció el desconocimiento de la Ley No. 340-06.

Desde FINJUS, hemos sostenido la importancia de proteger la seguridad jurídica y esto implica el respeto irrestricto al ordenamiento jurídico. Más aún, el cumplimiento de las normas de compras y contrataciones supone un asunto de primer orden para el desarrollo social, político y económico en el país, el cual deberá seguir fortaleciéndose mediante las buenas prácticas mostradas por las instituciones que componen el Estado dominicano.

Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo FINJUS

[1] SEIJO S., Cristina y ÁÑEZ T., Noel. La Gestión Ética en la Administración Pública: Base Fundamental para la Gerencia Ética del Desarrollo. Universidad Rafael Belloso Chacín. Revista del Centro de Investigación de Ciencias Administrativas y Gerenciales. Volumen 5. Edición No. 1. 2008. P. 18.

[2] Bautista, O.D. La ética en la gestión pública: fundamentos, estado de la cuestión y proceso para la implementación de un sistema ético integral. Universidad Complutense de Madrid. Madrid. 2008. P. 275.