FINJUS exhorta al Congreso concretar selección de los miembros de la Cámara de Cuentas, así como del defensor del pueblo y adjuntos, con apego a criterios de meritocracia, transparencia e idoneidad Featured

En virtud del proceso de selección que conoce el Congreso Nacional respecto de los miembros de la Cámara de Cuentas, así como del defensor del pueblo y sus adjuntos, la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS), en aras de promover el diálogo constructivo, entiende pertinente abocarnos hoy a una reflexión integral de los retos que debe asumir el Senado para garantizar un proceso de selección y nominación transparente, participativo y consensuado con la sociedad con estricto apego a los principios democráticos de independencia e imparcialidad.

 

La selección de los nuevos miembros de estas instancias debe alejarse de cualquier viso de arbitrariedad; de igual forma, debe evitarse inobservancia de los presupuestos normativos establecidos en la Constitución y la ley. No se puede pretender jugar a poner obstáculos en la elección de órganos tan sustanciales para el ejercicio democrático institucional como lo es, por ejemplo, la Cámara de Cuentas, sobre el cual descansa la salvaguarda de las cuentas públicas y el control fiscal del erario.

 

El buen funcionamiento del órgano constitucional de control y fiscalización externo de los recursos públicos, de los procesos administrativos, y del patrimonio del Estado, constituye un elemento esencial para la existencia de una democracia efectiva en la que exista una relación de pesos y contrapesos de conformidad a los preceptos de un Estado social y democrático de derecho. Por ende, resulta imprescindible que este órgano esté integrado por perfiles profesionales que estén sustentados en capacidad e idoneidad.

 

Para FINJUS el desarrollo del sistema de control del Estado dominicano es un tema crucial para nuestra gobernabilidad y desarrollo. De lo cual, hemos observado con preocupación que dicho sistema se ha caracterizado por una desvinculación entre la fiscalización y las respuestas institucionales que se ofrecen para enfrentar prácticas lesivas contra el erario.

 

En efecto, el perjuicio económico detectado en las auditorías que realizan los órganos de control interno y externo, especialmente los producidos por la Cámara de Cuentas, no ha generado, de manera constante, la activación de los mecanismos de régimen de consecuencias civil, administrativo y penal que ordena la ley. La ciudadanía percibe entonces que las respuestas a la corrupción son ineficaces pues los organismos competentes no ejercen todas las potestades que les confieren las leyes y optan por escudarse en la supuesta ineficiencia del otro para no hacerse responsable de la impunidad generalizada que reina en el manejo de los fondos públicos en el país.

 

Por otro lado, con relación al defensor del pueblo, es preciso resaltar que ha sido establecido como un órgano constitucionalmente autónomo cuya función principal es defender los derechos constitucionales, así como encauzar la promoción de buenas prácticas en la administración pública a fin de contribuir al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y del Estado de derecho. Se trata de una figura que surge como una necesidad del control social de los gobernados en contra de las arbitrariedades y el incumplimiento de las obligaciones asignadas a la administración pública, debiendo constituir una voz a favor de la protección de los derechos de las personas y los intereses colectivos y difusos.

 

Se trata entonces de órganos que, de conformidad a la configuración que le otorga la ley, son de carácter sustancial en lo concerniente a velar por el correcto funcionamiento del Estado. La vía para garantizar su legitimación es un proceso de selección transparente, y basado en los méritos de quienes postulan, dejando de lado posibles vínculos con el gobierno u otros sectores de poder.

 

En ese sentido, desde FINJUS exhortamos garantizar los criterios referidos en torno a la escogencia de los nuevos integrantes de la Cámara de Cuentas, así como del defensor del pueblo y adjuntos; la ciudadanía espera un proceso diáfano mediante el cual resulten designados los mejores candidatos de trayectoria incuestionable, competencias y aptitudes adecuadas, moral intachable y que inspiren respeto de parte de la población. De igual manera, es necesario que los criterios de selección legales sean respetados, técnicamente depurados y públicamente explicitados.

 

Servio Tulio Castaños G

Vicepresidente ejecutivo FINJUS

12 de abril de 2021

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