El homicidio de un interno en el recinto penitenciario que funciona al interior de la Fortaleza Duarte en San Francisco de Macorís el pasado domingo, ha mostrado nuevamente a la sociedad dominicana el grado de deterioro del sistema penitenciario y la necesidad urgente de que el Estado coordine acciones positivas, enérgicas y sostenibles para remediar lo que se ha convertido en una lacra dentro del sistema democrático dominicano.

El interno fue acribillado a balazos disparados por otros presos, en el momento en que escenificaban un motín pidiendo ser trasladados a otras prisiones. El mismo cumplía una condena de 30 años de reclusión en una prisión del sistema tradicional que, aunque funciona bajo el control de la Dirección General de Prisiones y de la Procuraduría General de la República, está ubicada al interior de una fortaleza militar que pertenece al Sexto Batallón del Ejército dominicano.

Ha sorprendido a la sociedad dominicana que en ese recinto circularan armas de fuego, cuchillos, dispositivos electrónicos y celulares, al tiempo que negocios diversos fueron permitidos, incluidos prestamistas, aparatos de juegos de azar y otras actividades al margen de la ley. Es un hecho conocido que los recintos penitenciarios del modelo tradicional se han convertido en centros desde los que se realizan diferentes delitos, que van desde la clonación de tarjetas de crédito, hasta modalidades de extorsión y manejo de bandas criminales al exterior de dichos centros.

En un informe reciente de mayo pasado la Dirección General de Prisiones informó que en el sistema penitenciario existen 26,656 internos, de los cuales 15,285 son presos preventivos (57 por ciento), y 11,374 están condenados, lo que representa el 43 por ciento de la población total.

En los establecimientos carcelarios tradicionales, que son 19 en total y que son administrados por la Dirección General de Prisiones, cumplen condena y medidas de coerción 17.263. Mientras que en los 24 centros de corrección y rehabilitación del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria están internados 9,911 personas.

Durante décadas las cárceles dominicanas han acumulado un deterioro que se vincula con la indiferencia del Estado ante esta población, la falta de recursos que sufren las instituciones encargadas y la incoordinación de programas y políticas públicas diseñadas y orientadas con sentido profesional y humano, entre otros factores . El incumplimiento de la autonomía presupuestaria del Ministerio Público incide de manera negativa en los centros penitrios y cárceles, que han sido dejados a su suerte, constituyéndose en una de las fuentes más importantes de enriquecimiento de estructuras mafiosas, con la complicidad de algunas autoridades, de acuerdo a los testimonios que aparecen en la prensa y las redes sociales.

Para la ciudadanía el homicidio del preso en la Cárcel de San Francisco de Macorís es la reedición del fracaso de los intentos que se han realizado para “humanizar y modernizar” los centros penitenciarios y correccionales en el país, abandonados por el Estado a formas abyectas de corrupción, violencia y crimen que degradan la calidad del régimen democrático y de la condición humana en el país.

Aunque reconocemos que el nuevo modelo penitenciario representa un respiro de la gravísima situación del tratamiento penitenciario por las experiencias positivas que se han acumulado algunos desde años, FINJUS exhorta a que desde el Poder Ejecutivo, en coordinación con los demás poderes públicos, se coordinen acciones urgentes que eviten que el país siga siendo considerado en la comunidad internacional como una sociedad donde convive un pueblo con los mejores valores y las formas más agudas de la degradación humana.

Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo FINJUS

22 de junio de 2021