La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS) considera importante ponderar los grandes ejes que forman parte de las temáticas más relevantes de la reforma al Código Penal que se está realizando actualmente en el Senado de la República. En numerosas ocasiones, hemos analizado y sugerido propuestas puntuales en el marco del amplio diálogo que ha generado la reforma penal en el país.

 En ese sentido, la FINJUS valora como positivos los ejes propuestos también por la Plataforma Virtual de la Reforma Penal, precisamente para que la comunidad jurídica y la ciudadanía en general conozcan aquellos aspectos que deberían ser revisados y tomados en cuenta durante el diálogo que se suscita actualmente en la Comisión Especial del Senado de la República, de cara a la aprobación del nuevo Código Penal.

 Sabemos que se trata de una legislación muy trascendente para el país, cuyo texto incidirá de manera especial en nuestro ordenamiento jurídico. De manera que existen determinados puntos de alta relevancia que merecen la pena mencionar y sobre los cuales la ciudadanía tendrá que mantenerse vigilante a  lo largo del proceso de discusión y eventual aprobación en el Congreso Nacional.

 De acuerdo a nuestro análisis existen una serie de grandes ejes de la reforma penal que deben concentrar nuestra atención: armonía entre el Código Penal y el Código Procesal Penal; la escala de las penas; las infracciones contra la mujer y la violencia de género; la protección efectiva de los derechos fundamentales; los nuevos tipos penales; los delitos contra la Administración Pública, y las garantías para la protección de los derechos y la dignidad de las mujeres, sin que esta lista sea exhaustiva ni excluyente de otras temáticas.

 Respecto al primer eje, sobre la armonía entre los Códigos Penal y Procesal Penal, valoramos que se incluyan puntos específicos en la normativa penal que no desvirtúen los avances del Código Procesal Penal o que –en su defecto– se contrapongan frente a éste. El Derecho Penal Especial no puede abordar aspectos procesales y, al mismo tiempo, en cuanto a las penas y medidas socio-judiciales aplicables o sobre el tema de la imprescriptibilidad, deben generarse mayores discusiones que no se encuentren divorciadas de los aspectos procesales, evitando así la existencia de antinomias o lagunas jurídicas en el futuro.

 Igualmente, como segundo eje, se hace necesaria una revisión integral de la escala de las penas. En algunas de las penas de prisión y de multa propuestas para determinados delitos establecidos en el proyecto de Código Penal, como el acoso agravado o la destrucción de medios de transporte –por citar algunos ejemplos–, no queda claro en la redacción actual bajo cuáles supuestos o parámetros de razonabilidad se ha basado la imposición de dichas penas.

 En lo que respecta al tercer eje, sobre las infracciones contra la mujer y la violencia de género, en diversas ocasiones hemos valorado positivamente la inclusión del crimen de feminicidio en la normativa, pero observamos que en el  proyecto de legislación penal especial que se discute se presentan debilidades de redacción en los tipos penales de feminicidio conexo, violencia conexa en el escenario feminicida y suicidio feminicida. No queda claro, conforme la redacción actual, si se tratan de agravantes o de circunstancias necesarias para configurar el tipo.

 En el cuarto eje de interés en el Proyecto, observamos que recientemente  diversos actores de la sociedad civil y de la comunidad jurídica mostraron su preocupación cuando en el Pleno de la Cámara de Diputados se presentaron nuevas mociones que fueron aprobadas, y que están basadas en supuestos que representan un retraso en materia del fortalecimiento de las garantías respecto a la protección de los derechos fundamentales.

 Expresamos de manera categórica desde FINJUS que sería inviable y aberrante la aprobación de un Código Penal que desproteja a las personas y que, a su vez, valide actos de discriminación basados en la orientación o preferencia sexual. Desde la aprobación de la Constitución del 2010 se han establecido parámetros para la protección legal contra conductas discriminatorias de cualquier naturaleza. El Congreso Nacional no puede frenar las conquistas logradas por la sociedad dominicana.

 Un quinto eje trascendental de la Reforma Penal lo constituyen los nuevos delitos que se incluyen en el proyecto de Código. Esto resulta relevante para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana. Tanto desde la Plataforma Virtual Penal como desde FINJUS se ha resaltado que en el nuevo texto legislativo se pueden encontrar delitos como el sicariato, el envenenamiento, los daños con sustancias químicas y la invasión y ocupación de tierras, entre otros.

 Asimismo, en la sección de atentados dolosos contra la vida resulta importante la tipificación del sicariato, ya que se impondría una pena de treinta a cuarenta años a quien planifique, ordene o ejecute, de manera directa o indirecta, un homicidio, a cambio de entregar o recibir una remuneración o una promesa de remuneración. No obstante, conforme las nuevas dinámicas del fenómeno criminal, aún queda un arduo trabajo de profundización y diálogo al respecto para lograr que no se vea obstaculizada la sanción de ningún crimen que responda a las modalidades actuales en un nuevo Código Penal.

 Un nuevo Código Penal debe adaptarse al modelo de Estado social y democrático de derecho reconocido en nuestra Constitución. Por ello, como sexto eje clave de la reforma penal, numerosos juristas especialistas han expresado que –por vez primera– se reconoce a la Administración Pública como el bien jurídico a tutelar. De manera que en lo que respecta a los delitos de corrupción o todos aquellos tipos penales que afecten a la propia Administración, deberán adaptarse los presupuestos normativos a las dinámicas en que se desenvuelven estas conductas típicas que involucran una eventual afectación hacia la cosa pública y que laceran, por vía de consecuencia, a la sociedad en su conjunto. 

 En términos concretos, desde la Plataforma Virtual de la Reforma Penal se han promovido diferentes aspectos que condicionarían el nuevo escenario de la política pública expresada en texto normativo que constituye la aprobación de una legislación penal. Vale destacar que diversos sectores de la ciudadanía han respaldado una nueva discusión en torno a la garantía de la protección efectiva de los derechos y la dignidad de las mujeres.

 FINJUS considera que estos ejes expuestos precedentemente deben formar parte del diálogo que se está realizando en la actualidad en la Comisión Especial del Código Penal del Senado de la República. Confiamos en que los legisladores se abocarán a precisar las temáticas aquí propuestas, ya que las mismas forman parte de un proceso de fortalecimiento institucional y contribuyen al mejoramiento de la calidad democrática de la vida nacional.

Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo FINJUS