La operación Falcón representa una nueva prueba para el sistema político democrático de la República Dominicana. Como otros hechos similares ocurridos en los últimos años, muestra las graves falencias de nuestro ordenamiento jurídico e institucional y nos indica cuán profundas son las debilidades que persisten en el país.

La sociedad dominicana ha perdido el sentido del asombro ante cada hecho de este tipo. Porque en todos los sectores existe el convencimiento de que la penetración del crimen organizado en los estamentos del poder es muy superior a lo percibido y que se quedan cortas las enjundiosas fórmulas de los organismos internacionales para calcular el daño que esos fenómenos producen en nuestra economía y estructura social.

De la indignación social ante cada escándalo, hemos pasado a la curiosidad por conocer la nueva lista de los implicados en los amplios negocios que manejaban bajo el manto de la tolerancia y la indiferencia de las autoridades. Del asombro ante el conocimiento de la profundidad del daño que se ha infringido al tejido social, los medios de comunicación y las redes se concentran lamentablemente en la creencia de que estamos cerca del colapso.

Para FINJUS la operación Falcón ratifica que el Estado dominicano, en sus principales instituciones, necesita una reingeniería moral y legal profunda, que debe iniciar con el fortalecimiento de las bases del sistema de consecuencias contra quienes defraudan la confianza de las comunidades ante las cuales se comprometieron a cumplir y hacer cumplir las leyes.

Una magnífica oportunidad en ese camino es la revisión del Código Penal para que incluya la responsabilidad penal de los partidos y agrupaciones políticas como personas jurídicas. En hora de que los partidos políticos rindan cuentan a la sociedad sobre su compromiso de escoger las personas adecuadas para ser candidatos a puestos de elección y dirección del Estado bajo el juramento de comprometerse con la erradicación de la corrupción, el tráfico de influencias y el imperio de la ley en el país.

La operación Falcón nos muestra asimismo lo peligroso que es la infiltración del crimen organizado en las estructuras de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, y la necesidad de que se refuercen los controles para detectar a tiempo, impedir el acceso y castigar a quienes pretenden convertir al Estado en una estructura de apoyo a sus propósitos antinacionales.

En medio de este panorama desolador surgen, sin embargo, algunas luces de esperanza. Saludamos la acción consistente del Ministerio Público en el enfrentamiento de casos como el que nos ocupa, la coordinación producida entre diferentes agencias gubernamentales para dirigir su acción de manera eficaz y el apoyo social que se ha generado a esta nueva manifestación de compromiso y responsabilidad en la lucha contra este grave mal social.

La lección más importante que esta Operación Falcón nos deja es que no deben dilatarse las iniciativas que conduzcan a reducir y limitar la presencia de los recursos del crimen organizado o sus representantes en la política dominicana y las instituciones democráticas. Estos lamentables hechos nos convencen que la adopción de nuevas leyes, como la de extinción de dominio, o modificar las existentes, como el Código Penal, no son meros ejercicios retóricos sino herramientas para la creación de una cultura de transparencia que mejore la calidad de la democracia.

Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS

12 de septiembre, 2021