FINJUS ANALIZA LAS DISTORSIONES QUE PROVOCAN LAS EXONERACIONES DE VEHÍCULOS EN EL CONGRESO NACIONAL Featured

 Los datos aportados por Diario Libre acerca de la distracción de más de RD$ 2,650 millones de pesos por concepto de la exoneración de impuestos de 1,148 vehículos a algunos diputados y senadores en los últimos 11 años, refleja con dramatismo cómo la distorsiones y la falta de mecanismos racionales de control y fiscalización dificultan al Estado dominicano para el ejercicio de un rol efectivo para el desarrollo y la consolidación de la democracia.

 En el marco de un país que ha confrontado gravísimos problemas económicos y sociales, resulta inconsecuente que un grupo mayoritario de legisladores hayan convertido una norma que en su origen estaba destinada a facilitar el trabajo legislativo, en un mecanismo reprobable que en definitiva ha beneficiado a sectores ajenos al Congreso que cuentan con capacidad para cumplir con sus obligaciones impositivas al adquirir un vehículo de lujo.

 Aunque es cierto que la ley permite el traspaso de los certificados de exoneración por parte de los legisladores, el Estado debió corregir la distorsión de su venta a terceros, y que lamentablemente causa irritación en muchos sectores que la perciben como un privilegio, con el consecuente daño de la imagen del Congreso y el desánimo de la población.

 Queda claro que el modelo creado y aprobado por los propios legisladores ha demostrado ser inequitativo, irracional e ineficiente desde el punto de vista de la sociedad y del Estado. Para algunos analistas e instituciones, el sistema de asignar dos exoneraciones en el periodo legislativo no es propio ni aceptable en una sociedad democrática.

 Este nuevo episodio de críticas sobre el Poder Legislativo debe llamar a  la reflexión a todos los legisladores, para iniciar el camino de la reforma profunda de algunos mecanismos institucionales y controles que garantizan las distorsiones señaladas y otras acciones que, como hemos manifestado recurrentemente, desnaturalizan la esencia de la función legislativa (casos Barrilito, Cofrecito y ayudas sociales).  Estamos en el momento justo de promover esos cambios para beneficio del Congreso y del país.

  

Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS

 27 de septiembre de 2021


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