Desde hace varios años, se han aunado esfuerzos para poder llegar a consensos que doten a nuestro ordenamiento jurídico de una norma que regule y reoriente el sistema de partidos. En ese orden, la FINJUS ha subrayado una serie de puntualizaciones de primera importancia y las ha presentado al Senado de la República, al considerar que éstas pudieran optimizar la propuesta legislativa presentada por la JCE.

Básicamente, hemos hecho hincapié en los temas del financiamiento público y privado, la democracia interna de los partidos, la garantía de la participación política de la mujer, el establecimiento de un régimen de incompatibilidades, la publicidad y la transparencia en el manejo de los fondos. Los temas anteriores son, a nuestro juicio, algunos de los ejes centrales que darían lugar a un mejoramiento eficaz del sistema de partidos políticos.

En el aspecto de la democracia interna, hemos incluido la sugerencia de impulsar la alternabilidad en los organismos de dirección de las organizaciones políticas. Asimismo, en cuanto al orden democrático interno en relación con las mujeres, consideramos oportuna la prohibición expresa de que, ante la renuncia de una candidata a un puesto de elección popular, ese puesto debe ser ocupado obligatoriamente por otra mujer, consagrando así el principio de igualdad real.

De igual manera, como requisitos básicos para proponer candidaturas con altos parámetros de transparencia, estamos proponiendo que quienes se presenten como candidatos a cargos de elección popular deban presentar una certificación de pago de impuestos y una declaración jurada de bienes, instaurando así la posibilidad de tener un régimen de incompatibilidades de forma expresa en la norma. Igualmente, sugerimos establecer la prohibición de ser alto directivo de una organización política y, a su vez, ocupar un alto puesto en el seno de la administración pública.

En cuanto al financiamiento público, en grandes rasgos, estamos proponiendo que la distribución del fondo global sea de la siguiente forma: el cuarenta por ciento (40%) del total se reparta equitativamente entre los partidos políticos y el restante sesenta por ciento (60%) se distribuya en base a los votos válidos obtenidos por cada organización, dando lugar a contiendas electorales más justas y equilibradas. Además, sugerimos que los fondos públicos no puedan ser utilizados para gastos de campañas electorales, sino para los fines que propone el proyecto de ley de partidos presentado por la JCE, que son los rubros de educación interna, gastos administrativos y organización interna de los partidos y agrupaciones políticas.

Mientras que en lo que concierne al financiamiento privado, estamos proponiendo que se establezcan controles y límites a las donaciones privadas, tal como topes a los aportes realizados por personas físicas y jurídicas —con un máximo de cien (100) salarios mínimos—, eliminar el anonimato de las donaciones, publicitar el origen de la contribución y prohibir la aceptación de aportes de personas jurídicas que se encuentren en litigio con el Estado dominicano.   

Hemos formulado una serie de puntualizaciones en torno a la participación de la Junta Central Electoral y el control real que tendría sobre los partidos, que resulta de gran importancia en la actualidad. En suma, hemos propuesto reformas en torno a las sanciones administrativas y penales que podrían ser objeto los partidos y actores políticos que debieran ser contempladas al promulgarse una Ley de Partidos.

La FINJUS entiende que este es un momento de suma importancia en la historia de nuestro sistema político, marcándose un antes y un después, si se generan los consensos necesarios para aprobar este proyecto de partidos, bajo el entendido que este paso será una gran oportunidad para reforzar la construcción del Estado Social y Democrático de Derecho, la institucionalidad y la seguridad jurídica de nuestro país.

Dr. Servio Tulio Castaños G.

18 de abril del 2017.