A lo largo de los últimos dos años, el Ministerio Público se ha destacado como una institución del sistema de justicia que viene desarrollando iniciativas concretas para dar respuestas efectivas a las demandas sociales destinadas a la creación de una cultura que fomente la transparencia y el establecimiento de un verdadero sistema de consecuencias contra males ancestrales que hemos padecido.

Por eso tienen eco en los medios de comunicación cualquier iniciativa dirigida a fortalecer sus capacidades. Vemos con agrado las informaciones que, desde hace varios meses, dan cuenta de los detalles del proceso de evaluación de los miembros del Ministerio Publico a nivel nacional. Esta iniciativa parte del interés de la Procuraduría General de la República de incrementar las capacidades institucionales para una gestión eficiente, de calidad e integradora de las competencias específicas de sus miembros.

De acuerdo a las informaciones a las que hemos tenido acceso en los medios de comunicación de la PGR, se trata de un proceso innovador, pues es una iniciativa pionera en tanto que esta evaluación se realiza a partir de un instrumento que fue socializado en todas las instancias involucradas en el mismo, pero que es nuevo porque no se reduce a la evaluación de desempeño tradicional y no tiene efectos inmediatos en la posición que ocupa cada titular de las distintas dependencias de la PGR.

Se ha señalado que aunque la ley del Ministerio Público prevé como una decisión potestativa la realización de una evaluación para decidir la permanencia de los titulares para un período adicional en el ejercicio de sus funciones, la presente gestión del Ministerio Público ha optado por realizar una evaluación general que permita a todos los titulares tener la oportunidad de ser considerados de acuerdo a los resultados de su evaluación, con lo que cual se dejan atrás las discrecionalidades del pasado que generaron tantos cuestionamientos.

Esta evaluación se basa en una ponderación del logro de resultados y el liderazgo de los titulares en cada una de las dependencias a su cargo, sin que pueda equipararse con una evaluación de desempeño típica como la que se aplicaría a todos los miembros de la institución, sino que evalúa la gestión institucional delegada a un funcionario con responsabilidades de dirección para el cumplimiento de los objetivos misionales del Ministerio Público.

El instrumento de evaluación que se está aplicando a los titulares del Ministerio Público tuvo su origen en una propuesta conjunta de la Dirección General de Carrera y la Dirección General de Persecución, y toman en consideración las capacidades de dirección, gestión de recursos financieros, humanos, y operativos; el rol de liderazgo y desarrollo de personal, y los resultados de los casos penales procesados en el marco del debido proceso y los lineamientos institucionales, desde una perspectiva integral. 

Para realizar esta labor se ha constituido un equipo evaluador, multidisciplinario cuya función es tomar en consideración los aspectos que componen la gestión, en forma independiente, buscando asegurar una medición objetiva y equilibrada que conduzca a un resultado justo.

Asimismo, se ha determinado que el resultado de esta evaluación no tiene incidencia en los procesos de ascensos que podrán ser realizados oportunamente, a partir de las necesidades institucionales (plazas disponibles, creación de nuevas dependencias, etc.). En ese sentido FINJUS valora como positivo y necesario dicho proceso.

Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo FINJUS