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Ministerio de Interior y Policía

Taller: “Una Nueva Visión Integral de Convivencia Pacífica y Seguridad Ciudadana para República Dominicana”. 16 y 17 de enero de 2021 

Análisis efectuado por la Fundación Institucionalidad y Justicia, (FINJUS)

Aportes primer día del taller 

 

  1. Tomando en cuenta que la seguridad ciudadana y la convivencia pacífica forman parte de una problemática multifactorial, en sus causas, efectos y soluciones, ¿qué agregaría o cambiaría a las siguientes definiciones?

“La seguridad ciudadana es el esfuerzo nacional, integral y articulado que desarrolla todos los entes del Estado y niveles de gobierno, con la participación del sector privado, la sociedad civil organizada, las comunidades y la ciudadanía, para crear las condiciones objetivas de la seguridad material de la población, promover y practicar la convivencia pacífica y democrática, prevenir y erradicar la violencia, con la utilización pacífica y racional de las vías y espacios públicos ”.

“La convivencia pacífica ciudadana es el ambiente social donde la vida en comunidad se desarrolla con respeto a la dignidad y los derechos humanos fundamentales, con armonía, solidaridad y progresivo bienestar”

El concepto de material de seguridad ciudadana se refiere a una actividad dirigida a la protección de personas y bienes en orden para lograr el mantenimiento de la tranquilidad de los ciudadanos; a fin de materializar este presupuesto se requiere un conjunto plural y diversificado de actuaciones que, si bien son distintas por su naturaleza y contenido, van orientadas a una misma finalidad que es la salvaguarda del bien jurídico que la misma representa.

Por otro lado, una definición que se refiere a la esencia y objeto de la seguridad ciudadana desde una perspectiva propositiva, es la conceptualización siguiente:

     “La seguridad ciudadana es aquel estado o condición socio-institucional que objetiva y subjetivamente (percepción) puede calificarse como óptima para el libre ejercicio de los derechos individuales y colectivos y que depende del conjunto de condiciones sociales y culturales, jurídicas, institucionales y políticas que , entre otras, posibilitan el adecuado y el funcionamiento normal de las instituciones públicas y los organismos del Estado, así como la convivencia pacífica y el desarrollo de la comunidad y la persona. [1] "

Ahora bien, en el contexto que nos concierne, y desde un punto de vista metodológico, la seguridad ciudadana debe ser entendida como una estrategia de Estado que se concibe y diseña en función de las condiciones estructurales, fácticas y materiales de una determinada sociedad; la consideración de estos factores permite un ejercicio adecuado de formulación y establecimiento de objetivos que se orienten a la atención prioritaria de los factores que dan lugar al accionar delictivo ya la violencia. 

Esto amerita pasar de la simple intención a una actuación articulada en torno a una planificación multidimensional, interdisciplinaria e interinstitucional, que permita satisfacer de manera integral las diferentes problemáticas que encierra el concepto de inseguridad ciudadana.

En ese sentido, para conceptualizar una estrategia o planificación de Seguridad Ciudadana desde el Estado, es preciso verificar experiencias comparadas u anteriores a fin de discriminar aquellos elementos conceptuales que, en al momento de ejecutar el plan, se erigen en obstáculos a corto, mediano o largo plazo. A propósito de ello siguiente recomendamos tomar en consideración la reflexión:

“La seguridad ciudadana requiere consolidar una identidad que integre saberes y acciones multiagenciales, que para resultar sostenibles exigen la conformación de un servicio civil profesional que conduce y coordina otras áreas del Estado desde la perspectiva específica y focalizada de la prevención de la violencia. Confundir la seguridad ciudadana con políticas sociales universales o hacerla dependiente exclusivamente de programas macroeconómicos entraña el riesgo no solo de criminalizar la pobreza sino también de suponer que existe un piloto automático para resolver problemas complejos de violencia que requieren un abordaje específico de prevención [2] ”

  1. ¿Cuáles son los principales problemas, factores y hechos de riesgo que ver la convivencia pacífica y la seguridad ciudadana en República Dominicana de hoy y de los próximos años?

La inseguridad ciudadana no se produce de manera fortuita, sino que responde a un conjunto de factores y procesos sociales, políticos, culturales y económicos que producen una serie de situaciones que lejos de desincentivar la actuación delictiva, la presenta como una herramienta que maximiza utilidades por encima de actividades de carácter legal.

Esto último se corresponde a lo indicado en el informe de Desarrollo Humano y Seguridad Ciudadana del Programa de las Naciones Unidas, el cual señala que las amenazas a la seguridad ciudadana no se presentan en el vacío, sino en contextos de vulnerabilidad social, económica e institucional , que se traducen en factores de riesgo y en el crecimiento de la inseguridad.

Dentro de las diversas problemáticas que persisten en nuestro país podemos mencionar: la creciente desigualdad en el ingreso familiar y / o individual, mala calidad de las instituciones o desconfianza en ellas, percepción de un sistema de consecuencias y punitivo laxo, demanda decreciente de trabajadores cualificados , alto desempleo juvenil, núcleos familiares con pasado violento, baja calidad educativa, entre otras.

  1. ¿Sobre principios y valores debe descansar una estrategia nacional o un plan nacional de seguridad ciudadana y convivencia pacífica en nuestro país, para orientar y guiar las acciones de todos los involucrados?

El abordaje de una política y / o estrategia de seguridad ciudadana debe ser integral evitando las respuestas unívocas y priorizando el cruce de datos necesarios para evaluar la situación de que se trata de manera oportuna y eficaz.

En conjunto con lo anterior, entendemos se requiere identificar los principios rectores y / o criterios sobre los cuales deben descansar una estrategia nacional de seguridad ciudadana, desde nuestra perspectiva deben primar los siguientes:

  • Respeto y promoción de los derechos fundamentales: la base fundamental de una estrategia de seguridad ciudadana debe ser la defensa y la protección de los derechos constitucionalmente protegidos de manera que se corresponde al contenido de nuestra Constitución, especialmente lo relativo a la supremacía de la misma ya la consecución de un verdadero Estado Social y Democrático de Derecho, el cual se basa en el respeto de la dignidad humana; así también entender que se trata de un tema que afecta el goce integral de derechos fundamentales innegociables como el derecho a circular libremente y sin temor; la integridad física, entre otros, que en definitiva configuran las condiciones mínimas para el bienestar general.

 

  • Respeto de la legalidad y el debido proceso: la seguridad ciudadana como política de Estado constituye un instrumento al servicio de la garantía de derechos y libertades y no un fin en sí mismo. Por tanto, cualquier incidencia o limitación en el ejercicio de las libertades ciudadanas por razones de seguridad debe ejercerse con apego irrestricto a la Constitución y las leyes en procura de la construcción de una cultura de legalidad que se corresponda al catálogo de derechos fundamentales que cimentan el Estado de Derecho.

 

  • Buen gobierno y gobernanza democrática: la definición de gobernabilidad democrática de la seguridad desarrollada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en sus diversos estudios sobre seguridad local indica que:

 

     “La gobernabilidad comprende el proceso a través del cual la autoridad se ejerce en una determinada comunidad política, lo que incluye: i) la forma mediante el cual se eligen, controlan y reemplazan los titulares de la autoridad; ii) los principios y normas bajo los que se ejercen las interacciones entre el Estado, el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil en términos de competencia, responsabilidad y funciones; iii) la capacidad de la autoridad para identificar necesidades, captar recursos, definir políticas y llevarlas a cabo ”.

 

La gobernanza democrática se trata de un modelo de gobierno contemporáneo que enfoca la gestión de las interdependencias entre todos los actores implicados en el abordaje de un determinado reto o desafío, buscando con ello la mayor colaboración y responsabilidad ciudadana en su tratamiento. Su aplicación práctica requiere la integración de una serie de criterios que engloba el buen gobierno, tales son, entre otros:

 

Eficiencia, eficacia y efectividad , que se traduce en la resolución de las necesidades ciudadanas de seguridad de manera objetiva, oportuna, preventiva y restaurativa en sus derechos individuales y colectivos, con estándares de calidad definida.

 

Transparencia, lo cual implica una rendición de cuentas dinámica, así como la debida accesibilidad a la información con el objetivo de lograr una acción común con el soporte y la implicación de la ciudadanía; todo ello depende de que se verifiquen mayores niveles de legitimidad y confianza hacia las actuaciones institucionales por parte de los ciudadanos.

 

Centrada en resultados, la buena gobernanza debe conducir a resultados definidos y medibles. La recomendación de las Naciones Unidas en la prevención del crimen y la persecución es establecer un enfoque en un torno al menos cuatro resultados principales, esto son: 1) identificación de los desafíos locales y las áreas prioritarias de intervención; 2) desarrollo integrado de estrategias y políticas; 3) aumento de la capacidad de los funcionarios e instituciones a nivel local y nacional: y 4) mayor coordinación entre todos los actores.

 

  • Actuación multidisciplinaria: este principio rector obedece a la necesidad concebida de un abordaje integral frente al delito y la violencia que actúe sobre las causas de la criminalidad y privilegio la prevención e investigación del delito dejando atrás políticas unilaterales. En tal sentido, debe adaptarse un enfoque sistémico que permita una base amplia y multidisciplinaria de conocimiento sobre los problemas del crimen, sus causas y las prácticas que han tenido resultados eficaces en su prevención y persecución.

 

Por otro lado, debe ser plasmada la interdependencia en el diagnóstico y estrategias de prevención del delito, tomando en cuenta los vínculos entre los problemas criminales locales y el crimen organizado internacional.

 

  • Coordinación institucional: en razón de la amplia naturaleza de las causas del crimen y las habilidades y responsabilidades para enfrentarlas, no sólo importa la promoción de un enfoque integral que tenga presente la multiplicidad de factores implicados, sino también garantizar la coordinación efectiva y complementariedad entre las diferentes instituciones que interactúan, de manera interna, así como también en lo que respeta a la cooperación público-privada y con la sociedad civil.

 

  • Priorización: esto se refiere a la concentración de los esfuerzos en aquellos factores de mayor incidencia en la ocurrencia de delitos o que generan mayor intranquilidad dirigiendo entonces la focalización de las políticas públicas sobre factores de riesgo particulares. Este criterio no puede dejar de lado la visión diferenciada de la aplicación de las políticas, sino que los programas o actuaciones resultantes deberán ser consultivos y respetuosos de las condiciones, recursos y necesidades de las comunidades locales, diferenciando las necesidades de todos los sectores de la población, en especial de los grupos vulnerables.

 

  • Monitoreo y evaluación: una gestión eficiente y de calidad en materia de políticas públicas requiere de un proceso continuo de monitoreo y evaluación, para ello la planificación debe incorporar el monitoreo de todas las líneas de acción establecidas con el fin de retroalimentar su ejecución y corregirlas si fuere necesario.

 

  • Desarrollo socioeconómico: este aspecto debe ser resaltado como uno de los valores de la estrategia nacional y / o plan de Seguridad Ciudadana, de manera que sean incluidas las consideraciones de prevención del crimen en todas las políticas y programas sociales y económicos relevantes, especialmente aquellos que abordan el empleo, la educación, la salud, la vivienda y la planificación urbana.

 

  1. ¿Cuáles son los principales obstáculos existentes para una efectiva y permanente política de coordinación interinstitucional en el Estado, y cómo alcanzar una nueva etapa de compromiso y liderazgo gubernamental para enfrentar las causas de la violencia, el delito y la inseguridad?

Uno de los obstáculos que por décadas hemos evidenciado desde la FINJUS es la debilidad que subsiste en materia de estadística, sistematización y análisis de información delictiva; en efecto, aún se advierte mucho retraso en las principales instituciones del Estado que interactúan (esto es: Ministerio Público, Policía Nacional, Poder Judicial, Defensa Publica, etc.) en lo que concierne al procesamiento de información, lo cual resulta necesario para poder diseñar una política real y efectiva de seguridad ciudadana.

Sin una data pormenorizada resulta imposible desarrollar estrategias focalizadas y eficientes de delitos de delitos y violencia, así como también se dificulta la planificación de acciones e intervenciones gubernamentales idóneas. De allí que este aspecto conforma uno de los pilares fundamentales de las políticas de seguridad ciudadana y de las diferentes modalidades de intervención estatal y de los gobiernos locales para poder diseñar y controlar la inseguridad ciudadana.

En otro orden, para avanzar hacia una nueva etapa de compromiso y liderazgo gubernamental todos los niveles de gobierno deben desempeñar un papel de liderazgo en el desarrollo de estrategias de prevención del delito efectivas y humanas mediante una determinación clara y puntual de las responsabilidades, así como evaluaciones constantes que definan el alcance de la actuación de cada ente.

  1. Dado que la seguridad ciudadana interesa a todos los que habitan o visitan la República Dominicana, ¿Cómo comprometer a la sociedad y sus organizaciones, ya la ciudadanía en general, a participar en la generación y aplicación de los planes, estrategias, políticas, programas y acciones de seguridad y convivencia pacífica? ¿Cuáles roles o papeles deben tener?

 

Definitivamente, la coordinación deberá extenderse al rol que juegan el resto de los actores e instituciones del sector privado (empresas, medios de comunicación y empresas de seguridad privada) y otros entes de la sociedad civil (ONG´s, fundaciones, juntas de vecinos y otras organizaciones locales), haciendo valer principios como el de la participación ciudadana

Precisamente considerando las experiencias exitosas de participación ciudadana en otros países de la región, entendemos se hace necesario, en primer orden, desarrollar y fortalecer, desde la propia institución, la línea de acción destinada al acercamiento de la Policía Nacional con la ciudadanía; esto permitirá generar un espacio legítimo donde se ejerza el control democrático de la gestión de la seguridad. Esto conlleva la participación efectiva de las comunidades como parte del proceso de construcción de ciudades más seguras, revalorizando el liderazgo comunitario a fin de obtener veedores locales de las políticas y estrategias a implementar.

Además, consideramos interesante instrumentar un programa de educación para la convivencia pacífica a partir de la estrategia y / o planificación que se elabore, con la meta de reducir la posibilidad de que los ciudadanos incurran en actos de violencia.

Es importante advertir que la educación en valores de convivencia compromete a la ciudadanía a construir una cultura de paz. Esto requiere campañas educativas y culturales orientadas al respeto a la ley y los derechos de los demás en circunstancias de la vida cotidiana; proponemos incluso la integración de dirigentes barriales y de juntas de vecinos como agentes de cambio en sus demarcaciones con la coordinación y ayuda de los gobiernos locales; a propósito de ello vale destacar que esto ha sido un componente frecuente y relevante entre las estrategias exitosas encabezadas por gobiernos locales en América Latina [3]

 

Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS

 

Aportes en Segundo Día del Taller: Descargar Aquí

 

 

Ver documento completo aqui

Link del Discurso Pronunciado

 

En el marco del Día del Poder Judicial.
07 Enero 2021.

1. STC. Reflexiones sobre el Sistema de Justicia de la República Dominicana 

2. Resumen Ejecutivo. Reflexiones sobre el Sistema de Justicia de la República Dominicana

 

 

 

La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS), expresa su profundo pesar por el fallecimiento del Dr. Adriano Miguel Tejada, Abogado, catedrático por más de 25 años y director de Diario Libre. Su fallecimiento enluta a la comunidad jurídica, periodística ya la sociedad dominicana.

Nuestras condolencias a su esposa, hijos, nietos y demás familiares.

Paz a su alma.

Higüey, Provincia Altagracia
27 de noviembre de 2020

Distinguidos Miembros de la Mesa Directiva.

Señoras y Señores:

Buenas tardes.

Nos sentimos muy complacidos y honrados de que el Observatorio de Comunicación y Democracia nos haya invitado a participar en este espacio para compartir con ustedes algunas reflexiones, inquietudes y preocupaciones acerca de uno de los temas más importantes que permanentemente se discuten en diferentes escenarios globales: Los retos de la comunicación en tiempos de democracia.

Somos conscientes de la magnitud del tema porque la comunicación está relacionada con los ejes fundamentales de nuestra civilización, y se irradia hacia diversas áreas, jugando un rol clave en la vida económica, social, cultural y jurídica de cualquier sociedad organizada.

Aunque durante años he producido un espacio de televisión, reconozco que soy un profano en esta materia y la perspectiva con que enfoco los temas comunicacionales está relacionada principalmente con lo jurídico.

Sin embargo soy consciente del enorme peso que tiene la comunicación en esta sociedad. Me sorprende la rapidez con la que algunos temas entran a la agenda nacional o lo fugaz de su permanencia.

Asombra la manera ligera, superficial y hasta anodina con la que algunos tópicos son tratados en los medios de comunicación, al mismo tiempo que valoro altamente los esfuerzos de muchos comunicadores y comunicadoras por desentrañar los misterios que se esconden detrás de una medida, un nombramiento, un elogio o el silencio de funcionarios, figuras o instituciones.

Noten que estoy en el plano de los medios de comunicación social, o sea los medios masivos y tradicionales, como los medios impresos, la TV o la radio. Pero ustedes saben mejor que yo el creciente peso que han adquirido las redes electrónicas o digitales que han dado paso a la comunicación virtual, que ha tenido la virtud de hacer realidad la profecía de convertirnos en una aldea global, en la que el aquí y el ahora son una realidad que trasciende las fronteras, las leyes de la física y ha convertido la ciencia ficción en la nueva cara de la cotidianidad.

Sin embargo, ¿Quién no conoce de los excesos que se cometen desde las redes sociales cuando se vapulea la honra, la trayectoria y la integridad de cualquier persona, por sujetos que se escudan en el anonimato, desde donde hacen daño, difunden mentiras y tergiversan creencias o ideales?

Vivimos en un mundo comunicado, hipercomunicado y este factor se ha convertido en una variable clave para entender o influir en los procesos sociales, económicos culturales y políticos, aquí y en cualquier lugar del planeta.

Pero hoy nos concentra el fenómeno de la comunicación en sentido más restringido y dirigido especialmente a tratar de establecer sus relaciones con el mundo de la política y especialmente de la democracia.

A este tema FINJUS ha dedicado muchos años tratando de aportar a la consolidación de las estructuras e instituciones democráticas, en el medio de una transición que se ha alargado por 60 años, dando lugar a esta mezcla de prácticas modernas y antiguas, en medio de influencias locales y globales, y al son de líderes innovadores o de fieles seguidores y cultivadores de tradiciones autoritarias, paternalistas y hasta mesiánicas.

Vivimos en una democracia nacida al fragor de luchas donde se han debatido diferentes concepciones y estilos de pensamiento, pero que han tenido en común la creación y sostenimiento de estructuras políticas, sociales y económicas que hoy prevalecen, que están determinadas históricamente y que han sido atravesadas por variados factores culturales, tradiciones y costumbres, dando forma al modelo político dominicano.

Con sus luces y sombras, nuestra democracia ha ido creando hitos que deben permitir a las nuevas generaciones reflexionar sobre las tareas más importantes para perfeccionar lo que hoy tenemos y que tiene vocación de permanencia, pero identificando al mismo tiempo los lastres que heredamos de décadas de atraso y desorden, de forma que podamos seguir produciendo las reformas que nos acerquen a las democracias de países más organizados, tolerantes y desarrollados.

Existen múltiples enfoques o perspectivas desde las cuales situarse para acometer este esfuerzo de modernización, adecuación o perfeccionamiento de nuestras instituciones democráticas. Pero los organizadores me han pedido que lo haga desde el campo de la comunicación, identificando los retos a priorizar y esbozando algunas tareas o iniciativas que puedan iluminar las sombras que persisten en este camino.

Esto nos lleva a revisar brevemente la relación comunicación –democracia en lo general y tratar de analizar nuestra realidad a la luz de experiencias y conocimientos.

La visión clásica de la función comunicativa dentro de la sociedad recoge algunos principios fundamentales

En primer lugar, en una sociedad democrática la comunicación debe ser vista como un derecho fundamental, y por tanto debe estar revestida de condiciones especiales que garanticen su ejercicio pleno, en el marco de limitaciones razonables recogidas por las normas internacionales y locales. En una sociedad democrática la libertad de expresión y las áreas relacionadas con la información, producción de conocimientos etc. se constituye en el eje central de la libertad política en sentido más amplio, porque es el cemento que cohesiona la sociedad y que facilita el funcionamiento y la estructuración de las instituciones y las personas.

Por eso existe un cierto consenso acerca de los roles prioritarios que deben asumir los medios de comunicación y los sistemas comunicativos, en sentido amplio, como prerrequisito para el logro de los objetivos sociales y personales vinculados con el desarrollo social.

En primer lugar es imprescindible que los procesos comunicativos faciliten la posibilidad de que las personas puedan acceder a las informaciones pertinentes sobre los acontecimientos o hechos de cada día y que las mismas sean elaboradas de forma veraz, inteligente y completa.

En segundo lugar que esos medios de comunicación puedan brindar un espacio para la discusión de todos los puntos que sean importantes dentro de la sociedad, sino que además la agenda pública no esté previamente determinada por ningún sector en particular, para que exprese la diversidad de puntos de vistas y enfoques.

Es vital que los medios de comunicación puedan dar una idea razonable y representativa del pensamiento y los principios que estructuran la sociedad y constituirse en un marco que contribuya a la educación de las personas, oriente su participación social y canalice sus inquietudes.

Debe ser asimismo un canal de transmisión de los valores e ideales que la sociedad ha enarbolado y que están presentes en sus documentos fundamentales, en la Constitución y las leyes, que sustentan la democracia como sistema y como práctica.

Los medios pueden contribuir a la democracia si ponen la información y los conocimientos que producen al servicio de todos los sectores sin restricciones.

Un grave problema que se puede observar en el mundo actual es que la comunicación se ha segmentado o parcelado de una manera tal que una gran masa de esa información crece exponencialmente, de tal manera que es imposible su consumo masivo, y creando mayores confusiones y desorientación.

A lo anterior se suma el riesgo de que las informaciones sobre los hechos y los acontecimientos que circulan a través de los medios o redes sufran algún tipo de sesgo originado por los propios medios o por quienes manejan la información.

Otro de los grandes obstáculos y problemas que la comunicación tiene en la actualidad, y que ha sido una constante en las últimas décadas es el hecho de que junto a la información veraz sobre conocimientos basados en hechos reales, circulan de manera profusa mitos, falsedades y otras deformaciones de contenidos que no han sido recogidos de manera objetiva e identificada sus fuentes.

En este sentido se está produciendo una gran paradoja. En la actualidad la humanidad vive una explosión en términos de producción y consumo de información y conocimiento, y contamos con los mayores y más eficientes canales tecnológicos para su producción, transmisión y difusión, pero al mismo tiempo se registra que las personas viven desinformadas o incomunicadas de una forma alarmante.

Uno de los mayores obstáculos que debilitan la democracia en forma creciente está relacionado con el hecho de que alguna forma de comunicación o algunos enfoques comunicativos restringen la diversidad de opiniones sobre la vida social o política de un país y se concentran solo en algunas áreas que parecerían estar diseñadas para confundir y no para educar.

La teoría clásica señala con claridad cuáles son las funciones fundamentales que tienen los medios de comunicación desde una perspectiva social, para jugar un rol constructivo que contribuya a la cohesión social y al logro de las grandes metas y objetivos sociales e institucionales.

Ante todo deben proveer información a la ciudadanía, convirtiéndose en voceros de los problemas sociales de los ciudadanos y grupos sociales y servir como un contrapeso al poder establecido, sobre todo en sociedades democráticas, donde los gobernantes y funcionarios que acceden al poder lo han hecho como representantes de la soberanía popular, mediante un ejercicio democrático como son las elecciones o mediante actos legítimos de designación.

Pero ¿cómo se puede fortalecer la democracia, desde la perspectiva de la comunicación?

Se han expresado algunos puntos de partida que pueden ayudarnos a establecer los criterios para entender cómo los medios de comunicación se pueden encaminar en esta dirección. Se han identificado cuatro propósitos que deben estar en base de toda comunicación con vocación de instrumento de la ciudadanía.

El primero es dar cuerpo y contenido al clamor ciudadano de que los actos públicos de los funcionarios y entidades de su interés deben ser vigilados y que estos deben abrirse al escrutinio público, incluso cuando no exista una solicitud expresa.

El segundo es crear los mecanismos para fortalecer, mediante sus actos comunicativos, la capacidad de los ciudadanos de poder de elegir los temas y problemas que más directamente afectan su forma de vida, y expresar públicamente su visión sobre los mismos.

El tercero es el de facilitar a los grupos sociales las herramientas o mecanismos para que tengan la posibilidad de intervenir en la discusión, e incluso en la decisión donde sea posible, sobre las políticas públicas que sistematizan las soluciones a los problemas de sus comunidades o territorios.

Cuarto, apoyar que los ciudadanos puedan participar en procesos educativos generados de la labor comunicacional, que les permita comprender cómo piensan quienes deciden las políticas y tener las capacidades para influir sobre ellos o permitir que estos funcionarios puedan conocer cabalmente las posiciones de las personas en sus comunidades.

Estos elementos constituyen una plataforma del ideal de la nueva comunicación dirigida a la ciudadanía, que ha sido asumida por nuevos sectores sociales que se han lanzado a las calles en todas partes del mundo.

En su libro “La democracia y sus críticos” Robert Dahl precisó su visión sobre la democracia como sistema político, aunque insistió reiteradamente que en la actualidad en ninguna parte existe el ideal de democracia, como lo conciben las constituciones y tratados de ciencias políticas, convirtiéndose en una utopía teórica.

Desde su punto de vista se precisan 5 criterios que deben ser cumplidos para acercarse a ese ideal y que traigo a ustedes porque nos ayudan a comprender el rol de la comunicación en el fortalecimiento de la democracia.

En primer lugar deben existir los mecanismos adecuados que garanticen la participación efectiva de la ciudadanía en los asuntos públicos. Esto significa que las personas deben contar con oportunidades iguales y efectivas de definir sus ideas, preferencias y participar activamente en la agenda pública, expresando libremente las razones en los que apoya sus decisiones, lo que incluye la capacidad de criticar públicamente a los gobernantes, funcionarios o sus representantes

En segundo lugar deben disfrutar de Igualdad de voto en la fase de las elecciones o mecanismos para escrutar la voluntad ciudadana: Cada persona debe sentirse segura de que sus opiniones, argumentos o criterios serán ponderados por las autoridades correspondientes y que sus opiniones serán recibidas y tomadas en cuenta, en la misma magnitud o intensidad con que serán asumidas las de otras personas.

En tercer lugar los ciudadanos deben haber desarrollado las condiciones para tener una comprensión informada de los aspectos más relevantes o capitales de la agenda de las personas que se postulan como sus representantes, independientemente del nivel al que aspiran, lo que implica tener acceso a informaciones de calidad y suficientes para que sus elecciones sean el producto de una conducta inteligente.

En cuarto lugar el pueblo, o sea el soberano, debe tener los medios e informaciones para decidir qué temas políticos deberían someterse a la discusión en los órganos constitucionales o políticos establecidos en la normatividad y con qué medios cuenta para influir en esas decisiones, lo que constituye su capacidad de incidir en el Control de la agenda pública.

Y por último Dahl establece que deben existir los mecanismos que garanticen la equidad, es decir que todos los ciudadanos deben contar con las mismas oportunidades de intervenir en los procesos políticos, sin cortapisas ni exclusiones porque los intereses de los ciudadanos en un Estado libre y democrático gozan de la misma legitimidad. Este es lo que él llama el principio de Inclusividad.

Como podemos ver en cada uno de los componentes de esta democracia ideal el rol de la comunicación es crucial.

Otra arista importante en este tema es cómo enfrentar la creciente insatisfacción que se está generando en importantes sectores de la sociedad sobre la calidad y funcionamiento de la democracia, aunque esto se extiende a todo el sistema político.

A la par de las desigualdades que estructuralmente produce el modelo vigente, por todas partes se suman voces de protesta sobre las ineficiencias de los programas y políticas públicas, sobre las incapacidades de satisfacer las demandas de servicios públicos de calidad y la falta de interés o la ausencia de canales de comunicación entre las autoridades y las comunidades para atender a sus reclamos.

Un vistazo a la región latinoamericana nos muestra la desesperación de amplios sectores en medio de la pandemia por Covid-19. El conflicto entre extender los controles y medidas para garantizar la seguridad y minimizar el riesgo de propagación y la necesidad de sobrevivir económicamente o alcanzar alivio en medio de la caída de las fuentes de ingreso, están poniendo a prueba a los gobiernos y los líderes democráticos.

Y lo anterior debe hacerse en el marco de coyunturas políticas que demanda un compromiso claro de sostener las instituciones democráticas, lo que abarca un amplio abanico de acciones que incluyen mantener a flote los sistema electorales, los sistemas de controles administrativos ante la urgencia que todos reclaman para realizar compras y contrataciones; mantener la transparencia en la gestión pública y mantener operando servicios fundamentales como el sistema de justicia, con tribunales imparciales que observan el debido proceso y dan seguridad jurídica.

Para que este entramado sea funcional debe descansar en las redes de la comunicación, tanto formal como informal, que permiten que se puedan tender puentes entre el estado y la sociedad y concertar acciones e iniciativas.

Si la ciudadanía no está bien informada, con conocimientos adecuados sobre cada uno de los temas de la agenda pública de su interés y que afectan a su sector, la democracia corre peligro de debilitarse aún más.

En este sentido, pese a las graves dificultades que se suscitaron en el proceso, uno de los pilares de la democracia en el país sobrevivió. Nos referimos al sistema electoral, que pudo organizar las elecciones a nivel municipal, congresual y presidencial. Está pendiente una evaluación profunda de esos procesos, pero resalta el rol que jugaron los medios y redes de comunicación en el semestre febrero-julio del 2020, sin dudas uno de los períodos más tensos y complejos que hemos vivido en nuestra historia republicana.

Lo importante es que, pese a las dificultades, la democracia no sucumbió y el Estado de derecho continúa vigente en el país, con sus altas y bajas, con su carga de problemas, ineficiencias y déficits que hemos arrastrado por décadas.

Hoy estamos abriendo una nueva etapa en la historia de la democracia y se observan numerosos conflictos en el panorama que reflejan, sin embargo, la vitalidad y las oportunidades del sistema democrático de encontrar soluciones sostenibles y eficaces en diferentes áreas.

¿Cómo debemos enfocar, desde una perspectiva social que integre a los diferentes sectores, la recomposición de las Altas cortes pendientes de renovación?

¿Cuándo vamos a terminar de adecuar la normativa vigente a los nuevos principios y mecanismos incorporados en la constitución en 2010?

¿Cómo vamos a solucionar los problemas agudos que representa enfrentar la criminalidad organizada y la inseguridad ciudadana con leyes, reglamentos y dispositivos legales adoptados en 1884, si al mismo tiempo estamos empantanados en temas que muy bien pudieran ser abordados de manera inteligente y consensuada para dar paso a un Código que sea una herramienta eficaz para proteger y salvaguardar a las personas y sus bienes, empezando con la vida misma?

¿Cómo podemos lograr que las instituciones y autoridades responsables de los aspectos vinculados con la prevención de la violencia de género e intrafamiliar se pongan de acuerdo y coordinen acciones e iniciativas en un marco de colaboración mutua, dejando los protagonismos a un lado?

¿Cómo vamos a generar la voluntad en el Estado y la sociedad para que la transparencia sea un valor cultural y que se aplique un sistema de consecuencias eficaz sobre quienes se burlan de las leyes para su provecho particular, dando como resultado un aumento dela confianza de la población en el sistema de justicia?

Todas estas son solo una pequeña muestra de las preguntas de las cuales aún no tenemos respuestas definitivas y que han implicado grandes esfuerzos para ponernos de acuerdo. Desde la comunicación deben priorizarse acciones que contribuyan a que la ciudadanía produzca sus aportes a este debate.

Algunas personas dirán que es casi imposible crear los consensos mínimos para que el imperio de la ley prevalezca sobre todos los sectores, para que todos los ciudadanos sin excepción queden sujetos al orden constitucional y legal y se pueda ampliar la base de participación de la ciudadanía en los asuntos públicos, exigiendo más transparencia, más controles y más consecuencias a quienes violen la ley.

En este panorama es donde la comunicación juega su rol estelar.

Ampliar los márgenes de la democracia implica apostar por la consolidación de instituciones comprometidas con las reformas duraderas en las áreas que hemos mencionado, así como por personas responsables que asuman sus funciones en los órganos públicos donde fueron electos o designados con la decisión de que todas sus acciones estén apegados al orden constitucional y que sean intolerantes con las prácticas tradicionales que tanto daño le han creado a nuestra democracia y que amenazan con perpetuarse.

Y esta labor es de carácter permanente y sin pausas, porque las carencias de nuestra democracia no se resuelven solo elaborando o aprobando mejores leyes o decretos, sino por la acción concertada de una sociedad que vigila y actúa para lograr avances sostenibles. En este aspecto los medios de comunicación son vitales.

Para no referirnos a procesos del pasado, y evitar las evaluaciones que podrían ser odiosas, en estos momentos gracias a los medios de comunicación conocemos detalles de importantes procesos que tendrán un desenlace en los próximos días y semanas pero que marcarán por mucho tiempo los ritmos y contenidos de la vida social dominicana.

El caso de la Cámara de Cuentas es ilustrativo. En la actualidad está abierto el proceso para la elección de los nuevos integrantes del periodo constitucional 2020-2024.

Se han inscrito 386 candidatos para ser evaluados por la Cámara de Diputados y presentados al Senado de la República.

Los medios informaron que la Dirección General de Impuestos Internos identificó a 111 candidatos que tienen cuentas pendientes con ese organismo, en violación de la Ley 10-04, sobre Cámara de Cuentas, que en su artículo 12, numeral 5 establece como requisito que los aspirantes al referido órgano no pueden tener deudas con el Estado. Algo insólito

Cualquier persona se podría preguntar: ¿Cómo puede alguien postularse para auditar y controlar las cuentas e instituciones públicas cuando ella misma está en falta por incumplimiento de sus obligaciones de pago de impuestos?

Algunos criticaron que esos detalles salieran a la luz pública, pero sin una prensa comprometida con la verdad, ajena a intereses particulares, no hay democracia.

O veamos este otro caso.

La prensa informa que cerca de cien funcionarios no han presentado la declaración jurada de su patrimonio, entre ellos, según los registros de la Cámara de Cuentas, hay diplomáticos, subdirectores, gobernadores y un legislador.

En el mismo reporte unos 360 funcionarios que salieron de sus cargos el 16 de agosto, tampoco han presentado su declaración de bienes y más de 20 la presentaron incompleta y están pendiente de actualización, para totalizar 483 casos.

Esto ocurre a los 100 días de la nueva administración, pero la ley otorga un plazo de un mes para esa presentación. Aplaudimos los actos del Poder Ejecutivo para controlar esta situación en el ámbito de su competencia, pero esto nos recuerda que existe una distancia entre “el deber ser” y la realidad.

Pero esto no debe desanimarnos.

Al contrario, que estos hechos sean conocidos por la sociedad y se generen acciones para crear conciencia sobre la urgencia de los cambios que se requieren en nuestras instituciones para que sean más transparentes y funcionales es altamente beneficioso para el sistema democrático.

Veamos los cambios que nuestra democracia requiere en el marco de procesos donde debe existir mucho diálogo entre los actores estatales y la sociedad. Porque debemos marcar los tiempos, de forma que no sean tan lentos que parezcan una eternidad ni tan apresurados que cambien el clima social y abran la posibilidad de huracanes y tormentas descontroladas.

Lo importante es que los cambios y reformas que debemos seguir impulsando se realicen en medio de la mayor información y comunicación entre todos los sectores, con conciencia de los límites y oportunidades que se abren y sobre todo, animados con la esperanza de que dichos cambios sirvan para el progreso, el desarrollo y el crecimiento de todos los dominicanos y dominicanas.

Muchas Gracias por esta magnífica oportunidad de conversar con ustedes.

 

https://www.youtube.com/watch?v=ECoR_QsVUIE

 

 Con profunda preocupación la Fundación Institucionalidad y Justicia Inc. (FINJUS) observa una iniciativa del Senado para solicitar al señor Presidente de la República que ordene al Superintendente de Bancos aprobar una amnistía crediticia por los efectos económicos derivados de la COVID-19.

 A estas alturas para nadie es un secreto que la pandemia que nos azota desde el pasado mes de marzo, y cuyo final aún resulta incierto, constituye un fuerte golpe al sistema económico global y nacional, abriendo una gama de enormes desafíos para que las economías, como la nuestra, puedan retornar a la senda del crecimiento y el desarrollo social.

 FINJUS ha expresado reiteradamente la importancia de que el Estado, como columna vertebral del sistema, desarrolle políticas públicas que alienten y dirijan la recuperación, sobre la base de la equidad y la protección equilibrada de los diferentes sectores de la nación. Hemos sido particularmente precisos al solicitar del Estado acciones que ponderen el alcance global de sus efectos, para evitar que a corto o mediano plazo se conviertan en medidas que erosionen la estabilidad institucional y económica, y por tanto social.

 La amnistía crediticia que propone la Resolución resulta a todas luces una medida económicamente contraproducente. Por un lado, porque erosiona los pilares de la función regulatoria y de dirección del sistema financiero nacional, ubicados por disposición de la Constitución en la Junta Monetaria y que se irradia al resto de los entes de la Administración Monetaria y Financiera, para garantizar la existencia de una Administración con altos niveles de autonomía y con capacidad de sostener con criterios independientes, la estabilidad y sostenibilidad del sistema financiero.

 Por otro lado, la propuesta resulta también contraproducente porque desconoce que el sistema bancario es una moneda de dos caras, en la que están los tomadores de crédito, y en la otra, los depositantes. La intermediación financiera funciona precisamente de la aplicación de los fondos depositados por el publico en general para el otorgamiento de créditos, por lo que una medida general que implique el impago de los créditos se traduce directamente en una afectación del ahorrante dominicano, especialmente el ahorro de la familia dominicana.

 A lo anterior se adiciona el hecho de que la regulación del sistema financiero tiene como objeto central su estabilidad. Sin estabilidad financiera no existiría el desarrollo y tejido económico que hoy disfrutamos, y su alteración mediante medidas como la propuesta degeneraría en una crisis social sin precedentes. La estabilidad financiera significa fomentar un mercado en el que los diferentes actores se encuentren protegidos y que sus actuaciones estén cubiertas siempre por un manto de seguridad jurídica. La Resolución apunta directamente hacia el desequilibrio y el caos en el sistema financiero.

 En consecuencia, FINJUS rechaza esta Resolución y cualquier otra medida que socave la capacidad institucional y de regulación de la Administración Monetaria y Financiera, y que fomente la inestabilidad e insostenibilidad en las operaciones del sistema financiero, por los gravísimos efectos que tendría para los ahorristas, deudores y el tejido empresarial, que requiere de dicha estabilidad para el desarrollo de sus actividades y la generación de riqueza común.

 En el marco de las políticas dirigidas a paliar los efectos de la pandemia por COVID-19, las acciones de este tipo deben concentrarse en alentar a las autoridades a continuar adoptando decisiones e iniciativas para incrementar la protección equilibrada de los participantes del sistema y que fomente un ambiente de entendimiento común para a trazar medidas razonadas y adecuadas para la recuperación y el crecimiento. El futuro del país en este clima de riesgos descansa en decisiones prudentes, ajustadas y sabias.

 

 

Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo FINJUS

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