Kenia Franco

Kenia Franco

En ninguna institución del Estado la sociedad dominicana ha concentrado tantas expectativas de cambio, renovación y cumplimiento de su misión, como las que rodean al Ministerio Público en la actualidad.

 

De ser un instrumento con áreas donde predominaba la incapacidad de cumplir sus objetivos con eficiencia y que en su conjunto gozaba de muy limitada confianza de la sociedad en sus acciones, el Ministerio Público ha atravesado un proceso de readecuación institucional que incluye dos momentos destacados.

 

Hace 20 años, el  Ministerio Público experimentó importantes transformaciones, con la adopción y promulgación del Código Procesal Penal, que reforzó su rol en la persecución, investigación y acusación de delitos y crímenes, lo que se afianzó hace 10 años con el reconocimiento legal e institucional como órgano que goza de autonomía funcional y administrativa protegido por un Estatuto de carrera profesional.

 

A lo largo del período, sin embargo, una constante ha sido el desfase entre las expectativas sociales y la realidad del compromiso de los Poderes Ejecutivo y Legislativo para facilitar la profundizar del Ministerio Público en la creación de un régimen de consecuencias contra quienes delinquen y fomentan las prácticas de corrupción.

 

Por esto no resultan fuera de lugar las recientes posiciones aparecidas en los medios de comunicación, que incluyen las demandas e iniciativas que pretenden desarrollar las asociaciones de fiscales para obtener mejorías en las condiciones de trabajo y profesionales, así como las sabias advertencias que la Magistrada Procuradora General de la República le formula a los miembros del Ministerio Público que adelantan acciones que, de acuerdo a sus palabras, podrían paralizar la labor de ese órgano de persecución.


FINJUS llama a los actores del Ministerio Público involucrados, desde la Procuraduría General así como las diferentes instancias de este órgano, para que reflexionen sobre las condiciones sociales que prevalecen y la necesidad de que cualquier iniciativa sea encaminada en un marco de coordinación institucional, de forma que el fortalecimiento de la importantísima gestión que se despliega en la actualidad contra el crimen y la violencia en la sociedad, produzca resultados que nos ayuden a avanzar en la calidad de nuestro orden democrático.

 

FINJUS ha reiterado en innumerables ocasiones que el cumplimiento de la Ley de Autonomía Presupuestaria y administrativa del Ministerio Público es una condición sine que non para obtener resultados sostenibles en el afianzamiento del Estado de derecho y la lucha contra el crimen y la corrupción y tenemos altas esperanzas de que en este año los poderes Ejecutivo y Legislativo encontrarán las vías adecuadas para plasmar en el Presupuesto del 2023 los recursos que garanticen la implementación de los programas y planes diseñados en los últimos años.

 

Valoramos las declaraciones  de la Magistrada Miriam Germán Brito como la expresión de un llamado a no descuidar las tareas actuales y que cada miembro del Ministerio Público redoble, con su responsabilidad y compromiso, el esfuerzo que se realiza para mejorar la eficiencia y la calidad del servicio a cargo de los órganos internos de esa institución, que es la justificación más importante para que la sociedad se identifique y apoye sus justos reclamos profesionales y laborales. 

 

Es, en definitiva, una nueva oportunidad, para que el liderazgo público de un paso más en esta dirección  y salgan fortalecidas las capacidades de un Ministerio Público, que lleva 20 años clamando por un destino mejor.

 

 

 

Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo FINJUS

 

26 de septiembre, 2022

Martes, 20 Septiembre 2022 08:15

FINJUS: Comunicado amparo contra AFP

COMUNICADO

 

En días recientes, la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) resolvió la acción de amparo de cumplimiento incoada por un grupo de ciudadanos contra la Superintendencia de Pensiones (SIPEN) y varias de las principales Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) operantes en la República Dominicana, por alegada “sustracción” de fondos en sus cuentas de capitalización individual.

 

La sentencia del TSA plantea que la SIPEN, en aparente complicidad con las principales AFP, ha violado la Ley 87-01 de Seguridad Social al permitir la “sustracción” de fondos de las cuentas de capitalización individual de algunos afiliados. Afirma, en tal sentido, que las AFP no han demostrado que la reducción en los balances de dichas cuentas fuera producto de la apreciación del peso dominicano frente al dólar estadounidense y de la consecuente variación en el rendimiento acumulado de las inversiones en dólares.

 

Esta sentencia es profundamente criticable, en especial porque: (a) inobserva los precedentes sentados por el Tribunal Constitucional con respecto a la naturaleza jurídica de la acción de amparo de cumplimiento; y (b) desconoce las garantías que componen el derecho fundamental al debido proceso, así como el contenido esencial del derecho a la seguridad social, según los artículos 60 y 69 de la Constitución dominicana vigente.

 

En cuanto al primer aspecto, vale decir que los precedentes referidos trazan una línea jurisprudencial firme a cuyo tenor ha sostenido el Tribunal Constitucional: (1) que el amparo de cumplimiento no procede contra asuntos de mera legalidad (TC/0130/19), como lo es el hecho de que se impute a la SIPEN y a diversas AFP haber protagonizado actuaciones administrativas que presuntamente riñen con la legalidad y que, por ello, suponen para el juez de amparo la obligación de emitir estimaciones de legalidad ordinaria que escapan a su margen de acción; (2) que el amparo de cumplimiento no es la vía idónea para resolver conflictos de legalidad (TC/0381/20), por cuanto constituye un remedio de garantías especialmente establecido para la tutela de derechos fundamentales ante el alegado incumplimiento de un deber legal o administrativo; (3) que el amparo de cumplimiento no procede en casos en que su dilucidación dependa de “comprobaciones previas declarativas de derecho común” (TC/0103/21) sobre el contenido de las normas y su aplicación a un caso concreto; y (4) que el amparo de cumplimiento resulta igualmente improcedente cuando su resolución implica abordar problemas de interpretación sobre la norma que ampara el deber presuntamente incumplido u omitido (TC/0252/21).

El TSA realiza ponderaciones de legalidad ordinaria sobre la administración de los fondos de pensiones. Es decir, efectúa apreciaciones declarativas sobre el derecho de propiedad de los afiliados y, al tiempo, cuestiona la legitimidad de las actuaciones de las AFP, afirmando que éstas efectivamente realizaron deducciones de las cuentas de capitalización individual. Ambas cosas escapan de las competencias del juez de amparo.

 

Además, salta a la vista que el contenido de las disposiciones normativas de la Ley 87-01 está sujeto a interpretaciones dispares con respecto al procedimiento de notificación de los afiliados, el mantenimiento de la rentabilidad mínima real y las obligaciones de las AFP. Estas dificultades de interpretación hacen que el mandato exigido en el proceso de amparo carezca de especificidad, siendo su esclarecimiento una competencia de la jurisdicción contencioso administrativa, en atribuciones ordinarias.

 

En cuanto al segundo aspecto, la sentencia pasa por alto un sinnúmero de elementos que resultan fundamentales para comprender a cabalidad la situación. A nuestro juicio, la decisión del TSA:

 

1)         Ignora que la variación en los fondos de las cuentas de capitalización individual está fuertemente ligada al aumento ordenado por el Banco Central de la tasa de política monetaria y la tasa de interés, ante la situación específica de los mercados financieros a escala global, fuertemente impactados por fenómenos de especial importancia como el conflicto bélico Rusia-Ucrania o la resaca de la pandemia generada por el covid-19;

 

2)         Omite que la variación en los montos de las cuentas no representó una pérdida real de dinero, de manera que los aportes obligatorios se mantuvieron inafectados;

 

3)         Elude la circunstancia objetiva de que el rendimiento neto generado por las inversiones en dólares hechas por las AFP se mantuvo sin variación, y que ninguna de ellas incumplió la rentabilidad mínima que exige la ley;

 

4)         Olvida que las AFP fueron plenamente conscientes de la situación de los mercados financieros y que, por ello, lo comunicaron oportunamente al público, enfatizando la naturaleza coyuntural y temporal de la apreciación del peso frente al dólar;

 

5)         Nada dice acerca del hecho de que la inversión en dólares de los fondos de pensiones acumulados en las cuentas de capitalización individual ha reportado a los trabajadores beneficios que superan los seis mil millones de pesos;

6)         Desatiende la circunstancia de que todo ello ha sido así a pesar de las continuas apreciaciones y depreciaciones del peso dominicano frente al dólar estadounidense; y

7)         Aniquila la lógica tras la diversificación de los instrumentos de inversión que utilizan las AFP: la minimización del riesgo para una mayor garantía de pensiones dignas.

 

En definitiva, el TSA inobservó que la reducción proyectada en el rendimiento acumulado se debió a la devaluación del peso dominicano sobre el dólar, lo que generó que el saldo presentado en el mes de febrero sea menor que el indicado en meses anteriores. Esa reducción fue básicamente coyuntural y transitoria, lo que es propio de los mercados financieros, de modo que no afectó ni los aportes obligatorios ni el rendimiento neto generado por la inversión denominada en dólares. Las AFP no estuvieron por debajo de la rentabilidad mínima normativa, por lo que no hubo un incumplimiento del artículo 105 de la Ley Núm. 87-01. Esto en el entendido de que, al observarse la rentabilidad mínima normativa, no era necesario utilizar la reserva de fluctuación de rentabilidad con cargo a la Cuenta de Garantía de Rentabilidad.

 

La Primera Sala del TSA no realizó una correlación concreta y precisa entre las disposiciones normativas que sustentan su decisión y los hechos fácticos que caracterizan el caso. Todo ello supone, como es sabido, una violación al artículo 69 de la Constitución. Pero por si fuera poco, la sentencia del TSA también vulnera el artículo 60 de la Constitución, pues, si se entiende que el derecho a la seguridad social es la prerrogativa que asiste a todo (a) dominicano (a) de gozar de protección y asistencia social ante el desgaste natural de su capacidad productiva, o bien ante hechos involuntarios e imprevistos que mermen su estatus laboral y económico, entonces es evidente que, al habilitar la “devolución” de fondos a los afiliados accionantes, la sentencia en cuestión expone a todo el régimen de pensiones a ataques sistemáticos que ponen en jaque su estabilidad, impide aquel objetivo básico y lesiona así, además gravemente, el derecho fundamental a la seguridad social.

 

Costó tiempo y mucha madurez lograr el establecimiento de un sistema de pensiones como el que actualmente rige en el país. Costó tanto, precisamente, porque la intención fue pasar del anterior sistema de reparto, primo hermano de la desigualdad social, a un sistema de acceso universal, estable y garantista, que es el que favorece la Ley 87-01. Podrá requerir mejoras, pero es un producto acabado que ha reportado incontables beneficios a los trabajadores dominicanos. La sentencia del TSA amenaza gravemente todos estos avances de nuestro sistema previsional y pone en peligro su estabilidad. 

 

Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS)

 

San Cristóbal, 27 de julio de 2022 

 

Me siento muy complacido y agradecido por la invitación de la Dirección de la Escuela Nacional Penitenciaria para estar aquí presente en esta vigésima séptima graduación de Agentes de vigilancia y tratamiento penitenciario y dirigir unas palabras especialmente a los jóvenes que hoy asumen el compromiso de dedicar su esfuerzo para mejorar una de las áreas más importantes del sistema de justicia de la República Dominicana.

 

No es mi deseo cansarles con una intervención acerca de la importancia del sistema de justicia y por qué representa uno de los elementos más importantes que inciden en el desarrollo social, económico y político de la República Dominicana.

 

Y mucho menos, explicar cómo está conformado, cuáles son sus instituciones, las normas que lo rigen y las prácticas que orientan, o cuáles son las características de las diferentes competencias que deben desplegarse para ser eficientes, productivos, y mostrar capacidad y responsabilidad para alcanzar los objetivos y metas definidos por el Estado en esta área.

 

Y mucho menos me referiré a las características inherentes a las herramientas de trabajo y gestión de las que ustedes han sido dotados, luego del prolongado periodo de formación al que fueron sometidos y que lograron aprobar exitosamente, gracias a la laboriosa dedicación de cada uno de ustedes para completar los siete módulos que componen el plan de estudios. A esto contribuyó asimismo la adecuada distribución y calidad del contenido de la formación y las directivas técnicas y pedagógicas que se impartieron  para alcanzar este logro.

 

Las palabras que deseo expresarles van a salir de lo más profundo de mi corazón, porque buscan expresan la admiración que siento por la decisión personal de ser profesionales en el área de la vigilancia y tratamiento penitenciario y dedicar su tiempo y capacidades a apoyar procesos psicosociales de una población tan especial como lo son los internos en estos recintos.


Mi admiración se sostiene por la valoración de la importancia y el papel que los agentes de vigilancia y tratamiento penitenciario deben jugar dentro del sistema de Justicia la República Dominicana en el actual momento.

 

Algunas personas catalogan las diversas actividades y funciones o puestos que realizan dentro de un sistema, institución o empresas, en una serie de categorías o clases que se forman en base a criterios como la cantidad de tareas que realizan, el manejo del presupuesto o su magnitud y responsabilidades que tienen a su cargo.

 

Otros insisten  en la complejidad de las gestiones que realizan y su vinculación con la toma de decisiones. Todo lo anterior puede ser muy válido y no es mi intención desmeritarlo, pero pienso que  quienes se enfocan en esa dirección, muchas veces se quedan en el aspecto exterior de las personas y olvidan lo que es verdaderamente importante.

¿Qué importancia revisten las diferentes profesiones u oficios? La respuesta a esta pregunta dependerá en gran medida de nuestra visión del mundo, los objetivos personales e incluso en una valoración de la naturaleza humana.

 

Pienso que existen dos funciones que en todas las sociedades son resaltadas de manera especial por su misión e importancia: la del magisterio y la del sacerdocio. Ambas expresan un compromiso con el cambio de los seres humanos, en dos planos o dimensiones distintas, pero que coinciden, en que ambas demandan de un gran compromiso de quienes la ejercen con el crecimiento de hombres y mujeres.

 

En el magisterio, sin importar el nivel, se refleja la creencia de que cada ser humano puede desarrollar su potencialidad y alcanzar cada vez más altos niveles en su inteligencia, en su conducta y en el logro de sus metas. Por ello, la educación es tan vital en las sociedades modernas y cuando se registran limitaciones o fallas se producen situaciones que laceran las fibras más íntimas de las personas.

 

En el caso del sacerdocio, quienes dedican su vida a ello, están convencidos que todos los seres humanos, como hijos de Dios, están llamados a seguirles y deben tener el derecho a conocerlo, a amarle y a seguir su ejemplo y enseñanzas. Su misión, situada en el plano espiritual, va más allá de lo material y es la base de nuestra trascendencia.

 

No exagero si les digo que ustedes van a desarrollar una misión que combina grandes dosis de magisterio y sacerdocio. En su labor de control, corrección, observación y acompañamiento de los procesos educativos, psicológicos y de resocialización  a los cuales los internos serán sometidos, a ustedes se les pedirá demostrar una gran dosis de comprensión, voluntad, compromiso y responsabilidad. Tendrán muchas veces que actuar con mucha paciencia, cordura y firmeza.

 

Tendrán que ir valorando cada acto, que en base a los procedimientos les toque realizar, sin olvidar nunca que dentro de cada interno o interna, sin importar el grado de su pena, responsabilidad o situación por la que atraviesa, existe un ser humano que puede ser apoyado para transformarse en alguien que pueda reconocer su dignidad intrínseca y comience a transitar el arduo y complicado camino para su reinserción social, familiar y personal.

 

La mayoría de las personas con las que tendrán contacto están perdidas y en su conciencia no reconocen su propio valor ni tienen claridad de su futuro.

 

Uds. pueden ser, si así lo deciden, los agentes de cambio que impactarán en muchas vidas, no sólo en la vida de ellos, sino que  por su intermedio llegarán a decenas, centenares o miles de personas.

 

El modelo penitenciario en el que ustedes desarrollarán sus actividades ha mostrado ser eficiente, adecuado a nuestras necesidades y eficaz para lograr los objetivos que se han propuesto. Numerosos problemas persisten, especialmente ligados a la falta de recursos y medios para profundizar en los programas y labores que realizan.

 

Esto es imprescindible, pero les aseguro que el factor primordial, sin el cual ningún plan, programa o política funciona o es exitoso, es el de la calidad humana de quienes los implementan.

 

La Procuraduría General de la República confía en ustedes para ser la cara visible y el músculo que hará la diferencia. Su trabajo y esfuerzo sistemático como agentes para la vigilancia y tratamiento penitenciario marcará la diferencia y contribuirá a afianzar este modelo que es más cercano a las personas y más a tono de las necesidades y problemas de esta población.


Lo que les espera es el ejercicio de una función que tiene numerosos desafíos, retos y riesgos, y el temor no puede ser su consejero al asumirlos en el trabajo cotidiano.

 

Ustedes ya tienen las herramientas e instrumentos adquiridos en el proceso de formación para lidiar con las situaciones típicas en este medio y deben estar seguros de sus competencias profesionales para enfrentarlos.

 

Por todo lo anterior, les deseo muchos éxitos y los felicito en esta función que comenzarán a desarrollar, para orgullo de sus familiares, amigos y de ustedes mismos.

Todo lo que hemos afirmado solo ha sido posible con el trabajo tesonero y profesional de la Escuela Nacional Penitenciaria que dirige la Dra. Magistrada Gladys Sánchez, junto a su equipo de trabajo y los magníficos docentes bajo su dirección.

 

Me siento muy regocijado de estar presente en este memorable momento de sus vidas y les exhorto a no desmayar en el trabajo que hoy empieza para todos ustedes.

 

A propósito del proyecto de ley que establece la creación de la provincia Matías Ramón Mella, el cual conoce la Cámara de Diputados, es necesaria una mayor ponderación con relación a la fragmentación política-territorial de cara a los objetivos estratégicos de desarrollo y planes de ordenamiento territorial.

 

Desde la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) consideramos resulta inoportuno la creación de una provincia adicional presionando el gasto público sin evidencia sólida de que ello se traduce en mayor acceso a servicios y/o fortalecimiento del desarrollo de los territorios que comprendería. Se trata de una respuesta que deviene contraproducente a la necesidad real de mayor atención a las carencias y marcadas desigualdades entre las regiones y provincias del país

 

La experiencia comparada señala una excesiva fragmentación política territorial como una problemática que dificulta en exceso la concreción del bien común con relación a una política nacional coherente que pueda redirigirse hacia objetivos de redistribución territorial de la riqueza o de cohesión regional, afectándose al final el propio principio democrático del interés nacional que sustenta la propugna constitucional de nuestro modelo estatal.

 

Siguiendo entonces con el marco comparado, es importante acotar que en países como Colombia o Costa Rica[1], la decisión de desmembramiento de las entidades territoriales requiere inclusive consultas a la ciudadanía de las comunidades que podrían verse afectadas por la creación o supresión de nuevas provincias o departamentos, cual fuere el caso. Es decir, que dicha decisión, además de provenir de las autoridades competentes, requiere una democratización de la toma de decisión, evitando así la creación de territorios conforme los criterios políticos de turno.

 

La Constitución política dominicana establece el Estado unitario y su característica básica refiere a la configuración de un poder central en el diseño y ejecución de las políticas públicas, matizado por la transferencia de competencias a los municipios[2], quienes ostentan su representatividad desde los Gobiernos Locales. Si bien el crecimiento demográfico demanda mayores visos de representación con relación a los territorios, no menos cierto es que nuestra estructura estatal se encuentra sometida a principios de unidad, identidad, racionalidad política, administrativa, social o económica, los cuales se erigen en mecanismos de control como forma de evitar la materialización de políticas arbitrarias y/o la elaboración de políticas alejadas del principio de razonabilidad sobre el cual se sustenta la definición misma del Estado.

 

En este sentido conviene apuntar que, el crecimiento demográfico, por sí solo no constituye criterio suficiente para optar por la escisión territorial a los fines de mayor representatividad, especialmente cuando subsisten tareas pendientes con relación a la necesidad de revisar la redistribución del gasto público en las provincias ya creadas. Es por ello que la tendencia de países de la región apunta a la promoción de mancomunidades (cooperación intermunicipal) para la prestación de determinados servicios públicos.

 

Debe recordarse que la República Dominicana es uno de los países de menor extensión territorial de América Latina, de lo cual al evaluarse de manera proporcional, parece presentar un altísimo número de divisiones políticas en comparación a sus pares. De ahí que, la creación de una nueva provincia no puede abordarse como la respuesta al esperado desarrollo de los municipios que la integrarían, pues apostar a mayores visos de burocracia no redituará el beneficio esperado.

 

De igual forma, se debe considerar que la generalización hacia un modelo político de fragmentación provincial conllevaría, como hemos visto, no solo una preocupante mutación del sistema de representación legislativo que tenemos en República Dominicana, sino, a la postre, una imposibilidad real de que las demandas ciudadanas se materializasen en cuanto a la distribución de los bienes y servicios; especialmente cuando parece olvidarse que en ese crecimiento demográfico de las zonas referidas inciden las migraciones desde otras provincias a las cuales no se les ha destinado la proporción presupuestaria adecuada[3], así como que requieren mayores incentivos para su desarrollo.

 

Es oportuno aclarar que las provincias, en el marco de nuestro modelo de Estado unitario, responden únicamente como demarcación política intermedia, siendo así los municipios la base constitutiva del sistema político administrativo local. De manera que, si se pretende profundizar el desarrollo productivo de nuestras entidades territoriales, la respuesta formal para la elaboración de políticas públicas ancladas hacia un plan de ordenamiento territorial —tal como lo ordenan nuestra Constitución y la Ley No. 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo—, debe fundamentarse en la optimización del engranaje funcional de las municipalidades, no otorgar una respuesta que podría resultar exclusivamente funcional al interés político-electoral coyuntural.

 

De manera que, atendiendo a los parámetros normativos vigentes y los conceptos planteados sobre ordenamiento territorial en nuestro sistema político-administrativo, el eje central del tema aquí expuesto podría girar en torno a la eliminación de determinadas provincias, inclusive. De este modo, se centrarían los objetivos institucionales del Estado dominicano en el cumplimiento del texto constitucional vigente, el cual establece que “La región es la unidad básica para la articulación y formulación de las políticas públicas en el territorio nacional”, apuntando también al fortalecimiento de nuestras estructuras municipales.

 

Desde FINJUS entendemos que los esfuerzos deben estar orientados en garantizar políticas públicas que materialicen el principio de unidad que impone la implementación de las políticas públicas de alcance a todo el territorio nacional valorando nuestra realidad particular en la cual se refleja matices de una inversión pública concentrada en ciertas unidades territoriales en desmedro de otras.

 

 

Dr. Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS

19 de junio de 2022

 

 

 

[1] Véase: Constitución Política de Colombia. Artículos 297 y 307; y Constitución Política de Costa Rica. Artículo 307.

[2] Véase: Constitución Política de la República Dominicana. Artículo 204. 2015.

[3] Véase: Constitución Política. Párrafo del artículo 196. 2015: Párrafo. - Sin perjuicio del principio de solidaridad, el Estado procurará el equilibrio razonable de la inversión pública en las distintas demarcaciones geográficas de manera que sea proporcional a los aportes de aquéllas a la economía nacional.

AGENDA COMPLETA DEL EVENTO: DESCARGAR

12 de mayo de 2022

Palabras de bienvenida a cargo del Dr. Servio Tulio Castaños Guzmán, Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS.

 Permítanme en primer lugar agradecer la invitación de la Embajada de los Estados Unidos en el país y la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID), para dar apertura a esta Jornada, que es un espacio dedicado a los diferentes sectores sociales que han manifestado su compromiso con la promoción de la transparencia, la eficiencia y la rendición de cuentas en el Estado.

 

En el día de hoy se han organizado varios plenarios y paneles que abordarán temas fundamentales como son: el contenido del Proyecto de Ley, las experiencias legislativas en la incorporación de la perspectiva de la sociedad civil; el rol de las organizaciones sociales y los medios de comunicación para avanzar en las reformas de las contrataciones públicas y el rol del sector privado y las oportunidades económicas que se derivan de la reforma de esta Ley.

 

Todo indica que tendremos un día muy productivo en la generación de ideas que contribuyan a la adecuación de la Ley de Compras y contrataciones públicas, que como hemos manifestado reiteradamente se ha convertido en una de las piezas fundamentales que sostiene el andamiaje del modelo político que impide que el desarrollo pleno de nuestras capacidades como país en todas las áreas.

 

Desde hace años, muchas de las organizaciones y personas presentes en este evento hemos explicado la necesidad de superar las limitaciones y falencias de la actual Ley 340-06, que no ha servido para crear la cultura de transparencia que permita vencer la opacidad y las trampas que han marcado las malas prácticas de órganos estatales y funcionarios y que han fomentado diferentes modalidades de corrupción en toda la sociedad.

 

Venimos acompañando a la Dirección General de Compras y Contrataciones en el proceso de reformar la ley 340-06 y hemos aportado propuestas específicas que permitirían que esta normativa sea un verdadero instrumento para detectar, investigar y perseguir todos los ilícitos relacionados.

 

Nos hemos sentido muy complacidos de sugerir enfoques, modelos y planteamientos jurídicos para hacer más efectiva la nueva legislación y hemos apoyado todos los esfuerzos que el Congreso de la República, tanto desde el Senado como desde la Cámara de Diputados, ha desplegado a través de sus comisiones permanentes, de forma que puedan analizar en profundidad las propuestas presentadas, y se alcancen los consensos que se requiere para la adopción y promulgación de la nueva ley.

 

Necesitamos una ley que fortalezca los principios del sistema de contratación pública, acorde con las mejores practicas internacionales, lo que incluye la sujeción  al debido proceso, la imparcialidad, la objetividad, la favorabilidad de la producción nacional y del desarrollo local.

 

Como hemos expresado en otros escenarios, existen muchas novedades en este proyecto de Ley que representan un giro significativo en el fortalecimiento del sistema de compras y contrataciones públicas en el país. De su contenido destacamos:

 

  • La delimitación del régimen general de contrataciones, las particularidades de los contratos administrativos y las diferentes modalidades de contratación.

 

  • Incluir los contratos de concesión, los cuales no han sido definidos propiamente en la ley vigente y han generado múltiples desviaciones en materia de corrupción.

 

  • Ordenar que las instituciones contratantes no puedan delegar su competencia para la gestión y ejecución de los procedimientos de contratación previstos en la ley, salvo la delegación de competencia para casos de contrataciones conjuntas con otras instituciones contratantes

 

  • La delimitación del registro de proveedor del Estado y su función frente a los procedimientos de contratación y

 

  • la prohibición permanente con relación a los asuntos que hayan conocido o decidido ex funcionarios públicos en ocasión del ejercicio de sus funciones, lo que se erigirá como pilar fundamental de control preventivo de la corrupción administrativa, entre otros aspectos.

 

Como han expresado algunos ponentes en este mismo escenario en días anteriores, “La transparencia es la bandera que los ciudadanos debemos levantar y exigir”, lo que nos obliga a trabajar para alcanzar los consensos necesarios y facilitar la aprobación e implementación de una nueva ley de compras y contrataciones públicas.

 

Valoramos especialmente como un elemento clave en la actualidad la expresión de la voluntad política del Poder Ejecutivo de apoyar un clima de mayor transparencia en los procesos de compras y contrataciones, y que trabajará para que aprueben un conjunto de leyes imprescindibles y complementarias de la Ley de Contrataciones, como son el Código Penal, la Ley de Extinción de Dominio, las leyes de la Cámara de Cuentas y la Contraloría, tal y como se comprometió en la reciente Cumbre por la Democracia, con el Presidente Biden.

 

Estamos ante una nueva oportunidad para hacer realidad una aspiración de años: La ley de Compras y contrataciones solo se logrará con el esfuerzo sostenido entre todos los sectores comprometidos con la democracia y la Institucionalidad.

 

Apoyamos a la Dirección General de Compras y Contrataciones en este esfuerzo y valoramos el Proyecto de Ley como un instrumento adecuado para las multas que se proponen.

 

Que este espacio sea fecundo en nuevas ideas innovadoras. Bienvenidos y bienvenidas a este importante evento.

 

Muchas gracias.

 

 

12 de mayo de 2022

La potestad fiscalizadora del Congreso Nacional constituye una condición fundamental para el funcionamiento de un régimen democrático en tanto refiere al ejercicio de un sistema de control efectivo que erige mecanismos de equilibrio entre los poderes públicos.

 

La facultad del Poder Legislativo respecto al escrutinio del ejercicio público de las autoridades resulta esencial para asegurar la calidad de la democracia, permitiendo el efectivo ejercicio de los frenos y contrapesos institucionales.

 

La Constitución dominicana establece que el Congreso Nacional conjuga atribución legislativa y de fiscalización en representación del pueblo, deviniendo en estamento de contrapeso para el accionar de la administración pública refiriendo su potestad de requerir rendición de cuentas, así como de sus atribuciones de supervisión y control; en ese sentido, el inciso c) del numeral 2 del artículo 93 de la Constitución establece que le corresponde “(…) Citar a ministros, viceministros, directores o administradores de organismos autónomos y descentralizados del Estado ante las comisiones permanentes del Congreso, para edificarlas sobre la ejecución presupuestaria y los actos de su administración; (…)”

 

Consecuentemente los artículos 94 y 95 de la Constitución hacen referencia a las prerrogativas expresas que permiten la ejecución de las anteriores potestades al establecer, por un lado las invitaciones a las cámaras, que no es más que la posibilidad de que; “Las cámaras legislativas, así como las comisiones permanentes y especiales que éstas constituyan, [de] poder invitar a ministros, viceministros, directores y demás funcionarios y funcionarias de la Administración Pública, así como a cualquier persona física o jurídica, para ofrecer información pertinente sobre los asuntos de los cuales se encuentren apoderadas”, esto tiene como objeto la posibilidad de recabar informaciones de primera mano en la materia a cargo de su función.

 

La disposición constitucional al efecto refiere incluso sanción de índole penal a la inasistencia injustificada a la invitación que realicen las cámaras estableciendo que “la renuencia de las personas citadas a comparecer o a rendir las declaraciones requeridas, será sancionada por los tribunales de la República con la pena que señalen las disposiciones legales vigentes para los casos de desacato a la autoridad pública”.

 

Esto último pone en contexto que las invitaciones que realicen las cámaras legislativas a quien ostente cargo de administración pública no son facultativas sino que tienen carácter de obligatoriedad, pudiendo los órganos de control externo e interno del Estado, en caso de renuencia, ejercer sus potestades de requerir la responsabilidad penal, civil y administrativa de los funcionarios públicos que incumplan con sus atribuciones o rechacen ir a las invitaciones legislativas con la finalidad de edificar sobre los actos ocurridos en la administración del incumbente de que se trate.

 

Desde FINJUS apostamos al ejercicio diáfano del rol de cualquier titular de la administración pública, así como al respeto y colaboración con los mecanismos de fiscalización y control que se orientan a una rendición de cuentas horizontal. La garantía de un sistema de frenos y contrapesos se erige como una de las armas más efectiva para lograr la materialización de un Estado Social y Democrático de Derecho, que es, en última instancia, el objetivo hacia el cual debemos orientarnos.

 

Dr. Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS

11 de mayo de 2022

 

Dos graves acontecimientos, vinculados a actuaciones policiales, han impactado la opinión pública en las últimas semanas, que deslegitiman y afectan los procesos institucionales en marcha para transformar y profesionalizar la Policia Nacional.

 

Por un lado está la muerte de José Gregorio Custodio el pasado 18 de abril en un hospital de Ocoa, tras haber sido apresado por una patrulla policial en la madrugada del día anterior. De acuerdo a las versiones recogidas en la prensa indican que el joven Custodio llegó al hospital con golpes, contusiones y hematomas en diferentes partes del cuerpo, que los familiares atribuyen a los golpes que le propinaron agentes policiales en el destacamento municipal.

 

Por otro lado, los medios y redes de comunicación reseñaron el pasado 11 de abril los incidentes que se registraron en el Canódromo El Coco, cuando agentes policiales destacados en ese centro, dedicado a la retención de vehículos de motor, impidieron a la fuerza que el Defensor del Pueblo y su equipo realizaran una inspección, tras recibir denuncias de graves irregularidades y abusos contra ciudadanos.

 

En esos incidentes, además del uso de la fuerza y la obstrucción a la acción de un órgano constitucional sin justificación alguna, el diario Listín Diario denunció que los agentes que intervinieron despojaron a sus reporteros de sus equipos, y procedieron a borrar las informaciones registradas, lo que constituye un gravísimo precedente de violación del derecho al ejercicio del periodismo y la libre expresión del pensamiento.

 

Ambos hechos tienen en común que muestran la necesidad de los planes y propósitos de transformación y profesionalización de la Policia Nacional, como lo planteó claramente el Poder Ejecutivo tras el asesinato de los jóvenes pastores Joel Diaz y Eliza Muñoz en Villa Altagracia el miércoles de semana santa del año pasado.

 

Llamamos la atención a las autoridades correspondientes en el sentido de que después de varias semanas de ocurridos los hechos aún no se ha expedido el certificado del INACIF sobre la autopsia al joven ocoeño y no se han dado a conocer los resultados de la investigación sobre los responsables del borrado de los datos de los equipos del Listín Diario.

 

Igualmente constituye un abuso lo acontecido en el destacamento naco! Esos hechos deben de ser esclarecidos y los responsables sometidos a la justicia! El Ministerio Público debe de jugar su roll, son hechos que trascienden el Orden Público!

 

 

Es urgente que se adopten respuestas contundentes ante estos hechos, como resultado de investigaciones profundas, expeditas y completas, apegadas al debido proceso, para que no empañen los avances logrados en los últimos meses en la reforma policial.

 

 

Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS

 

2 de mayo, 2022

 

 

 

El fortalecimiento del sistema de justicia en República Dominicana es uno de los objetivos más importantes en el proceso de consolidación del régimen democrático. Los poderes públicos han dedicado importantes esfuerzos en los últimos 25 años a sus diferentes procesos relacionados, tanto desde la perspectiva constitucional, normativa, institucional y operativa de cada una de las instancias o agencias que lo componen.

 

En el ámbito del sistema de administración de justicia existe el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), que es uno de los órganos claves para el correcto servicio de justicia en el país. Fue creado por la Ley 454-08 como un órgano técnico independiente encargado de brindar los informes, peritajes y dictámenes que requieran las autoridades judiciales y el Ministerio Público, sin perjuicio de las solicitudes que puedan dirigirle otras agencias e instituciones públicas o privadas y los particulares, de conformidad con la reglamentación interna del organismo.

 

Pese a su importancia y peso en el marco del correcto funcionamiento del sistema de justicia y para asegurar la calidad, eficiencia y efectividad de los procedimientos y decisiones de las instituciones involucradas, en algunas ocasiones los medios de comunicación han realizado críticas a este organismo, planteando sugerencias para una mayor efectividad del servicio que ofrecen al Estado y la sociedad.

 

En esa dirección la Procuradora General de la República, magistrada Miriam German Brito, refirió en su reciente rendición de cuentas al país que, luego de seis años inactivo, el Consejo Directivo del INACIF logró reunirse en 2021 y expresó asimismo que uno de los objetivos más importantes de su gestión en la actualidad es impulsar las acciones correspondientes para que el INACIF pueda cumplir con la normativa legal vigente y se convierta en un órgano técnico independiente del Ministerio Público y al servicio general del Sistema de Justicia, lo que consideró como un reto con más de una década de retraso.

 

Este anuncio nos satisface y planteamos al país el compromiso de FINJUS de apoyar el logro de esta meta del Ministerio Público, con todas las iniciativas y recursos a nuestro alcance.

 

Para comprender la envergadura de este importante reto es preciso señalar que esa institución no requiere de la modificación de su normativa vigente, sino de su correcta aplicación, lo que se arrastra desde hace 12 años.

 

En su artículo 18, la Ley 454-08 del INACIF dispuso que la institución quedara adscrita provisionalmente, por un espacio de dos años, al Ministerio Público, lo que se ha prolongado hasta la actualidad.

 

Entendemos que la superación de las condiciones de adscripción provisional del INACIF al Ministerio Público es muy importante, ya que se relaciona directamente con su estatus legal de “órgano técnico funcionalmente independiente”, y con la obligación de resguardar su esencia imparcial en la prestación de sus informes técnicos, para lo cual es esencial que su Consejo Directivo establezca el reglamento que regule el conjunto de los servicios que se prestan a los operadores del sistema de justicia y demás usuarios.

 

Otro elemento que resulta inoperante hasta tanto sea efectiva la independencia del Instituto Forense, es el del carácter rotatorio del mandato del presidente del Consejo Directivo del INACIF, que de acuerdo a la Ley en el artículo 7 es por un periodo de 1 año, y debe ser ejercido mediante elección entre los miembros del Consejo”. Este mandato no ha sido cumplido hasta la fecha.

 

El Consejo Superior del INACIF está compuesto por el Procurador General de la República Dominicana, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, el Ministro de Salud Pública, el Director de la Oficina Nacional de Defensa Pública, el Presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, el Director General de la Policía Nacional, y el Director del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, quien debe fungir como secretario sin derecho al voto, de conformidad con el artículo 6 de la ley, con funciones muy específicas y determinantes.

 

Es claro que aunque el INACIF actualmente no funge como un órgano independiente, la norma contempla una serie de elementos que si se pusieran en práctica resultarían en una mayor calidad y eficiencia de dicho órgano. En este sentido FINJUS saluda el llamado de la Procuradora General de la República y llama a la sociedad a respaldar esta iniciativa.

 

 

Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo FINJUS

 

19 de abril, 2022

 

Disertación del Dr. Servio Tulio Castaños, Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS

en el panel "El rol del periodismo en el fortalecimiento de la democracia" organizado por el Colegio Dominicano de Periodistas 

 

El domingo 16 de febrero de 2020 se inició un nuevo ciclo político, que tuvo como hitos intermedios el 24 de abril de ese mismo año, con el ascenso al poder municipal de las nuevas autoridades; el 5 de julio, con la celebración de las elecciones presidenciales y congresuales y el 16 de agosto de ese mismo año, con la instalación del nuevo gobierno y las cámaras legislativas renovadas.

 

En esas fechas se puso a prueba la calidad de la democracia dominicana, que atravesó un episodio de turbulencia no solo por la suspensión de las elecciones municipales, sino porque todo ese proceso se demoró en medio de los efectos de la pandemia más devastadora vivida por la humanidad en 100 años, y que para nuestro país significó la entrada en una crisis económica y social que aún no ha sido superada definitivamente.

 

Todos los eventos ocurridos en esos pocos meses tienen un elemento en común: la sociedad tuvo conocimiento de ellos principalmente a través de medios de comunicación no convencionales, específicamente gracias a las redes digitales como YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, Telegram y otros.

 

Y fueron comunicados en medio de una movilización social masiva, que llevaron a las calles a miles de ciudadanos que expresaron con gran libertad y creatividad, su descontento y esperanzas en esas horas inciertas.

Todo lo anterior nos conduce a la reflexión sobre el carácter de nuestro régimen político democrático y sobre la relación que existe con los medios formales e informales de comunicación en el país.

 

Y es precisamente en ese marco donde deben discutirse los principales ejes político-institucionales abiertos el 16 de agosto de 2020: la renovación de los aspectos normativos que siguen retrasados ​​y obstaculizan el desarrollo de nuevas formas de alianza entre el Estado con la sociedad, y la superación de las deficiencias en la regulación de las actividades económicas para que sean verdaderos motores de un desarrollo social inclusivo y equitativo.

 

El segundo eje que sigue pendiente es el replanteamiento de las reformas políticas e institucionales, lo que significa mejorar los mecanismos y controles que garanticen mayor eficiencia y transparencia en el Estado, para superar el estancamiento en la implementación de políticas y programas que desde hace 20 años se aplican con bajas y altas.

 

Y en tercer lugar, el mejoramiento  y la profundización de programas y políticas públicas que hagan realidad los postulados y aspiraciones constitucionales, para estimular y fortalecer el tejido social en medio de las crisis globales que nos afectan y erradicar los efectos de la herencia del viejo modelo caudillista, autoritario y clientelista de hacer política que aún sobrevive.

 

Tres prerrequisitos parecen imprescindibles: el aumento de la participación de la sociedad en cada uno de los aspectos anteriores, el incremento del acceso a la información y la superación de la impunidad mediante un mejoramiento de los órganos del sistema de justicia.

 

Todo lo anterior solo es posible con la voluntad de los actores políticos, coordinados en la acción con dos pilares sociales fundamentales: la prensa independiente y los movimientos y organizaciones sociales en sus diferentes áreas de interés e incidencia.

 

En nuestra democracia continúan observándose los efectos de la debilidad de la cultura institucional que impide la eficiencia de los sistemas de control en el Estado y en los órganos de la administración de justicia, para prevenir, investigar y castigar la corrupción, dentro del debido proceso y respeto de las garantías legales y constitucionales.

 

Nos preocupa la visión que subsiste en algunos estamentos del Estado sobre el rol de la comunicación, concebida como una simple transmisión de acciones puntuales, limitadas a la divulgación en los medios y redes, y muchas veces al servicio de la promoción particular, dejando a la ciudadanía a merced de noticias falsas y campañas de desinformación, sin darles los mecanismos para que en sus organizaciones sociales y comunitarias puedan analizar esas informaciones.

 

El rol de la comunicación, al que quiero agregar los calificativos de profesional e independiente, está ligado a la creación de una nueva cultura ciudadana que fomente el acceso pleno a informaciones claras y precisas sobre todos los actos públicos, para aumentar la capacidad de comprensión, vigilancia e incidencia de la ciudadanía en el control social sobre los diferentes órganos del poder público.

 

Se requiere de medios y redes de comunicación que faciliten a la sociedad las herramientas para vencer la cultura tradicional que limita el acceso ciudadano a los temas públicos, y con ello puedan participar en el diseño de las políticas, planes y programas.

 

Debemos recordar que el control social es una forma de participación que “permite prevenir, racionalizar, proponer, acompañar, sancionar, vigilar y controlar la gestión pública, sus resultados y la prestación de los servicios públicos suministrados por el Estado y los particulares, garantizando la gestión al servicio de la comunidad”, lo que está expresamente establecido en la Constitución, art. 246.

 

Este control también debe ser ejercido por instituciones como el Congreso Nacional, la Cámara de Cuentas y la Contraloría General. Lamentablemente este sistema de control tiene grandes déficits de credibilidad y es un deber de la ciudadanía apoyar su recuperación y fortalecimiento.

 

Para ello se requiere la libertad de acceso a la información pública, que ocupa un rol cada vez más relevante para el desarrollo democrático. El país cuenta con una Ley General de Libre Acceso a la Información Pública desde el año 2004, pero tras 18 años de aplicación encontramos que presenta graves deficiencias para hacer cumplir los derechos que dicha ley establece. Por ejemplo, hace pocos días, la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) informó que tiene registrada en su base de datos la existencia de 861 solicitudes de información en proceso (no cerradas) de las cuales 260, es decir un 30 por ciento, están fuera del plazo establecido en tanto que unas 18 instituciones sacaron bajas calificaciones al ser evaluadas en términos de transparencia. Entre ellas, entidades autónomas como la Cámara de Diputados, el Senado, la Junta Central Electoral, el Poder Judicial y el Tribunal Superior Electoral.

 

Por eso es urgente promover y respaldar las iniciativas del periodismo de investigación comprometido con los derechos fundamentales, con la cultura de transparencia que reclama la sociedad y sobre todo, con la participación social efectiva en los asuntos públicos de hombres y mujeres, que pese a tener cada día más datos y conocimientos en las redes sociales, están cada vez más aislados, desorientados y sometidos a campañas de desinformación.

 

Permítanme ahora dedicar unos minutos al tema del periodismo y la comunicación, en su relación con la democracia, desde una perspectiva general. El tema es fascinante y aunque no soy un profesional en esta área, tengo la obligación de ser portavoz de posiciones institucionales y conducir programas de televisión.

 

En este campo de la comunicación, lo que tengo son preocupaciones.

 

Tengo la impresión de que en muchos países, y el nuestro no es la excepción, la opinión pública se ha convertido en la práctica  en un espacio donde en lugar del debate de ideas y propuestas, predominan las mentiras, las calumnias y otras formas de degradar y humillar la dignidad de cualquier persona que discrepe de sus posiciones.

 

En lugar de argumentar en contra de las ideas de quienes se le oponen, en las redes digitales y en algunos medios tradicionales predomina la descalificación del adversario, basada en ataques directos contra su honor, su familia y su trayectoria personal.

 

Nos preocupa que el internet y las redes sociales,  a las que todo el mundo civilizado percibió como aliados idóneos para democratizar la información, permitir el acceso libre a las fuentes y una vía fácil para editar un periódico, producir un programa de televisión o de radio, se hayan convertido en la autopista por la que circulan la mentira, el insulto y la diatriba.

 

Se ha producido un grave deterioro de la forma de la comunicación y el debate político. Todos los que en un momento determinado vimos con esperanza los aportes de las redes, hoy nos sentimos desalentados.

 

Nos preocupa hondamente que no existan filtros sociales, académicos, institucionales o legales, que puedan advertir del daño que se está produciendo y buscar soluciones adecuadas que no vulneren el derecho a la libertad de expresión y de conciencia.

 

Nos preocupa también que las informaciones falsas, las llamadas fake news, circulan libremente por la internet sin control alguno. Es penoso el hecho, según denuncian algunos medios,  que algunos sectores particulares tengan instaladas verdaderas maquinarias en donde se retuerce la verdad, se fabrican falacias y se cambia la dirección de la opinión pública.

 

Nos preocupa que algunos sectores trabajen contra la democracia y la estabilidad, buscando que se aumente la polarización social, el sectarismo y la desconfianza, sin darse cuenta de que al enrarecer el clima político y fomentar el odio están contribuyendo al desprestigio de nuestro ordenamiento democrático.

 

Pero la mayor de las preocupaciones que percibimos es que esta tendencia se pudiera instalar en los medios de comunicación tradicionales como su orientación dominante, desencadenando un ambiente social nocivo para la convivencia pacífica, el diálogo y la concertación como herramientas sociales importantes.

 

Retomo nuevamente mi papel de abogado, para concluir con algunas orientaciones que me parecen importantes de cara al fortalecimiento de la democracia.

 

Creemos que es responsabilidad de los profesionales de la comunicación, de quienes tienen una posición de representación política o de dirección de los órganos del Estado y de la ciudadanía en general, que no terminemos dominados y atrapados en una cultura de fanatismo, de mentira y de odio.

 

Apreciados amigos y amigas.

 

Vivimos una coyuntura especialmente sensible, que ha puesto la transparencia y la correcta rendición de cuentas como pilares imprescindibles para garantizar el ejercicio de una democracia real, con sistemas de consecuencia y mecanismos de control de efectivo.

 

Es el momento de propiciar una alianza entre el periodismo independiente y profesional y los sectores sociales comprometidos con la democracia, para que se fortalezca la esperanza, la justicia y la dignidad como guías para encauzar el pleno desarrollo personal y de la nación.  

 

 

Servio Tulio Castaños Guzmán

04 de abril de 2022

 

 

 

 

Santo Domingo 24 de marzo de 2022 . El Ministerio de Interior y Policía (MIP) y la Liga Municipal Dominicana (LMD), bajo la coordinación de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), celebraron la Jornada Nacional “Seguridad Ciudadana en los Municipios”, con el objetivo de socializar los resultados y lecciones aprendidas en el proceso de implementación y fortalecimiento de las Mesas Locales de Seguridad, Ciudadanía y Género implementadas en varios municipios del país y en la ejecución de los planes municipales de seguridad ciudadana.

 

El evento fue encabezado por el ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez Martínez; el secretario general de la LMD, Víctor D'Aza; el vicepresidente ejecutivo de FINJUS, Dr. Servio Tulio Castaños y el encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos, Sr. Robert Thomas.

 

Contó con la participación de alcaldes, técnicos de los gobiernos locales, miembros de las mesas locales de seguridad ciudadana, así como representantes de organizaciones de sociedad civil y organismos de cooperación internacional. Durante su desarrollo fue presentada una propuesta de indicadores de seguridad y convivencia pacífica incluidos en el Sistema de Monitoreo de la administración Pública Municipal (SISMAP Municipal), a cargo de la Liga Municipal Dominicana.

 

En su intervención, el ministro de Interior y Policía destacó la importancia del acuerdo porque contribuye a mejorar la seguridad ciudadana en los diferentes puntos del país, ya que las Mesas Locales de Seguridad, Ciudadanía y Género son la plataforma que soportan los aviones que se vienen suprimido en las diferentes demarcaciones. Instó a los alcaldes a estabilizar firmes en la consolidación de las mesas de seguridad, ya que esto ha contribuido a ampliar la base de sustentación para la mejoría de los municipios en materia de seguridad.

 

Recordó que cuando llegó al ministerio solo encontró 10 mesas instaladas y en tiempo record, con el apoyo de los ayuntamientos cubrió los 158 municipios, esfuerzo en el cual elogió el trabajo realizado por los alcaldes.

 

Mientras que, Victor D'Aza sostuvo que la LMD trabaja en la integración en el SISMAP Municipal de un conjunto de indicadores que podrían servir para monitorear la contribución de los gobiernos locales en el desarrollo de políticas públicas y estrategias para enfrentar y reducir la delincuencia y la delincuencia la criminalidad en las distintas demarcaciones.

 

“Bajo esta iniciativa los gobiernos locales contarán con una herramienta que les guiará para desarrollar este tipo de políticas tan cruciales para el bienestar de la gente, al mismo tiempo que las instituciones y la ciudadanía podrán monitorear los avances y aspectos a reforzar en cada territorio para alcanzar una mayor seguridad ciudadana”.

 

Asimismo, el encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos, Robert Thomas, resaltó que el Gobierno de ese país ha apoyado “numerosos esfuerzos comunitarios para prevenir la delincuencia, reforzar las relaciones entre la comunidad y la policía y proporcionar formación y educación profesional a los jóvenes en situación de riesgo”. Además, reconoció la labor del Ministerio de Interior y Policía, la Liga Municipal y los alcaldes y autoridades locales presentes para mejorar la seguridad de los ciudadanos.

 

Durante su intervención el vicepresidente ejecutivo de FINJUS, Servio Tulio Castaños, destacó que con este evento se busca conocer y compartir las lecciones aprendidas en los 11 municipios intervenidos por el MIP con el apoyo del Programa Acción de la Sociedad Civil por la Seguridad y la Justicia que ejecuta FINJUS con el auspicio de USAID, a fin de generar propuestas para ampliar y fortalecer la participación de los gobiernos locales en las estrategias de seguridad y convivencia ciudadana y conocer los esfuerzos que junto a la Liga Municipal Dominicana y el MIP se están desarrollando. Asimismo, el Dr. Castaños agradeció el apoyo a esta iniciativa por parte del Gobierno de los Estados Unidos, vía USAID.

 

En el evento fue suscrito un acuerdo de colaboración interinstitucional entre las instituciones organizadoras a fin de promover iniciativas tendentes a compartir e impulsar reformas, políticas y acciones para mejorar la seguridad ciudadana y la prevención del delito a nivel municipal, mediante líneas y acciones operativas de trabajo que contribuyan a la implementacion de la Estrategia Nacional de Seguridad de Seguridad Ciudadana.

 

Galeria de imagenes:

    

                             

      

 

 

Página 1 de 30

Search

Popular Posts

Videoteca Canal de YouTube

Siguenos en FaceBook

Siguenos en Twitter

Promoviendo el fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática, el Sistema de Justicia y el Estado de Derecho en la República Dominicana.

Estar en contacto

Gustavo Mejia Ricart #104, Torre Piantini Piso 8 Suite 803 , Tel. 809-227-3250, whatsapp 809-227-3259

(809) 227-3250

finjusrd@finjus.org.do

 www.finjus.org.do