Kenia Franco

Kenia Franco

Santo Domingo 16 de septiembre de 2021. La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) celebró en su tercera edición, la Semana del Derecho y los Negocios: Santo Domingo 2021, que reunió a los más connotados expertos nacionales e internacionales en temas de Gobierno Corporativo, Garantías Mobiliarias, Contratación a distancia y Tecnología Aplicada a los Negocios.

 

El evento, el más importante en el ámbito jurídico empresarial realizado en el país sobre el tema, se celebró días 15 y 16 de septiembre en el Hotel Real Intercontinental Santo Domingo y estuvo especialmente dirigido a los miembros de la comunidad jurídica y al sector empresarial (abogados, estudiantes de derecho, magistrados, académicos, etc.) y funcionarios públicos que se relacionan con los ámbitos de regulación y desempeño del sistema financiero y económico.

 

La SDN 2021 es un evento que se realiza cada dos años y que tiene como objetivo abordar los temas más avanzados en materia de derecho y su relación con los negocios. En 2021 trataremos los temas de gobierno corporativo, contratación electrónica o a distancia, garantías sobre muebles y el uso de la tecnología y el derecho (FinTechs, RegTechs, etc.), coordinado por el Lic. Omar Victoria Contreras de la Firma OV. 

 

Algunos de los invitados internacionales que participaron en el evento fueron: Fernando Zunzunegui (España), Fernando Igartúa (España), Ljubica Vodanovic (Perú), María del Pilar Bonilla (Guatemala), Ligia Catherine Arias (Colombia), Mirari Barrena Longarte (España), Claudia Solares (Guatemala), Fanny Solano Agramonte (España) y junto a ellos una serie de connotados especialistas en el Derecho y los Negocios del país como Enmanuel Cedeño, Miriam Stern y Fabiola Herrera, entre otros.

 

La actividad contó con el patrocinio del Senado de la República Dominicana, Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, Banco de Reservas, Banco Popular, Castaños & Asociados, Grupo Punta Cana - Corporación Aeroportuaria Este, Dirección General de Aduanas, Estrella y Tupete, IMCA, INICIA, Jaraba Import, Juristas, Multiquimica, OV y Seguros Universal.                       

 

La operación Falcón representa una nueva prueba para el sistema político democrático de la República Dominicana. Como otros hechos similares ocurridos en los últimos años, muestra las graves falencias de nuestro ordenamiento jurídico e institucional y nos indica cuán profundas son las debilidades que persisten en el país.

 

La sociedad dominicana ha perdido el sentido del asombro ante cada hecho de este tipo. Porque en todos los sectores existe el convencimiento de que la penetración del crimen organizado en los estamentos del poder es muy superior a lo percibido y que se quedan cortas las enjundiosas fórmulas de los organismos internacionales para calcular el daño que esos fenómenos producen en nuestra economía y estructura social.

 

De la indignación social ante cada escándalo, hemos pasado a la curiosidad por conocer la nueva lista de los implicados en los amplios negocios que manejaban bajo el manto de la tolerancia y la indiferencia de las autoridades. Del asombro ante el conocimiento de la profundidad del daño que se ha infringido al tejido social, los medios de comunicación y las redes se concentran lamentablemente en la creencia de que estamos cerca del colapso.

 

Para FINJUS la operación Falcón ratifica que el Estado dominicano, en sus principales instituciones, necesita una reingeniería moral y legal profunda, que debe iniciar con el fortalecimiento de las bases del sistema de consecuencias contra quienes defraudan la confianza de las comunidades ante las cuales se comprometieron a cumplir y hacer cumplir las leyes.

 

Una magnífica oportunidad en ese camino es la revisión del Código Penal para que incluya la responsabilidad penal de los partidos y agrupaciones políticas como personas jurídicas. En hora de que los partidos políticos rindan cuentan a la sociedad sobre su compromiso de escoger las personas adecuadas para ser candidatos a puestos de elección y dirección del Estado bajo el juramento de comprometerse con la erradicación de la corrupción, el tráfico de influencias y el imperio de la ley en el país.

 

La operación Falcón nos muestra asimismo lo peligroso que es la infiltración del crimen organizado en las estructuras de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, y la necesidad de que se refuercen los controles para detectar a tiempo, impedir el acceso y castigar a quienes pretenden convertir al Estado en una estructura de apoyo a sus propósitos antinacionales.

 

En medio de este panorama desolador surgen, sin embargo, algunas luces de esperanza. Saludamos la acción consistente del Ministerio Público en el enfrentamiento de casos como el que nos ocupa, la coordinación producida entre diferentes agencias gubernamentales para dirigir su acción de manera eficaz y el apoyo social que se ha generado a esta nueva manifestación de compromiso y responsabilidad en la lucha contra este grave mal social.

 

La lección más importante que esta Operación Falcón nos deja es que no deben dilatarse las iniciativas que conduzcan a reducir y limitar la presencia de los recursos del crimen organizado o sus representantes en la política dominicana y las instituciones democráticas. Estos lamentables hechos nos convencen que la adopción de nuevas leyes, como la de extinción de dominio, o modificar las existentes, como el Código Penal, no son meros ejercicios retóricos sino herramientas para la creación de una cultura de transparencia que mejore la calidad de la democracia.

 

Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS

 

12 de septiembre, 2021

El Dr. Servio Tulio Castaños Guzmán, Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS, hizo la entrega durante la visita que realizó el presidente del TSE y la magistrada Rosa Fior Pérez a la FINJUS.

El proyecto de ley sobre las observaciones a la ley vigente fue elaborado por FINJUS y el TSE se comprometió a analizarlas. Dicho encuentro es parte de un preámbulo a la firma de un acuerdo de intención entre ambas instituciones.

 

 

Durante su visita, el Sr. Magdic estuvo acompañado del Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS  Dr. Servio Tulio Castaños y el Sr. Rafael Izquierdo en representación del Consejo de Directores; participaron además, Jason Grullón, Civil Society and Governance Specialist, Youth, Education and Security Office de USAID y Greici Romero del Senado de la República.

La visita del consultor Marko Magdic, se fundamenta en el  tema del Anteproyecto de  Ley de Extinción de Dominio en la República Dominicana.

24 de agosto de 2021

Ponente: Dr. Servio Tulio Castaños G

Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS

 

Transparencia en el Sistema de Compras y Contrataciones Públicas: Bullets

 

 

  1. Un balance de la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones muestra que tras quince años de aplicación ha resultado incapaz, ineficaz e ineficiente para regular, dirigir y servir de marco a la acción del Estado para el uso óptimo y la transparencia en el uso de los recursos públicos para el logro de los objetivos de la Administración Central y de los poderes públicos en general.

 

  1. Hemos manifestado nuestro apoyo a las intenciones del actual gobierno de producir cambios profundos y significativos en la Ley 340-06, basados en la necesidad de hacer más transparentes, eficientes y sostenibles las decisiones que se adoptan en estas materias y especialmente enfrentar con responsabilidad la cultura de opacidad que ha caracterizado la gestión del Estado desde hace décadas.

 

  1. 3) Hemos criticado desde todos los ángulos la persistencia del irrespeto a la legalidad, donde se anteponen prácticas inmediatistas que no responden al ordenamiento jurídico dominicano. Asimismo, resulta evidente que la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones ha sido uno de los cimientos principales del modelo clientelista que ha imperado en el sistema político dominicano y ha permitido la aparición de múltiples distorsiones e inconsecuencias que se han mantenido a lo largo de la última década, reforzado por la crisis del sistema de justicia y la impunidad que de ella se ha derivado.

 

  1. Esta realidad choca frontalmente con la necesidad de erigir una nueva ética pública que descanse en los valores éticos y sociales de la sociedad y que debe ser asumida y adoptada por los funcionarios y la administración pública como propia y que están destinadas a la creación del bien común. De ello se deriva que los cambios que logren introducirse en la norma de compra y contrataciones y en este sistema de manera general, constituyen un tema de primer orden para el desarrollo social, político y económico en el país, el cual deberá seguir fortaleciéndose mediante las buenas prácticas mostradas por las instituciones que componen el Estado dominicano.

 

  1. En este marco se inscribe el esfuerzo de la Dirección General de Compras y Contrataciones de reforzar los principios y procedimientos de la Ley actual y abrir un escenario de discusión amplia e incluyente sobre las propuestas que se han producido, que culmine en una norma acorde con los postulados constitucionales y las mejores prácticas en esta materia.

 

  1. Algunos de los puntos esenciales que deberían ser tomados en consideración para la reforma de la norma de compra y contrataciones incluyen, desde nuestros puntos de vista, los siguientes:

 

  1. Valoramos la ampliación y precisión en las definiciones de los principios, contenidos en el anteproyecto de la Dirección General aunque observamos que el principio de “transparencia y publicidad” podría convertirse en dos principios separados, lo que con seguridad se traduciría en menores confusiones y usos desvirtuados de lo que implican ambos conceptos de manera individual; y permitiría enfatizar la ampliación de lo que implica la transparencia en un Estado social y democrático de derecho.

 

  1. Del análisis detallado de la Propuesta presentada de nueva normativa, valoramos que a partir del Título II, se establece a qué se sujetan las contrataciones y se incluye la generación de un expediente administrativo ante cualquier procedimiento de contratación que se inicie, partiendo de los supuestos incluidos en la Ley No. 107-13 sobre derechos de las personas en su relación con la Administración y procedimiento administrativo.

 

  1. Consideramos que lo anterior permitirá un seguimiento más preciso de la contratación pública y de paso fortalecerá, en gran medida, el sistema de control y la transparencia de los procesos.

 

  1. Resulta favorable que el anteproyecto reitera la necesidad de transparentar los procesos e instituye –además del control interno y externo del Estado– mecanismos de control institucional ejercidos por la Dirección General de Contrataciones Públicas y mecanismos de control social ejercidos por ciudadanía organizada en mesas de fiscalización ciudadana.

 

  1. Este es un aspecto muy innovador que ha sido incluido en el marco normativo objeto de nuestro análisis. Además de las potestades que incluye el artículo 153, se establecen los programas de cumplimiento regulatorio, conforme lo indican las mejores prácticas anti-corrupción de la época moderna.

 

  1. Si bien resultaría un progreso notable, observamos que los componentes de dichos programas no pueden dejarse a la merced de la reglamentación complementaria sino que deben ser incluidos en el anteproyecto.

 

  1. Uno de los aspectos más importantes que debe tomarse en cuenta al valorar las reformas a la Ley de compras y contrataciones lo constituye la propuesta de control social, que podría ejercerse a través de las mesas de fiscalización ciudadana. Esta iniciativa deviene en un paradigma en materia de transparencia que estamos conscientes que provocará una cierta resistencia por parte de las prácticas tradicionales de toma de decisiones en el marco de los estamentos públicos.

 

  1. Sin embargo, consideramos de gran valor esta iniciativa para propiciar la democratización de los procesos y confiamos en que este aspecto podrá servir para prevenir prácticas corruptas e inobservancias a la propia norma.

 

  1. Queda claro que la transparencia y la erradicación de la influencia negativa de la clase política en el sistema de compras públicas generará en lo inmediato en importantes mejoras económicas, al mismo tiempo que una reorientación del gasto hacia cuestiones esenciales dentro de la gestión de la cosa pública. 

 

  1. Confiamos en que la inserción de toda la sociedad en los cambios que urgen al sistema de contrataciones públicas se traducirá en resultados favorables en muchos otros ámbitos del Estado social y democrático de derecho.

 

  1. La reforma al sistema de contrataciones públicas es un reclamo ciudadano que merece ser atendido y somos de opinión que la Propuesta de la Dirección General de Compras y Contrataciones sienta las bases para institucionalizar los cambios urgentes en materia de transparencia y calidad democrática que requiere el país.

 

 

Servio Tulio Castaños G.

Vicepresidente Ejecutivo FINJUS

18 de agosto 2021

 

 

Las dos instituciones se comprometen a mejorar el modelo de gestión y gobernabilidad para hacer más eficiente la asistencia al ciudadano.

 


Santo Domingo, 28 de julio de 2021.- La Defensoría del Pueblo y la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) trabajarán en el fortalecimiento de la entidad creada para garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Dicho acuerdo se enmarca dentro del compromiso del Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, de hacerla una institución más fuerte, más creíble y que pueda cubrir la demanda de servicios de la ciudadanía.

“Desde que fuimos escogidos como Defensor del Pueblo, nos propusimos hacer una institución que sea vista y reconocida como la que garantiza la ejecución de las políticas públicas en beneficio de los ciudadanos”, afirmó Ulloa tras la firma del pacto con FINJUS.

En este acuerdo se establece una mesa técnica para definir un modelo de gestión en la secretaría general, asistencia para la creación de un observatorio de gobernanza, desarrollo de actividades formativas, así como la integración del Defensor del Pueblo a los procesos de reformas que se realizan en el país.

De su lado, Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de FINJUS, se refirió a la permanente disposición de esa entidad de la sociedad civil para contribuir con el fortalecimiento de la institucionalidad.

“La Fundación siempre ha estado presta a colaborar en todo lo que sea para mejorar las instituciones del país, y más en ésta que tiene el objetivo de velar por garantizar los derechos humanos”, sentenció Castaños Guzmán.

En lo adelante, comisiones de trabajo de ambas instituciones se encargarán de elaborar un cronograma de acciones para poner en marcha lo acordado.

 

 

 

                                                   

El reciente documento del Departamento de Estado de los Estados Unidos titulado "Declaraciones sobre el clima de inversión 2021: República Dominicana" ha provocado algunas reacciones que reflejan la preocupación que existe en el país sobre la seguridad jurídica y la fortaleza de las instituciones democráticas.

 

En lo que concierne a la seguridad jurídica y su relación directa con el clima de inversiones que predomina en el país, los temas que aborda el Informe son de vital importancia en la actualidad y algunos de los elementos más destacados se refieren a aspectos generales de funcionamiento de los poderes públicos y su impacto en el mundo de los negocios, especialmente de aquellos vinculados con la inversión extranjera directa.

 

De este Informe, en FINJUS prestamos mucha atención a los señalamientos sobre prácticas indeseadas o ilegales que desembocan directa o indirectamente en casos típicos de corrupción en el país, o que se vinculan con la mala gestión institucional o las distorsiones en procedimientos diversos en áreas ligadas con operaciones comerciales o la permisología.

 

Pero nos enfocamos de manera particular en sus cuestionamientos a la debilidad del sistema jurídico, que conserva vigentes leyes inadecuadas en el mundo globalizado en que vivimos o que no se corresponden con requerimientos comunes a nivel internacional. Asimismo el Informe señala las debilidades por la falta de reglamentos idóneos o en la percepción del público de que la toma de decisiones judiciales y administrativas es inconsistente, opaca y tardía en la mayoría de los casos.

 

El Informe ciertamente reconoce que se han producido algunas reformas que apuntan en la dirección de resolver las deficiencias estructurales que padece la institucionalidad democrática y se observan mejoras en la informatización de los procesos judiciales, pero con un débil efecto en la duración de los mismos y en el acceso de calidad al sistema de justicia, especialmente de los sectores vulnerables.

 

Para FINJUS el Informe es un nuevo acercamiento a aspectos críticos de la vida democrática dominicana, trascendiendo el análisis concentrado en las garantías y los derechos humanos, al pasar revista a los aspectos más relevantes de las inversiones, los negocios, del desarrollo económico y social, la seguridad ciudadana y el florecimiento de una cultura de transparencia que confronte la altamente percibida impunidad y la corrupción en la sociedad dominicana.

 

Aunque tenemos pendiente una valoración más exhaustiva de su contenido, el Informe representa una nueva oportunidad que se abre al Estado y la sociedad dominicana, urgidos de cambios y transformaciones trascendentales en la vida institucional y el logro de los principales indicadores internacionales con los que nos hemos comprometidos internacionalmente.

 

FIN JUS reitera su compromiso con la elaboración de nuevas leyes que como la Ley General de Compras y Contrataciones públicas, de Extinción de dominio, Código Penal, Policía y similares, que vendrán a mejorar no sólo la percepción ciudadana sobre estos temas claves, sino que contribuirán a incrementar el interés de los inversionistas locales y extranjeros, para apoyar la recuperación post-pandémica y calidad de vida del pueblo dominicano.

 

 Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo FINJUS

 27 de julio, 2021

Para ver el reporte completo y original ir a: https://www.state.gov/reports/2021-investment-climate-statements/dominican-republic/

En la conferencia titulada “Magistrado presidente Manuel Bergés Chupani: la integridad de una vida al servicio de la justicia”, el presidente del Tribunal Constitucional, Dr. Milton Ray Guevara,  resaltó la obra y trayectoria profesional de Don Manuel Bergés Chupani, fallecido en el 2020 a los 101 años.  

Por CDN a las 11:00 am, 

25 de junio de 2021.-Fue firmada en San Francisco de Macorís la "carta de compromiso", que promueve el Plan Municipal para la convivencia ciudadana segura, con el interés de hacer disminuir en la sociedad dominicana, la incidencia del delito y la violencia , en sus distintas manifestaciones.

                                                                                                                      

El homicidio de un interno en el recinto penitenciario que funciona al interior de la Fortaleza Duarte en San Francisco de Macorís el pasado domingo, ha mostrado nuevamente a la sociedad dominicana el grado de deterioro del sistema penitenciario y la necesidad urgente de que el Estado coordine acciones positivas, enérgicas y sostenibles para remediar lo que se ha convertido en una lacra dentro del sistema democrático dominicano.

 

El interno fue acribillado a balazos disparados por otros presos, en el momento en que escenificaban un motín pidiendo ser trasladados a otras prisiones. El mismo cumplía una condena de 30 años de reclusión en una prisión del sistema tradicional que, aunque funciona bajo el control de la Dirección General de Prisiones y de la Procuraduría General de la República, está ubicada al interior de una fortaleza militar que pertenece al Sexto Batallón del Ejército dominicano.

 

Ha sorprendido a la sociedad dominicana que en ese recinto circularan armas de fuego, cuchillos, dispositivos electrónicos y celulares, al tiempo que negocios diversos fueron permitidos, incluidos prestamistas, aparatos de juegos de azar y otras actividades al margen de la ley. Es un hecho conocido que los recintos penitenciarios del modelo tradicional se han convertido en centros desde los que se realizan diferentes delitos, que van desde la clonación de tarjetas de crédito, hasta modalidades de extorsión y manejo de bandas criminales al exterior de dichos centros.

 

En un informe reciente de mayo pasado la Dirección General de Prisiones informó que en el sistema penitenciario existen 26,656 internos, de los cuales 15,285 son presos preventivos (57 por ciento), y 11,374 están condenados, lo que representa el 43 por ciento de la población total.

 

En los establecimientos carcelarios tradicionales, que son 19 en total y que son administrados por la Dirección General de Prisiones, cumplen condena y medidas de coerción 17.263. Mientras que en los 24 centros de corrección y rehabilitación del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria están internados 9,911 personas.

 

Durante décadas las cárceles dominicanas han acumulado un deterioro que se vincula con la indiferencia del Estado ante esta población, la falta de recursos que sufren las instituciones encargadas y la incoordinación de programas y políticas públicas diseñadas y orientadas con sentido profesional y humano, entre otros factores . El incumplimiento de la autonomía presupuestaria del Ministerio Público incide de manera negativa en los centros penitrios y cárceles, que han sido dejados a su suerte, constituyéndose en una de las fuentes más importantes de enriquecimiento de estructuras mafiosas, con la complicidad de algunas autoridades, de acuerdo a los testimonios que aparecen en la prensa y las redes sociales.

 

Para la ciudadanía el homicidio del preso en la Cárcel de San Francisco de Macorís es la reedición del fracaso de los intentos que se han realizado para “humanizar y modernizar” los centros penitenciarios y correccionales en el país, abandonados por el Estado a formas abyectas de corrupción, violencia y crimen que degradan la calidad del régimen democrático y de la condición humana en el país.

 

Aunque reconocemos que el nuevo modelo penitenciario representa un respiro de la gravísima situación del tratamiento penitenciario por las experiencias positivas que se han acumulado algunos desde años, FINJUS exhorta a que desde el Poder Ejecutivo, en coordinación con los demás poderes públicos, se coordinen acciones urgentes que eviten que el país siga siendo considerado en la comunidad internacional como una sociedad donde convive un pueblo con los mejores valores y las formas más agudas de la degradación humana.

 

 

Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo FINJUS

 

22 de junio de 2021

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