Kenia Franco

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La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS) saluda  la designación del Lic. Pablo Ulloa como Defensor del Pueblo para el período 2021-2027.

 

La designación fue realizada por el Senado de la República, apegado al procedimiento constitucional, mediante una mayoría calificada de 21 senadores de su matrícula.

 

El Defensor del Pueblo debe contribuir a salvaguardar los derechos fundamentales de las personas y los intereses colectivos y difusos establecidos en la Constitución y las leyes, en caso de que sean violados por funcionarios u órganos del Estado, por prestadores de servicios públicos o particulares que afecten intereses colectivos y difusos.

 

Para garantizar estos derechos, FINJUS considera que el Lic. Pablo Ulloa reúne el perfil de idoneidad y las capacidades requeridas para el logro de sus objetivos, tal como lo reconoció la comisión evaluadora de los candidatos a esa función.

 

Tenemos la esperanza de que en base a sus dotes personales, talento y formación académica, el Lic. Ulloa y su equipo conducirán a la Defensoría del Pueblo a cumplir a plenitud el rol que la Constitución le asigna, y desde ya FINJUS se pone a la disposición de su gestión para apoyar el relanzamiento de esta importante institucional de nuestro ordenamiento jurídico.

 

 

 

Dr. Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo FINJUS.

 

10 de junio, 2021

 

 

Con relación a la discusión que se ha suscitado en los medios de comunicación y en la comunidad jurídica sobre las estrategias para la lucha contra la pandemia por COVID-19, la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS) considera pertinente expresar que no ha fijado posición alguna acerca de la constitucionalidad de la obligatoriedad del proceso de vacunación.

 

La alta relevancia de esta cuestión, en el marco de la estrategia nacional para combatir la pandemia y recuperar la sociedad y la economía de los graves efectos que ha causado, merece el mayor cuidado y ponderación de todos los que intervienen en su análisis.

 

En ese sentido FINJUS reconoce que actualmente existe un conflicto entre derechos fundamentales contrapuestos alrededor del acto de la vacunación, y nuestras declaraciones se han dirigido a resaltar la importancia de que se anteponga y prime el derecho al bienestar colectivo sobre los intereses particulares en esta materia, reconociendo los derechos individuales existentes.

 

FINJUS es consciente de que toda ponderación sobre los aspectos constitucionales y legales de esta controversia requiere el respeto a los esfuerzos que desde el Estado y la sociedad se realizan para prestar una asistencia oportuna, completa y eficiente, en todos los órdenes y especialmente en los aspectos sanitarios.

 

 

Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS

 

7 de junio, 2021.

 El Poder Ejecutivo ha emitido el decreto 361-21 que refuerza y actualiza las condiciones que deben cumplir los miembros de las Fuerzas Armadas, para ser considerados como candidatos a ostentar posiciones de directores o subdirectores en los organismos militares o de inteligencia, así como cualquier otra responsabilidad de similar jerarquía en el seno de los organismos castrenses.

 

Como es conocido, la capacidad de presentación de los candidatos para ocupar dichas posiciones recae en los comandantes generales de las Fuerzas Armadas, así como de todas las dependencias militares y de inteligencia del Estado, y dichas solicitudes deben dirigirse al Ministro de Defensa para su tramitación correspondiente.

 

Para tal fin el Poder Ejecutivo ordenó la modificación de los artículos 2, 3 y 4 del decreto 261-16 que, en síntesis, elevan los requisitos exigibles en los criterios de selección en las áreas de antigüedad en el servicio y formación militar y académica.

 

La medida dispuesta por el Poder Ejecutivo es coherente y cónsona con el interés y la voluntad expresada en los últimos tiempos para reforzar las condiciones de idoneidad, profesionalización, eficiencia y transparencia en los puestos ejecutivos superiores de los estamentos militares y policiales.

 

FINJUS valora positivamente este paso del Poder Ejecutivo en la dirección de la profesionalización y modernización de las estructuras e instituciones  democráticas, de tal forma que en un proceso se ajusten las estructuras, normativas y procedimientos que les rigen, a los criterios constitucionales que sirven de marco al Estado Democrático y Social de Derecho.

 

Unos de los ejes trasversales más importantes de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana, No. 139-13, está representada en el aspecto profesional de la carrera militar y del ejercicio de estos organismos en cada una de las delicadas tareas que la Constitución y las leyes le ordenan.

 

La consolidación de la cultura de profesionalización, trasparencia e integridad en los organismos castrenses, policiales y de seguridad es uno de los requisitos más importantes en el fortalecimiento de la sociedad dominicana, de cara a la vigencia de la cultura democrática y el fomento de relaciones de confianza entre el Estado, las instituciones sociales y la ciudadanía en sentido general.

 

 

 

Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS

 

6 de junio de 2021

En el encuentro se socializaron algunos aspectos importantes sobre el tema e intercambiaron ideas sobre las propuestas que se han presentado en el Senado.

Participaron en la reunión, Servio Tulio Castaños, Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS; Antonio Taveras, Presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República; Ricardo Rojas León, Experto en el tema; Edgar García, Asesor.

26 de mayo de 2021

 

 

 

 

 

 

 

La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS) valora muy positivamente el proceso transparente y participativo que ha asumido la Dirección General de Contrataciones Públicas, de cara al conocimiento y discusión del anteproyecto de reforma a la legislación vigente. Desde hace varios años, hemos promovido la necesidad de que el país se abocara a un gran diálogo nacional de cara a una reforma de esta naturaleza.

 

Como hemos expuesto previamente, un balance de la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones muestra que tras quince años de aplicación ha resultado incapaz, ineficaz e ineficiente para regular, dirigir y servir de marco a la acción del Estado para el uso óptimo y la transparencia en el uso de los recursos públicos para el logro de los objetivos de la Administración Central. 

 

Asimismo, resulta evidente que la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones ha sido uno de los cimientos principales del modelo clientelista que ha imperado en el sistema político dominicano y ha permitido la aparición de múltiples distorsiones e inconsecuencias que se han mantenido a lo largo de la última década, reforzado por la crisis del sistema de justicia y la impunidad que de ella se ha derivado.

 

Por tanto, la reforma actual amerita un análisis preciso que permita fortalecer integralmente el sistema de compras y que, a su vez, resignifique el arduo esfuerzo que se ha realizado desde la Dirección General de Contrataciones Públicas. Desde FINJUS confiamos en que toda la ciudadanía debe estar atenta en este proceso y sabemos que, a través del presente documento, estableceremos nuestra posición en torno a diversos temas puntuales del anteproyecto que permitirán fortalecer la seguridad jurídica y el clima de inversión en el país.

 

Descargar:        Reflexiones anteproyecto DGCP. STC

                       Carta Dirección de Etica gubernamental

                       Carta DGCC

                       Anteproyecto-de-Ley-de-contrataciones-públicas

 

La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) presentó nuevas observaciones al proyecto de Código Penal que modifica la Cámara de Diputados, y sugiere que sean sometidas a una revisión integral las penas propuestas para la prisión y las multas de más de ocho tipos penales, decidir el error que existe con la eximente del aborto y precisar lo relativo a los artículos que regulan la bancarrota fraudulenta.

Los reparos que presentaron el vicepresidente ejecutivo de Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán, están contenidos en una comunicación dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, y al presidente de la Comisión de Justicia que estudia el proyecto, Alexis Jiménez, en la que sugiere que la revisión integral de las penas propuestas sea los tipos penales de exhibicionismo sexual, discriminación, acoso sexual, amenaza, abandono agravado, difamación, chantaje o extorsión acompañada de muerte, corrupción, entre otros.

Considera que estas infracciones requieren una adecuación equilibrada. “Es preciso destacar que se incurre en múltiples ocasiones en establecer la escala de multa de siete a nueve salarios mínimos, siendo lo correcto de siete a quince salarios mínimos, de conformidad con la escala de penas que se indica en la parte introductoria del proyecto de Código ”.
Recomienda eliminar el tipo penal de "proxenetismo reincidente", debido a que la reincidencia no es un tipo penal.

En el caso del peleado tema del aborto, establecido en el artículo 112 del proyecto, alerta que es un error grave establecer una eximente contra el aborto y considerarla al mismo tiempo una causa de justificación, en este caso el estado de necesidad. “No se puede configurar dos institutos diferentes al mismo tiempo.

Si el texto mantiene la parte in fine entonces no es una eximente y estamos diciendo que la conducta es típica ”, dice. Las recomendaciones de Finjus se utilizan en una nueva oportunidad para profundizar, consensuar y aprobar el Código Penal, que volvió a vista pública el pasado viernes, luego de estar aprobado en primera lectura.

 Descargar:  Carta depositada en la Cámara de Diputados

                   Tabla-Código Primera Lectura final 10-5-2021 

Fuente: HOY

El Grupo de Trabajo para la Transformación y Profesionalización de la Policía Nacional, el Ministerio de Interior y Policía y la Policía Nacional celebraron un taller de inducción para la profesionalización y transformación integral de la PN, los días viernes 14 y sábado 15 de mayo pasados. El evento fue encabezado por Jesús Vásquez, Ministro de Interior y Policía, alcalde general Edward Ramón Sánchez González, Director General de la PN y el Dr. Servio Tulio Castaños, Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), en su calidad de coordinador del Grupo de Trabajo creado por el Poder Ejecutivo.

 

A lo largo de las amplias sesiones de trabajo se abordaron diferentes aspectos e informaciones de interés sobre la situación actual del órgano policial, especialmente el contenido en detalle de los reglamentos que se encuentran elaborados a la fecha y que son ordenados por mandato de la ley 590 -16 orgánica de la Policía Nacional.

 

En el referido taller, la institución policial fue presentado el equipo que conforma el “Centro de Transformación Integral Policial (CETIPOL)”, que está integrado por un representante de cada una de las estructuras o instancias organizativas de la Policía, que tendrá a su cargo acompañar al Grupo de Trabajo en las iniciativas que emprenda en base al Decreto 211-21.

 

 

 

 

La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS)  expresa su  alta preocupación ante el llamado del Colegio Médico Dominicano (CMD) y el Consejo de las Sociedades Médicas Especializadas (CSME) de paralizar los servicios de salud que prestan a los afiliados de una reconocida ARS del país, y que pretenden hacer efectivo desde el lunes 10 al domingo 16 de mayo próximo, en todo el territorio nacional.

 

Para FINJUS, la referida medida pone en entredicho La Constitución de la República Dominicana que consagra en su artículo 61 que “toda persona tiene derecho a la salud integral” y ordena al Estado velar por la protección de la salud de todos los habitantes. En este mismo sentido diferentes leyes protegen este derecho, a fin de garantizar el acceso pleno de la población a los servicios sanitarios, al tiempo que norman el ejercicio de las profesiones del área de la salud.

 

Dentro de esa normativa se destacan la Ley Núm. 42-01, Ley General de Salud; la Ley Núm. 87-01, del Sistema Dominicano de Seguridad Social; al igual que los reglamentos, resoluciones, normas y circulares emitidos por los órganos que conforman el Sistema Dominicano de la Seguridad Social. Estas leyes ordenan a las ARS, garantizar que la gestión de la salud sea eficiente, oportuna, satisfactoria y de calidad, mediante la correcta administración y supervisión de la red de Prestadoras de Servicios de Salud, coordinadas por a la Superintendencia de Salud, en base al artículo 172 de la Ley 87-01.

 

La Ley 87-01 ha establecido asimismo un conjunto de principios rectores y mecanismos que buscan garantizar que las diferencias que puedan generarse entre los distintos actores sean dirimidos en el CNSS y Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, para que la resolución de dichos conflictos se haga de manera eficiente y evitando que en esos procesos no resulten afectados los afiliados.

 

Para FINJUS el conflicto que se ha generado tiene que ser resuelto en el marco de los principios, procedimientos y mecanismos que establece la normativa del sector salud, sin poner en riesgo la calidad, el alcance y  la naturaleza de los servicios que se prestan a la población.

 

El llamado a paro que han planteado el CMD y la CSME se realiza en el marco de los graves efectos de la pandemia por COVID-19 que afecta al país y contra pone con los esfuerzos e iniciativas en marcha desde el Estado y la sociedad para alcanzar una pronta recuperación de la crisis sanitaria y económica presente.

 

FINJUS reitera el llamado a la sensatez y la cordura para realizar los diálogos que sean necesarios en busca de una soluciones racionales y factibles, y exhorta a las asociaciones médicas convocantes a dejar sin efecto el paro anunciado, que constituye una acción inadecuada, inoportuna y carente de sentido legal.

 

 

Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS

 

9 de mayo, 2021

 

La figura del referéndum en República Dominicana está configurada como un mecanismo de participación directa de la ciudadanía mediante el cual se somete, a decisión popular, asuntos que comporten trascendencia nacional. Se trata de una institución jurídica que evoca la transición de una democracia representativa hacia una participativa en el marco de la consecución de un Estado social y democrático de derecho.

 

En efecto, la Constitución, en el numeral 2 del artículo 22, establece como derecho de todo ciudadano “decidir sobre los asuntos que se les propongan mediante referendo”; lo cual permite a los electores la oportunidad de pronunciarse sobre cuestiones que, ordinariamente, son determinadas por los poderes públicos constituidos.

 

La doctrina se inclina a considerarlo como un acto decisorio autónomo que, al sumarse al de los representantes, da origen a la disposición legal y/o actuación administrativa, “(…) la cual solo adquiere calidez cuando ha sido sometida a la votación popular y aprobada por ella. Los representantes forman la ley, pero ad referéndum, es decir, a reserva de lo que el cuerpo electoral resuelva, constituyéndose el voto popular en condición suspensiva a que se somete la validez y eficacia de la ley.”

 

El artículo 210 del texto constitucional, que refiere a este instituto, indica que:

 

Artículo 210.- Referendos. Las consultas populares mediante referendo estarán reguladas por una ley que determinará todo lo relativo a su celebración, con arreglo a las siguientes condiciones:

1) No podrán tratar sobre aprobación ni revocación de mandato de ninguna autoridad electa o designada;

2) Requerirán de previa aprobación congresual con el voto de las dos terceras partes de los presentes en cada cámara.”

 

Sobre ello conviene deslindar el alcance, a partir de los tipos de referendo, esto es referendo consultivo y referendo aprobatorio; al respecto la Constitución dispone que:

 

“Artículo 272.- Referendo aprobatorio. Cuando la reforma verse sobre derechos, garantías fundamentales y deberes, el ordenamiento territorial y municipal, el régimen de nacionalidad, ciudadanía y extranjería, el régimen de la moneda, y sobre los procedimientos de reforma instituidos en esta Constitución, requerirá de la ratificación de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas con derecho electoral, en referendo aprobatorio convocado al efecto por la Junta Central Electoral, una vez votada y aprobada por la Asamblea Nacional Revisora.”

 

En torno a la posición que sugiere someter a referendo una eventual modificación al artículo 37 de la Constitución, es necesario tomar en consideración que el referendo aprobatorio es el mecanismo que permite a los ciudadanos decidir si entran o no en vigencia modificaciones constitucionales sobre materias de alta trascendencia para la vida nacional.

 

Por tanto, debemos ser cuidadosos antes de promover este mecanismo, ponderando las repercusiones jurídicas, políticas y sociales que implicaría el uso de esta herramienta, la cual debe ser vista como otro instrumento de la democracia, sin carácter de obligatoriedad absoluta para las reformas constitucionales, tal como se ha planteado desde la visión doctrinaria norteamericana.

 

Actualmente cursa en el Congreso Nacional un proyecto de ley que regula el procedimiento del referendo, la cual iniciativa tiene por objeto garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de participación ciudadana mediante el mecanismo de que se trata. Es preciso indicar que la Constitución dominicana establece, además del referendo aprobatorio, que aplica en caso de reforma constitucional, el referendo local y el referendo de tipo consultivo.

 

Debe saberse que la utilización del referendo aprobatorio no puede convertirse en válvula de escape de las obligaciones que compete a los poderes públicos cuando medien temas de intensa polarización; desvirtuando así el uso y naturaleza de uno de los instrumentos más interesantes de la democracia moderna como lo es el referendo. El Congreso es, por sus características y tradición, el lugar en donde se debe realizar los debates de temas sensibles; ello sin perjuicio de incorporar mecanismos que faciliten la participación ciudadana. En efecto, sobre este particular la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica apuntó que “Es menester agregar que los derechos de las minorías, por su carácter irrenunciable, constituyen un asunto eminentemente técnico-jurídico, que debe estar en manos del legislador ordinario y no de las mayorías proclives a su negación[1]

 

Desde FINJUS entendemos conviene, en momentos donde se considera la viabilidad de celebración de un referendo, posterior a la aprobación de una ley al efecto que lo regule, ponderar de manera integral la utilización de este instrumento de participación directa, de manera que no sea una herramienta en la cual se escude la actuación del legislador ordinario de cara a la atribución de creación y elaboración normativa.

 

Servio Tulio Castaños G

Vicepresidente ejecutivo FINJUS

4 de mayo 2021

  

 

[1] Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica, Sentencia No 2010013313 de 10 de agosto de 2010, Expediente 10-008331-0007-CO, Considerando VI.

La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS) eligió a los nuevos integrantes de su Consejo de Directores para el período 2021-2023, en el marco de la Asamblea General Anual del 2021.

 

El Consejo de Directores es el órgano de dirección encargado de ejecutar todos los actos y operaciones de FINJUS en sus programas y proyectos, así como en la gestión administrativa y de relacionamiento institucional.

 

El Presidente del Consejo de Directores 2021-2023 será el Lic. Rafael A. Del Toro Gómez, quien estuvo acompañado de Elena Viyella de Paliza, Primer Vicepresidente; Rafael Ernesto Izquierdo, Segundo Vicepresidente; Anyarlene Bergés, Secretaría; Yudith Castillo, Vicesecretaria; Gustavo Ariza, Tesorero y Julio Llibre, Vicetesorero.

 

Asimismo, fueron electos como directores los señores Carlos Guillermo León, Omar Victoria, Guillermo Estrella, Práxedes J. Castillo, Celso Marranzini Pérez, Robinson Peña, Rafael Blanco Canto, Leonardo Matos y Andrés Emilio Bobadilla Bermúdez.

 

También forman parte del Consejo de Directores los señores Marino Ginebra, en su condición de Pasado Presidente y Servio Tulio Castaños, en su calidad de Vicepresidente Ejecutivo.

 

La Asamblea General de FINJUS en su reciente reunión anual, aprobó la gestión del Consejo de Directores 2019-2021, así como el Plan de Trabajo, Presupuesto y otros documentos fundamentales para el período que se inicia, al tiempo de reconocer la labor realizada por los órganos internos de la institución.

 

 

Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS

26 de abril de 2021

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