Palabra del Dr. Servio Tulio Castaños en el Panel de expertos en Seguridad y Convivencia Ciudadana

Santo Domingo, 26 de abril de 2023

Gracias por el honor de la invitación a este importante evento, que representa un hito en la historia del municipalismo y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática en el país.

Ante todo, permítanme saludar la presencia de…. (mencionar los nombres de las personas destacadas que consideres oportuno)

Nos convoca en esta mañana la fuerza del compromiso de todos los presentes hacia la mejora de la seguridad y la convivencia pacífica en el país, que son la base del desarrollo sustentable, del crecimiento y del bienestar colectivo.

La inseguridad ciudadana es uno de los mayores obstáculos para el desarrollo pleno de las personas y la violencia que la origina impacta de manera dramática en nuestro país y la región de Centroamérica y el Caribe.

La violencia afecta negativamente todo el tejido social, reflejándose de manera transversal en cada uno de los ámbitos de la vida cotidiana. Es notable la manera en cómo perjudica la convivencia ciudadana, el clima de los negocios, el desarrollo social y cultural de los pueblos, entorpeciendo la creación de nuevas oportunidades.

En un mundo global amenazado por la inseguridad, el miedo y la presencia de redes que difunden conductas irracionales y mensajes denigrantes, la convocatoria de este evento se convierte en una gran oportunidad para que las instituciones públicas y privadas, jurídicas, académicas y sociales tomemos conciencia de la importancia de generar los consensos y acuerdos que son imprescindibles para trabajar de manera coordinada y colaborativa en el diseño de políticas, programas y estrategias que tengan como resultados la mitigación de la violencia y sus secuelas a corto y mediano plazo

Este encuentro es ideal para destacar la importancia de contar con enfoques novedosos, rigurosos y participativos en busca de enfrentar los efectos de la violencia en nuestras sociedades.

En este aspecto es muy importante que tanto desde el Estado como desde la sociedad hagamos conciencia de que la reducción de la inseguridad ciudadana y el fomento de la convivencia pacífica solo pueden enfrentarse desde una perspectiva colaborativa, de cooperación, de intercambio y coordinación entre todos los actores.

En primer lugar, desde las instituciones públicas, tanto del gobierno central como desde los ayuntamientos y las instancias regionales, así como desde el interior de las comunidades mediante el intercambio y creación de redes y coaliciones ciudadanas que trabajen coordinadamente con las autoridades en cada lugar.

Un gran obstáculo en este tema es el hecho de que prevalece aún la creencia o ideología de que resolveremos los temas de la seguridad desde una perspectiva individualista, es decir cada quien mejorando las defensas personales y las herramientas de protección contra la delincuencia o sustrayéndonos al impacto social de la misma.

La participación de las organizaciones de la sociedad civil, del empresariado, de las comunidades territoriales en este país es esencial para alcanzar un mejoramiento de las condiciones de la Seguridad Ciudadana y de la convivencia pacífica.

Sabemos que desde la mayoría de los ayuntamientos y distritos municipales de la República Dominicana está creciendo la conciencia de la necesidad de trabajar en coordinación con las comunidades, lo que hace imperativo la creación y fortalecimiento de espacios y mecanismos de intercambio, diálogo y colaboración, en que la ciudadanía se sienta empoderada y responsable de los planes locales. Si alguien sabe de estos temas, seguramente los vamos a encontrar en los ayuntamientos en todo el país.

Un modelo en donde perfectamente confluyen estas capacidades de intercambio de información y de transferencia de competencias de los órganos centrales hacia los ayuntamientos y las comunidades se ubica en las Mesas de Seguridad, Ciudadanía y Género que se desarrollan en todo el país.

Deseamos aprovechar este espacio para compartir algunas de las experiencias más importantes que tenemos en el trabajo de fortalecimiento de esas Mesas, acompañando y colaborando técnicamente con el Ministerio de Interior y Policía, en base a un enfoque novedoso y dinámico que comprende la creación del espacio de la Mesa, la capacitación de sus componentes, la elaboración de planes de trabajo y el seguimiento de los planes de seguridad en los que intervienen tanto actores públicos como privados.

Creemos que nada es tan eficaz para reducir el costo y aumentar la efectividad de las intervenciones de la seguridad ciudadana como la gestión oportuna y eficaz de la información.

En este camino permítanme compartir con ustedes algunos aspectos de la relación de trabajo que ha unido al Ministerio de Interior y Policía con nuestra Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), creando una alianza para abordar de manera conjunta en la caracterización de la violencia y criminalidad en 55 sectores de alta riesgo para la seguridad ciudadana en once de las principales ciudades de la República Dominicana.

Al arribar a sus nuevas funciones al frente del Ministerio de Interior y Policia, el amigo Jesús Vázquez visitó nuestra Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), para iniciar ese proceso, que logró el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Instituto para la Seguridad y la Democracia de México (INSYDE),

Desde febrero del 2022 hemos venido aplicando una metodología innovadora que implica la realización de una serie de diagnósticos que han permitido establecer una línea base sobre los niveles de percepción de la inseguridad ciudadana y los niveles de victimización, lo que se realiza previamente al inicio de las intervenciones del Plan de seguridad.

Posteriormente los resultados de los trabajos realizados son  comparados con nuevas mediciones en esas comunidades, a partir de los instrumentos estandarizados, con el propósito de  evaluar no solo el ambiente de la seguridad ciudadana, sino también la percepción ciudadana sobre el desempeño de las instituciones del gobierno central y local que tienen la responsabilidad de ejecutar el plan de seguridad.

Estos diagnósticos son presentados a las autoridades municipales y sus equipos técnicos, así como a los integrantes de las Mesas de Seguridad, Ciudadanía y Género para que sean tomados como insumos para la discusión de sus planes y estrategias y encaminarse hacia la toma de decisión y focalizar las intervenciones en conformidad con los hallazgos y recomendaciones de dichos levantamientos.

La estrategia de seguridad ciudadana focaliza sus intervenciones en sectores priorizados de las ciudades más importantes del país.

Dar seguimiento continuo y evaluar la efectividad de las intervenciones del plan de seguridad por medio de la aplicación de estudios independientes de percepción y victimización que miden el grado de satisfacción de los ciudadanos, constituye una altísima prioridad para la sociedad y el Estado.

En ese trayecto un punto muy importante fue el proceso inicial de intervencion que realizó el Ministerio de Interior y Policía, en una zona piloto del barrio de Cristo Rey, que tuvo un amplio despliege en los medios de comunicación y las redes sociales. Sin embargo, pocas semanas después se levantaron opiniones que contradecían los resultados obtenidos.

Por ello el Ministerio de Interior y Policía, decididó reevaluar los resultados  y solicitó a FINJUS la aplicación de una versión piloto de la encuesta en Cristo Rey, del Distrito Nacional, y cuatro barrios similares en San Francisco de Macorís, dando lugar a un reenfoque de las estrategias y tareas en la prevención de la inseguridad en esos sectores.

El seguimiento de esta iniciativa mostró a las autoridades que cuando se produce una intervención, debe estar precedida de una valoración lo más objetiva posible de las percepciones y sentimientos de la comunidad afectada, como forma de evitar distorsiones o falsas expectativas de éxito.

Tras la presentación de los resultados preliminares, el Ministerio de Interior y Policía solicitó a FINJUS que ampliara significativamente la aplicación de la encuesta en otros tres barrios del Distrito Nacional y al menos otros 15 barrios de Barahona, la Romana, Santiago, Santo Domingo Este y San Francisco, dando lugar a que todas las intervenciones realizadas desde ese momento se han ejecutado a partir de datos objetivos de la realidad y validados con esta metododología de trabajo.

Los resultados son muy reveladores, especialmente en lo que tiene que ver con la apreciación ciudadana sobre la labor que realizan las diferentes agencias gubernamentales y la coordinación que demuestran en la práctica.

Por ejemplo en San Francisco de Macorís se encontró que la percepción ciudadana sobre la labor de la Policía Nacional y el clima de la seguridad ciudadana eran muy bajas, por lo que se procedieron a realizar una serie de ajustes y medidas inmediatas para garantizar lazos más estrechos entre la Policía y la comunidad, discutiendo los resultados con las Mesas de Seguridad, Ciudadanía y Género en esas localidades.

Es importante recordar que en estas Mesas se congregan los actores principales que incluyen, desde el general de la Policía Nacional, el Comandante regional, el Señor Alcalde, representantes del Ministerio Público y otros actores claves de las Mesa de Seguridad, Ciudadanía y Género en esos respectivos municipios.

Otra de las lecciones importantes de la experiencia que hemos vivido en esta provechosa relación con el Ministerio de Interior es la capacidad para que las instituciones responsables de la seguridad ciudadana en cada municipio tengan una mejor coordinación en base a la calidad y cantidad de la información procesada y sus resultados.

A través de los estudios que desarrollamos se pueden determinar rápidamente cuáles son los detonantes que afectan la convivencia pacífica que causan hasta el 70% de los homicidios. Se destacan las causas principales, así como factores muy particulares a cada barrio o sector. Así, las autoridades, líderes comunitarios y empresarios en cada ciudad saben cómo focalizar los esfuerzos.

El informe incluye datos sobre hora, lugar, tipo de violencia, denuncias, percepción sobre las autoridades y muchos otros datos de alta relevancia para gestionar la seguridad y evaluar el desempeño

Valoramos que estos datos permiten realizar los pasos necesarios dirigidos a lograr que se reduzca considerablemente el costo de los planes de seguridad y aumente la eficacia en el uso de los recursos al focalizar los lugares, horas y características específicas de las intervenciones.

De igual manera, se genera gran apropiación y sostenibilidad a nivel local por parte de los actores claves de cada sector.  

Producto del trabajo ejecutado hasta el momento y la efectividad de estos instrumentos, próximamente el Ministerio de Interior y Policía se dispone a expandir el alcance de estos estudios para incluir 12 nuevos municipios que incluyen La Vega, Moca, Puerto Plata, Monte Plata, Baní, Azua, San Juan, Oviedo, Pedernales, Hato Mayor, Samaná y San Pedro de Macorís, entre otros.

Deseamos que estos resultados sean conocidos por toda la sociedad dominicana y que reciban el apoyo del empresariado, la comunidad académica, los grupos comunitarios y todos los interesados para lo que ponemos a disposición de las autoridades los canales de difusión electrónicos de la Fundación.

Saludamos que una institución del Estado, en este caso, el Ministerio de Interior, le confíe a una institución de la sociedad civil como FINJUS, la realización de estos estudios sobre la percepción y la victimización, que son insumos importantes para su labor cotidiana. Esto lo coloca en mejores condiciones para trabajar en conjunto con las organizaciones sociales, jurídicas y académicas, dando espacios a estas instituciones para que ellas también participen en la recolección, procesamiento y validación de los resultados de los estudios.

No podemos terminar sin reiterar la valiosa cooperación y gran compromiso de la USAID, el PNUD-INFOSEGURA, las alcaldías, las fiscalías y los demás aliados de las Mesas de Seguridad, Ciudadanía y Género.

El gran reto que tenemos por delante es expandir estos levantamientos a otros municipios, como sabemos que es el propósito de la Liga Municipal Dominicana, quienes están realizando esfuerzos para que los ayuntamientos consoliden sus capacidades y herramientas, de manera que permitan a los actores de cada municipio, en un futuro muy cercano, ser los propios responsables de estos trabajos técnicos, para lo cual siempre contarán con nuestro apoyo y asesoría.

Muchas gracias por su atención.

Hoy, es un día especial para todos los sectores que tenemos un compromiso firme con el fortalecimiento de la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho en este país.

Por primera vez en la historia reciente de la República el Gobierno Central inicia un proceso para producir un sistema de transferencia de competencias de los órganos del Poder Ejecutivo hacia las administraciones locales, lo que significa la materialización de un sueño de quienes han dedicado su vida y mejores esfuerzos para la consolidación de los gobiernos locales, o sea del sistema municipal.

En virtud de su decreto 734-22, Señor Presidente, se dispuso la creación de un Gabinete para el desarrollo de ese proceso y quienes lo integramos deseamos compartir algunas reflexiones en este día que es histórico.

Que el Poder Ejecutivo decida operativizar un mandato de la Constitución, artículo 204, que ordena al Estado propiciar la transferencia de competencias y recursos hacia los gobiernos locales, de conformidad con esta Constitución y la ley, representa el inicio de un proceso que augura una nueva visión de desarrollo institucional.

Se abre una magnífica oportunidad, asimismo para propiciar la coordinación de los diferentes entes públicos para el logro de objetivos comunes, en un momento clave en el desarrollo democrático de este país.

A veces pasa inadvertido el fenómeno del creciente involucramiento de los distintos sectores de la sociedad en los procesos sociales, económicos y políticos que demanda nuestro desarrollo humano y social.

Pasa inadvertido porque durante décadas el Estado y la sociedad han transitado por senderos que parecerían paralelos, divergentes y hasta antagónicos. No solo por el contenido intrínseco de la acción estatal en los asuntos públicos, sino por el uso de modelos, estrategias, programas y políticas diseñadas al margen de las comunidades, los territorios y los sectores más importantes de la sociedad dominicana.

Con excepciones, como la jornada nacional por una mayor inversión en al área de la educación, muchas estructuras y agencias estatales no lograron sintonizar con las necesidades de la población y sus sectores más dinámicos, negando derechos, cerrando oportunidades y fomentando con sus acciones el descreimiento, la desconfianza y la apatía de la sociedad.

No se daban cuenta que con esos enfoques de la acción, la gestión y la relación con las comunidades y las regiones eran obstáculos al propio sistema democrático, cuya base de sustentación más importante es la participación de la ciudadanía en los procesos democráticos, que tenga como propósito convertir cada acción en una jornada de educación cívica para que cada hombre o mujer se empodere con la convicción de que esta democracia nos pertenece a todos.

Están floreciendo la conciencia de que los ciudadanos no deben ser meros espectadores y acompañantes en el camino de la construcción de nuestra democracia.

Somos testigos de un dinamismo que parte desde la misma base de la sociedad y que se expresa especialmente en la vida municipal, con la participación activa de redes comunitarias, coaliciones y alianzas de organizaciones sociales de diferente índole, que exigen información, espacios de diálogo y participación, así como mecanismos de transparencia, desde los cuales puedan participar en las decisiones que afectan la calidad de sus vidas.

Se percibe un aumento en el número de los ayuntamientos que están mostrando su compromiso con estos propósitos. Allí se están fortalecimiento las autoridades locales que apuestan a establecer relaciones y alianzas con la comunidad, traspasando el marco coyuntural del período para el que fueron electos.

Al mismo tiempo observamos con gran interés y esperanza los signos que nos indican que entre el Gobierno Central y los municipios se están creando alianzas que aspiran a ser sostenibles y duraderas, basadas en una mayor coordinación en la acción, en las políticas, en los programas y en la gestión conjunta.

Y lo vemos de manera directa en el área en que nos hemos involucrado en estos últimos dos años que es el de la seguridad ciudadana. La existencia de las mesas de Seguridad, Ciudadanía y Género ha permitido que instituciones centralizadas, autoridades locales, empresarios, universidades, líderes religiosos y líderes comunitarios se comprometan a crear un camino para que los problemas de la inseguridad ciudadana no continúen tratándose como casos particulares.

Estamos ante el inicio de un proceso de transformaciones, porque van a aumentar los niveles de gobernanza local y nacional y elevarán la legitimidad de las instituciones y sus políticas públicas.

Deseamos dejar, por último, nuestro reconocimiento a todas las autoridades que se han involucrado en este proceso, desde el Señor Presidente de la República, la Secretaría General de la LMD, los ministerios de Interior y Policía y Administración Pública, y los diferentes organismos municipales, civiles, empresariales y locales que están trabajando en esta dirección.

Enhorabuena y a seguir adelantando estos trabajos.

Servio Tulio Castaños Guzmán, Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS

25 de abril, 2023

Detalles de la Semana de la Municipalidad

La actividad realizada en el Auditorio de la Cancillería, tuvo como objetivo socializar con los diferentes actores del sistema los beneficios penitenciarios para los privados de libertad en período de prueba; establecer pautas y directrices para el desarrollo de buenas prácticas en la etapa de medio libre; unificar criterios para mejorar la gestión del medio libre; y sensibilizar a la sociedad y sus representantes sobre la importancia y beneficios del mismo.

El tema central fue abordado por la directora de Medio Libre Frania Navarro; el Magistrado Rafael Báez habló de la justicia restaurativa; y Fray Arístides Jiménez Richardson, sobre Las Casas del Redentor.

Como panelistas participaron el presidente de la Pastoral Penitenciaria Monseñor Santiago Rodríguez, Obispo de San Pedro de Macorís; el Defensor del Pueblo Pablo Ulloa; los jueces de ejecución de la pena Ramón Darío Cruz Uceta y José Manuel Arias, de Santiago de San Cristóbal y Servio Tulio Castaños  Guzmán, quien a su vez fungió como moderador.

El director general de Prisiones coronel Roberto Hernández reconoció la gravedad de los problemas del sistema penitenciario dominicano pero aseguró que “no todo está dañado” y que se toman acciones para revertir la deuda social con los privados de libertad acumulada por décadas.

Dijo que para una solución aproximada a lo que está sucediendo en las cárceles del país es necesaria la prevención, y buscar alianzas estratégicas y operativas con instituciones y personas vinculadas con el tema.

El funcionario penitenciario habló así en el II Foro Penitenciario donde autoridades del sistema analizaron la “Incidencia del Medio Libre en la Reinserción Social de los Privados de Libertad”, en el marco de la Ley número 113-21. que regula el sistema penitenciado de República Dominicana.

Fuente: HOY

A lo largo de los últimos dos años, el Ministerio Público se ha destacado como una institución del sistema de justicia que viene desarrollando iniciativas concretas para dar respuestas efectivas a las demandas sociales destinadas a la creación de una cultura que fomente la transparencia y el establecimiento de un verdadero sistema de consecuencias contra males ancestrales que hemos padecido.

Por eso tienen eco en los medios de comunicación cualquier iniciativa dirigida a fortalecer sus capacidades. Vemos con agrado las informaciones que, desde hace varios meses, dan cuenta de los detalles del proceso de evaluación de los miembros del Ministerio Publico a nivel nacional. Esta iniciativa parte del interés de la Procuraduría General de la República de incrementar las capacidades institucionales para una gestión eficiente, de calidad e integradora de las competencias específicas de sus miembros.

De acuerdo a las informaciones a las que hemos tenido acceso en los medios de comunicación de la PGR, se trata de un proceso innovador, pues es una iniciativa pionera en tanto que esta evaluación se realiza a partir de un instrumento que fue socializado en todas las instancias involucradas en el mismo, pero que es nuevo porque no se reduce a la evaluación de desempeño tradicional y no tiene efectos inmediatos en la posición que ocupa cada titular de las distintas dependencias de la PGR.

Se ha señalado que aunque la ley del Ministerio Público prevé como una decisión potestativa la realización de una evaluación para decidir la permanencia de los titulares para un período adicional en el ejercicio de sus funciones, la presente gestión del Ministerio Público ha optado por realizar una evaluación general que permita a todos los titulares tener la oportunidad de ser considerados de acuerdo a los resultados de su evaluación, con lo que cual se dejan atrás las discrecionalidades del pasado que generaron tantos cuestionamientos.

Esta evaluación se basa en una ponderación del logro de resultados y el liderazgo de los titulares en cada una de las dependencias a su cargo, sin que pueda equipararse con una evaluación de desempeño típica como la que se aplicaría a todos los miembros de la institución, sino que evalúa la gestión institucional delegada a un funcionario con responsabilidades de dirección para el cumplimiento de los objetivos misionales del Ministerio Público.

El instrumento de evaluación que se está aplicando a los titulares del Ministerio Público tuvo su origen en una propuesta conjunta de la Dirección General de Carrera y la Dirección General de Persecución, y toman en consideración las capacidades de dirección, gestión de recursos financieros, humanos, y operativos; el rol de liderazgo y desarrollo de personal, y los resultados de los casos penales procesados en el marco del debido proceso y los lineamientos institucionales, desde una perspectiva integral. 

Para realizar esta labor se ha constituido un equipo evaluador, multidisciplinario cuya función es tomar en consideración los aspectos que componen la gestión, en forma independiente, buscando asegurar una medición objetiva y equilibrada que conduzca a un resultado justo.

Asimismo, se ha determinado que el resultado de esta evaluación no tiene incidencia en los procesos de ascensos que podrán ser realizados oportunamente, a partir de las necesidades institucionales (plazas disponibles, creación de nuevas dependencias, etc.). En ese sentido FINJUS valora como positivo y necesario dicho proceso.

Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo FINJUS

La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS), considera inminente la aprobación de un nuevo Código Penal que permita diseñar una política criminal efectiva acorde a los nuevos tiempos y con las estructuras normativas que se ajusten al modelo institucional que ha adoptado el Estado dominicano.

En la actualidad, la justicia penal dominicana presenta innumerables obstáculos al momento de tipificar las conductas de la criminalidad organizada y los nuevos delitos que surgen del avance de los tiempos. Esta situación es provocada -en su mayor parte-, por la debilidad del actual Código Penal que data del siglo XIX, pero que se encuentra vigente en nuestro ordenamiento jurídico.

Desde FINJUS, hemos reiterado que la ley penal no puede ser estudiada con independencia de los fenómenos políticos, sociales y económicos que en su contexto se producen. En la actual coyuntura, desde una perspectiva de efectividad de toma de decisiones públicas, un Código Penal no deja de ser un producto final de la interpretación que realizan sus redactores y de cómo estos conciben los problemas sociales, las ideas penales y criminológicas.

En igual sentido, respaldamos la urgencia que pone sobre la mesa la Conferencia del Episcopado Dominicano, ya que ciertamente el proyecto de Código Penal ha recorrido el Congreso Nacional durante décadas, sin contar con el éxito de su aprobación. Es evidente que, para sancionar los actos delictivos, se requiera de un catálogo normativo moderno que sirva como garante de la ciudadanía y de sus derechos fundamentales.

De manera que, se requiere de un profundo análisis de las distintas ramificaciones que presenta la legislación penal, su dispersión normativa y la posibilidad de concretizar un texto que pueda responder de manera eficaz a los legítimos reclamos de prevención, control y reacción ante el fenómeno criminal que nos afecta como sociedad. Para el fortalecimiento de nuestro Estado social y democrático de derecho, se requiere el consenso de los actores encargados de tomar las decisiones públicas más trascendentales, por ello, el Código Penal se erige en la actualidad como la norma más urgente para ser adherida a nuestro ordenamiento jurídico.

Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo FINJUS

Santo Domingo - Expertos de diferentes países de América se harán presente este 29 y 30 de noviembre en la Universidad Autónoma de Santo Domingo para tratar, en cinco paneles, temas referidos a los problemas de seguridad y convivencia que complican a los países de la Región después de la pandemia de COVID que afectó al mundo desde fines de 2019, y a nuestro continente desde los primeros meses del año 2020.

El evento, se realiza el último martes y miércoles del mes en curso, lleva el nombre de “Seminario Internacional Seguridad Ciudadana y Convivencia Post Covid en América Latina”, y es organizado por FINJUS, el Ministerio de Interior y Policía, Participación Ciudadana y UASD.  Además contará con el apoyo de las universidades del país e instituciones afines al contenido del seminario.

Este evento internacional iniciará con la Conferencia Magistral del  catedrático chileno con Doctorado en Harvard, Hugo Frühling Ehrlich, titulada “El Rol de la Justicia Penal en la Seguridad Ciudadana”. Como expositores tendrá a Luis Ernesto García, ex Brigadier General de la Policía de Colombia, Marcelo Solano, Director de Seguridad y Policía Municipal de San José de Costa Rica y la mexicana Salomé Flores Sierra, quien coordina en su país el Centro de Excelencia para Información Estadística de Gobierno. Desde Honduras estará David Ortega Pagoaga, Comisionado de la Policia hondureña, el mexicano, especialista en Reforma Policial, Miguel Garza Flores, el chileno Patricio Tudela Poblete, miembro de la Asociación Internacional de Analistas del Crimen, y el ecuatoriano José Serrano Salgado, ex ministro de Interior de su paìs.

Por República Dominicana dirán presente el sociólogo Cándido Mercedes, la docente en Justicia Criminal Lilian Bobea, el Comisionado Ejecutivo para la Reforma Policial José Pepe Vila del Castillo, el Criminólogo y experto en Defensa y Seguridad Nacional, Ricardo Nieves. Además expondrán Pedro Hernández, Subsecretario de Planificación y Desarrollo Institucional  de la Liga Municipal Dominicana, Mariano Rodríguez, expresidente del Tribunal Superior Electoral, y Rosa Alcántara, Coordinadora de la Carrera de Medios Digitales y Comunicación Social de INTEC.

El Foro tendrá cinco paneles, los que llevarán el nombre de “Nuevos Retos para la seguridad ciudadana en América Latina Post-COVID”, “Influencia de las armas de fuego, las drogas y la migración de la seguridad siudadana Post-Covid en América Latina”; el tercero llamado “Seguridad ciudadana, convivencia y familia en América Latina Post-Covid; un cuarto bajo el nombre de “Seguridad ciudadana y Reforma Policial en América Latina Post Covid” y un cierre con el  “Rol de la sociedad civil en la seguridad ciudadana en América Latina”.

El encuentro de apertura del día martes 29 de noviembre contará con la presencia del Presidente de la República, Luis Abinader, como también con Jesús Vásquez Martínez, Ministro de Interior y Policía.

Los paneles se llevarán a cabo en horario de 1;00 pm a 5:00 pm el día martes 29, y de 9:00 am a 5:00 pm el día miércoles 30 en el auditorio Manuel del Cabral de la Biblioteca Pedro Mir de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

Fuente :Departamento de Prensa y Comunicaciones Ministerio de Interior y Policía.

Descargar: Palabras de apertura a cargo de Servio Tulio Castaños, Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS

Carta de Agradecimientos por participar en Seminario de parte del Ministerio Interior y Policia