Kenia Franco

Kenia Franco

La figura del referéndum en República Dominicana está configurada como un mecanismo de participación directa de la ciudadanía mediante el cual se somete, a decisión popular, asuntos que comporten trascendencia nacional. Se trata de una institución jurídica que evoca la transición de una democracia representativa hacia una participativa en el marco de la consecución de un Estado social y democrático de derecho.

 

En efecto, la Constitución, en el numeral 2 del artículo 22, establece como derecho de todo ciudadano “decidir sobre los asuntos que se les propongan mediante referendo”; lo cual permite a los electores la oportunidad de pronunciarse sobre cuestiones que, ordinariamente, son determinadas por los poderes públicos constituidos.

 

La doctrina se inclina a considerarlo como un acto decisorio autónomo que, al sumarse al de los representantes, da origen a la disposición legal y/o actuación administrativa, “(…) la cual solo adquiere calidez cuando ha sido sometida a la votación popular y aprobada por ella. Los representantes forman la ley, pero ad referéndum, es decir, a reserva de lo que el cuerpo electoral resuelva, constituyéndose el voto popular en condición suspensiva a que se somete la validez y eficacia de la ley.”

 

El artículo 210 del texto constitucional, que refiere a este instituto, indica que:

 

Artículo 210.- Referendos. Las consultas populares mediante referendo estarán reguladas por una ley que determinará todo lo relativo a su celebración, con arreglo a las siguientes condiciones:

1) No podrán tratar sobre aprobación ni revocación de mandato de ninguna autoridad electa o designada;

2) Requerirán de previa aprobación congresual con el voto de las dos terceras partes de los presentes en cada cámara.”

 

Sobre ello conviene deslindar el alcance, a partir de los tipos de referendo, esto es referendo consultivo y referendo aprobatorio; al respecto la Constitución dispone que:

 

“Artículo 272.- Referendo aprobatorio. Cuando la reforma verse sobre derechos, garantías fundamentales y deberes, el ordenamiento territorial y municipal, el régimen de nacionalidad, ciudadanía y extranjería, el régimen de la moneda, y sobre los procedimientos de reforma instituidos en esta Constitución, requerirá de la ratificación de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas con derecho electoral, en referendo aprobatorio convocado al efecto por la Junta Central Electoral, una vez votada y aprobada por la Asamblea Nacional Revisora.”

 

En torno a la posición que sugiere someter a referendo una eventual modificación al artículo 37 de la Constitución, es necesario tomar en consideración que el referendo aprobatorio es el mecanismo que permite a los ciudadanos decidir si entran o no en vigencia modificaciones constitucionales sobre materias de alta trascendencia para la vida nacional.

 

Por tanto, debemos ser cuidadosos antes de promover este mecanismo, ponderando las repercusiones jurídicas, políticas y sociales que implicaría el uso de esta herramienta, la cual debe ser vista como otro instrumento de la democracia, sin carácter de obligatoriedad absoluta para las reformas constitucionales, tal como se ha planteado desde la visión doctrinaria norteamericana.

 

Actualmente cursa en el Congreso Nacional un proyecto de ley que regula el procedimiento del referendo, la cual iniciativa tiene por objeto garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de participación ciudadana mediante el mecanismo de que se trata. Es preciso indicar que la Constitución dominicana establece, además del referendo aprobatorio, que aplica en caso de reforma constitucional, el referendo local y el referendo de tipo consultivo.

 

Debe saberse que la utilización del referendo aprobatorio no puede convertirse en válvula de escape de las obligaciones que compete a los poderes públicos cuando medien temas de intensa polarización; desvirtuando así el uso y naturaleza de uno de los instrumentos más interesantes de la democracia moderna como lo es el referendo. El Congreso es, por sus características y tradición, el lugar en donde se debe realizar los debates de temas sensibles; ello sin perjuicio de incorporar mecanismos que faciliten la participación ciudadana. En efecto, sobre este particular la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica apuntó que “Es menester agregar que los derechos de las minorías, por su carácter irrenunciable, constituyen un asunto eminentemente técnico-jurídico, que debe estar en manos del legislador ordinario y no de las mayorías proclives a su negación[1]

 

Desde FINJUS entendemos conviene, en momentos donde se considera la viabilidad de celebración de un referendo, posterior a la aprobación de una ley al efecto que lo regule, ponderar de manera integral la utilización de este instrumento de participación directa, de manera que no sea una herramienta en la cual se escude la actuación del legislador ordinario de cara a la atribución de creación y elaboración normativa.

 

Servio Tulio Castaños G

Vicepresidente ejecutivo FINJUS

4 de mayo 2021

  

 

[1] Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica, Sentencia No 2010013313 de 10 de agosto de 2010, Expediente 10-008331-0007-CO, Considerando VI.

La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS) eligió a los nuevos integrantes de su Consejo de Directores para el período 2021-2023, en el marco de la Asamblea General Anual del 2021.

 

El Consejo de Directores es el órgano de dirección encargado de ejecutar todos los actos y operaciones de FINJUS en sus programas y proyectos, así como en la gestión administrativa y de relacionamiento institucional.

 

El Presidente del Consejo de Directores 2021-2023 será el Lic. Rafael A. Del Toro Gómez, quien estuvo acompañado de Elena Viyella de Paliza, Primer Vicepresidente; Rafael Ernesto Izquierdo, Segundo Vicepresidente; Anyarlene Bergés, Secretaría; Yudith Castillo, Vicesecretaria; Gustavo Ariza, Tesorero y Julio Llibre, Vicetesorero.

 

Asimismo, fueron electos como directores los señores Carlos Guillermo León, Omar Victoria, Guillermo Estrella, Práxedes J. Castillo, Celso Marranzini Pérez, Robinson Peña, Rafael Blanco Canto, Leonardo Matos y Andrés Emilio Bobadilla Bermúdez.

 

También forman parte del Consejo de Directores los señores Marino Ginebra, en su condición de Pasado Presidente y Servio Tulio Castaños, en su calidad de Vicepresidente Ejecutivo.

 

La Asamblea General de FINJUS en su reciente reunión anual, aprobó la gestión del Consejo de Directores 2019-2021, así como el Plan de Trabajo, Presupuesto y otros documentos fundamentales para el período que se inicia, al tiempo de reconocer la labor realizada por los órganos internos de la institución.

 

 

Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS

26 de abril de 2021

En virtud del proceso de selección que conoce el Congreso Nacional respecto de los miembros de la Cámara de Cuentas, así como del defensor del pueblo y sus adjuntos, la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS), en aras de promover el diálogo constructivo, entiende pertinente abocarnos hoy a una reflexión integral de los retos que debe asumir el Senado para garantizar un proceso de selección y nominación transparente, participativo y consensuado con la sociedad con estricto apego a los principios democráticos de independencia e imparcialidad.

 

La selección de los nuevos miembros de estas instancias debe alejarse de cualquier viso de arbitrariedad; de igual forma, debe evitarse inobservancia de los presupuestos normativos establecidos en la Constitución y la ley. No se puede pretender jugar a poner obstáculos en la elección de órganos tan sustanciales para el ejercicio democrático institucional como lo es, por ejemplo, la Cámara de Cuentas, sobre el cual descansa la salvaguarda de las cuentas públicas y el control fiscal del erario.

 

El buen funcionamiento del órgano constitucional de control y fiscalización externo de los recursos públicos, de los procesos administrativos, y del patrimonio del Estado, constituye un elemento esencial para la existencia de una democracia efectiva en la que exista una relación de pesos y contrapesos de conformidad a los preceptos de un Estado social y democrático de derecho. Por ende, resulta imprescindible que este órgano esté integrado por perfiles profesionales que estén sustentados en capacidad e idoneidad.

 

Para FINJUS el desarrollo del sistema de control del Estado dominicano es un tema crucial para nuestra gobernabilidad y desarrollo. De lo cual, hemos observado con preocupación que dicho sistema se ha caracterizado por una desvinculación entre la fiscalización y las respuestas institucionales que se ofrecen para enfrentar prácticas lesivas contra el erario.

 

En efecto, el perjuicio económico detectado en las auditorías que realizan los órganos de control interno y externo, especialmente los producidos por la Cámara de Cuentas, no ha generado, de manera constante, la activación de los mecanismos de régimen de consecuencias civil, administrativo y penal que ordena la ley. La ciudadanía percibe entonces que las respuestas a la corrupción son ineficaces pues los organismos competentes no ejercen todas las potestades que les confieren las leyes y optan por escudarse en la supuesta ineficiencia del otro para no hacerse responsable de la impunidad generalizada que reina en el manejo de los fondos públicos en el país.

 

Por otro lado, con relación al defensor del pueblo, es preciso resaltar que ha sido establecido como un órgano constitucionalmente autónomo cuya función principal es defender los derechos constitucionales, así como encauzar la promoción de buenas prácticas en la administración pública a fin de contribuir al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y del Estado de derecho. Se trata de una figura que surge como una necesidad del control social de los gobernados en contra de las arbitrariedades y el incumplimiento de las obligaciones asignadas a la administración pública, debiendo constituir una voz a favor de la protección de los derechos de las personas y los intereses colectivos y difusos.

 

Se trata entonces de órganos que, de conformidad a la configuración que le otorga la ley, son de carácter sustancial en lo concerniente a velar por el correcto funcionamiento del Estado. La vía para garantizar su legitimación es un proceso de selección transparente, y basado en los méritos de quienes postulan, dejando de lado posibles vínculos con el gobierno u otros sectores de poder.

 

En ese sentido, desde FINJUS exhortamos garantizar los criterios referidos en torno a la escogencia de los nuevos integrantes de la Cámara de Cuentas, así como del defensor del pueblo y adjuntos; la ciudadanía espera un proceso diáfano mediante el cual resulten designados los mejores candidatos de trayectoria incuestionable, competencias y aptitudes adecuadas, moral intachable y que inspiren respeto de parte de la población. De igual manera, es necesario que los criterios de selección legales sean respetados, técnicamente depurados y públicamente explicitados.

 

Servio Tulio Castaños G

Vicepresidente ejecutivo FINJUS

12 de abril de 2021

Download decreto

SANTO DOMINGO. - El presidente Luis Abinader juramentó a los miembros de la comisión que trabajará para la transformación y profesionalización de la Policía Nacional, cuyas responsabilidades están contenidas en el Decreto 211-21.

El mandatario advirtió que para la transformación de la Policía Nacional están preparados y determinados para no parar y concluir ese cambio, “cueste lo que cueste y me cueste lo que me cueste”.

“También reconozco que es posible que en este proceso de trasformación encontremos obstáculos y dificultades y más aún, les quiero advertir que la situación podría empeorar antes incluso de empezar a mejorar. Nos jugamos mucho y hay muchos intereses en juego ”, precisó el jefe de Estado.

Estas declaraciones se produjeron durante un acto celebrado en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional, donde fueron juramentados los miembros del grupo de trabajo para la transformación y profesionalización de la Policía Nacional.

El mandatario estuvo acompañado de la vicepresidenta, Raquel Peña; los ministros Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza; de la Presidencia, Lisandro Macarrulla; de Interior y Policía, Jesús Antonio Vásquez; Economía y Desarrollo, Miguel Ceara Hatton; el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta y el director general de la Policía Nacional, Edward Sánchez González.

“El objetivo que queremos alcanzar es irrenunciable porque va en la línea de flotación de nuestra calidad democrática como país. Otros gobiernos los han intentado y por alguna razón no han continuado, pero quiero expresar aquí que yo ni me cansaré ni me va a cansar”, expresó el primer mandatario.

Apuntó que la necesidad de una transformación de la institución del orden se ha convertido en urgencia y que desde el Gobierno se trabajará con determinación para solucionarlo.

“El grupo de trabajo que hoy hemos juramentado tiene la misión de hacer un análisis de la estructura policial, producir las recomendaciones de rigor para una verdadera depuración del cuerpo y proponer todas las soluciones dentro del marco legal e institucional que estime más conveniente para la absoluta e inmediata trasformación de este cuerpo policial”, manifestó el presidente Abinader.

Aseguró que la transformación que se proponen no es una transformación para acomodar a un sector. “No es la transformación del Gobierno. Es la transformación que buscamos todos nosotros y nosotras. La de todo un país”.

El jefe de Estado agregó que, “por eso, este grupo de trabajo está integrado por diversas personas provenientes de diferentes sectores. Queremos la mirada más amplia posible para que nada se quede al margen ni sea excluido del análisis”.

Los 21 juramentados

Los integrantes de esta comisión son: Servio Tulio Castaños, quien la preside; Radhamés García, Juan Ramírez, Bautista López García, Rosalía Sosa, Pedro Brache, Celso Juan Marranzini, Ricardo Nieves, José Luis Mendoza, Osvaldo Santana, Monseñor Francisco Ozoria y Fidel Lorenzo.

Además, Mu-Kien Sang Ben, Héctor Guerrero Heredia, Carlos Manuel Estrella, Jorge Antonio López Hilario, Fausto Mejía, Francisco José Torres, Carolina Santana y Manuel María Mercedes.

Funciones grupo de trabajo

El Decreto 211-21 establece que los miembros de este grupo de trabajo lo harán mediante servicio honorífico y tendrán un plazo de un año para la realización de sus objetivos.

Fuente :presidenciard

Precisa también que el grupo de trabajo queda bajo la dependencia funcional del Ministerio de Interior y Policía y que se constituye con el objetivo de elaborar y recomendar políticas públicas enfocadas en la reforma legal, institucional, operativa y funcional de la Policía Nacional.

Del mismo modo, establece que algunos de los objetivos serán: sugerir las características deseables en el perfil de los nuevos miembros de la Policía Nacional.

Asimismo, recomendar las modificaciones legales necesarias para el fortalecimiento institucional de la Policía Nacional, los mismos que promover la aprobación de los reglamentos institucionales pendientes, entre otras cosas.

 

ProDominicana presenta Registro Digital de Inversión Extranjera Directa

Santo Domingo. - Biviana Riveiro, directora ejecutiva de ProDominicana, Centro de Exportación e Inversión de República Dominicana, presentó el Registro de Inversión Extranjera Directa en formato digital, que tiene por objetivo agilizar y transparentar los procesos a los inversionistas.
La actividad fue encabezada por la vicepresidenta de República Dominicana, Raquel Peña, quien saludó la iniciativa y exhortó a seguir estableciendo procesos que permitan la simplificación de trámites y servicios en mejora de la calidad de las normas, como parte de las iniciativas burocracia cero, que ha impulsado este gobierno.


Durante el acto de presentación, la directora sostuvo: “Con la puesta en marcha del registro digital de inversión extranjera hemos realizado un gran avance hacia la digitalización de los servicios y la eliminación del pago de tasa por dicho registro que impactará positivamente la norma”.
Riveiro resaltó que, con la implementación de este proceso, la institución se encamina a convertirse en una agencia de promoción mucho más ágil y proactiva; así como a fortalecer la competitividad de República Dominicana en los mercados globales, mediante la captación de IED.
Eliminan pago de servicio de evaluación y certificado.


Durante la presentación, se informó sobre la eliminación del costo de evaluación y certificado del Registro de Inversión Extranjera. Mediante éste, los inversionistas pagaban desde RD$30.000 (Treinta mil pesos) hasta RD$200.000 (doscientos mil pesos), en función del monto de la inversión que realizaran en República Dominicana. Con la agilización de los procesos y la eliminación del pago es evidente que se fortalecen los atractivos del país, para colocar en un buen lugar la IED, ampliando la información estadística que se tienen sobre las inversiones, su origen y sus montos.
Un aspecto a destacar del Registro de Inversiones es la obligatoriedad para acceder a la residencia de inversionista a través de la Dirección General de Migración. Es decir, que el uso de los canales digitales reduce costos, gasto de tiempo y facilita la estadía de personas y empresas en suelo dominicano.
Durante el evento expertos destacaron la importancia de la Inversión Extranjera Directa en el país. Alejandro Peña Prieto, 2do vicepresidente de la Asociación de Empresas de Inversión Extranjera (ASIEX); Marisol Vicens, socia de Headrick Rizik Alvarez & Fernández Abogados, y Roberto Herrera, gerente de País Interenergy Group, participaron en el panel “’Oportunidades y Perspectivas para mejorar el Clima de Negocios en la República Dominicana’, moderado por el doctor Servio Tulio Castaños, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS).
Campaña Invierte en RD
Dentro de la actividad, se llevó a cabo la presentación de ‘Invierte en RD’, campaña en la que ProDominicana busca resaltar los atractivos que convierten a República Dominicana en un destino de inversión ideal. La estrategia está segmentada de acuerdo a los sectores productivos de mayor interés para el país.
Al respecto, la directora ejecutiva indicó: “La campaña antes citada la daremos a conocer mediante artículos, acciones comunicacionales de redes sociales y una interacción activa con usuarios”. Contará con información sobre: tramitología, incentivos fiscales, clima de negocios, oportunidades de inversión. Asimismo, encontrarán data estadística actualizada y referencia a los distintos servicios que ofrece la institución para instalar o ampliar las inversiones.

El Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Finjus, Servio Tulio Castaños, realizó una visita de cortesía a la Procuraduría General de la República, en donde fue recibido por la Procuradora General de la República, donde ambos conversaron sobre aspectos institucionales del Ministerio Público.

El Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS ponderó que la institución se ha estado manejando con la autonomía e independencia que la Constitución y la ley le reconocen, lo que ha redundado en una mayor confianza de la ciudadanía en el quehacer de la institución.

Palabras de bienvenida del Dr. Servio Tulio Castaños, Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS

17 de marzo de 2021

 

Permítanme saludarles y manifestarles nuestra satisfacción al acompañarles en este acto de presentación del Plan Municipal de Seguridad Ciudadana de Santo Domingo Norte: Por una Ciudad Segura, Pacífica y Ordenada, un lema que define de manera brillante las aspiraciones por las que trabajan las autoridades locales y que la población ha acogido con entusiasmo.

 

Los medios de comunicación han recogido de forma completa el lanzamiento de las Mesas de Seguridad, Ciudadanía y Género a lo largo y ancho del país, bajo el liderazgo del Ministerio de Interior y Policía y la dirección de los alcaldes y alcaldesas de cada uno de esos ayuntamientos. Damos fe de que esta labor no tiene precedentes en la historia municipal del país y constituye un importante hito en el terreno de la coordinación interinstitucional.

 

 

La sociedad está observando este esfuerzo con mucha atención. Las expectativas de la ciudadanía en cada una de las regiones donde se ha comenzado a implementar este modelo de trabajo y relación entre el Estado y las organizaciones sociales representativas son altísimas. No es solo porque sea una novedad que en torno a una misma mesa se pueden reunir los actores oficiales y compartan sus planes, objetivos y metas, sino porque a partir de las Mesas se están construyendo la esperanza de que podremos vivir en comunidades donde reine el orden, la armonía y la responsabilidad ciudadana.

 

Cuando actores tan diversos como la Policia Nacional, el Ministerio Público, la Dirección Nacional de Control de Drogas, los Ministerios de la Mujer, Salud Pública, Juventud, y Educación así como organismos especializados en las áreas de niños, niñas y adolescentes, entre otros , interactúan con organizaciones empresariales, cívicas, comunitarias, académicas y religiosas, se debe entender que lo tienen entre manos es esencial para el país, la región o la comunidad.

 

Y no hay en el país en este momento un tema más prioritario, fuera de la situación sanitaria que ha provocado la pandemia y sus repercusiones económicas, que el de la seguridad ciudadana. Es nuestro mayor desafío y por eso es tan alentador que el Ministerio de Interior y Policía, con las autoridades municipales en todo el país, estén adelantando continuamente esta alianza con la sociedad para mejorar estos problemas ancestrales.

 

Ya no basta con reconocer que nuestro camino hacia el desarrollo, la justicia y el bienestar global requiere sociedades seguras, pacíficas y unidas en la prevención y el castigo del crimen y la delincuencia. Para vivir en una sociedad que reconoce y garantiza los derechos fundamentales es imprescindible vencer el miedo y la zozobra que siembra la inseguridad.

 

Por eso es que valoramos altamente esta iniciativa que dará grandes frutos y que permitirá políticas articulares, programas, y planes globales y locales, bien diseñados, coordinados e implementados por instituciones públicas comprometidas, en el sector justicia, en el Gobierno Central y de manera especial en las municipalidades, como el poder más cercano a la vida cotidiana de los ciudadanos.

 

Por todo lo anterior queremos felicitar a los apreciados amigos Carlos Guzman y Jesús Vázquez Martínez, Alcalde de Santo domingo Norte y Ministro de Interior y Policía, respectivamente, por impulsar esta iniciativa con tanto entusiasmo.

 

Como FINJUS estamos muy comprometidos con apoyar sus esfuerzos que han de coronarse con éxito, y nos hemos sentido muy honrados de que han aceptado nuestro apoyo técnico para acompañar las iniciativas que articulen las organizaciones estatales y ciudadanas que confluyen en este espacio.

 

Felicitamos al honorable Ayuntamiento de Santo Domingo Norte, al Ministerio de Interior y Policía, y con ellos a todas las instituciones públicas y privadas presentes.

 

Pasen todos muy buenos días.

 

16 de marzo de 2021

El Consejo Consultivo de la Liga Municipal Dominicana, realizó su primera reunión,  en virtud de lo establecido en su reglamento y funcionamiento institucional.

El Consejo está conformado por el Secretario General de la Liga Municipal Dominicana, Victor D' Aza, ex-presidentes de FEDOMU, ex-secretarios de la Liga Municipal Dominicana, Encargados de asuntos municipales de las primeras fuerzas políticas, así como por el Dr. Servio Tulio Castaños, Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS y Juan Castillo, Director Ejecutivo de la Fundación solidaridad, entre otros.

 

 

Palabras del Dr. Servio Tulio Castaños Guzmán, Vicepresidente Ejecutivo FINJUS

Permítanme saludarles y manifestarles nuestra satisfacción al acompañarles en esta actividad de relanzamiento de la Mesa de Seguridad, Ciudadanía y Género así como la presentación del Plan Municipal de Seguridad Ciudadana de Santiago: por una Ciudad Limpia, tranquila y segura. Un lema que define de manera magistral las metas sociales por las que trabajan las autoridades locales y que la población ha acogido con entusiasmo.

 

Esta iniciativa de las Mesas de Seguridad, Ciudadanía y Género constituye una de las novedades que ha generado mayor nivel de impacto y ha motorizado las expectativas de la ciudadanía en cada una de las regiones donde se ha comenzado a implementar bajo la dirección de las alcaldías respectivas y en coordinación del Ministerio de Interior y Policía. Más de 150 Mesas instaladas en todo el país indican que en todas las latitudes existe una gran esperanza para que a muy corto plazo esta estrategia nacional produzca resultados positivos para beneficio de la ciudadanía y el fortalecimiento del clima de convivencia pacífica que se requiere para el desarrollo económico y social.

 

Todos los sectores comprenden que la inseguridad en sus diferentes dimensiones representan uno de los más graves desafíos que enfrentamos en nuestro camino hacia el desarrollo, la justicia y el bienestar global. Es conocido también que el temor y el miedo, desde una perspectiva amplia, constituyen una amenaza permanente a cada persona, sus familias ya la sociedad.

 

En este sentido se entiende que sin seguridad, el uso y disfrute de la libertad resultante vacío de contenido. La seguridad no sólo protege, sino que además potencia el uso y disfrute de una vida plena de oportunidades y de derechos públicos en el marco de un Estado social y democrático de Derecho.

 

Estamos conscientes de que este no es un problema que pueda ser resuelto de manera individual, por lo que se necesitan políticas, programas, y planes globales y locales, bien diseñados, coordinados e implementados por instituciones públicas comprometidas, en el sector justicia, en el Gobierno Central y de manera especial en las municipalidades, como el poder más cercano a la vida cotidiana de los ciudadanos.

 

Estas Mesas han venido además a mostrar que podemos avanzar en la coordinación de las instituciones públicas en torno a propuestas bien definidas, en comunicación con la sociedad y por redes de organizaciones sociales responsables, produciendo una sinergia que favorecerá la acción conjunta de las instituciones, de la mano con las empresas, los entes de servicio social y las entidades comunitarias en el sentido más posible.

 

Por todo lo anterior queremos felicitar a los licenciados Abel Martínez Durán y Jesús Vázquez Martínez, Alcalde de Santiago y Ministro de Interior y Policía, respectivamente, por impulsar esta iniciativa con tanto entusiasmo.

 

Estamos muy comprometidos con apoyar sus esfuerzos que han coronado con éxito, y nos hemos sentido muy honrados de poner nuestras capacidades técnicas a su servicio y de esta comunidad para acompañar las iniciativas que articulan las organizaciones estatales y ciudadanas que confluyen en este espacio.

 

FINJUS agradece el honor de acompañarles y les reiteramos el compromiso de brindar nuestra mejor capacidad y dedicación técnica, para que estas iniciativas alcancen la meta de reforzar la confianza ciudadana en sus instituciones.

 

Felicitamos al honorable Ayuntamiento de Santiago, al Ministerio de Interior y Policía, y con ellos a todas las instituciones públicas y privadas presentes en este relanzamiento.

 

Pasen todos muy buenos días.

 

 

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /misc/8/000/342/834/9/user/web/finjus.org.do/templates/jd_dallas/html/com_k2/templates/default/user.php on line 260

Search

Popular Posts

Videoteca Canal de YouTube

Siguenos en FaceBook

Siguenos en Twitter

Promoviendo el fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática, el Sistema de Justicia y el Estado de Derecho en la República Dominicana.

Estar en contacto

Gustavo Mejia Ricart #104, Torre Piantini Piso 8 Suite 803 , Tel. 809-227-3250, whatsapp 809-227-3259

(809) 227-3250

finjusrd@finjus.org.do

 www.finjus.org.do