Kenia Franco

Kenia Franco

La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS) celebró el Encuentro con Legisladores electos 2020-2024, en la modalidad de Taller de Inducción a la labor Legislativa, con la participación masiva y entusiasta de 135 diputados y senadores.

 

El evento contó con una Conferencia Introductoria del honorable magistrado Dr. Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional sobre el tema “El Congreso Nacional: su Rol para Garantizar la Estabilidad Democrática y el Desarrollo Nacional”, en la que analizó a profundidad el rol del Poder Legislativo y el alcance de su labor de cara a la sociedad y el Estado.

 

El evento fue dividido en tres bloques temáticos, sobre diferentes aspectos relativos a la actividad legislativa. El primero se ocupó de las Fuentes Normativas Primarias de la Actividad Congresual y estuvo integrado por la Magistrada Ana Isabel Bonilla, del Tribunal Constitucional que trató sobre La Constitución como Norma en el Marco de las Funciones Congresuales; y los juristas Jimena Conde y Marcos Cruz quienes abordaron, la Incidencia del Derecho Internacional en la Actividad Congresual y La Normativa Interna de las Cámaras como Presupuesto de la Actividad Congresual, respectivamente

 

En un segundo Bloque temático se trató sobre La Protección y Control de la Actividad Congresual, a cargo de los reconocidos juristas Félix Tena de Sosa y Amaury Reyes, que trataron el Control Jurisdiccional de la Actividad Parlamentaria, y el Estatus del Legislador y Protección de la Función Legislativa.

 

Un último bloque temático versó sobre las Atribuciones Constitucionales del Congreso Nacional, en el que participaron los juristas destacados Nassef Perdomo, Patricia Santana y Pedro Montilla. Los temas que abordaron fueron La Función de Control Político del Congreso Nacional; La Función Normativa: resoluciones, leyes (ordinarias y organizas) y reforma constitucional, y La Reserva de Ley como Concreción de los Contenidos Constitucionales: Hacia un Impulso de la Agenda Legislativa,

 

La actividad contó con la relatoría general, a cargo de Servio Tulio Castaños Guzmán, Vicepresidente Ejecutivo de la FINJUS, quien también dio las palabras de bienvenida al evento.

 

La actividad fue organizada atendiendo a la realidad de que el Congreso Nacional es el primer poder del Estado que aborda la Constitución, y que por sus funciones resulta ser la expresión más alta de la representación democrática, la sede en la que se han de dilucidar las decisiones normativas más trascendentales a la luz de la Constitución, por lo que FINJUS consideró de alta prioridad crear y mantener canales de comunicación permanente entre el Congreso y la sociedad, para el apoyo y sostenimiento recíprocos.

 

El evento significó una forma de incrementar la sinergia institucional, a través de la transferencia de información y conocimiento, para que los legisladores electos en el periodo 2020-2024 puedan afrontar con mejores herramientas la alta responsabilidad que les corresponderá durante el próximo período constitucional, para cumplir con las aspiraciones del pueblo dominicano y contribuir al enriquecimiento de la agenda legislativa que deberá emprenderse así como en el fortalecimiento de los mecanismos de control que correspondan conforme al diseño constitucional del país.

 

Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo FINJUS

 8 de agosto de 2020

Descargar completa: RELATORÍA

Palabras de bienvenida a cargo del Dr. Servio Tulio Castaños Guzmán

Discurso Central  Conferencia: EL CONGRESO NACIONAL: “SU ROL PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DEMOCRÁTICA Y EL DESARROLLO NACIONAL” a cargo del Magistrado  Presidente  del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara

 

 

Para mas imágenes en Instagram @finjusrd

La designación del Procurador General de la República en el nuevo gobierno ha concitado numerosas reacciones y sugerencias en los medios de comunicación, dadas las altas expectativas sociales que giran alrededor de la percepción social de justicia y su intervención en lo relativo a la formulación de las políticas contra la criminalidad y, por otro lado, la investigación y la persecución penal.

 

Algunas de las sugerencias apuntan a introducir reformas en la Constitución para hacer posible la designación de un Procurador General Independiente y realizar cambios en el Ministerio Público. Pese a que el propósito que anima estas propuestas gozan de simpatía social, FINJUS advierte que en la actualidad, en medio de las agudas crisis sanitaria y económica, cualquier propuesta de abrir un proceso de reforma constitucional sería extemporánea.

 

El nuevo Gobierno debe abocarse a definir la agenda de las prioridades nacionales en las políticas, los programas y la legislación que se requieren para enfrentar dichas crisis, asegurándose que sea socialmente consensuada y técnicamente depurada. Sin embargo, esa agenda no pasa en la actualidad por la reforma constitucional en ninguno de sus componentes, porque las urgencias de la Nación pueden abordarse desde la perspectiva de la normativa vigente y los presupuestos del Estado de derecho en que vivimos.

 

El mejor ejemplo de lo anterior es cómo avanzar en el fortalecimiento técnico e independencia funcional del Ministerio Público, que es el marco desde el cual debe discutirse el nombramiento del Procurador General de la República. FINJUS ha abogado históricamente en este sentido, porque creemos que la democracia, el desarrollo económico y social y la convivencia pacífica están atados a la existencia de un sistema de justicia eficaz, integrado por órganos gestionados adecuadamente y coherentes con sus misiones constitucionales.

 

Para ello resulta preciso considerar la configuración institucional dada en nuestro marco normativo a la figura del Procurador General de la República, la cual concentra en sí misma tres funciones primigenias que cursan objetivos distintos y que en otros ordenamientos jurídicos se pueden encontrar separados y asignados a distintos funcionarios públicos.

 

En primer orden, el artículo 30 de la ley 133-11 orgánica del Ministerio Público sobre las atribuciones del Procurador General de la República, indica que el titular forma parte del gabinete de gobierno para los temas institucionales del sistema de justicia interpretando las funciones del Ministro de Justicia, que es una figura presente en el modelo norteamericano.

 

Por otro lado, también encarna la función que se apega en plenitud al concepto en derecho del Procurador General de la República, esto es aquel que se encarga de ejercer la representación del Estado en los procesos que se desarrollan en las Altas Cortes, por lo que es su deber presentar dictamen y sostener la representación en los juicios ante la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional.

 

Le corresponde además encabezar el Ministerio Público, lo que le hace comparable al fiscal general del país, como la máxima figura del ejercicio de la persecución penal y/o quien dirige las estrategias para gestionar las investigaciones y sostener las acusaciones en los procesos penales que se desarrollan en los tribunales del país.

 

A fin de lograr la consecución de las responsabilidades y funciones que se derivan de la ley orgánica del Ministerio Público, esa norma permite un ejercicio de desconcentración institucional para que la función del fiscal general pueda ser deslindada de la del procurador general como órgano político.

 

Para ello la norma desconcentra funciones en un órgano técnico que forma parte de la carrera del Ministerio Público, que es el director general de persecución, que constituye una especie de adjunto del procurador designado por cuatro (4) años, a manera de protección especial para dotar a este funcionario de cierta estabilidad durante su ejercicio.

 

A propósito del próximo cambio de titular del órgano, es preciso insistir en que pueda motorizarse la concreción de la funcionalidad y desconcentración operativa e independencia técnica del Director General de Persecución que se encuentra establecida en la ley, para garantizar el fortalecimiento técnico de la labor de persecución.

 

La idea asentada en la norma es que, formando parte de la carrera y protegido institucionalmente frente a la administración central del Estado −no pudiendo ser destituido salvo faltas en el ejercicio del cargo−, pueda obrar para el mejor interés del país al dirigir los procesos de persecución penal que se desarrollen durante los cuatro años de gestión que se le asignan. Y así se concentre el direccionamiento práctico de todo lo relativo a la persecución penal.

 

En la actualidad, continúa siendo una tarea pendiente en el contexto jurídico institucional dominicano el ejercicio pleno de las atribuciones que legalmente le han sido conferidas a la figura del Director General de Persecución y, en consecuencia, viabilizando que el Procurador General de la República pueda continuar ejerciendo sus otras funciones políticas en su vinculación con el Ejecutivo, interfiriendo lo menos posible con el ejercicio técnico de la persecución.

 

Es preciso entonces que, en el contexto de cambio de estructura gubernamental, se valore la oportunidad de que, a lo interno del Ministerio Público, el Procurador General que sea designado encamine la concreción de esta importante figura que garantiza la desconcentración de funciones a lo interno de este órgano y el fortalecimiento técnico de la persecución penal.

 

Finalmente desde FINJUS entendemos que en beneficio del Sistema de Justicia Penal dominicano se necesita un mayor protagonismo del Ministerio Público ante las diversas denuncias de corrupción y la dirección de una política nacional de persecución estratégica contra el crimen.

 

 

Servio Tulio Castaños Guzmán ´

Vicepresidente Ejecutivo FINJUS

 

 

 

Durante su encuentro, el Sr. Jesús Vásquez conoció los proyectos que desarrolla FINJUS en materia de seguridad ciudadana, especialmente en el marco de los municipios, y se interesó por las experiencias de la institución en materia de reforma de la Policía Nacional.

 

El Lic. Vásquez y el Dr. Castaños tienen su disposición de mantener el intercambio y la cooperación, en beneficio de la seguridad y la convivencia pacífica en el país. En el curso de la reunión participó específicamente el Lic. Luis Soto, Consultor Senior en Seguridad Municipal de FINJUS.

29 de julio de 2020

Lo enunciado en el artículo 266.3 indica que todas las autoridades electivas mantienen sus atribuciones durante el Estado de Excepción; esto hace referencia a que un Estado de Emergencia no desvirtúa la esencia misma de las funciones del Estado, sin perjuicio de lo anterior, ello no deviene en impedimento para el traspaso de mando a las autoridades electas. 

 

Debe recordarse que los Estados de Excepción, en este caso de emergencia, confieren ciertas prerrogativas a cargo del ejecutivo y no a título personal de quien sea presidente; así también opera el principio de continuidad del Estado, que enlaza actuaciones de la estructura gubernamental saliente a la entrante.

 

Es preciso destacar que la decisión de encaminarse en una nueva solicitud de Estado de Emergencia fue fruto de un consenso entre las autoridades electas y las actuales, esto así para afrontar el contexto actual respecto de la crisis sanitaria y en salvaguarda de la salud del pueblo dominicano.

 

Servio Tulio Castaños

Vicepresidente Ejecutivo Finjus

La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS), ante las informaciones aparecidas en los medios de comunicación sobre el reinicio del proceso de renovación del Ministerio Público, reitera la necesidad de que el mismo responda a los criterios de transparencia, publicidad y respeto al ordenamiento jurídico, en vista de los cuestionamientos que fueron presentados desde el momento de su convocatoria.

 

Dichos cuestionamientos dieron lugar a un recurso contencioso administrativo incoado por 18 fiscales que alegan haber sido afectados, por lo que se hace necesario la revisión, en sede judicial y desde el propio Consejo Superior del Ministerio Público, de las bases del referido concurso, en razón de la relevancia que supone la renovación de este órgano y el sensible contexto que lo permea.

 

Debe recordarse que la renovación de los cargos titulares a lo interno del Ministerio Público puede ser considerada como una necesidad institucional, en la medida que permita asegurar los objetivos de un sistema de carrera fundado en principios de mérito, capacidad y profesionalidad.

 

Desde FINJUS hemos insistido, desde el mismo momento de la convocatoria formal, que antes de realizar un concurso interno para determinar las titularidades de las Fiscalías y otros órganos, se debió evaluar el desempeño de los integrantes del Ministerio Público, y de manera especial de los titulares que, en virtud de las disposiciones de la Ley, pueden ser confirmados en sus cargos, para decidir luego las plazas que estarían vacantes, bien sea por haberse excedido el tiempo en la función o por rechazar la confirmación en el cargo, después de una exhaustiva evaluación de desempeño a los titulares.    

 

Si bien es cierto que el Consejo Superior del Ministerio Público es el órgano competente para realizar las designaciones de los diversos titulares de las fiscalías y órganos del Ministerio Público, dicho Consejo no está investido de una discrecionalidad absoluta en su labor, sino que la gestión de la carrera se encuentra mediada por el cumplimiento de los valores y principios que trazan la finalidad del sistema de carrera.

 

Un aspecto de gran magnitud que han resaltado importantes organizaciones sociales en la evaluación de esta situación es que al interior del Ministerio Público no existe un escalafón institucional que permita valorar los tiempos, los méritos acumulados en determinadas funciones y una categorización a lo interno de los distintos niveles, para decidir entonces las posibilidades de aspirar a cargos de titularidad.

 

En este mismo sentido la promoción de una categoría a otra superior en el Ministerio Público sólo tiene lugar cuando se hubieren alcanzado las condiciones determinadas por la normativa aplicable, es decir, la que establece la Ley Orgánica del Ministerio Público, No. 133-11, y sus Reglamentos.

 

Para FINJUS resulta imprescindible que un proceso de esta naturaleza sea revestido de altos niveles de transparencia y publicidad, para evitar dudas sobre parcialización hacia candidaturas específicas que pudieran empañar la legitimidad de la escogencia.

 

La sociedad apuesta por la cultura institucional transparente, que en el caso concreto de la renovación en el Ministerio Público implica el apego absoluto a los requisitos que fijan las normas, y las cláusulas constitucionales, así como erradicar las prácticas tradicionales que en el pasado entorpecieron el desempeño de sus funciones con los más altos niveles de idoneidad y profesionalidad.

 

 

Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS

 

La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS), a la luz de la situación actual generada por la pandemia por coronavirus, exhorta a los senadores y diputados recién elegidos a colocar como una de sus humanos el desmonte de la cultura de privilegios que por décadas ha funcionado en las cámaras legislativas y que tuvieron éxito programas multimillonarios para la realización de iniciativas que son ajenas a las funciones que la Constitución les atribuye.

 

A lo largo de los últimos años diferentes sectores nacionales, en los ámbitos empresarial, religioso, académico y comunitario han planteado que el uso de los privilegios excepcionales entre diputados y senadores se ha convertido en una grave distorsión y desnaturalización de la naturaleza de los congresistas, que ha originado que en muchas comunidades sean percibidas como una fuente de asistencia social y origen del clientelismo

 

Tiene cada vez más fuerza entre los expertos y las organizaciones la opinión de los denominados “Fondos de Compensación Social”, las exoneraciones y entradas adicionales de los legisladores socavan la legitimidad política de su representación política y los documentos una forma inaceptable de dispendio de recursos públicos y suplantación de órganos públicos.

 

FINJUS llama a los senadores y diputados electos, de los cuales la mayoría provienen de comunidades y grupos sociales que históricamente rechazaron todas las formas de "barrilitos", "cofrecitos" o fondos similares, que decidan dar el paso histórico de transformar el ejercicio legislativo y tomen las medidas para que esos recursos públicos sean requeridos a las acciones que requieren el desarrollo del sistema de salud y los planos urgentes para el relanzamiento de la economía y el tránsito hacia la normalidad tras la pandemia.

 

La sociedad dominicana confía en la nueva composición del Congreso, integrada por una gran cantidad de jóvenes profesionales y especialistas en diferentes sectores, se abocarán a la dirección del proceso de desmontaje del conjunto de los privilegios que desnaturalizan al primer poder del Estado y avancen en el fortaleciendo la institucionalidad democrática, concentrándose en las tareas propias de su alta investidura, para atender las necesidades reales de la nación.

 

 

Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo FINJUS  

8 de julio de 2020

La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS) valoró muy positivamente la participación del pueblo dominicano en las recién concluidas elecciones presidenciales y congresuales del domingo 5 de julio, desafiando las condiciones adversas existentes por la pandemia del COVID-19.

 

El deseo de participación y la manera organizada, pacífica y cívica que predominó en todo el territorio nacional, mostraron el compromiso popular por avanzar en la consolidación de la institucionalidad democrática.

 

Este elemento constituye una de las mejores novedades del proceso electoral, que debe indicar a las nuevas autoridades electas, tanto en el Ejecutivo como el Poder Legislativo, que la ciudadanía espera que se retome el camino de las reformas que requieren nuestras instituciones, el marco legal, las estrategias nacionales y los programas sectoriales, con clara visión de futuro.

 

Vencer los efectos de la pandemia del coronavirus y coordinar todas las instituciones y políticas para producir la reactivación de la economía y sectores sociales claves se constituyen en los retos prioritarios del nuevo período que se ha abierto.

 

FINJUS felicita al Presidente Electo, Luis Abinader y la Vicepresidenta Electa Raquel Peña, así como a todos los legisladores favorecidos por el voto popular. A ellos les expresamos nuestro compromiso de seguir aportando en el fortalecimiento de los procesos institucionales y democráticos en el país. Manifestamos asimismo nuestro reconocimiento a la Junta Central Electoral por el exitoso desarrollo de los comicios, pese a las dificultades propias de la pandemia.

 

 

Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo FINJUS

 

7 de julio, 2020

Las elecciones presidenciales y congresuales del próximo 5 de julio representan un gran reto para el sistema democrático dominicano porque son las primeras en este nivel de elección que se organizan con el nuevo ordenamiento legal del régimen electoral y de los partidos políticos. Su éxito dependerá en gran medida de la labor que deben realizar los actores electorales, incluyendo los propios partidos. 

 

En las actuales circunstancias que vive el país su éxito será posible si los ciudadanos y ciudadanas asumen el compromiso de respaldar el ejercicio del sufragio con un ánimo sereno, pacifico, ordenado y consciente, lo que representaría un gran impulso en el fortalecimiento del sistema electoral y la democracia en su conjunto.

 

FINJUS exhorta a la ciudadanía a ejercer su derecho al sufragio como expresión de su soberanía, de la que emanan los poderes públicos y da legitimidad a sus actos. La propia constitución, en su artículo 208, indica que el voto ciudadano es libre, sin coacción ni presión externa; es directo, al elegirse los representantes de manera directa, y finalmente es secreto, en el sentido de que se han establecido los mecanismos necesarios que permiten al ciudadano no dar a conocer el sentido de su voto.

 

Destacamos asimismo que en las próximas elecciones del 5 de julio se pondrán en ejecución importantes novedades, como la votación en boletas separadas a nivel de la elección de senadores y diputados, quedando eliminado el sistema antidemocrático del arrastre a nivel congresual. Esta fue una demanda de la sociedad por décadas que ahora tenemos la oportunidad de respaldar en las urnas.

 

Es urgente abogar por la estabilidad del Estado de Derecho. Las condiciones sociales y políticas que han prevalecido en el país han impacto también en el tejido democrático, por lo que es necesario fortalecer sus instituciones, lo que significa en la actualidad realizar todas las iniciativas necesarias para preservar el derecho al sufragio conforme las garantías constitucionales actuales.

 

Es el tiempo de ejercer nuestro derecho y deber ciudadano de elegir nuestros representantes y autoridades, de acuerdo a nuestras convicciones y preferencias. Es el momento de decir al mundo que en la República Dominicana existe una sociedad organizada, amante de  la democracia y que valora la estabilidad, la paz y el progreso. Por ello FINJUS exhorta a todo el pueblo a acudir a las urnas de manera consciente, ordenada, pacífica y cívica.

 

 

Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo FINJUS

 

Acceder al video completo en nuestro canal de youtube @finjusrd https: //youtu.be/38dRV_5k1iE

Participación del Dr. Leonel Fernández Reyna, Candidato Presidencial del partido Fuerza del Pueblo, en el segundo de la serie de "Encuentros con Candidatos Presidenciales 2020: Propuestas para el fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana y la Justicia", organizado por FINJUS

24 de junio 2020

 

Reseña realizada por El Caribe

Durante su participación en “Encuentros con Candidatos Presidenciales 2020”, organizado por la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), fue enfático al respondedor sobre la insistencia del sector capital en reducir o eliminar la cesantía en una nueva reforma laboral.

Al respecto, dijo ante la pregunta de uno de los panelistas, que de lo que se trata es de "justicia laboral", y que "los derechos adquiridos de los trabajadores son innegociables".

"Comprendo que no puede haber generación de empleos, no puede haber mejoría de las condiciones de los trabajadores si no existen las empresas, pero también afectado que los trabajadores que son los productores de las riquezas tienen derechos adquiridos que deben ser preservados", enfatizó.

Precisó que aunque se identifiquen en distintas partes del mundo se han hecho reformas laborales y se ha hablado de flexibilización del mercado laboral para hacer las empresas más competitivas y promover el crecimiento, todo puede ser objeto de examen, "No pueden ser eximidos o no pueden ser despojados de un derecho adquirido y universalmente reconocido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ", enfatizó.

Fernández consideró que a partir de ahí se puede generar todo el debate, pero siempre tomando en consideración que hay derechos de los trabajadores adquiridos durante décadas que no pueden ser desconocidos ".

Invitar a recordar que el derecho laboral no es como el civil, sino que es un derecho de discriminación positiva a favor de los trabajadores cuando considera la relación de trabajo en el marco del derecho civil como dos partes equilibradas.

"Insistir en la necesidad de preservar los derechos adquiridos de los trabajadores, esa parte es innegociable: el derecho a la sindicalización y el pacto colectivo, son elementos integrales del derecho de los trabajadores", reiteró.

 

Acceder al video en nuestro canal de youtube @finjusrd h ttps: //youtu.be/38dRV_5k1iE

 

 

 

 

Participación del Dr. Guillermo Moreno, Candidato Presidencial de Alianza País en el primero de la serie de "Encuentros con Candidatos Presidenciales 2020: Propuestas para el fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana y la Justicia", organizado por FINJUS

16 junio 2020

 

Reseña realizada por Listín Diario:

El candidato presidencial de Alianza País,  Guillermo Moreno , debe enfrentar el narcotráfico en República Dominicana es necesario para eliminar la protección que se produce desde los sectores oficiales a los que ejercen estas prácticas.

Indicó que antes República Dominicana era un país conocido como de tránsito de drogas, pero en la actualidad se ha convertido en uno de consumo.

“El país dejó de ser un país de tránsito y pasó a ser un país de alto consumo de  drogas   y hay una población cometando delitos para mantener su adicción a las drogas”, dijo al participar en el encuentro con candidatos organizados por la Fundación Institucionalidad y Justicia

Asegurar que la protección que recibe el narcotráfico desde los sectores oficiales es lo único que justifica el auge que ha tenido esta práctica ilícita.

"Estamos hablando de protección de funcionarios, legisladores, militares, policías, los casos de Figuera Agosto, de Arturo del Tiempo, de  Quirino  y ahora recientemente de  César el Abusador,  son apenas ejemplos de esa protección", señalaron.

De igual forma indica que es necesario desarticular las redes de microtrafico que operan pagando peaje y recibido protección en barrios de policías y militares.

Dijo que desde su gobierno pretende reformar la  Policía Nacional  con la integración de hombres honestos, con buena remuneración y trabajos dignos.

 

 

 

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /misc/8/000/342/834/9/user/web/finjus.org.do/templates/jd_dallas/html/com_k2/templates/default/user.php on line 260

Search

Popular Posts

Videoteca Canal de YouTube

Siguenos en FaceBook

Siguenos en Twitter

Promoviendo el fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática, el Sistema de Justicia y el Estado de Derecho en la República Dominicana.

Estar en contacto

Gustavo Mejia Ricart #104, Torre Piantini Piso 8 Suite 803 , Tel. 809-227-3250, whatsapp 809-227-3259

(809) 227-3250

finjusrd@finjus.org.do

 www.finjus.org.do