Super User

Super User

Miércoles, 02 Diciembre 2020 18:45

Palabras Dr. Adriano Miguel Tejada en el TC.

Ver video Dr. Adriano Miguel Tejada,

 

La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS), expresa su profundo pesar por el fallecimiento del Dr. Adriano Miguel Tejada, Abogado, catedrático por más de 25 años y director de Diario Libre. Su fallecimiento enluta a la comunidad jurídica, periodística ya la sociedad dominicana.

Nuestras condolencias a su esposa, hijos, nietos y demás familiares.

Paz a su alma.

Higüey, Provincia Altagracia
27 de noviembre de 2020

Distinguidos Miembros de la Mesa Directiva.

Señoras y Señores:

Buenas tardes.

Nos sentimos muy complacidos y honrados de que el Observatorio de Comunicación y Democracia nos haya invitado a participar en este espacio para compartir con ustedes algunas reflexiones, inquietudes y preocupaciones acerca de uno de los temas más importantes que permanentemente se discuten en diferentes escenarios globales: Los retos de la comunicación en tiempos de democracia.

Somos conscientes de la magnitud del tema porque la comunicación está relacionada con los ejes fundamentales de nuestra civilización, y se irradia hacia diversas áreas, jugando un rol clave en la vida económica, social, cultural y jurídica de cualquier sociedad organizada.

Aunque durante años he producido un espacio de televisión, reconozco que soy un profano en esta materia y la perspectiva con que enfoco los temas comunicacionales está relacionada principalmente con lo jurídico.

Sin embargo soy consciente del enorme peso que tiene la comunicación en esta sociedad. Me sorprende la rapidez con la que algunos temas entran a la agenda nacional o lo fugaz de su permanencia.

Asombra la manera ligera, superficial y hasta anodina con la que algunos tópicos son tratados en los medios de comunicación, al mismo tiempo que valoro altamente los esfuerzos de muchos comunicadores y comunicadoras por desentrañar los misterios que se esconden detrás de una medida, un nombramiento, un elogio o el silencio de funcionarios, figuras o instituciones.

Noten que estoy en el plano de los medios de comunicación social, o sea los medios masivos y tradicionales, como los medios impresos, la TV o la radio. Pero ustedes saben mejor que yo el creciente peso que han adquirido las redes electrónicas o digitales que han dado paso a la comunicación virtual, que ha tenido la virtud de hacer realidad la profecía de convertirnos en una aldea global, en la que el aquí y el ahora son una realidad que trasciende las fronteras, las leyes de la física y ha convertido la ciencia ficción en la nueva cara de la cotidianidad.

Sin embargo, ¿Quién no conoce de los excesos que se cometen desde las redes sociales cuando se vapulea la honra, la trayectoria y la integridad de cualquier persona, por sujetos que se escudan en el anonimato, desde donde hacen daño, difunden mentiras y tergiversan creencias o ideales?

Vivimos en un mundo comunicado, hipercomunicado y este factor se ha convertido en una variable clave para entender o influir en los procesos sociales, económicos culturales y políticos, aquí y en cualquier lugar del planeta.

Pero hoy nos concentra el fenómeno de la comunicación en sentido más restringido y dirigido especialmente a tratar de establecer sus relaciones con el mundo de la política y especialmente de la democracia.

A este tema FINJUS ha dedicado muchos años tratando de aportar a la consolidación de las estructuras e instituciones democráticas, en el medio de una transición que se ha alargado por 60 años, dando lugar a esta mezcla de prácticas modernas y antiguas, en medio de influencias locales y globales, y al son de líderes innovadores o de fieles seguidores y cultivadores de tradiciones autoritarias, paternalistas y hasta mesiánicas.

Vivimos en una democracia nacida al fragor de luchas donde se han debatido diferentes concepciones y estilos de pensamiento, pero que han tenido en común la creación y sostenimiento de estructuras políticas, sociales y económicas que hoy prevalecen, que están determinadas históricamente y que han sido atravesadas por variados factores culturales, tradiciones y costumbres, dando forma al modelo político dominicano.

Con sus luces y sombras, nuestra democracia ha ido creando hitos que deben permitir a las nuevas generaciones reflexionar sobre las tareas más importantes para perfeccionar lo que hoy tenemos y que tiene vocación de permanencia, pero identificando al mismo tiempo los lastres que heredamos de décadas de atraso y desorden, de forma que podamos seguir produciendo las reformas que nos acerquen a las democracias de países más organizados, tolerantes y desarrollados.

Existen múltiples enfoques o perspectivas desde las cuales situarse para acometer este esfuerzo de modernización, adecuación o perfeccionamiento de nuestras instituciones democráticas. Pero los organizadores me han pedido que lo haga desde el campo de la comunicación, identificando los retos a priorizar y esbozando algunas tareas o iniciativas que puedan iluminar las sombras que persisten en este camino.

Esto nos lleva a revisar brevemente la relación comunicación –democracia en lo general y tratar de analizar nuestra realidad a la luz de experiencias y conocimientos.

La visión clásica de la función comunicativa dentro de la sociedad recoge algunos principios fundamentales

En primer lugar, en una sociedad democrática la comunicación debe ser vista como un derecho fundamental, y por tanto debe estar revestida de condiciones especiales que garanticen su ejercicio pleno, en el marco de limitaciones razonables recogidas por las normas internacionales y locales. En una sociedad democrática la libertad de expresión y las áreas relacionadas con la información, producción de conocimientos etc. se constituye en el eje central de la libertad política en sentido más amplio, porque es el cemento que cohesiona la sociedad y que facilita el funcionamiento y la estructuración de las instituciones y las personas.

Por eso existe un cierto consenso acerca de los roles prioritarios que deben asumir los medios de comunicación y los sistemas comunicativos, en sentido amplio, como prerrequisito para el logro de los objetivos sociales y personales vinculados con el desarrollo social.

En primer lugar es imprescindible que los procesos comunicativos faciliten la posibilidad de que las personas puedan acceder a las informaciones pertinentes sobre los acontecimientos o hechos de cada día y que las mismas sean elaboradas de forma veraz, inteligente y completa.

En segundo lugar que esos medios de comunicación puedan brindar un espacio para la discusión de todos los puntos que sean importantes dentro de la sociedad, sino que además la agenda pública no esté previamente determinada por ningún sector en particular, para que exprese la diversidad de puntos de vistas y enfoques.

Es vital que los medios de comunicación puedan dar una idea razonable y representativa del pensamiento y los principios que estructuran la sociedad y constituirse en un marco que contribuya a la educación de las personas, oriente su participación social y canalice sus inquietudes.

Debe ser asimismo un canal de transmisión de los valores e ideales que la sociedad ha enarbolado y que están presentes en sus documentos fundamentales, en la Constitución y las leyes, que sustentan la democracia como sistema y como práctica.

Los medios pueden contribuir a la democracia si ponen la información y los conocimientos que producen al servicio de todos los sectores sin restricciones.

Un grave problema que se puede observar en el mundo actual es que la comunicación se ha segmentado o parcelado de una manera tal que una gran masa de esa información crece exponencialmente, de tal manera que es imposible su consumo masivo, y creando mayores confusiones y desorientación.

A lo anterior se suma el riesgo de que las informaciones sobre los hechos y los acontecimientos que circulan a través de los medios o redes sufran algún tipo de sesgo originado por los propios medios o por quienes manejan la información.

Otro de los grandes obstáculos y problemas que la comunicación tiene en la actualidad, y que ha sido una constante en las últimas décadas es el hecho de que junto a la información veraz sobre conocimientos basados en hechos reales, circulan de manera profusa mitos, falsedades y otras deformaciones de contenidos que no han sido recogidos de manera objetiva e identificada sus fuentes.

En este sentido se está produciendo una gran paradoja. En la actualidad la humanidad vive una explosión en términos de producción y consumo de información y conocimiento, y contamos con los mayores y más eficientes canales tecnológicos para su producción, transmisión y difusión, pero al mismo tiempo se registra que las personas viven desinformadas o incomunicadas de una forma alarmante.

Uno de los mayores obstáculos que debilitan la democracia en forma creciente está relacionado con el hecho de que alguna forma de comunicación o algunos enfoques comunicativos restringen la diversidad de opiniones sobre la vida social o política de un país y se concentran solo en algunas áreas que parecerían estar diseñadas para confundir y no para educar.

La teoría clásica señala con claridad cuáles son las funciones fundamentales que tienen los medios de comunicación desde una perspectiva social, para jugar un rol constructivo que contribuya a la cohesión social y al logro de las grandes metas y objetivos sociales e institucionales.

Ante todo deben proveer información a la ciudadanía, convirtiéndose en voceros de los problemas sociales de los ciudadanos y grupos sociales y servir como un contrapeso al poder establecido, sobre todo en sociedades democráticas, donde los gobernantes y funcionarios que acceden al poder lo han hecho como representantes de la soberanía popular, mediante un ejercicio democrático como son las elecciones o mediante actos legítimos de designación.

Pero ¿cómo se puede fortalecer la democracia, desde la perspectiva de la comunicación?

Se han expresado algunos puntos de partida que pueden ayudarnos a establecer los criterios para entender cómo los medios de comunicación se pueden encaminar en esta dirección. Se han identificado cuatro propósitos que deben estar en base de toda comunicación con vocación de instrumento de la ciudadanía.

El primero es dar cuerpo y contenido al clamor ciudadano de que los actos públicos de los funcionarios y entidades de su interés deben ser vigilados y que estos deben abrirse al escrutinio público, incluso cuando no exista una solicitud expresa.

El segundo es crear los mecanismos para fortalecer, mediante sus actos comunicativos, la capacidad de los ciudadanos de poder de elegir los temas y problemas que más directamente afectan su forma de vida, y expresar públicamente su visión sobre los mismos.

El tercero es el de facilitar a los grupos sociales las herramientas o mecanismos para que tengan la posibilidad de intervenir en la discusión, e incluso en la decisión donde sea posible, sobre las políticas públicas que sistematizan las soluciones a los problemas de sus comunidades o territorios.

Cuarto, apoyar que los ciudadanos puedan participar en procesos educativos generados de la labor comunicacional, que les permita comprender cómo piensan quienes deciden las políticas y tener las capacidades para influir sobre ellos o permitir que estos funcionarios puedan conocer cabalmente las posiciones de las personas en sus comunidades.

Estos elementos constituyen una plataforma del ideal de la nueva comunicación dirigida a la ciudadanía, que ha sido asumida por nuevos sectores sociales que se han lanzado a las calles en todas partes del mundo.

En su libro “La democracia y sus críticos” Robert Dahl precisó su visión sobre la democracia como sistema político, aunque insistió reiteradamente que en la actualidad en ninguna parte existe el ideal de democracia, como lo conciben las constituciones y tratados de ciencias políticas, convirtiéndose en una utopía teórica.

Desde su punto de vista se precisan 5 criterios que deben ser cumplidos para acercarse a ese ideal y que traigo a ustedes porque nos ayudan a comprender el rol de la comunicación en el fortalecimiento de la democracia.

En primer lugar deben existir los mecanismos adecuados que garanticen la participación efectiva de la ciudadanía en los asuntos públicos. Esto significa que las personas deben contar con oportunidades iguales y efectivas de definir sus ideas, preferencias y participar activamente en la agenda pública, expresando libremente las razones en los que apoya sus decisiones, lo que incluye la capacidad de criticar públicamente a los gobernantes, funcionarios o sus representantes

En segundo lugar deben disfrutar de Igualdad de voto en la fase de las elecciones o mecanismos para escrutar la voluntad ciudadana: Cada persona debe sentirse segura de que sus opiniones, argumentos o criterios serán ponderados por las autoridades correspondientes y que sus opiniones serán recibidas y tomadas en cuenta, en la misma magnitud o intensidad con que serán asumidas las de otras personas.

En tercer lugar los ciudadanos deben haber desarrollado las condiciones para tener una comprensión informada de los aspectos más relevantes o capitales de la agenda de las personas que se postulan como sus representantes, independientemente del nivel al que aspiran, lo que implica tener acceso a informaciones de calidad y suficientes para que sus elecciones sean el producto de una conducta inteligente.

En cuarto lugar el pueblo, o sea el soberano, debe tener los medios e informaciones para decidir qué temas políticos deberían someterse a la discusión en los órganos constitucionales o políticos establecidos en la normatividad y con qué medios cuenta para influir en esas decisiones, lo que constituye su capacidad de incidir en el Control de la agenda pública.

Y por último Dahl establece que deben existir los mecanismos que garanticen la equidad, es decir que todos los ciudadanos deben contar con las mismas oportunidades de intervenir en los procesos políticos, sin cortapisas ni exclusiones porque los intereses de los ciudadanos en un Estado libre y democrático gozan de la misma legitimidad. Este es lo que él llama el principio de Inclusividad.

Como podemos ver en cada uno de los componentes de esta democracia ideal el rol de la comunicación es crucial.

Otra arista importante en este tema es cómo enfrentar la creciente insatisfacción que se está generando en importantes sectores de la sociedad sobre la calidad y funcionamiento de la democracia, aunque esto se extiende a todo el sistema político.

A la par de las desigualdades que estructuralmente produce el modelo vigente, por todas partes se suman voces de protesta sobre las ineficiencias de los programas y políticas públicas, sobre las incapacidades de satisfacer las demandas de servicios públicos de calidad y la falta de interés o la ausencia de canales de comunicación entre las autoridades y las comunidades para atender a sus reclamos.

Un vistazo a la región latinoamericana nos muestra la desesperación de amplios sectores en medio de la pandemia por Covid-19. El conflicto entre extender los controles y medidas para garantizar la seguridad y minimizar el riesgo de propagación y la necesidad de sobrevivir económicamente o alcanzar alivio en medio de la caída de las fuentes de ingreso, están poniendo a prueba a los gobiernos y los líderes democráticos.

Y lo anterior debe hacerse en el marco de coyunturas políticas que demanda un compromiso claro de sostener las instituciones democráticas, lo que abarca un amplio abanico de acciones que incluyen mantener a flote los sistema electorales, los sistemas de controles administrativos ante la urgencia que todos reclaman para realizar compras y contrataciones; mantener la transparencia en la gestión pública y mantener operando servicios fundamentales como el sistema de justicia, con tribunales imparciales que observan el debido proceso y dan seguridad jurídica.

Para que este entramado sea funcional debe descansar en las redes de la comunicación, tanto formal como informal, que permiten que se puedan tender puentes entre el estado y la sociedad y concertar acciones e iniciativas.

Si la ciudadanía no está bien informada, con conocimientos adecuados sobre cada uno de los temas de la agenda pública de su interés y que afectan a su sector, la democracia corre peligro de debilitarse aún más.

En este sentido, pese a las graves dificultades que se suscitaron en el proceso, uno de los pilares de la democracia en el país sobrevivió. Nos referimos al sistema electoral, que pudo organizar las elecciones a nivel municipal, congresual y presidencial. Está pendiente una evaluación profunda de esos procesos, pero resalta el rol que jugaron los medios y redes de comunicación en el semestre febrero-julio del 2020, sin dudas uno de los períodos más tensos y complejos que hemos vivido en nuestra historia republicana.

Lo importante es que, pese a las dificultades, la democracia no sucumbió y el Estado de derecho continúa vigente en el país, con sus altas y bajas, con su carga de problemas, ineficiencias y déficits que hemos arrastrado por décadas.

Hoy estamos abriendo una nueva etapa en la historia de la democracia y se observan numerosos conflictos en el panorama que reflejan, sin embargo, la vitalidad y las oportunidades del sistema democrático de encontrar soluciones sostenibles y eficaces en diferentes áreas.

¿Cómo debemos enfocar, desde una perspectiva social que integre a los diferentes sectores, la recomposición de las Altas cortes pendientes de renovación?

¿Cuándo vamos a terminar de adecuar la normativa vigente a los nuevos principios y mecanismos incorporados en la constitución en 2010?

¿Cómo vamos a solucionar los problemas agudos que representa enfrentar la criminalidad organizada y la inseguridad ciudadana con leyes, reglamentos y dispositivos legales adoptados en 1884, si al mismo tiempo estamos empantanados en temas que muy bien pudieran ser abordados de manera inteligente y consensuada para dar paso a un Código que sea una herramienta eficaz para proteger y salvaguardar a las personas y sus bienes, empezando con la vida misma?

¿Cómo podemos lograr que las instituciones y autoridades responsables de los aspectos vinculados con la prevención de la violencia de género e intrafamiliar se pongan de acuerdo y coordinen acciones e iniciativas en un marco de colaboración mutua, dejando los protagonismos a un lado?

¿Cómo vamos a generar la voluntad en el Estado y la sociedad para que la transparencia sea un valor cultural y que se aplique un sistema de consecuencias eficaz sobre quienes se burlan de las leyes para su provecho particular, dando como resultado un aumento dela confianza de la población en el sistema de justicia?

Todas estas son solo una pequeña muestra de las preguntas de las cuales aún no tenemos respuestas definitivas y que han implicado grandes esfuerzos para ponernos de acuerdo. Desde la comunicación deben priorizarse acciones que contribuyan a que la ciudadanía produzca sus aportes a este debate.

Algunas personas dirán que es casi imposible crear los consensos mínimos para que el imperio de la ley prevalezca sobre todos los sectores, para que todos los ciudadanos sin excepción queden sujetos al orden constitucional y legal y se pueda ampliar la base de participación de la ciudadanía en los asuntos públicos, exigiendo más transparencia, más controles y más consecuencias a quienes violen la ley.

En este panorama es donde la comunicación juega su rol estelar.

Ampliar los márgenes de la democracia implica apostar por la consolidación de instituciones comprometidas con las reformas duraderas en las áreas que hemos mencionado, así como por personas responsables que asuman sus funciones en los órganos públicos donde fueron electos o designados con la decisión de que todas sus acciones estén apegados al orden constitucional y que sean intolerantes con las prácticas tradicionales que tanto daño le han creado a nuestra democracia y que amenazan con perpetuarse.

Y esta labor es de carácter permanente y sin pausas, porque las carencias de nuestra democracia no se resuelven solo elaborando o aprobando mejores leyes o decretos, sino por la acción concertada de una sociedad que vigila y actúa para lograr avances sostenibles. En este aspecto los medios de comunicación son vitales.

Para no referirnos a procesos del pasado, y evitar las evaluaciones que podrían ser odiosas, en estos momentos gracias a los medios de comunicación conocemos detalles de importantes procesos que tendrán un desenlace en los próximos días y semanas pero que marcarán por mucho tiempo los ritmos y contenidos de la vida social dominicana.

El caso de la Cámara de Cuentas es ilustrativo. En la actualidad está abierto el proceso para la elección de los nuevos integrantes del periodo constitucional 2020-2024.

Se han inscrito 386 candidatos para ser evaluados por la Cámara de Diputados y presentados al Senado de la República.

Los medios informaron que la Dirección General de Impuestos Internos identificó a 111 candidatos que tienen cuentas pendientes con ese organismo, en violación de la Ley 10-04, sobre Cámara de Cuentas, que en su artículo 12, numeral 5 establece como requisito que los aspirantes al referido órgano no pueden tener deudas con el Estado. Algo insólito

Cualquier persona se podría preguntar: ¿Cómo puede alguien postularse para auditar y controlar las cuentas e instituciones públicas cuando ella misma está en falta por incumplimiento de sus obligaciones de pago de impuestos?

Algunos criticaron que esos detalles salieran a la luz pública, pero sin una prensa comprometida con la verdad, ajena a intereses particulares, no hay democracia.

O veamos este otro caso.

La prensa informa que cerca de cien funcionarios no han presentado la declaración jurada de su patrimonio, entre ellos, según los registros de la Cámara de Cuentas, hay diplomáticos, subdirectores, gobernadores y un legislador.

En el mismo reporte unos 360 funcionarios que salieron de sus cargos el 16 de agosto, tampoco han presentado su declaración de bienes y más de 20 la presentaron incompleta y están pendiente de actualización, para totalizar 483 casos.

Esto ocurre a los 100 días de la nueva administración, pero la ley otorga un plazo de un mes para esa presentación. Aplaudimos los actos del Poder Ejecutivo para controlar esta situación en el ámbito de su competencia, pero esto nos recuerda que existe una distancia entre “el deber ser” y la realidad.

Pero esto no debe desanimarnos.

Al contrario, que estos hechos sean conocidos por la sociedad y se generen acciones para crear conciencia sobre la urgencia de los cambios que se requieren en nuestras instituciones para que sean más transparentes y funcionales es altamente beneficioso para el sistema democrático.

Veamos los cambios que nuestra democracia requiere en el marco de procesos donde debe existir mucho diálogo entre los actores estatales y la sociedad. Porque debemos marcar los tiempos, de forma que no sean tan lentos que parezcan una eternidad ni tan apresurados que cambien el clima social y abran la posibilidad de huracanes y tormentas descontroladas.

Lo importante es que los cambios y reformas que debemos seguir impulsando se realicen en medio de la mayor información y comunicación entre todos los sectores, con conciencia de los límites y oportunidades que se abren y sobre todo, animados con la esperanza de que dichos cambios sirvan para el progreso, el desarrollo y el crecimiento de todos los dominicanos y dominicanas.

Muchas Gracias por esta magnífica oportunidad de conversar con ustedes.

 

https://www.youtube.com/watch?v=ECoR_QsVUIE

 

 Con profunda preocupación la Fundación Institucionalidad y Justicia Inc. (FINJUS) observa una iniciativa del Senado para solicitar al señor Presidente de la República que ordene al Superintendente de Bancos aprobar una amnistía crediticia por los efectos económicos derivados de la COVID-19.

 A estas alturas para nadie es un secreto que la pandemia que nos azota desde el pasado mes de marzo, y cuyo final aún resulta incierto, constituye un fuerte golpe al sistema económico global y nacional, abriendo una gama de enormes desafíos para que las economías, como la nuestra, puedan retornar a la senda del crecimiento y el desarrollo social.

 FINJUS ha expresado reiteradamente la importancia de que el Estado, como columna vertebral del sistema, desarrolle políticas públicas que alienten y dirijan la recuperación, sobre la base de la equidad y la protección equilibrada de los diferentes sectores de la nación. Hemos sido particularmente precisos al solicitar del Estado acciones que ponderen el alcance global de sus efectos, para evitar que a corto o mediano plazo se conviertan en medidas que erosionen la estabilidad institucional y económica, y por tanto social.

 La amnistía crediticia que propone la Resolución resulta a todas luces una medida económicamente contraproducente. Por un lado, porque erosiona los pilares de la función regulatoria y de dirección del sistema financiero nacional, ubicados por disposición de la Constitución en la Junta Monetaria y que se irradia al resto de los entes de la Administración Monetaria y Financiera, para garantizar la existencia de una Administración con altos niveles de autonomía y con capacidad de sostener con criterios independientes, la estabilidad y sostenibilidad del sistema financiero.

 Por otro lado, la propuesta resulta también contraproducente porque desconoce que el sistema bancario es una moneda de dos caras, en la que están los tomadores de crédito, y en la otra, los depositantes. La intermediación financiera funciona precisamente de la aplicación de los fondos depositados por el publico en general para el otorgamiento de créditos, por lo que una medida general que implique el impago de los créditos se traduce directamente en una afectación del ahorrante dominicano, especialmente el ahorro de la familia dominicana.

 A lo anterior se adiciona el hecho de que la regulación del sistema financiero tiene como objeto central su estabilidad. Sin estabilidad financiera no existiría el desarrollo y tejido económico que hoy disfrutamos, y su alteración mediante medidas como la propuesta degeneraría en una crisis social sin precedentes. La estabilidad financiera significa fomentar un mercado en el que los diferentes actores se encuentren protegidos y que sus actuaciones estén cubiertas siempre por un manto de seguridad jurídica. La Resolución apunta directamente hacia el desequilibrio y el caos en el sistema financiero.

 En consecuencia, FINJUS rechaza esta Resolución y cualquier otra medida que socave la capacidad institucional y de regulación de la Administración Monetaria y Financiera, y que fomente la inestabilidad e insostenibilidad en las operaciones del sistema financiero, por los gravísimos efectos que tendría para los ahorristas, deudores y el tejido empresarial, que requiere de dicha estabilidad para el desarrollo de sus actividades y la generación de riqueza común.

 En el marco de las políticas dirigidas a paliar los efectos de la pandemia por COVID-19, las acciones de este tipo deben concentrarse en alentar a las autoridades a continuar adoptando decisiones e iniciativas para incrementar la protección equilibrada de los participantes del sistema y que fomente un ambiente de entendimiento común para a trazar medidas razonadas y adecuadas para la recuperación y el crecimiento. El futuro del país en este clima de riesgos descansa en decisiones prudentes, ajustadas y sabias.

 

 

Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo FINJUS

 

 

https://youtu.be/_0jP_oI0Luw

Coordinador: Rafael Dickson Morales

Informaciones Generales:

Fecha de inicio: Martes 10 Noviembre

Clases virtuales en horario de: 6:00 pm a 8:00 pm

Duración: 6 semanas

Costo: RD $ 8,000.00.

PARA FINES DE REGISTRO E INSCRIPCION

Modalidades de pago: Efectivo, cheque, tarjeta de crédito, transferencia y / o depósito bancario. Número de cuenta para fines de pago: 054-62605-3, cuenta corriente del Banco Popular.

El valor de este curso puede ser fraccionado en dos cuotas.
Al momento de realizar transferencias y / o depósito, favor enviar el comprobante por esta vía.
Algunas informaciones importantes para participantes a través de empresas o instituciones:

Interesados ​​en participar a través de empresa que labora, enviar CARTA FORMAL (carta compromiso) donde la empresa notifica que se hará cargo del pago del participante.
La oficina o empresa contratante deberá remitir ORDEN DE COMPRA, con el compromiso asumido del pago de la participación de su empleado en el diplomado o programa educativo.
Adicional, solicitamos remitir un correo los datos de la persona de Recursos Humanos y Finanzas que serán responsables de completar la participación del interesado y asegurar del saldo del programa antes de concluir el mismo, en caso de que aplique.

Reiterandome a sus órdenes para cualquier información.

| Sugely Suazo | Asistente Educación Continuada |

| Tel: 809.227.3250 ext. 240 | WP 809 227-3259 |

| Gustavo Mejía Ricart, esq. Abraham Lincoln, Torre Piantini, 8tvo. piso |

 

Ante el nuevo período constitucional que inició en agosto pasado, es bien sabido que la propia Constitución indica de manera expresa algunos cambios que deberán hacerse en torno a quienes presiden y conforman dichas instituciones, lo que implica la escogencia por parte del gobierno entrante de nuevas autoridades .

 

Al respecto, desde la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS), consideramos que la ciudadanía debe conocer cuál es el órgano responsable de elegir, cómo se vislumbra jurídicamente y en términos prácticos el procedimiento y cuándo se iniciará el proceso de elección precedentemente indicado. En ese sentido, nos referiremos a la Cámara de Cuentas, la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Constitucional.

 

  1. Sobre la Cámara de Cuentas.

 

De acuerdo al artículo 80 numeral 3, el Senado deberá elegir los miembros de la Cámara de Cuentas de las ternas presentado por la Cámara de Diputados, con el voto de las dos terceras partes de los senadores presentes. Conforme el Reglamento del Senado en su artículo 303 se destaca que “ Una vez recibida la resolución de la Cámara de Diputados, el Presidente del Senado ordenará su colocación en el Orden del Día de la próxima sesión que se celebrare y apoderará una comisión especial, con plazo fijo de hasta dos semanas, para el informe definitivo a presentar al Pleno, quien deberá aprobarlo por una votación de más de las dos terceras partes de los presentes. "

 

En lo que concierne a los aspectos metodológicos, el artículo 304 del Reglamento del Senado indica que “El presidente de la comisión especial en la primera reunión que se celebre, presentará en coordinación con el Departamento de Comisiones, un procedimiento de trabajo, requisitos, controles e indicadores de competitividad para el cargo, así como la apertura a consultas, a los fines de seleccionar idóneamente a los miembros de la Cámara de Cuentas. "

 

En lo que atañe a la temporalidad y conformación de la Cámara de Cuentas, el artículo 248 de la Constitución establece que estará compuesta de cinco miembros, elegidos por el Senado de la República de las ternas que le presente la Cámara de Diputados y sus miembros son elegidos por un período de cuatro años y permanecerán en sus funciones hasta que sean designados sus sustitutos. Su escogencia se produjo en febrero del año 2017, por lo que en el mismo mes anteriormente indicado del año 2021 deberá designarse a sus sustitutos.

 

  1. Sobre la Junta Central Electoral.

 

De acuerdo al artículo 80 numeral 4 y conforme el artículo 212, párrafo I de la Constitución dominicana, estará integrada por un presidente y cuatro miembros y sus suplentes, los cuales son elegidos por un período de cuatro años por el Senado de la República, con el voto de las dos terceras partes de los senadores presentes.

 

Conforme al artículo 305 del Reglamento del Senado se puntualiza que “Al inicio de cada período constitucional, el Senado debe elegir a los miembros y suplentes de la Junta Central Electoral.” A seguidas, el artículo 306 indica que “El Presidente del Senado, iniciará los trabajos relativos a la integración del organismo electoral, conformando de manera plural y equilibrada, una comisión especial, que preseleccionará una terna por cada integrante y luego de los trabajos, elaborará un informe al Pleno con las propuestas definitivas y el cual deberá aprobarse con una votación de las dos terceras partes de los senadores presentes.

 

Si nos referimos al procedimiento de elección, se indica que la comisión previamente mencionada, elaborará una metodología y el procedimiento procedente para garantizar la transparencia, idoneidad, participación y representación plural de la matrícula definitiva de la Junta Central Electoral, todo lo cual deberá realizarse “en un plazo no mayor de los sesenta días hábiles siguientes al inicio del período constitucional correspondiente”, de acuerdo al texto del artículo 308 del Reglamento del Senado.

 

Los miembros actuales de la Junta Central Electoral fueron elegidos el 16 de noviembre de 2016, por lo que –de acuerdo al texto constitucional y al Reglamento del Senado–, en el presente año deberán haber sido designados los nuevos miembros. Actualmente el Senado conformó una Comisión Especial para evaluar los miembros de la Junta Central Electoral y sus suplentes. Su primera reunión será el lunes 7 de septiembre, por lo que los plazos coinciden tanto desde la normativa reglamentaria como constitucional.

 

  • Sobre el Tribunal Superior Electoral

 

El artículo 179 numeral 3 de la Constitución dominicana, indica que los jueces son escogidos por el Consejo Nacional de la Magistratura, siendo designados por un período de cuatro años. El propio Consejo es quien determina al presidente del Tribunal. Sobre la base de comprender la temporalidad de investidura de los miembros de este órgano, debe saberse que los actuales jueces fueron designados el 19 de julio del 2017, por lo que debería convocarse al Consejo Nacional de la Magistratura en el próximo año 2021.

 

  1. Sobre el Tribunal Constitucional.

 

El artículo 179 numeral 2 de la Constitución dominicana, indica que los jueces de esta Alta Corte son designados por el Consejo Nacional de la Magistratura. Corresponde al Consejo Nacional de la Magistratura disponer cuál de ellos ocupará la presidencia y designará un primer y segundo sustitutos para reemplazar al Presidente, en caso de falta o impedimento.

 

Asimismo, conforme el párrafo del artículo 187 de nuestra Carta Magna, los jueces de este tribunal serán designados por un único período de nueve años. No podrán ser reelegidos, salvo los que en calidad de reemplazantes hayan ocupado el cargo por un período menor de cinco años. Igualmente, se indica que la composición del Tribunal se renovará de manera gradual cada tres años.

 

En términos de temporalidad de la investidura de los jueces, el Tribunal Constitucional requiere una mayor atención en torno a su configuración. El 27 de diciembre de 2011 fueron juramentados por primera vez los jueces del Tribunal Constitucional dominicano. La disposición transitoria decimonovena de la Constitución indica que para garantizar la renovación gradual de la matrícula del Tribunal Constitucional, por excepción de lo dispuesto en el artículo 187, sus primeros trece integrantes se sustituirán en tres grupos, dos de cuatro y uno de cinco, a los seis, nueve y doce años de ejercicio, respectivamente, mediante un procedimiento aleatorio.

 

Los primeros cuatro jueces salientes, por excepción, podrán ser considerados para un único nuevo período. De manera que, conforme a lo anteriormente dispuesto y tomando en cuenta que el 11 de diciembre de 2018 fueron juramentados nuevos jueces del Tribunal Constitucional que sustituyeron al grupo saliente; entonces en el presente año serán cuatro (4) jueces que cumplirán con el período determinado por la Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional No. 137-11. 

 

Servio Tulio Castaños G.

4 de septiembre de 2020

Puedes bajar el documento aqui

 
Página 1 de 11

Videoteca Canal de YouTube

Siguenos en FaceBook

Siguenos en Twitter

Promoviendo el fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática, el Sistema de Justicia y el Estado de Derecho en la República Dominicana.

Estar en contacto

Gustavo Mejia Ricart #104, Torre Piantini Piso 8 Suite 803 , Tel. 809-227-3250, whatsapp 809-227-3259

(809) 227-3250

finjusrd@finjus.org.do

 www.finjus.org.do