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Resulta indudable que la República Dominicana ha presentado un crecimiento económico considerable en la ultimas décadas, incluso si se le compara con demás países de la región. Ha demostrado un desarrollo sostenible, aumentando la productividad e incursinando en posiciones claves del mercado.

 A pesar del dinamismo económico presentado, se ciernen sobre el país brechas que requieren de una integral e imperiosa reforma fiscal y tributaria. En este sentido, no solo se fortalecerían los marcos legales de la gestión de las finanzas públicas, si no que se favorecería la transparencia y la distribución equitativa de los ingresos y el gasto público.

 La Administración Tributaria debe concentrar sus esfuerzos en combatir los niveles de evasión y simplificar el sistema impositivo otorgando atención a los sectores estratégicos para construir un modelo más equitativo y sostenible.

 En abril del presente año fue depositada en la Cámara de Diputados una propuesta de modificación al artículo 11 de la Ley núm. 11-92 que aprueba el Código Tributario de la República Dominicana, propuesta que tiene como antecedente la sentencia TC/0943/23 dictada por el Tribunal Constitucional dominicano que declara la inconstitucionalidad de los literales b) y c) del referido artículo.

Dado el pronunciamiento del Tribunal Constitucional de la nulidad de los literales b) y c), y la propuesta contentiva de modificación, debe señalarse que la responsabilidad solidaria de la obligación tributaria es un aspecto que debe analizarse con minucioso cuidado en relación con la realidad actual que cursa el país, en tanto tiene un relevante impacto en la seguridad jurídica de quienes participan de la actividad empresarial y comercial, impactando también la potencial inversión extranjera.

 Desde FINJUS celebramos los esfuerzos presentados para materializar un cuerpo normativo tributario que de respuestas a las exigencias del presente. Sin embargo, la responsabilidad de los administradores y otras partes interesadas de cara a una persona jurídica -y otros vehículos y figuras legales- es una regulación que debe realizarse íntegramente tomando en consideración cada parte de lo establecido en la regulación actual. Puesto que el sistema tributario abarca el conjunto impositivo y de recaudación del país, somos de opinión de que la reforma tributaria debe realizarse de manera extensa, holística y no por partes.

 De manera oportuna, FINJUS subraya que con la reforma deben identificarse las áreas de gastos ineficientes y priorizar los sectores principales que inciden en el bienestar de la ciudadanía. Si bien resulta inevitable la necesidad de una reforma, debe ponderarse que la misma involucre a todos los sectores que conforman el país. 

  

Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo FINJUS.

 

10 de junio, 2024

Puede bajar el libro aqui 

Reunión sostenida entre el Honorable Presidente del Senado Ricardo de los Santos, el Consultor Jurídico, Alejandro Peña  y el Dr. Servio Tulio Castaños, Vicepresidente Ejecutivo de Finjus, donde se acordó realizar un taller de inducción con los Congresistas electos y que será celebrado el próximo 7 de agosto en el Congreso Nacional, bajo la coordinación de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS).

FINJUS destaca importancia del sistema electoral

de cara a las elecciones presidenciales

Este domingo 19 de mayo la sociedad dominicana está convocada a ejercer su derecho al voto para elegir a las autoridades presidenciales y congresuales. La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS) exhorta a la población a ejercer su derecho al sufragio de manera consciente, ordenada y cívica.

El voto es un derecho y deber ciudadano consagrado en el art. 208 de la Constitución, indicando que debe ser libre, directo y secreto. Con su participación en los comicios, el pueblo dominicano reafirma ante el mundo su decisión de vivir en democracia y su confianza en que la Junta Central Electoral mantenga su labor de proveer seguridad y transparencia a este proceso.

Como en otras áreas de la vida intitucional dominicana, en el ámbito electoral persisten situaciones de debilidad que arrastramos desde hace décadas, que podrían afectar el ejercicio de la voluntad popular y el predominio de los valores democráticos. Es una tarea conjunta entre los órganos electorales, los partidos políticos, el Estado y la ciudadanía que en estas elecciones los sufragios se realicen con un ánimo pacífico y consciente, respetando nuestras instituciones, así como los marcos legales existentes.

Es recomendable que, tras la conclusión del evento electoral, las fuerzas políticas nacionales y las instituciones sociales representativas nos aboquemos a articular espacios de análisis, reflexión y consenso, para discutir cómo corregir las ambigüedades legales que aún existen y se enfrenten las debilidades del sistema electoral.

 

Desde FINJUS reiteramos nuestra gran valoración por el empeño y trabajo que la JCE ha venido desarrollando en este camino, y le exhortamos a cumplir con su mandato legal para que sea la garante de que los resultados de los escrutinios del 19 de mayo estén revestidos de justicia, legalidad y transparencia, actuando con serenidad, firmeza y responsabilidad.

 

 

Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS.

 

16 de mayo, 2024

 

 

 

El pasado 11 de abril se llevó a cabo el panel “Innovación Legislativa en la Era Digital: un diálogo sobre Inteligencia Artificial”, organizado por el Senado de la República Dominicana y la OEI, con el objetivo de crear un espacio para la reflexión y el debate sobre la inteligencia artificial y su legislación y aplicación, desde la ética.
Participaron como panelistas, el Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS, Dr. Servio Tulio Castaños Guzmán, que disertó el tema “Protección de Datos, Privacidad y Legislación Oportuna en línea con la UNESCO”, acompañado César Moliné Rodríguez, director de Ciberseguridad, que abordó aspectos de “Gobernanza e IA en la Administración Pública e Infraestructura Tecnológica”; Ian Manuel Franjul Medina, quien expuso sobre “La IA aplicada para la mejora y el avance del talento humano más I+A+D”;; el Dr. Pablo Mella a quien le correspondió argumentar sobre la “Ética en la aplicación y uso de la Inteligencia Artificial”; y Darwin Castillo, con su ponencia “La IA y su impacto en los sectores productivos y las alianzas públicos privadas”.

 

Señor

Dr.. Servio Tulio Castaño Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS

Panelista del Encuentro "Innovación Legislativa

en la Era Digital: Un Diálogo sobre Inteligencia Artificial"

Su Despacho

 

Distinguido señor:

Permítame expresarle nuestro más sincero agradecimiento en nombre del presidente del Senado de la República Dominicana, el Senador y Licenciado Ricardo de los Santos, por su excepcional contribución durante el encuentro titulado "Innovación Legislativa en la Era Digital: Un Diálogo sobre Inteligencia Artificial", celebrado en nuestro auditorio el jueves 11 de abril de 2024. Su presentación ha sido fundamental para los trabajos de la Comisión de Educación Superior del Senado, especialmente en relación con el proyecto “Ley que establece los lineamientos para las Políticas Públicas Orientadas al Desarrollo, Uso, Regulación e Implementación de Inteligencia Artificial en la República Dominicana. “presentado por el senador Franklin Rodríguez Garabitos. Estamos convencidos de que los conocimientos compartidos por usted serán de gran valor en la elaboración de la propuesta de ley para la regulación ética de la Inteligencia Artificial, una iniciativa de suma importancia para nuestro país.

Además, nos gustaría solicitarle que nos envíe tanto el texto como las diapositivas de su presentación, ajustadas según los planteamientos expuestos durante su intervención. La Organización de Estados Iberoamericanos junto con el Senado de la República Dominicana están preparando la publicación de un libro en formatos físico y digital. Le pedimos que nos remita la versión final autorizada para su publicación, la cual será divulgada tanto a nivel nacional como internacional.

Apreciaríamos recibir su valioso material a más tardar el viernes 17 de mayo. Agradecemos de antemano su colaboración y reiteramos nuestro reconocimiento por su significativa contribución a este importante proyecto legislativo.

 

Saludos cordiales y gracias nuevamente,

Licda. Sonya Uribe                                                                                           Dra. Jacqueline Malagón

Directora Recursos Humanos                                                                          Exministra de Educación

Coordinadora del Encuentro                                                                               Asesora del Senado

 

Lunes, 22 Junio 2020 09:39

invitamos LF

 

La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) ha expresado reiteradamente que las manifestaciones de transfuguismo que se han observado en el sistema de partidos dominicano en los últimos años, representan un grave riesgo para la estabilidad, el fortalecimiento y la sostenibilidad de nuestro régimen democrático.

Aunque se reconoce el derecho que asiste a cualquier miembro de una organización partidaria de ejercer su voluntad de retirarse de su agrupamiento, no cabe dudas de que en la forma como se produce esa ruptura en muchas ocasiones representa una afrenta a los electores que le dieron la oportunidad de ejercitar su derecho como candidato o su representante.

Es un punto común de los estudios y análisis del sistema político que la clave del buen funcionamiento de la democracia es la capacidad de articular armónicamente la relación de representación con los ciudadanos y los candidatos a cargos populares. No obstante, se cierne sobre ella el peligro del transfuguismo político, que tiene como efectos indeseados la desarticulación de principios y valores fundamentales para el ejercicio democrático de la política y la degradación de los códigos éticos y de conducta para la escogencia de las candidaturas a cargos de elección popular.

Planteamos que es urgente el fortalecimiento de los mecanismos que propician los derechos a elegir y ser elegidos, porque el transfuguismo desbordado va a generar mayor desencanto e incredulidad sobre las bondades de la democracia como régimen de gobierno, lo que inevitablemente se traducirá en una lamentable merma de la participación activa de los ciudadanos en la vida democrática de la nación. Debemos reflexionar sobre las posibles alternativas para detener su crecimiento y no descartamos que se deba recurrir incluso al establecimiento de sanciones electorales-administrativas ante las distorsiones que crea.

Quienes propician o fomentan el transfuguismo no toman en cuenta el daño que se genera a los deberes de fidelidad, tolerancia y continuidad que asumen hacia sus seguidores al lanzar una candidatura a un puesto de elección. En otras palabras, no se demuestra una pertenencia sólida a los intereses que promueven y como consecuencia directa provocan un incremento de los niveles de desinterés y desconfianza de la ciudadanía, distorsionando la esencia del sistema electoral y los pilares que sustentan el pluralismo político.

En este momento la sociedad dominicana debe redoblar su capacidad de vigilancia activa de cualquier manifestación, acto o actitud que conlleve un menoscabo a la transparencia del proceso democrático y que implique la creación de percepciones erradas que pongan en riesgo la estabilidad y credibilidad del sistema de partidos, la gobernabilidad y la cultura política democrática.

Llamamos a los órganos competentes a cuidar el sistema de partidos políticos, procediendo a reglamentar la forma en la que sus integrantes se asocian a ellos o los abandonan, para fomentar el comportamiento ético, ajustado a normas de conducta y los principios de respeto, diálogo abierto y tolerancia que reconoce la pluralidad que deben exhibir unas elecciones libres y democráticas.

 

Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo FINJUS

 

Participación del Dr. Servio Tulio Castaños en el Panel "Innovación Legislativa en la Era Digital:
Protección de Datos, Privacidad y Legislación Oportuna en línea con la UNESCO" organizado por el Senado de la República.
 El rápido desarrollo y alcance de la inteligencia artificial (IA) en la última década significa la consolidación de un nuevo panorama con el objetivo de simplificar las actividades realizadas por el ser humano. La IA permite desarrollar programas con la capacidad de imitar acciones de la inteligencia humana por medio de una combinación de algoritmos[ Es un conjunto de códigos que indican al ordenador cómo ejecutar una tarea. Son instrucciones sistemáticas para el lenguaje de programación que indican los pasos para resolver un problema o llegar a un fin.] (conjunto de códigos que indican al ordenador cómo ejecutar una tarea) que crea un dispositivo que, bien puede ser físicamente apreciable, como una máquina, o digital por medio de nubes tecnológicas.

El Estado dominicano ha adoptado una serie de medidas que manifiestan el esfuerzo en dotar la legislación vigente de herramientas que condicionen el acceso a redes informáticas como un derecho fundamental para todo individuo. La Constitución dominicana en su artículo 8 asigna al Estado la misión de procurar el bienestar ciudadano y la protección efectiva de sus derechos, elemento que destaca en el establecimiento e implementación de las prioridades de reformas necesarias para un efectivo sistema de respuesta al mundo digital.

Hoy en día, el sin número de facilidades que ofrece la IA nos permite ahorrar tiempo y esfuerzo en muchas tareas cotidianas. Esencialmente, abarca 3 bloques que se podrían resumir en: 1. Agiliza la toma de decisiones en base a la capacidad de datos que almacena; 2. Automatiza los procesos para ejecutar grandes tareas en tiempos cortos; y 3. Por su nivel de detalle reduce las probabilidades de fallos en tareas rutinarias.

La IA trabaja recopilando datos de percepción y aprendizaje como reconocimiento y perfilación biométrica y reconocimiento de voz. En este contexto, la información compartida juega un rol preeminente debido a que son el elemento sin el cual la inteligencia artificial no se desarrollaría.

Esta herramienta tecnológica tiene la capacidad de imitar funciones cognitivas del ser humano como razonar, aprender y resolver problemas por sí sola. Estos modelos generan riesgos asociados al uso de los datos personales y ameritan estrategias para ofrecer opciones de privacidad mejoradas sin que sean amenazas exponenciales que afecten la dignidad de las personas.

La República Dominicana cuenta con diversos instrumentos normativos como la ley de protección de datos personales (No. 172-13) y la ley sobre crímenes y delitos de alta tecnología (No. 53-07) que podrían hacer resistencia a desafíos como la estafa que se gestan en el seno de la IA. Sin embargo, estas legislaciones han devenido en obsoletas frente a nuevos delitos como el sextortion (extorsión sexual) y el happy slapping (grabación de una agresión física, verbal o sexual y su difusión online) puesto que no ponderan el tratamiento vertiginoso que la inteligencia artificial maneja en la actualidad.

Es imperativo que otorguemos espacio a una nueva legislación que regule el uso de la inteligencia artificial en el país y que pondere como principios normativos: 1. La legalidad; 2. El consentimiento; 3. La seguridad; 4. Mecanismos de protección; 5. Recursos ante violaciones de derechos; 6. Definición de obligaciones usuarios/proveedores; y 7. Finalidad en el uso de la IA.

Las empresas y entidades que emplean mecanismos con el uso de la IA deben proveer un marco de transparencia y seguridad a los usuarios que les rinda cuentas sobre el destino final del tratamiento de sus informaciones. más información en www.finjus.org.do

El Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) inicio a la semana de celebración del Día Nacional del Periodista, con un panel cuya apertura recayó en su Presidente, el Lic. Aurelio Henríquez, quien destacó el rol y la responsabilidad de los profesionales de la comunicación en la defensa de los derechos humanos y a la información.
Durante el acto, celebrado en el salón Orlando Martínez del CDP, el Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS, Servio Tulio Castaño Guzmán, dictó la conferencia “Democracia participativa y el Derecho a la información”, en donde expresó que “la libertad de expresión e información es un derecho fundamental protegido por nuestra Constitución en su artículo 49 y faculta al individuo a expresar su opinión sin ningún tipo de coacción. Es una garantía que le permite participar en la discusión de temas sociales de su interés y compartir su opinión sin temor a represalias.

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