La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS), considera que a raíz de los últimos acontecimientos en torno al caso OMSA y las controversias que han protagonizado los órganos del Estado encargados del sistema de control interno y externo de los actos de la Administración pública, es urgente que los poderes públicos tomen conciencia de las agudas debilidades de dicho sistema de control.

 

El rol que juegan las instituciones de control interno y externo es uno de los pilares del Estado Social y Democrático de Derecho, ya que de sus actuaciones dependen los poderes públicos para garantizar el cumplimiento de sus deberes frente a la ciudadanía. Su legitimidad operativa está supeditada al cumplimiento de los principios constitucionales y la esencia del servicio público.

 

Sin entrar al fondo del tema penal que envuelve el caso OMSA que está en sede judicial, de su entramado de corrupción a lo interno de una institución del Estado dominicano queremos resaltar que este caso vuelve a colocar en agenda pública dos cuestiones importantes sobre las cuales FINJUS ha insistido consecuentemente: la necesidad de reformar la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas y; el requerimiento de fortalecimiento de los órganos de control.

 

Sobre la reforma a la legislación de compras públicas, ya hemos expresado en múltiples escenarios nuestros argumentos al respecto, los cuales básicamente están centrados en el fortalecimiento urgente de los sistemas de consecuencias; la definición más estricta de los conceptos propios de la norma; el alcance de las funciones del órgano rector; la rigidez y seguridad de actuación del Estado ante eventuales actos de corrupción en esta materia, entre otros.

 

Por otro lado, el requerimiento de fortalecimiento de los órganos de control que mencionamos, hace alusión directa a la necesidad de establecer en el país una visión de garantizar mejores mecanismos de absoluta transparencia por parte de todos y cada uno de los procesos y actos en los que participe cualquier institución centralizada, descentralizada o inclusive autónoma de nuestro Estado.

 

En cuanto a lo anterior, sabemos que nuestro texto constitucional indica cuáles son estas instituciones: el control interno de las actuaciones de los distintos organismos estatales como responsabilidad de la Contraloría General; y el control externo que compete a la Cámara de Cuentas. Ambos son importantes para los fines de transparencia expresados con anterioridad.

 

Tal como hemos indicado, al revelarse numerosas contradicciones y elementos que dan cabida a la comisión de actos de corrupción en la OMSA, específicamente al momento de realizar la contratación de servicios para la reparación de los vehículos utilizados en el transporte público, consideramos que ante las confusiones vertidas en la opinión pública, es menester especificar con claridad los elementos jurídicos que circundan al caso.

 

Debe saberse, que la Contraloría General de la República y la Cámara de Cuentas son ambos órganos de carácter constitucional[1]. El primero debe fiscalizar y evaluar el recaudo, manejo, uso e inversión de los recursos públicos y autorizar o no las órdenes pago, comprobando el cumplimiento de los formalismos legales; mientras que el segundo fiscaliza los recursos públicos de los procesos administrativos y del patrimonio del Estado.

 

Para comprender la dimensión de las discusiones suscitadas, debe entenderse a cabalidad el alcance de las funciones de ambos órganos en el referido caso OMSA y las respuestas que fueron dadas por cada uno. Ha sido la Cámara de Cuentas quien ha revelado, fruto de sus investigaciones en el caso, que se realizaron una serie de pagos a empresas privadas para la reparación de guaguas por altas cantidades de dinero, sin que se hayan realizado contratos y con notables debilidades que dieron  lugar a lo develado en su informe.

 

Por su parte, la Contraloría General de la República –en evidente contradicción con lo establecido por la Cámara de Cuentas– ha instituido que en las operaciones relacionadas con compras directas, la Cámara de Cuentas está desestimando el respaldo previo que el organismo rector de las contrataciones públicas otorgó a tales compras en el marco del contenido de la Resolución No. 15 dictada el día 4 de noviembre del año 2008, resolución que ha sido cuestionada por diferentes sectores.

 

De manera muy escueta, esta Resolución No. 15/08 emitida por la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas establece la posibilidad para las instituciones del Estado de “la compra y/o contratación directa para los pasajes aéreos, combustibles o vale de combustibles y las reparaciones de vehículos de motor[2]”. No obstante, éste fue tan sólo uno de los elementos que dieron cuenta de las inconsecuencias propias de este entramado de corrupción y que imprime la obligatoriedad de fortalecer las actuaciones de los órganos de control.

 

Decimos lo anterior en virtud de que, si bien es cierto que una parte de las problemáticas presentadas por la Cámara de Cuentas en el caso OMSA pudieron haberse amparado en el contenido de la Resolución No. 15/08, no menos cierto es que otro de los graves problemas sobre otro tipo de reparaciones realizados a lo interno de la OMSA, es que se inobservó la especificidad del texto de los presupuestos de la resolución.

 

Todo lo anterior, además de revelar las deficiencias institucionales que debe prever el Estado en torno al combate contra la corrupción, se instala en el marco de la urgencia de fortalecer los órganos de control. En un primer momento, la Contraloría General de la República debió abstenerse de autorizar los pagos de las reparaciones que no se enmarcaban en la Resolución No. 15/08. Así como también, debió vigilar internamente los trámites administrativos y verificar si existía alguna violación a la Ley de Función Pública o alguno de los reglamentos internos del organismo vigilado.

 

Por su parte, la actuación de la Cámara de Cuentas pudo haber circunscrito la fiscalización y verificación in extensa sobre el contenido de los trámites administrativos realizados por la OMSA; la legalidad de las actuaciones y el análisis a profundidad de los criterios de eficiencia, transparencia y economía que pudieron haber sido igualmente inobservados en este caso. Lo anterior, lo establecemos en el sentido de la autonomía operativa de la cual goza la Cámara de Cuentas, entre otras atribuciones que le son propias.

 

Cada acto de corrupción evidencia las disfuncionalidades orgánicas de los órganos de control interno y externo de los fondos del Estado. Lo anterior, continúa alimentando una imagen de entidades ineficientes, politizadas e incapaces de cumplir con la misión de fiscalizar y, ante todo, salvaguardar los recursos públicos.

 

Por eso desde FINJUS consideramos que tanto al Estado como a la sociedad, debe llamarle a preocupación más que las eventuales contradicciones que se están manifestando entre los órganos del sistema de control, lo principal es atender las debilidades que ambas instituciones manifiestan para aumentar la eficacia e interpretación objetiva de sus actuaciones. En ese sentido, el rol que juegue cada organismo además de estar amparado en la Constitución, debe ser conocido por la ciudadanía y, sobre todo, asumido como tarea fundamental de cada uno de los servidores públicos que pertenezcan a uno u otro.

 

La transparencia es el pilar de un sistema democrático serio. Los órganos de control en nuestro país no pueden, bajo ningún concepto, adecuar sus actuaciones conforme a las coyunturas sino fortalecer las sanciones y, por ende, los sistemas de consecuencias. Es imprescindible destacar que todas las entidades que obtengan bienes, servicios y obras deben de apegarse a los principios de la Administración Pública ya que los mismos constituyen axiomas fundamentales que rigen la actuación de los agentes públicos y privados que intervienen en las contrataciones estatales.

 

Es más que evidente a la luz de la situación actual que existe una grave debilidad en los órganos de control del Estado dominicano que pone en serio riesgo las promesas del Estado de investigar, perseguir y castigar los actos de corrupción, ya que se vuelve a manifestar la desvinculación entre la fiscalización y las respuestas institucionales que se ofrecen para enfrentar las prácticas corruptas dentro del Estado. Es por ello que hacemos un llamado a consolidar estos organismos y garantizar ampliamente los preceptos esenciales que deben formar parte de un Estado comprometido con el imperio de la ley, la transparencia y la gobernabilidad democrática.

 

 

Dr. Servio Tulio Castaños G.

18 de abril del 2018.

 

 

 

 

 

[1] Véase: República Dominicana. Constitución Política. 2015. Artículos 247 y 248.

[2] Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas. Resolución 15/08. Artículo 1. Subrayado nuestro. [Documento en PDF] Disponible en: http://www.comprasdominicana.gov.do/documents/10180/13737/Resolucion1508.pdf

16 de abril, 2018

 

Licenciado

Rubén Maldonado

Presidente Cámara de Diputados

Palacio del Congreso Nacional

Centro de los Héroes

Ciudad.

 

Honorable Señor Presidente:

 

La Constitución Dominicana proclamada el 26 de enero del 2010 recoge en su artículo 216 el reconocimiento de la trascendencia de los partidos y agrupaciones políticas en nuestro sistema democrático como expresión, canal y contenido de las aspiraciones de libertad, paz y progreso de la ciudadanía y su permanencia en el tiempo. Por ello representan y encarnan la voluntad popular en los órganos e instituciones estatales por la vía de la elección popular.

 

La Constitución les asigna, acorde con lo anterior, la trascendental misión de garantizar la participación de la ciudadanía en los procesos políticos que dan fundamento a nuestra democracia. Constituyen, por lo tanto, instituciones que debemos preservar y pulir porque a través de ellas se canalizan los más altos ideales y aspiraciones de la Nación.

 

Estas consideraciones adquieren mayor importancia al observar con gran preocupación el tono, carácter y ritmo que ha ido adoptando el proceso de adopción de una moderna Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas, la que lamentablemente se ha estancado en el Congreso Nacional desde hace más de tres lustros.

 

El más reciente episodio en esta larga cadena de desaciertos es la forma en que el Senado de la República, el pasado miércoles 11 de abril,  aprobó en primera lectura la Ley de Partidos sobre un texto que está suscitando graves discrepancias y desencuentros entre los legisladores, partidos y sectores sociales involucrados. Que existan dichas discrepancias y eventuales conflictos políticos es natural en un marco democrático, pero nos preocupa seriamente que leyes que tienen un efecto tan extendido en todas las áreas de la vida nacional por su carácter orgánico, se estén adoptando sin que los sectores más representativos de la sociedad puedan intervenir en su conocimiento y respaldo.

 

En los últimos 40 años, una constante de la democracia dominicana ha sido que los procesos políticos y sociales que han logrado dar frutos y generar nuevas y mejores expectativas son aquellas que han estado fundadas en una alta legitimidad, no solo política, sino principalmente social. Cada vez que un sector ha actuado de manera precipitada, al margen del consenso social y político y sin los márgenes adecuados de legitimidad social, ha sobrevenido el fracaso de políticas y programas que en principio parecían atractivas.

 

En el caso de la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas es indispensable y perentorio que el Congreso de la República haga un alto en la trayectoria que está tomando la discusión de esta importante Ley y llame a todos los sectores representativos a una discusión que siente las bases para que ese consenso se cimente y fructifique.

 

Llegamos a Ud., Señor Presidente, para ponernos a la disposición de la Honorable Cámara de Diputados y le manifestamos nuestra intención de colaborar a hacer posible cuantas iniciativas sean necesarias para que, sentados alrededor de una amplia Mesa del Diálogo, los actores sociales y políticos interesados contribuyan a levantar ese Consenso que el país necesita urgentemente sobre la Ley de Partidos Políticos.

 

FINJUS, junto a múltiples actores sociales, ha estado plenamente identificada con el mandato de la Constitución (art. 216.3), que pide a los Partidos que sirvan al interés nacional, al bienestar colectivo y al desarrollo integral de la sociedad dominicana, y espera que la discusión de su Ley sea reconducida en la dirección que proponemos, de forma que nuestro sistema democrático salga fortalecido de este debate y con la mirada serena hacia el porvenir.

 

Aprovechamos la ocasión para manifestarle nuestra alta consideración y saludos.

 

Muy atentamente,

 

 

Dr. Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS.

 

La Fundación Institucionalidad y Justicia, INC (FINJUS) considera pertinente que sea ponderado el proyecto de Ley promovido por el Senado de la República relativo a la Regulación de los Servicios Telefónicos y consensuado con el empresariado que conforma el sector de las telecomunicaciones, dadas las implicaciones que se derivan de este marco regulatorio específico.

 

Desde FINJUS consideramos loable todas las medidas regulatorias, políticas y esfuerzos que se orientan a la protección del usuario en regímenes jurídicos sectoriales, tal es el caso de las telecomunicaciones; sin embargo, es importante que, con relación a la iniciativa legislativa de que se trata, la cual presenta un marcado enfoque de favorabilidad al consumidor y/o usuario, se reflexione sobre los principios de seguridad jurídica, razonabilidad y libre mercado que resultan imprescindibles para ofertar el servicio por parte de las prestadoras del sector.

 

En ese sentido, conviene revisar que las medidas insertas en el referido proyecto se sustenten en mecanismos equilibrados del mercado que justifiquen una nueva intervención regulatoria en ámbitos que han sido ya reglados por la entidad rectora del sector, esto es INDOTEL. Este proyecto de ley amerita una revisión y discusión de la mano con representantes del sector de modo que se evite una afectación desmedida al mercado de las telecomunicaciones que pudiese derivar, incluso, en un desincentivo a la inversión y expansión del mercado.

 

En aras de aportar a la reflexión jurídica y al consenso que ha de llevarse a cabo con relación a esta iniciativa legislativa, manifestamos ciertas preocupaciones sobre la razonabilidad de estas medidas que trastocarían significativamente el estado actual  del mercado de las telefónicas.

 

Respecto del traspaso de minutos no consumidos (Rollover), es importante, aclarar que hay una razón que justifica la existencia de límites en los plazos de caducidad o expiración de los minutos pagados y no consumidos, pues se debe tener en cuenta que, al adquirir el servicio prepago se está pagando anticipadamente por un servicio y uso de la infraestructura, que los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones ponen a disposición inmediata y por un determinado período de tiempo, y por la cual están incurriendo en costos operativos.

 

Extender a 6 meses el período de vigencia de los minutos además de no corresponderse al principio de razonabilidad que procura actualmente el plazo de tres meses para usar los saldos no consumidos, que además, fue consensuado con el sector y el ente regulador. En ese mismo orden de ideas, la regulación  que entraría en vigencia en mayo del presente año, eliminará la posibilidad de diseñar promociones y ofertas especiales con una vigencia específica. Esta limitación a la oferta comercial en el segmento generará una homogeneización del producto de las diferentes empresas, restándole al mercado diversidad y opciones suficientes para cubrir los distintos perfiles de consumo, lo que evidentemente perjudica a mediano plazo la competitividad en el mercado.

 

Las empresas prestadoras del servicio realizar una gran inversión para entrar a competir en un mercado altamente concentrado y donde se continua imponiendo numerosas cargas regulatorias que inclusive pueden poner en peligro el ejercicio de la libertad de empresa, generando importantes efectos negativos en cuanto a su sostenibilidad, situación que puede ir en contravía a la relevancia que se pretende otorgar desde el Estado al fomento de la competencia.

 

Por otro lado, frente a la eventual eliminación del cargo por reconexión del servicio telefónico por falta de pago es importante tomar a consideración una serie factores que afectan de manera unilateral a las empresas de telecomunicaciones.

 

En ese tenor, las regulaciones vigentes reconocen el derecho a cobrar cargos vinculados a la reconexión del servicio, particularmente en casos en que el servicio ha sido suspendido por el incumplimiento de las obligaciones de pago por el usuario.  La Ley General de Telecomunicaciones, No. 153-98,  en su artículo 77, literal “c” establece como uno de los objetivos defender y hacer efectivos los derechos […], de los prestadores de dichos servicios, a través de los reglamentos pertinentes para hacer cumplir las obligaciones correspondientes a las partes y, en su caso, sancionando a quienes no las cumplan, de conformidad con las disposiciones contenidas en dicha ley y sus reglamentos. La falta de pago por parte del cliente o usuario da derecho al operador o proveedor, previo aviso al deudor, a proceder a la suspensión del servicio, hasta tanto se realice el pago.

 

A estos efectos, para el restablecimiento o reconexión del servicio las empresas prestadoras incurren en costos operativos, técnicos y administrativos cuando se ven abocada a efectuar la reconexión o la reinstalación del servicio como consecuencia del corte, en razón de la falta de pago de las facturas por parte del usuario. La falta de cumplimiento por parte del consumidor genera costos adicionales reales a la empresa, por todo los trámites que debe diligenciar para realizar la reconexión o reinstalación del servicio, la transferencia del cargo al usuario que ha incumplido su obligación permite garantizar el retorno de la inversión que realizo la empresa en cuanto a las reconexiones telefónicas,  lo anterior, implica que este costo sea asumido por el usuario que incumplió la obligación[1]contractual. 

 

Es importante destacar que ante el incumplimiento de una de las obligaciones principales del usuario, como lo es pagar los balances vencidos, las empresas prestadoras del servicio continúan brindado de manera parcial el servicio al usuario, permitiendo así, la posibilidad de recepción de llamadas a su número telefónico.

 

Esta iniciativa de regulación de los servicios telefónicos requieren de una revisión extensiva pues la misma obvia las normas y disposiciones a las cuales se encuentran sujetos los operadores. En este mismo sentido, la agenda regulatoria debe contener políticas que tomen en cuenta la situación y necesidades del sector en el que se armonice el bienestar del usuario, la sostenibilidad de la industria y se fomente la inversión sectorial.

 

Dada las implicaciones que estas nuevas regulaciones pudieran generar para el sector entendemos necesario, crear espacios adicionales de participación, a efectos de discutir aspectos de carácter técnico, operativo y comercial asociados a la materia  de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, para discutir diferentes aspectos en relación con la presente iniciativa regulatoria.

 

Lo anterior, permitirá una regulación técnicamente adecuada, políticamente consensuada de acuerdo a su relevancia para el sector de telecomunicaciones. Es necesario que se antepongan iniciativas que velen por la competencia y la nivelación del campo de juego de los agentes, antes que normas con impacto limitado.

 

 

Dr. Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS.

10 de abril de 2018

 

[1] Ley General de Telecomunicaciones No. 153-98 y sus reglamentos.

 

FINJUS considera sería un grave atentado a la democracia si se declara la inconstitucionalidad de la Ley No. 169-14

 

Varios medios de comunicación han recogido en sus páginas en los últimos días una información que da cuenta que el Tribunal Constitucional se apresta a aprobar un recurso de inconstitucionalidad de la Ley No. 169-14, que establece un régimen especial para personas nacidas en el territorio nacional inscritas irregularmente en el Registro Civil dominicano y sobre naturalización.

 

Para quienes estamos identificados con la tarea de consolidar nuestro régimen democrático, garantizar los derechos fundamentales de las personas y fortalecer los mecanismos para que la institucionalidad democrática descanse sobre normas, procedimientos y principios compartidos, resulta extremadamente preocupante escuchar que se están dando pasos en la dirección opuesta de la historia.

 

Es altamente conocido que la Ley 169-14 fue adoptada en el Congreso Nacional en medio de una aguda coyuntura nacional tras la sentencia 168/13, que colocó la discusión sobre esta problemática en un escenario confuso e incapaz de producir la comprensión de su naturaleza y de sus vías de solución.

 

La Ley 169-14 fue adoptada como resultado de un amplio consenso político y social, procurando paliar la aguda polarización provocada en la sociedad dominicana sobre la naturalización de inmigrantes y su estatuto legal. Era tal la exacerbación de los ánimos que desde el momento de su promulgación, algunos sectores levantaron el argumento de su inconstitucionalidad.  Sin embargo, nadie osó desafiar el consenso político y social en que se ha sustentado.

 

Pese a todos los inconvenientes, obstáculos, desafíos y desafecciones que giran alrededor de esta Ley, la misma ha comenzado a dar frutos en la dirección esperada. La muestra más reciente de ello es que en la semana pasada nuestro país salió de la “lista negra” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esto es, del Capítulo IV.B del Informe de este órgano sobre negación de nacionalidad y de derechos políticos. Se valoró el cambio del tono y la actitud que han adoptado el Estado y diversas instituciones en el país en torno al tema, lo que se traduce en un paso de avance sobre el cual no podemos retroceder.    

 

A raíz de la socialización de la Ley No. 169-14 y de las notorias medidas que se han venido tomando respecto al tema, nuestro país ha instalado una Mesa de Diálogo con las autoridades dominicanas y los grupos que se vieron afectados en el pasado por la Sentencia 168/13. Gracias a esto, la CIDH decidió resaltar esta voluntad política y colocar al país en una categoría en materia de derechos que fortalece sobremanera la institucionalidad y la seguridad jurídica.

 

En este sentido nos sorprende que luego de conocerse esta importante decisión, se esté ventilando en la opinión pública que en breve el Tribunal Constitucional declarará inconstitucional la Ley 169-14, lo que a nuestro juicio pone en entredicho su carácter de órgano político creado por la Constitución para proteger  los derechos fundamentales, la democracia y fortalecer la institucionalidad.

 

Desde FINJUS valoramos que una sentencia del TC de esa naturaleza supondría un daño irreparable al consenso social y político que se ha fraguado para garantizar una solución adecuada a un problema histórico que se ha agravado década tras década como consecuencia de las debilidades y deficiencias de nuestras instituciones.

 

Una sentencia como la que se anuncia representaría un golpe a nuestra gobernabilidad y la estabilidad democrática, ya que pretendería erigir al TC como el centro de las decisiones políticas e institucionales y no como el árbitro y garante en nuestra democracia, al margen de las decisiones adoptadas de manera legítima por poderes públicos y en el marco de una estricta legalidad.

 

Entendemos que al calor de la polarización lamentablemente creada y haciéndose eco de un falso sentido de inminente peligro social y político de nuestro orden constitucional, algunos miembros del TC se apresten a recorrer una senda que de antemano advertimos está plagada de graves riesgos para la institucionalidad democrática.  Adoptar una decisión como la que se anuncia abriría las puertas para que el Congreso Nacional ponga en ejercicio sus funciones de control político  de los actos de las instituciones, lo que abre incluso la posibilidad de un juicio político a sus miembros. Este sería el peor de los escenarios que necesita nuestro país.

 

Exhortamos a la ciudadanía y sus organizaciones representativas a dar estricto seguimiento a esta lúgubre perspectiva que se abre en el panorama institucional de la República Dominicana.

 

 

Dr. Servio Tulio Castaños G.

2 de abril del 2018.

En ocasión de la discusión de relevante interés público que ha suscitado el reciente aumento salarial de la Cámara de Cuentas a sus funcionarios y personal en general, la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS) entiende necesario realizar algunas puntualizaciones en atención a esta actuación administrativa de cara al marco normativo que rige la materia y las disposiciones contenidas en nuestra Constitución.

 

En su calidad de órgano constitucional, la Cámara de Cuentas de la República Dominicana requiere de autonomía administrativa, operativa y presupuestaria a fin de ejecutar su objeto en cuanto a institución técnica encargada de examinar y auditar las cuentas generales y particulares de la estructura gubernamental. En esto se fundamenta la interpretación que realiza el Tribunal Constitucional sobre estos órganos, pues apunta que dada su naturaleza las legislaciones correspondientes a la estructura de la administración pública “se aplicarán (…) siempre  que  resulten  compatibles  con  su normativa específica, y no desvirtúen las funciones que la Constitución les otorga y garanticen el principio de separación de poderes”.

 

El amplio catálogo de facultades derivado de esta autonomía funcional de la que goza la Cámara de Cuentas encuentra límites expresos en la propia Constitución, pues en su artículo 140 establece que ninguna institución pública o entidad autónoma que maneje fondos públicos establecerá normas o disposiciones tendentes a incrementar la remuneración o beneficios a sus incumbentes o directivos, sino para un período posterior al que fueron electos o designados.”

 

La prohibición contenida en el referido artículo responde a los principios que derivan del derecho a la buena administración, pues se orienta a que los altos mandos no regulen los aumentos salariales de manera que les favorezca en el transcurso de su período de función y así se desincentive a los funcionarios públicos de realizar aumentos salariales en provecho propio. 

 

Amparándose en ello pudiese alegarse que se ha actuado conforme al ordenamiento jurídico pues fue el pleno anterior y no el actual que aprobó, mediante resolución número ADM-2013-012 de fecha 5 de noviembre del 2013, el reajuste salarial aplicado. Sin embargo la discusión sobre este asunto no puede relegarse a un test de legalidad de carácter simplista, sino que requiere una evaluación a la luz del principio de razonabilidad a los fines de verificar la legitimidad de la medida.

 

Es imprescindible tener en consideración que toda resolución debe estar ajustada a los principios de la administración pública. Los órganos constitucionales, como lo es la Cámara de Cuentas, no escapan a esta sujeción, pues aunque no se deben jerárquicamente al órgano rector de la administración pública, sí deben ser coherentes y contestes a los parámetros que rigen a la actuación administrativa.

 

Uno de los presupuestos básicos de la cláusula constitucional con relación a las decisiones administrativas que toman las entidades gubernamentales es que las mismas han de estar sujetas a los controles y principios de la administración pública establecidos en el ordenamiento jurídico; dentro de ellos resaltamos la razonabilidad jurídica y la racionalidad económica, los cuales se erigen como criterios necesarios a la hora de ejecutar una resolución de esta índole.

En este sentido, cabe apuntar que estos principios de razonabilidad, eficacia, proporcionalidad, economía, transparencia y buena administración exigen a los miembros de la Cámara de Cuentas que sus decisiones deben estar adoptadas de forma congruente con los fines de interés público que justifican la actuación administrativa, tomando en consideración todas aquellas circunstancias que conforman la realidad fáctica y jurídica subyacente.

 

Entendemos que esta medida se percibe como incoherente y desproporcionada de cara a la situación que atraviesa la Cámara de Cuentas, de acuerdo a lo que informan los miembros de ese órgano, caracterizada por ellos como de falta de liquidez para realizar acciones concretas inherentes a sus funciones, como son las auditorías a las instituciones gubernamentales.  

 

En este sentido, consideramos que  el organismo encargado de ejercer el control de la fiscalización de los bienes económicos del Estado no puede enviar en estos momentos un mensaje que contradice el espíritu de economicidad y razonabilidad para el buen uso de los recursos públicos. Además de ello, en los últimos años el porcentaje de los ingresos que el sector público debe destinar al pago de salarios de alto nivel se encuentra en ascenso sin que los resultados en materia de eficiencia, en ciertas instituciones estatales, sean satisfactorios. 

 

En otro orden es impostergable que desde el Poder Ejecutivo se emitan los reglamentos que harán efectiva la aplicabilidad de la Ley No. 105-13, la cual normativa, además de indicar topes de salario para funcionarios específicos como el caso del Presidente de la Cámara de Cuentas, establece en su artículo 13 la atribución de los poderes y órganos constitucionales del Estado de fijar sus escalas salariales guiándose de un reglamento salarial que debe dictar el Poder Ejecutivo.

 

En suma, esta decisión de aumento salarial ha generado múltiples cuestionamientos dado que se adopta en un momento en que, desde el Estado, se insta a los funcionarios de los distintos estamentos a ser comedidos, razonables y coherentes con la situación de estrechez económica y presupuestaria que prevalece en la actualidad. Asimismo se advierte que la misma no estuvo acompañada de ningún tipo de evaluación de rendimiento, eficiencia y efectividad del accionar de la Cámara de Cuentas.

 

Desde FINJUS entendemos que a la luz del ordenamiento legal vigente, la actuación de la Cámara de Cuentas se suma a una serie de decisiones adoptadas por los órganos públicos, que lamentablemente se han caracterizado por ser inoportunas, desconsideradas, descoordinadas, incoherentes y cuestionables, que refuerzan las percepciones sociales que alimentan la falta de credibilidad en las promesas estatales de practicar la austeridad, cultivar la eficiencia y mejorar la comunicación hacia la sociedad.

 

Servio Tulio Castaños Guzmán

22 de marzo de 2018

 

La Fundación Institucionalidad y Justicia, INC (FINJUS) considera pertinente ponderar en detalle la propuesta realizada por el Tribunal Superior Electoral con relación a la división en salas de las Juntas Electorales, la cual se orienta a la separación de las funciones administrativas de las que atañen a lo contencioso. Se trata de una iniciativa de implementación necesaria a los fines de contribuir a la institucionalidad de este órgano en el cumplimiento de las atribuciones que a su cargo ponen las leyes vigentes.

 

La especialización de cualquier órgano en general, en este caso de lo contencioso electoral, es un medio fundamental para garantizar en prima fase una justicia electoral oportuna con la adecuada escogencia de los criterios y principios que han de orientar la labor hermenéutica de las decisiones contenciosas. Esto se traduce en el escenario perfecto para armonizar, asegurar y potencializar los postulados democráticos contenidos en nuestra Constitución.

 

Desde FINJUS entendemos como loable la referida propuesta pues la división de las Juntas Electorales Municipales, en salas especializadas en sus respectivas competencias, crearía las condiciones propicias para la descentralización de la materia contenciosa electoral de estos órganos. Realizar dicha separación reviste gran importancia tanto en el aspecto funcional como práctico; así también, con ello se daría cumplimiento al objeto ulterior del mandato constitucional[1] y fomentaría una deseable coherencia decisoria en este campo.

 

La descentralización de las funciones de las Juntas Electorales es un imperativo para dar paso a una administración de justicia electoral más sencilla y expedita, por las características particulares de la materia contenciosa electoral en que la pronta resolución de los conflictos posterior condiciona la declaratoria de la elección respectiva que, de no darse oportunamente, provoca que cualquier reclamo o conflicto dotado de electoralidad afecte el procesos mismo y quebrante derechos políticos fundamentales.

 

Cabe resaltar que no se trata únicamente de garantizar criterios de especialización y separación de funciones en la materia, sino que la centralización de las funciones de las Juntas Municipales ha devenido en la saturación de esta entidad, provocando congestionamientos e interferencias respecto de las decisiones expeditas que deben ser emitidas en los procesos de conflictividad post-electorales. Es importante destacar que el papel de la justicia electoral frente a desenlaces electorales conflictivos, está sujeta a plazos que deben ser estrictamente respectados, y hace que cada una de las etapas electorales deba precluir en el momento oportuno”[2], para garantizar los principios de la celeridad, transparencia y eficiencia.

 

Entendemos factible la propuesta del Tribunal Superior Electoral a los fines de dotar de una verdadera separación de funciones a estos órganos, y así garantizar el principio de imparcialidad objetiva, con la finalidad de salvaguardar y dar

plena vigencia al Estado de derecho. Otro aspecto a considerar es que estamos en la antesala de un proceso de comicios electorales que se vislumbra complejo al contemplar de forma consecutiva los torneos electorales municipales, congresuales y presidenciales, lo cual sin lugar a dudas acrecentará el volumen de trabajo de las Juntas en cuanto a sus respectivas calidades de encargada de los procesos electorales, en razón de la jurisdicción que le corresponda, y de las funciones de tribunales electorales de primera instancia que asumen en ocasión del proceso postelectoral.

 

Por tales razones desde FINJUS consideramos acertada la propuesta preparada por el TSE entendiendo que de viabilizarse, teniéndose en cuenta un análisis pormenorizado de los recursos necesarios, resultaría altamente positivo y saludable para cumplir y garantizar el objetivo de la configuración constitucional en cuanto a las funciones descentralizadas en el ámbito de sus respectivas competencias de las Juntas Electorales.

 

 

 

Dr. Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente  Ejecutivo FINJUS

20 de marzo 2018.

 

[1] Ver articulo 213 Constitución Dominicana.

[2] Sentencia N.o 1978-E-2004, del 5 de agosto 2014, Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica.

Coordinador: Lic. Omar Victoria Contrera

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La Fundación Institucionalidad y Justicia, INC., (FINJUS) tras ponderar cuidadosamente las recientes declaraciones del presidente del Colegio de Notarios con relación al uso obligatorio del Papel de Seguridad del Colegio de Notarios, considera necesario reflexionar sobre las graves implicaciones que conllevaría obligar a la incorporación de esta disposición ilegítima en el ordenamiento jurídico dominicano.

 

De manera arbitraria esta entidad emplazó a la comunidad jurídica a la implementación inmediata, obligatoria y con todas sus consecuencias legales del denominado Papel Especial Notarial de Seguridad que fue concebido mediante una especie de reglamento emitido por el Colegio en marzo del 2015, previo incluso a la aprobación de la ley 140-15 que actualmente regula el ejercicio del Notariado.

 

La justificación que planeta el Colegio de Notarios para la reglamentación de esta formalidad, pudiese parecer atinada pues aduce que se trata de evitar falsificaciones, alteraciones, suplantaciones, fraudes y usurpaciones de la función notarial; sin embargo, debe aclararse que esta imposición desborda y desnaturaliza su potestad reglamentaria, tanto la que le atribuía la ley anterior como la normativa actual que la derogó.

 

En efecto, la derogada ley 89-05 únicamente facultaba a dictar reglamentos organizativos sobre el gremio y de ninguna manera a adoptar textos de naturaleza normativa que tuviesen aplicación general como lo es lo relativo a la utilización del papel de seguridad; por otro lado, la actual ley 140-15 indica como atribuciones del Colegio la gestión del establecimiento y aplicación de normas y reglamentos y, cuando se refiere a regulación lo circunscribe a la vigilancia del correcto ejercicio profesional y a la elaboración de un reglamento de aplicación de la Ley el cual, primero deberá ser presentado al Consejo Directivo y luego enviado para aprobación al Poder Ejecutivo, lo cual, evidentemente, no ha sido el íter procesal del reglamento sobre el cual se basa el aviso del Colegio.

 

Sobre ello vale destacar que el propio Consejo Directivo del Colegio de Notarios se ha pronunciado indicando que, la puesta en vigencia de la utilización del papel de seguridad, se trata de una decisión ilegítima e unilateral del Presidente de esta entidad. Y es que en realidad se trata de un ejercicio que vulnera el principio de legalidad al extralimitar las atribuciones que le ha conferido el legislador respecto de su potestad reglamentaria.

 

No se puede obviar que la función notarial consiste en dar fe pública a los negocios jurídicos. Esta función pertenece monopólicamente a la soberanía del Estado, que la delega en profesionales independientes, en ejercicio de la potestad que le reconoce el artículo 147 de la Constitución para asegurar el acceso a servicios públicos de calidad. Consideramos que el establecimiento de manera arbitraria del uso de un Papel Especial Notarial de Seguridad supone una medida contraproducente que limita el acceso al servicio a la población de escasos recursos económicos.

 

Es oportuno enfatizar que esta pretensión del Colegio de Notarios crea privilegios y exclusividades para sus miembros y elevaría geométricamente las tarifas de cobro por servicios, además del alza que desde ya supone el contenido de la Ley 140-15, desnaturalizando así la esencia de la función notarial de servicio público.

 

Tomando en consideración las implicaciones e impacto que generaría la implementación de esta formalidad, rechazamos el uso del referido papel de seguridad lo cual, dado el encarecimiento del servicio, supone un nuevo obstáculo para el acceso a una gama de bienes protegidos por la Constitución en los cuales se necesita la intervención de un notario; asimismo, se ha tratado de un uso indebido de la potestad reglamentaria del Colegio de Notarios.

 

Servio Tulio Castaños Guzmán

14 de marzo de 2018

 

En días pasados, el Tribunal Constitucional fue apoderado de un recurso de inconstitucionalidad contra la vigésima disposición transitoria de la Constitución que prohíbe la reelección presidencial para el gobernante de turno. La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS), a la luz de la relevancia política que este tema significa en la vida nacional, considera oportuno compartir algunas reflexiones al respecto.

 

Desde que se suscitó esta discusión, distintos sectores y actores políticos se han pronunciado al respecto. No obstante lo anterior, consideramos importante que la ciudadanía conozca a profundidad las bases esenciales de esta discusión y se pondere, de manera equilibrada, la respuesta institucional y social que amerita.

 

En ese sentido, desde FINJUS hemos elaborado una serie de argumentos en la dirección de comprender el núcleo central del debate que implica una eventual reforma constitucional. De este modo, trataremos explicar el fondo de esta cuestión desde los principios del orden constitucional y sus características históricas, así como también las vías y mecanismos establecidos en la Constitución para agotar un proceso de este tipo con total legitimidad y legalidad.

 

  1. Orden constitucional y presidencialismo.

 

No podemos pasar por alto que nuestra Constitución ha sido objeto de 39 modificaciones, a lo largo de la historia como República. La mayoría de estas modificaciones han respondido al exclusivo interés de variar, reafirmar o contrarrestar el tema de la reelección presidencial, atendiendo a los intereses políticos de turno.

 

Cabe destacar que nuestro orden jurídico- constitucional y político se adhiere, en gran medida, a los rasgos del presidencialismo que ha sido parte de la naturaleza del poder –en términos amplios– en América Latina. En nuestra región, han sido históricamente determinante las decisiones tomadas por el Ejecutivo en torno a la organización del poder, en detrimento del justo equilibrio de poderes y la participación real de la ciudadanía en las esferas de decisión.

 

Desde el orden constitucional, tal como diría Dworkin, se debe tratar de hacer un esfuerzo persistente de integridad destinado a “hablarle a la ciudadanía con una sola voz[1]”; evitando así las interpretaciones sujetas a las actuaciones marcadas por caprichos de alguno de los poderes del Estado o por intereses estrictamente personales, logrando así un marco de respeto a la legalidad, al equilibrio de poderes y, ante todo, al orden constitucional vigente.

 

Por tanto, todo lo anterior implica que si nuestro país quiere avanzar con total respeto a la Constitución, no pueden obviarse dos elementos fundamentales: nuestra historia y práctica constitucional y las interpretaciones legalistas ajustadas a intereses políticos determinados. Es decir, el Poder Ejecutivo no puede formar parte de las pinceladas negativas que han existido en nuestro orden político y normativo, sino mantener el respeto a los principios jurídicos que fortalecen la calidad democrática del Estado dominicano.

 

  1. La vía jurisdiccional y la inconstitucionalidad del transitorio.

 

La Constitución del 2015 establece claramente en su artículo 267 las condiciones necesarias para su eventual reforma: la reforma de la Constitución sólo podrá hacerse en la forma que indica ella misma y no podrá jamás ser suspendida ni anulada por ningún poder o autoridad, ni tampoco por aclamaciones populares. Por tanto, tal como establece el jurista Nassef Perdomo, “el papel del procedimiento de reforma es, fundamentalmente, defender la supremacía de la Constitución a través del mecanismo de la rigidez[2].

 

En ese sentido, ya que la propia Ley Sustantiva establece rigidez a través de las formas en que ella misma se puede modificar, no es saludable que se pondere su reforma y se utilice la vía jurisdiccional para fiscalizar los contenidos de la reforma constitucional y determinar la inconstitucionalidad de un presupuesto normativo de carácter constitucional, donde uno de sus fines no es otro que el de garantizar la primacía del orden dentro del propio sistema democrático, y así fijar límites al poder político.

 

Por otro lado, uno de los argumentos utilizados por determinados sectores para desviar la atención de lo importante en esta discusión y obviar los principios constitucionales, ha sido el del respeto a las decisiones por “aclamación popular”, tal como establece la parte in fine del precitado artículo 267. Además de que está taxativamente prohibido en la norma constitucional, este argumento no limita la posibilidad de participación de la población en decisiones de este tipo.

 

Lo que se ha querido es evitar la utilización de la reforma como mecanismo de poder para que grupos se perpetúen en el control del Estado y proteger esta rigidez constitucional para un eventual procedimiento de este tipo. La aclamación popular del artículo 267, “no se refiere a la participación del pueblo en la reforma constitucional, sino a la proclamación de una reforma constitucional por la población en un contexto de vacío institucional.”[3]

 

En la actualidad, nuestro país no se encuentra en un estado de vacío institucional ni de indefiniciones respecto al modelo de Estado. Por lo que apelar a presumir la existencia anticipada de un sentimiento popular sustentado en intereses políticos de turno, trasladándolo así al orden jurisdiccional para violentar los principios constitucionales, lacera toda la trayectoria de consolidación del Estado de Derecho, seguridad jurídica, fortalecimiento institucional y el respeto a la legalidad durante los últimos años.

 

  • Alternabilidad democrática y poder.

 

Otro de los matices de gran interés en esta discusión, lo es el tema de la alternabilidad democrática. Desde una comprensión mínima de la historia política reciente, la alternancia o no dentro del sistema político no ha dependido, en términos estrictos, de la manifestación de la voluntad de la población sino de decisiones impuestas por las distintas direcciones de los partidos.

 

En el caso que nos ocupa, la voluntad de un partido político –sin entrar en consideraciones de su legitimidad o no– no puede formar parte de una decisión que englobe una serie de transformaciones en el seno del Estado. Mucho menos, debe trasladarse esta decisión de un partido a la esfera judicial ni tampoco evitar que se desarrolle la alternancia política en nuestro país.

 

La vigésima disposición transitoria de nuestra Ley de Leyes es sumamente clara, bajo ningún concepto, esta podría afectar los derechos de los gobernantes ni tampoco generar un marco desigual de posibilidades para el acceso al poder. Sumado a lo anterior, nuestra Ley Sustantiva, en su artículo 124 establece que El Presidente o la Presidenta de la República podrá optar por un segundo período constitucional consecutivo y no podrá postularse jamás al mismo cargo ni a la Vicepresidencia de la República[4]”.

 

Por tanto, el texto constitucional ha sido muy específico sobre la imposibilidad de que el presidente de la República pretenda optar por un tercer período, como sería el caso en la actualidad con el mandatario de turno. Ninguno de los dos esquemas generan una suerte de afectación al primer ciudadano de la República en el marco de la igualdad, sino todo lo contrario; se trata de un obstáculo frente a la posible perpetuación en el poder y una garantía importante para la democracia.

 

Desde FINJUS, consideramos que apelar a este precepto carece de un reconocimiento de la realidad fáctica y del concepto jurídico-constitucional referente a la igualdad. Tal como establece Prieto Sanchís, “los juicios de igualdad son siempre juicios valorativos, referidos conjuntamente a las igualdades y desigualdades fácticas y a las consecuencias normativas que se unen a las mismas[5]”.

 

Esto quiere decir que el fin constitucional de la norma en torno al caso específico que quiera aplicarse debe poseer en sí mismo una justificación suficiente y congruente respecto a la aplicación de este principio. Por tanto, de aplicarlo debe valorarse la situación de tratamiento entre iguales y de este modo valorar si se encuentra una situación específica que pueda estar lacerando el derecho a la igualdad.

 

Debe considerarse además que al haber optado por insertar la fórmula de la no reelección, se concibió lo más conveniente para la salud de un sistema político que, dada nuestra reiterada experiencia, se ha visto seriamente perjudicado por la tendencia a la autoperpetuación de las élites y/o de los anillos de poder.

 

Consideramos que es precisamente la no reelección lo más democrático y lo más acorde al contenido del derecho a elegir y a ser electo o a ocupar los cargos públicos en condiciones de igualdad y sin discriminación, pues se garantiza la posibilidad de que diversos sectores de la ciudadanía tengan la posibilidad de acceder a la esfera gubernamental.

 

Como hemos expresado en múltiples escenarios, queda claro que apelar a la utilización del principio de igualdad como justificación normativa para indicar la existencia de una vía abierta para la reelección presidencial que contraviene lo establecido en nuestra Constitución  es insostenible jurídicamente, por las confusiones que genera.

 

  1. Reflexiones Finales.

 

La  hiperreformabilidad[6] constitucional es uno de los fenómenos que históricamente reaparece en nuestro país cada vez que las fuerzas políticas desean tejer hilos conductores de voluntades particulares para saciar sus intereses personales de mando. La reforma constitucional no puede ser un instrumento de estrategia política del gobierno de turno para permanecer en el poder; “las  fuerzas políticas deben entender que hace tiempo que la Constitución no es ya más un Derecho de preámbulo ni un compendio de vagas recetas políticas” [7] que puede adaptarse a los interés particulares de unos cuantos; obviando los límites implícitos al poder reformador de la Constitución.

 

En conclusión, desde FINJUS valoramos que la institucionalidad democrática, la gobernabilidad y el fortalecimiento del Estado Social y Democrático de Derecho son valores esenciales de nuestra Constitución los cuales podrían verse seriamente afectados si se introduce una nueva vez este tema en la opinión pública y, aún más, si se materializa a través de vías improcedentes y convenientes sólo para el poder político, no así para el orden constitucional.

 

Abogar de manera continua a la reforma de la constitución evidencia la inestabilidad institucional de nuestro país, y al mismo tiempo de manera muy peligrosa condiciona el texto constitucional y el poder reformador de la Constitución constantemente a los vaivenes políticos y, por lo tanto, la convierte en un traje a la medida de quienes ostenten el poderío político.

 

 

Dr. Servio Tulio Castaños G.

12 de marzo del 2018.

 

 

 

[1] Para mayor profundización en el tema, véase a GARGARELLA, Roberto. La sala de máquinas de la Constitución. 1a Ed. Buenos Aires. 2014. P. 303.

[2] PERDOMO, Nassef. En FINJUS. Constitución Comentada. 4ta Edición. 2015. P. 547. Subrayado y resaltado nuestro.

[3] Ibídem. P. 548.

[4] Constitución de la República Dominicana. 2015. Artículo 124. Subrayado nuestro.

[5] PRIETO SANCHÍS, Luis. Los derechos sociales y el principio de igualdad sustancial. Publicado en Revista del Centro de Estudios Constitucionales. No. 22. Septiembre- diciembre 1995. P. 24.

[6]  Concepto acuñado por el jurista Miguel Carbonell.

[7] FAVOREU, Joseph Louis. La Constitucionalización del Derecho. Las Misceláneas en homenaje a Roland Drago, “La unidad del derecho”. París. 1996. P. 25.

El presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, recibió este jueves un conjunto de propuestas de leyes que deben ser aprobadas para la adecuación y vigencia plena de la Constitución del 2010, iniciativas que fueron elaboradas por una comisión de juristas encabezada por el ex vicepresidente de la República, Rafael Alburquerque.

Uno de los proyectos, denominado “de jurisdicción contencioso-administrativa”, procura desarrollar el mandato de los artículos 138  y 139 de la Constitución, referidos al control de los actos administrativos por los tribunales y el procedimiento para que la ciudadanía acceda a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo.

Conjuntamente con las leyes 247-12, Orgánica de la Administración Pública, y 107-13, sobre Derechos y Deberes de las Personas en su relación con la Administración Pública, este proyecto de ley completaría el ciclo  de reformas diseñado por la Constitución del 2010 sobre la estructura del Estado y las relaciones de los ciudadanos con la Administración Pública.

Asimismo, esta propuesta de legislación busca crear una jurisdicción nacional de lo contencioso-administrativo con doble grado de jurisdicción, como establecen los artículos 164 y 165 de la Constitución.  De igual manera, permitiría  destrabar el Tribunal Superior Administrativo (TSA) a través de la creación a nivel nacional de tribunales especializados sobre la materia.

Otro de los proyectos elaborado por la comisión es el de Ley de Derecho de Petición, el cual busca desarrollar del mandato del artículo 22.4 de la Constitución, referido a la prerrogativa constitucional de los ciudadanos de formular peticiones públicas a los poderes estatales para solicitar medidas de interés público. En este renglón también está el Derecho de Petición, junto a los derechos políticos de elegir y ser elegido, un derecho de ciudadanía incorporado por la reforma constitucional del año 2010 a la carta sustantiva de la Nación.

Esta propuesta de nueva ley busca crear  el procedimiento para que los ciudadanos formulen peticiones a las autoridades administrativas, así como las sanciones ante la inobservancia de dicho trámite. Junto a la Ley de Acceso a la Información Pública (Ley 200-04), la referida  iniciativa procura fortalecer la posición de los administrados ante el Estado.

Como parte del paquete, la comisión de juristas también entregó una propuesta de Ley General de Publicidad, la cual busca desarrollar el mandato de los artículos 49, 52 y 53 de la Constitución. El objetivo de esta propuesta es crear un marco general regulador sobre el mercado publicitario del sector privado, regulando la publicidad como acto creativo, los contratos publicitarios, la relaciones entre anunciantes, medios de comunicación y público receptor.

En adición, la propuesta busca consolidar los derechos de los consumidores y los usuarios frente al mensaje publicitario y crear una serie de incentivos fiscales para aquellas empresas que desarrollen campañas publicitarias de protección al medio ambiente y la prevención de accidentes.

igual manera, esta iniciativa de legislación aspira a regular la participación de los denominados “influenciadores” en las redes sociales, de manera que establece el principio de transparencia en su relación comercial con los bienes o productos que promueven frente a los consumidores y usuarios.

Tras recibir el conjunto de propuestas de leyes, Maldonado destacó la labor de la comisión y la trascendencia del trabajo realizado. “Estos son proyectos de mucha importancia para la nación dominicana, pues permitirán poner en vigencia un número importante de disposiciones de la reforma constitucional del 2010”, indicó el presidente de la Cámara de Diputados.

De su lado, Alburquerque agradeció la confianza que la Cámara de Diputados depositó en él y los otros juristas que conforman la comisión, e informó que el equipo  seguirá trabajando con miras a seguir fortaleciendo las diferentes iniciativas que surjan del Congreso Nacional en relación con las leyes que se necesitan para la vigencia plena de la Constitución del 2010.

Además de Alburquerque, quien la coordina, la comisión la integran los juristas Namphy Rodríguez, Manuel Fermín, Edyson Alarcón; Servio Tulio Castaños, Ramón Núñez y Ana Carolina Blanco Haché.

 

Fuente: Nuevo Diario

 

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