La Oficina Nacional de Defensa Pública y la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), celebraron este jueves una mesa de consulta de prioridades y necesidades para el fortalecimiento de la Red Nacional de Identificación y protección de los Derechos de Grupos en Condición de vulnerabilidad, especialmente a los afectados de VIH.

El acto de apertura estuvo a cargo de la doctora Laura Hernández, quien informó que su misión de promover el acceso a la justicia de las personas en condiciones de igualdad, ha impulsado la creación de la Red Nacional de Identificación y Protección de los derechos de las personas que viven en condición de vulnerabilidad.

Por esta razón esta red debe ser el motor que impulse políticas de inclusión en las instituciones y planes del Estado en la consecución de un verdadero Estado Social y Democrático de Derecho. Esto quiere decir, que como Red tenemos un compromiso social de realizar acciones que mejoren la calidad de vida de estos grupos y la protección de sus derechos.

Reiteró que la Oficina Nacional de Defensa Pública está comprometida con el fortalecimiento de la Red  Nacional de Identificación y Protección de los derechos de las poblaciones vulnerabilizadas y con el apoyo de FINJUS realiza esta actividad de consulta a los miembros de la red para determinar las acciones siguientes y sus prioridades en la detección de sus necesidades de capacitación técnica para el trabajo en equipo y participativo de todos los miembros de la red.

El trabajo en equipo de la red va a incidir en que las problemáticas y limitaciones que tienen las mujeres víctimas de violencia, las personas migrantes y sus descendientes, la niñez, adultos mayores, personas con discapacidad, y demás poblaciones vulnerablilizadas tengan acceso a la justicia para exigir el respeto y cumplimiento de sus derechos, dijo.

 

Fuente: El Nuevo Diario

SANTO DOMINGO. El alcalde del Distrito Nacional, David Collado, entregó este miércoles durante una reunión de trabajo a la Fundación Justicia e Institucionalidad (FINJUS) el reporte de gestión de la alcaldía durante los primero cuatro meses del año 2018, como seguimiento a las políticas de transparencia que implementa la actual gestión.

Collado expresó: “Vinimos de manera voluntaria a traer nuevamente el primer cuatrimestre y hemos acordado hacer esto ya cada cuatro meses con nuestros equipos técnicos. Estamos convencidos de que estos son los pasos que se tienen que dar en la administración pública para un mejor desarrollo de las instituciones públicas y sobretodo de la ciudad de Santo Domingo”.

“Estamos tocando puertas así como las Naciones Unidas, FINJUS, el CONEP, organismos internacionales, la USAID y la embajada americana para conectar esta administración con todas las instituciones que puedan ayudarnos a hacer una mejor gestión, transparente y con ética en este compromiso que la sociedad nos ha otorgado y que lo asumimos con mucha responsabilidad”, aclaró el alcalde.

De su lado, Servio Tulio Castaños, vicepresidente ejecutivo de FINJUS, manifestó que cuando el alcalde le entregó hace cinco meses todo el trabajo realizado hasta este momento, le llamaron la atención los diagnósticos y pronósticos a través de los que se diseñaron una serie de políticas para identificar cómo podrían hacer de la Alcaldía del Distrito Nacional una institución transparente.

Continuó diciendo: “Como FINJUS una de las cosas que más nos preocupa en términos de políticas públicas, son los procesos de compras y contrataciones sobre todo por lo complejo que es implementar una ley, que de una u otra forma tienen una serie de lagunas que genera mucha confusión”.

Saludó el hecho de que el ADN sea asistido en todo lo relativo a compras y contrataciones por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), dejando claro que su única intención desde ahí es que todos los procesos se cumplan con los mayores niveles de transparencia.

En ese sentido, Jackeline Mora, directora financiera de la alcaldía, presentó los planes financieros que tienen la institución a corto y mediano plazo, así como los nuevos acuerdos que está realizando la entidad con empresas de alto renombre, como es el caso de Deloitte que se encuentra en la realización de un levantamiento para cambios tecnológicos y procedimentales, con el fin de crear una gestión de carácter más privado.

“Mañana estaremos firmando un acuerdo con una ONG Internacional que apoya el tema de investigación en políticas públicas donde el ayuntamiento acaba de ganar una ayuda para dar uso a la información de la entidad, que permita realizar cambios importantes para los ciudadanos en términos de políticas públicas pero soportado por la investigación”, expresó Mora.

“Esto se hará a través de la Universidad MIT de los Estados Unidos con la presencia de representantes de la universidad de Princeton y un investigador local para seguir con estos procesos”, concluyó.

 

Fuente: Diario Libre

 

23 de mayo del 2018

 

Doctor

Henry Modesto Merán Gil

Presidente de la Comisión Permanente de Justicia

Cámara de Diputados de la República Dominicana

 

CC: Rubén Maldonado

Presidente de la Cámara de Diputados de la República Dominicana

 

Vía: Comisión Permanente de Justicia de la

Cámara de Diputados de la República Dominicana

 

Palacio del Congreso Nacional

Ciudad.-

 

Honorable Diputado y Presidente de La Comisión:

 

Nos complace saludarle muy cortésmente en ocasión de remitirles algunas reflexiones y materiales que en FINJUS hemos producido sobre las propuestas de elaboración de la ley de partidos políticos. Incluye un cuadro comparativo, in extenso, donde hacemos una comparación entre el proyecto de la ley de partidos políticos elaborada por la Junta Central Electoral y la redacción alterna del Senado, donde se muestran las coincidencias y divergencias entre ellos,  conjuntamente con las observaciones y sugerencias de nuestra institución.

 

Dado el especial interés que esta institución ha tenido en la elaboración de una normativa coherente y adecuada para regular la esfera política dominicana, nos permitimos resaltar ciertos puntos que entendemos podrían aportar a la reflexión de su Comisión para lograr un proyecto de ley que cuente con el debido consenso social.

 

Con el ánimo de contribuir a la ponderación y análisis que la referida redacción merecerá en esta comisión y consecuentemente en la Honorable Cámara de Diputados de la República, remitimos, en el documento anexo, las temáticas más relevantes de la misma y los argumentos que sustentan nuestra posición.

 

Agradecemos muy sinceramente su atención a estas reflexiones, producidas con el interés de aportar elementos pertinentes para enriquecer la labor que realiza la Honorable Cámara de Diputados de la República y esta Comisión.

 

Aprovechamos la ocasión para manifestarle nuestra alta consideración y saludos.

 

Muy atentamente,

 

Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS.

 

Ver:

      Analisis comparativos de proyectos PAMP Senado y JCE. 

       Cuadro Comparativo Partidos Políticos JCE vs Redaccion alterna. 

 

Santo Domingo.- La Cámara de Diputados y la Universidad Iberoamericana (UNIBE), organizaron  la noche de este jueves  un conversatorio en el que se analizó el contenido y alcances del proyecto de ley general de publicidad comercial.

 

La pieza, presentada por el presidente de la Cámara Baja, Rubén Maldonado y los voceros de los distintos partidos políticos  que convergen en la institución tiene como  objetivo regular la publicidad comercial e la República Dominicana.

 

Para el estudio de la Pieza fue apoderada la Comisión Permanente de Medios de Comunicación que preside el diputado Manuel Elpidio Báez y designados destacados juristas, catedráticos y especialistas en derecho constitucional para aportar a su redacción.

 

Durante el evento,  que se efectuó en el auditorio de UNIBE, también auspiciado  por las fundaciones Global Democracia y Desarrollo (Funglode) e Institucionalidad y Justicia (Finjus), el diputado Báez, adelantó que el proyecto en cuestión será trabajado con cuidado, pero sin pausa para proteger al consumidor dominicano.

 

El legislador quien fungió como panelista, enfatizó que la sociedad dominicana está siendo bombardeada por una serie de publicidad engañosa que es precisamente el objetivo del proyecto, regularla.

 

Explicó que con este conversatorio se inició una serie de consultas para escuchar a los distintos sectores que tienen que ver con la publicidad comercial y anunció que en la segunda semana del mes de junio del 2018, será convocado otro encuentro para escuchar más sectores interesados.

 

De su lado, Ana Carolina Blanco, catedrática de UNIBE, otra de los expositores proclamó que “queremos que la publicidad en el país sea veraz, eficaz y honesta.

Dijo que esta pieza busca regular la actividad de la industria publicitaria en la República Dominicana.

 

Mientras que Namphi Rodríguez, especialista en derecho constitucional, dijo que el Presidente de la Cámara de Diputados constituyó una comisión de la que forma parte, con el propósito de compactibilzar el ordenamiento jurídico de este proyecto con la reforma constitucional del año 2010.

 

Entiende que para cumplir con los principios básicos, el proyecto de ley general de publicidad comercial debe tener veracidad, autenticidad y legalidad.

 

En tanto que, Zaida Lugo, especialista en propiedad intelectual y protección al consumidor, quien fue invitada, saludó la iniciativa y dijo que con si aprobación se comenzará a respetar el derecho del autor.

 

Desde el artículo 3 hasta el 10, el proyecto de ley general de publicidad comercial habla sobre  la Ley 4208, de Competencia Desleal;  del 15 al 20, de los artículos regulados;  del 23 al 37,  sobre los contratos de publicidad; del 38 al 40 sobre los contratos de colocación de medios; del 41 al 46, sobre titularidad de la creación publicitaria y el 47 sobre el mecenazgo.

 

Las palabras de bienvenida del evento, en el que participaron estudiantes derecho, de comunicación y de otras carreras, así como personas de la sociedad civil, fueron pronunciadas por el doctor José Pérez Gómez, decano de la Facultad de Derecho de UNIBE, en tanto que Servio Tulio Castaños, vicepresidente ejecutivo  de la Finjus, fungió como moderador.

Fuente: Cámara de Diputados

La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS), considera que los poderes públicos deben ser más eficaces en la aplicación de  los sistemas de consecuencias recogidos en diversas leyes y reglamentos que sancionan las faltas cometidas por funcionarios públicos jueces y fiscales, entre otros. Además, toda la sociedad debe abocarse a exigir a los órganos encargados de aplicar las debidas sanciones, una mayor eficacia y constancia en el tema.

 

En diversas ocasiones hemos insistido en la necesidad de que el país adopte las normas, políticas y mecanismos que sean necesarios para asegurar la fortaleza de nuestras instituciones, la calidad de la seguridad jurídica y la eficiencia de los marcos de transparencia que hemos definido en el país. Recientemente, la sociedad dominicana ha visto con asombro en los medios de comunicación que organismos claves de nuestro ordenamiento jurídico, como el Poder Judicial, el Ministerio Público u otros órganos estatales, tienen por norma la simple destitución de jueces, fiscales o funcionarios que han faltado en el ejercicio de sus funciones.

 

El país requiere, respetando los marcos jurídicos y el debido proceso de ley, que los poderes públicos apliquen cabalmente los sistemas de consecuencias que las leyes definen y dejen a un lado los criterios de selectividad casuística que aplican en algunos casos, que alimentan la desconfianza en la ciudadanía sobre el verdadero compromiso de las instituciones de erradicar gradualmente las prácticas y conductas contrarias a la integridad y/o constitutivas de delito en la administración pública.

 

Observamos con gran preocupación la reiterada costumbre de alejar a funcionarios de sus cargos como una forma de inhabilitación, y pese que en algunos casos son conductas que merecen consecuencias ejemplarizantes, solo se procede a su destitución, con lo que se cubren ciertos comportamientos con un manto de impunidad.

 

Si bien estamos analizando este tema desde una óptica general,  conviene adentrarnos en unos criterios establecidos en la Ley de Carrera Judicial No. 327-98, sobre los objetivos del régimen disciplinario. Esta norma, en el artículo 57 indica, entre otras cuestiones, que los objetivos del régimen disciplinario son: la motivación del cumplimiento eficiente, eficaz y honesto de la función jurisdiccional; el correcto ejercicio de las prerrogativas de los jueces y; que las faltas juzgadas se ajusten a la legalidad, la equidad y la objetividad[1].

 

Por su parte, la Ley Orgánica del Ministerio Público No. 133-11 –si citamos otro ejemplo–, establece en el artículo 84 la denominación de “poder disciplinario” en sus presupuestos normativos, indicando que éste poder está “dirigido asegurar el respeto de los principios que rigen sus actuaciones, y la correspondiente aplicación de sanciones[2]”. Es decir, se trata de un aseguramiento del cumplimiento de principios y valores inherentes a la función y que, de no ajustarse a éstos, la norma prevea la existencia y funcionamiento de un régimen sancionatorio.

 

De igual forma, en el capítulo III de la Ley de Función Pública No. 41-08 se establece la existencia normativa de un régimen disciplinario donde constan expresamente las faltas y sanciones aplicables[3]. A pesar de que, a diferencia de las leyes que mencionamos anteriormente ésta no describe una finalidad clara en torno a la direccionalidad de este régimen sancionatorio, la naturaleza de la norma y, propiamente de la función pública, permite otorgar una conceptualización expresa sobre dicho fin.

 

En ese sentido, cabe preguntarse, ¿cómo deben ser aplicados los sistemas de consecuencias y qué necesitan para la recuperación de la confianza ciudadana en el sistema de justicia y los poderes públicos? Consideramos que, además de que se verifica la legalidad de un mandato dentro de una norma, los organismos encargados de aplicarla deben esforzarse para que las sanciones que se contempla en cada caso, cuando sea procedente, no se queden en la simple inhabilitación temporal y que se realicen las investigaciones pertinentes que sustenten ante cada hecho las posibles persecuciones penales y las sanciones administrativas serias, cuando así lo amerite.

 

Tal como establecimos anteriormente, las medidas de corte disciplinario tienen su función específica y, hasta el momento, su aplicación se ha venido fortaleciendo a lo largo de los años. No obstante, la razonabilidad de las mismas en tanto probables acciones posteriores pareciera que se diluyen en el tiempo, salvo que selectivamente los poderes públicos consideren darle los matices que decidan en una determinada coyuntura.

 

Luego de haber comprendido la naturaleza del régimen disciplinario, desde FINJUS insistimos en que es sumamente relevante que los poderes públicos, cuando se trate de servidores y servidoras, aplique el principio de igualdad[4] establecido en nuestra Constitución para cada uno de los casos. Cualquier falta grave que se cometa en el ejercicio de las funciones de un juez, un fiscal o cualquier funcionario público merece el tratamiento y seguimiento adecuado, tanto en el ámbito de la aplicación del debido proceso como a las persecuciones penales que se generen a raíz de ello, cuando sea pertinente.

 

Para el jurista mexicano Ismael Gómez, “la sanción busca reparar principalmente el daño a la naturaleza de la relación entre el Estado, el servidor público y la sociedad[5]”. En ese sentido, tomando en cuenta la actual atmósfera política y social de nuestro país, resulta fundamental que se apliquen las sanciones de lugar y así se permita ir reparando la confianza de la ciudadanía en las instituciones, ya que ante ciertos escenarios adversos relacionados a la aplicación de regímenes de consecuencias, los poderes públicos no han actuado en el marco de las dimensiones requeridas.

 

Confiamos en que el tejido social irá retomando una mirada de mayor profundidad y el imperio de la ley volverá a formar parte de la habitualidad de nuestro relacionamiento frente al Estado. La consolidación del Estado Social y Democrático de Derecho requiere con urgencia que se muestren respuestas integrales a las distintas problemáticas sociales y políticas, ya que sólo así seguiremos fortaleciendo el sistema democrático y restableciendo la absoluta confianza en las instituciones.

 

 

Dr. Servio Tulio Castaños G.

15 de mayo del 2018.

 

[1] Véase Ley de Carrera Judicial No. 327-98. Artículo 57.

[2] Ley Orgánica del Ministerio Público No. 133-11.

[3] Ver Ley de Función Pública No. 41-08. Artículo 81 y siguientes.

[4] Para un mejor desarrollo de este concepto, véase: República Dominicana. Constitución Política. 2015. Artículo 39.

[5] GÓMEZ, Ismael. El sistema de responsabilidades de los servidores públicos. Ed. Porrúa. México, D. F. Porrúa. 2001. P. 86

PUERTO  PLATA.- El jurista Servio Tulio Castaños Guzmán opinó que la adopción de una ley moderna de partidos políticos es una prioridad para que el país fortalezca su régimen democrático contra los ataques del crimen organizado, la corrupción de todo tipo y las malas prácticas que dañan la calidad de la democracia.

Reiteró que en la República Dominicana se hace pertinente romper con el tradicional sistema político que para nada es transparente, ya que permite perpetuar los modelos clientelistas, paternalistas y caudillistas de hacer política que han predominado en los últimos años, donde las cúpulas en acciones antidemocráticas no toman en cuenta a su militancia.

El también vicepresidente ejecutivo de FINJUS expresó sus consideraciones en el conversatorio “Ley de Partidos y Régimen Electoral” realizado en la Oficina Senatorial de Puerto Plata,  en la que advirtió que el fortalecimiento de la democracia no radica únicamente en el ejercicio político partidista sino en la participación de la población en debates que se generen en distintas vertientes sociales.

 

Manifestó que no basta que el sistema político sea regido por los estatutos internos de los partidos, en vista de que las cúpulas partidistas son estructuras rancias ya que están conformadas por los mismos actores y personajes desde hace varias décadas y para colmo en casi todos los partidos han desaparecido las escuelas de formación política.

Criticó que los partidos políticos han invadido todo los estamentos sociales del país, contaminando desde los gremios profesionales hasta las junta de vecinos debido a que desde el Estado todas las instituciones son controladas, advirtiendo que precisamente el Estado pesa demasiado en los procesos electorales ya que auspicia el dispendio de recursos públicos a favor de candidaturas acólitas.

 

Fuente: Periódico El Día

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