Super User

Super User

 

 

 

 

 

 

Descargar Documento  carta depositada

 

01 marzo de 2021

 

Señor:

Franklin Alberto Rodríguez Garabitos

Senador Provincia San Cristóbal

Congreso Nacional

Ciudad.

 

Honorable Senador:

 Nos complace transmitirle el saludo muy cortés del Consejo de Directores de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS) y mío propio, en atención a la solicitud de revisión técnica del proyecto de ley para regular el indulto en República Dominicana que usted remitiera a la comisión de justicia del Senado, tenemos a bien presentar algunas consideraciones.

 

En primer orden, saludamos la disposición de trabajar en un instrumento normativo que regule la figura del indulto de acuerdo a los lineamentos constitucionales. Por ello, desde FINJUS consideramos importante que esta medida jurídica sea debidamente regulada, de manera que se conceda en el marco de los criterios adecuados y para que sirva al propósito constitucional que la crea de acuerdo al artículo 127, literal j de la Constitución de la República Dominicana.

 

A esto se le suma el hecho de que El 15 de julio del 2015, el Tribunal Constitucional, al conocer un caso sobre el tema de indultos, emitió la sentencia TC/0189/15, en la que exhortó “al Congreso Nacional para que en el ejercicio de la función legislativa que le es propia, subsane ese vacío normativo regulatorio del indulto con la aprobación de una ley.”

 

La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales No. 137-11, mediante el artículo 47 párrafo III, establece que el Tribunal Constitucional adoptará, cuando lo considere necesario, sentencias exhortativas o de cualquier otra modalidad admitida en la práctica constitucional comparada.

 

Esta exhortación del Tribunal Constitucional a las Cámaras Legislativas para la pronta aprobación de la Ley de Indultos posee absoluto fundamento y, para evitar la reiteración de vacíos normativos, desde FINJUS consideramos que ha de ser tomada muy en cuenta.

Visto todo lo expuesto anteriormente y, tal como indicó el Tribunal Constitucional, coincidimos en la necesidad de que se inserten con precisión en el ordenamiento jurídico dominicano las condiciones idóneas para proceder a la selección de los candidatos a indultos, las modalidades que podrían usarse, los procedimientos adecuados y las excepciones que contemplaría, dentro de los límites constitucionales y los acuerdos internacionales.

 

Desde FINJUS valoramos de manera positiva todas las medidas regulatorias que se adopten para asegurar estos objetivos que contribuyan al fortalecimiento de la institucionalidad democrática; en ese sentido tenemos a bien remitir de manera adjunta una propuesta de proyecto de ley para regular el indulto que fue trabajada y consensuada desde la institución en el marco de la comisión creada en 2017, por el entonces presidente de la Cámara de Diputados Rubén Maldonado.

 

Esta propuesta contiene otros elementos que, entendemos, deben ser considerados para una redacción final de la normativa regulatoria del indulto, tales son la tipología de indultos, los efectos de esta prerrogativa, requisitos, exclusiones, entre otras.

 

Agradecemos muy sinceramente su atención a estas reflexiones, producidas con el interés de aportar nuevos elementos para enriquecer la labor que se realiza desde el Senado.

 

Aprovechamos la ocasión para manifestarle nuestra alta consideración y saludos.

 

Muy atentamente,

 

Dr. Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS.

 

Anexo: Propuesta de anteproyecto de ley de indulto preparada por FINJUS en el marco de la comisión creada, en 2017, por el presidente de la Cámara de Diputados Rubén Maldonado.

 

 

 

 

  • Coordinador: Lic. Maria  Alexandra Pezzotti
  • Dirigido a: Jueces, abogados, empresarios y personas vinculadas de forma pasiva o activa con el financiamiento en materia mobiliaria. También es de interés para cualquier otro miembro del Poder Judicial, notarios, alguaciles y estudiantes de Derecho.
  • Objetivo:  

 Informaciones Generales:

Fecha de inicio: Lunes 22 Febrero

Clases virtuales en horario de: 6:00 pm a 8:00 pm

Duración: 10 semanas

.

PARA FINES DE REGISTRO E INSCRIPCION

Modalidades de pago: Efectivo, cheque, tarjeta de crédito, transferencia y / o depósito bancario. Número de cuenta para fines de pago: 054-62605-3, cuenta corriente del Banco Popular.

El valor de este curso puede ser fraccionado en dos cuotas.
Al momento de realizar transferencias y / o depósito, favor enviar el comprobante por esta vía.
Algunas informaciones importantes para participantes a través de empresas o instituciones:

Interesados ​​en participar a través de empresa que labora, enviar CARTA FORMAL (carta compromiso) donde la empresa notifica que se hará cargo del pago del participante.
La oficina o empresa contratante deberá remitir ORDEN DE COMPRA, con el compromiso asumido del pago de la participación de su empleado en el diplomado o programa educativo.
Adicional, solicitamos remitir un correo los datos de la persona de Recursos Humanos y Finanzas que serán responsables de completar la participación del interesado y asegurar del saldo del programa antes de concluir el mismo, en caso de que aplique.

Reiterandome a sus órdenes para cualquier información.

| Sugely Suazo | Asistente Educación Continuada |

| Tel: 809.227.3250 ext. 240 | WP 809 227-3259 |

| Gustavo Mejía Ricart, esq. Abraham Lincoln, Torre Piantini, 8tvo. piso |

 

 
  • Coordinador: Omar E. Victoria Contreras
  • Dirigido a: Jueces, abogados, empresarios y personas vinculadas de forma pasiva o activa con el financiamiento en materia mobiliaria. También es de interés para cualquier otro miembro del Poder Judicial, notarios, alguaciles y estudiantes de Derecho.
  • Objetivo: Conocer el fundamento y el estado comparado de las bases prácticas y jurídicas de las garantías mobiliarias y sus sistemas de registro y ejecución y, en este contexto, estudiar y comprender el alcance e implicaciones jurídicas, económicas y financieras de las disposiciones de la recién promulgada Ley No. 45-20 sobre Garantías Mobiliarias. Se busca a su vez que el participante pueda explorar casos reales del uso de este sistema y su impacto en la inclusión financiera y la formalidad de los negocios.  

 Informaciones Generales:

Fecha de inicio: Martes 16 Febrero

Clases virtuales en horario de: 6:00 pm a 8:00 pm

Duración: 10 semanas

.

PARA FINES DE REGISTRO E INSCRIPCION

Modalidades de pago: Efectivo, cheque, tarjeta de crédito, transferencia y / o depósito bancario. Número de cuenta para fines de pago: 054-62605-3, cuenta corriente del Banco Popular.

El valor de este curso puede ser fraccionado en dos cuotas.
Al momento de realizar transferencias y / o depósito, favor enviar el comprobante por esta vía.
Algunas informaciones importantes para participantes a través de empresas o instituciones:

Interesados ​​en participar a través de empresa que labora, enviar CARTA FORMAL (carta compromiso) donde la empresa notifica que se hará cargo del pago del participante.
La oficina o empresa contratante deberá remitir ORDEN DE COMPRA, con el compromiso asumido del pago de la participación de su empleado en el diplomado o programa educativo.
Adicional, solicitamos remitir un correo los datos de la persona de Recursos Humanos y Finanzas que serán responsables de completar la participación del interesado y asegurar del saldo del programa antes de concluir el mismo, en caso de que aplique.

Reiterandome a sus órdenes para cualquier información.

| Sugely Suazo | Asistente Educación Continuada |

| Tel: 809.227.3250 ext. 240 | WP 809 227-3259 |

| Gustavo Mejía Ricart, esq. Abraham Lincoln, Torre Piantini, 8tvo. piso |

 

 

 La Comisión Especial apoderada para el estudio del Código Penal de la Cámara de Diputados que preside Alexis Jiménez y la Fundación Institucionalidad y Justicia, realizaron un simposio este miércoles en el hotel Intercontinental para el estudio de la reforma del nuevo Código Penal.

En el mismo escucharon las posiciones Instituciones del Estado, Organismos Internacionales y de organizaciones sociales, abogados y otras organizaciones.

Al dar la introducción a los trabajos, el vicepresidente ejecutivo de FINJUS, Servio Tulio Castaños Guzmán, manifestó que esa institución ha servido de puente entre las instituciones y la Cámara de Diputados a fin de poder trabajar las inquietudes, en el marco de lo que finalmente será, el texto que se someterá al hemiciclo, para la reforma del Código Penal.

“Nosotros lo que queremos que pase hoy es que cosas que aún son objetos del debate, se planteen desde el punto de vista de propuestas concretas”, dijo.

Castaños Guzmán indicó que en el día de hoy la Procuraduría presentara sus preocupaciones, en algo que hacía falta en un debate de esa naturaleza.

“Realmente de eso se trata, aquí nadie está tratando de legitimar nada, todos sabemos la posición que tenemos cada uno de nosotros, lo que queremos es darle la oportunidad a la Cámara de Diputados de que recojan todas las propuestas a fin de finalmente, tener un nuevo Código Penal”, finalizó.

De su lado Alexis Jiménez, presidente de la Comisión, agradeció el seguimiento que ha dado FINJUS a ese importante tema.

Manifestó que, al asumir la dirección de la Comisión de Justicia, conjuntamente con una cantidad de diputados, que están por primera vez, pero que son valiosísimo, una de las cosas que se propusieron fue, darle un nuevo Código al país.

“Es insoslayable tener un Código desde el año mil ochocientos ochenta y cuatro en la república dominicana, yo creo que es un deber de todos trabajar para tener un Código ágil”, sostuvo.

Agradeció que todas esas organizaciones allí presentes, el que acudieran a tan importante encuentro.

“No estamos detrás de la Ley perfecta, sino de la Ley posible, pero queremos que esta Ley este tan sustanciada, que ustedes puedan tener la oportunidad de expresarse y finalmente deliberaremos y rendiremos un informe ya que nosotros lo que queremos es tener un país diferente”, sustentó.

Mientras que el presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Antonio Tavera Guzmán, dijo que el Código Penal que lleva tantos años discutiéndose y que por intereses que van más allá de las tres causales no se ha podido aprobar.

Destacó que el país está cambiando y se han abierto nuevos ciclos políticos, donde la participación de la gente es lo central, lo que asevera que se está por el camino correcto, para construir una sociedad decente y de derechos.

Dijo que el Código actual es un retroceso para el propio ordenamiento jurídico.

“El país y la gente quiere un nuevo Código, que se ajuste al nuevo lenguaje constitucional, que no permita omisiones que dificulten el trabajo de los jueces, fiscales, defensores público y abogados y que dote de seguridad jurídica a quienes tienen que acudir al sistema de justicia”, sostuvo.

Wilson Camacho, Titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la de la Corrupción Administrativa (PEPCA), dijo que el Ministerio Público ha hecho una revisión a la propuesta y que sobre todo ha visto el tema de los delitos de corrupción.

Camacho dijo que se debe revisar e integrar articulo 12 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, revisar la Ley 340-06 sobre el 20% sobre el valor contratado, las sobrevaluaciones de obras y el articulo 30 de la Ley orgánica del Ministerio Público.

El magistrado Camacho calificó la actividad como un ejercicio democrático y dijo que hará llegar a las Comisiones, las observaciones sobre el proyecto.

Otras intervenciones fueron las de la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez y Paula Disla del CONANI.

El diputado Omar Fernández, explicó la metodología de las mesas de trabajo, las cuales estaban conformadas por Unicef, dirigida por el diputado Rogelio Alfonso Genao, quienes trataron los aspectos concernientes a la niñez.

Mientras que la mesa de la ONE, dirigida por el diputado Santiago Vilorio, trataron el tema de las tres causales y el aborto.

La violencia de género, la importancia de la tipificación, el feminicidio y su estadística, fueron los temas abordados por la mesa de trabajo del PNUD y UNFPA, dirigida por la diputada Priscila D Oleo.

Y la mesa compuesta por el Ministerio de la mujer, presidida por Rafaela Alburquerque, trató la violencia de género y la inclusión de las tres causales.

Una representación de la Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres, que integra a más de 80 organizaciones, entregaron una carta explicando la "constitucionalidad de las tres causales", frente a la penalización total de la interrupción de embarazo.

Fátima Lorenzo, vocera de la comisión dijo que solo están defendiendo el derecho de la mujer de decidir cuando hay situaciones particulares.

“Cuando escuchamos que iban a aprobar el Código sacando las tres causales nos inquietamos, ya que no son las tres causales que están deteniendo la aprobación del Código, sino ideas, planteamientos y posiciones que no conocen los derechos de las mujeres, para decidir cuando tienen situaciones particulares”, dijo.

Ministerio de Interior y Policía

Taller: “Una Nueva Visión Integral de Convivencia Pacífica y Seguridad Ciudadana para República Dominicana”. 16 y 17 de enero de 2021 

Análisis efectuado por la Fundación Institucionalidad y Justicia, (FINJUS)

Aportes primer día del taller 

 

  1. Tomando en cuenta que la seguridad ciudadana y la convivencia pacífica forman parte de una problemática multifactorial, en sus causas, efectos y soluciones, ¿qué agregaría o cambiaría a las siguientes definiciones?

“La seguridad ciudadana es el esfuerzo nacional, integral y articulado que desarrolla todos los entes del Estado y niveles de gobierno, con la participación del sector privado, la sociedad civil organizada, las comunidades y la ciudadanía, para crear las condiciones objetivas de la seguridad material de la población, promover y practicar la convivencia pacífica y democrática, prevenir y erradicar la violencia, con la utilización pacífica y racional de las vías y espacios públicos ”.

“La convivencia pacífica ciudadana es el ambiente social donde la vida en comunidad se desarrolla con respeto a la dignidad y los derechos humanos fundamentales, con armonía, solidaridad y progresivo bienestar”

El concepto de material de seguridad ciudadana se refiere a una actividad dirigida a la protección de personas y bienes en orden para lograr el mantenimiento de la tranquilidad de los ciudadanos; a fin de materializar este presupuesto se requiere un conjunto plural y diversificado de actuaciones que, si bien son distintas por su naturaleza y contenido, van orientadas a una misma finalidad que es la salvaguarda del bien jurídico que la misma representa.

Por otro lado, una definición que se refiere a la esencia y objeto de la seguridad ciudadana desde una perspectiva propositiva, es la conceptualización siguiente:

     “La seguridad ciudadana es aquel estado o condición socio-institucional que objetiva y subjetivamente (percepción) puede calificarse como óptima para el libre ejercicio de los derechos individuales y colectivos y que depende del conjunto de condiciones sociales y culturales, jurídicas, institucionales y políticas que , entre otras, posibilitan el adecuado y el funcionamiento normal de las instituciones públicas y los organismos del Estado, así como la convivencia pacífica y el desarrollo de la comunidad y la persona. [1] "

Ahora bien, en el contexto que nos concierne, y desde un punto de vista metodológico, la seguridad ciudadana debe ser entendida como una estrategia de Estado que se concibe y diseña en función de las condiciones estructurales, fácticas y materiales de una determinada sociedad; la consideración de estos factores permite un ejercicio adecuado de formulación y establecimiento de objetivos que se orienten a la atención prioritaria de los factores que dan lugar al accionar delictivo ya la violencia. 

Esto amerita pasar de la simple intención a una actuación articulada en torno a una planificación multidimensional, interdisciplinaria e interinstitucional, que permita satisfacer de manera integral las diferentes problemáticas que encierra el concepto de inseguridad ciudadana.

En ese sentido, para conceptualizar una estrategia o planificación de Seguridad Ciudadana desde el Estado, es preciso verificar experiencias comparadas u anteriores a fin de discriminar aquellos elementos conceptuales que, en al momento de ejecutar el plan, se erigen en obstáculos a corto, mediano o largo plazo. A propósito de ello siguiente recomendamos tomar en consideración la reflexión:

“La seguridad ciudadana requiere consolidar una identidad que integre saberes y acciones multiagenciales, que para resultar sostenibles exigen la conformación de un servicio civil profesional que conduce y coordina otras áreas del Estado desde la perspectiva específica y focalizada de la prevención de la violencia. Confundir la seguridad ciudadana con políticas sociales universales o hacerla dependiente exclusivamente de programas macroeconómicos entraña el riesgo no solo de criminalizar la pobreza sino también de suponer que existe un piloto automático para resolver problemas complejos de violencia que requieren un abordaje específico de prevención [2] ”

  1. ¿Cuáles son los principales problemas, factores y hechos de riesgo que ver la convivencia pacífica y la seguridad ciudadana en República Dominicana de hoy y de los próximos años?

La inseguridad ciudadana no se produce de manera fortuita, sino que responde a un conjunto de factores y procesos sociales, políticos, culturales y económicos que producen una serie de situaciones que lejos de desincentivar la actuación delictiva, la presenta como una herramienta que maximiza utilidades por encima de actividades de carácter legal.

Esto último se corresponde a lo indicado en el informe de Desarrollo Humano y Seguridad Ciudadana del Programa de las Naciones Unidas, el cual señala que las amenazas a la seguridad ciudadana no se presentan en el vacío, sino en contextos de vulnerabilidad social, económica e institucional , que se traducen en factores de riesgo y en el crecimiento de la inseguridad.

Dentro de las diversas problemáticas que persisten en nuestro país podemos mencionar: la creciente desigualdad en el ingreso familiar y / o individual, mala calidad de las instituciones o desconfianza en ellas, percepción de un sistema de consecuencias y punitivo laxo, demanda decreciente de trabajadores cualificados , alto desempleo juvenil, núcleos familiares con pasado violento, baja calidad educativa, entre otras.

  1. ¿Sobre principios y valores debe descansar una estrategia nacional o un plan nacional de seguridad ciudadana y convivencia pacífica en nuestro país, para orientar y guiar las acciones de todos los involucrados?

El abordaje de una política y / o estrategia de seguridad ciudadana debe ser integral evitando las respuestas unívocas y priorizando el cruce de datos necesarios para evaluar la situación de que se trata de manera oportuna y eficaz.

En conjunto con lo anterior, entendemos se requiere identificar los principios rectores y / o criterios sobre los cuales deben descansar una estrategia nacional de seguridad ciudadana, desde nuestra perspectiva deben primar los siguientes:

  • Respeto y promoción de los derechos fundamentales: la base fundamental de una estrategia de seguridad ciudadana debe ser la defensa y la protección de los derechos constitucionalmente protegidos de manera que se corresponde al contenido de nuestra Constitución, especialmente lo relativo a la supremacía de la misma ya la consecución de un verdadero Estado Social y Democrático de Derecho, el cual se basa en el respeto de la dignidad humana; así también entender que se trata de un tema que afecta el goce integral de derechos fundamentales innegociables como el derecho a circular libremente y sin temor; la integridad física, entre otros, que en definitiva configuran las condiciones mínimas para el bienestar general.

 

  • Respeto de la legalidad y el debido proceso: la seguridad ciudadana como política de Estado constituye un instrumento al servicio de la garantía de derechos y libertades y no un fin en sí mismo. Por tanto, cualquier incidencia o limitación en el ejercicio de las libertades ciudadanas por razones de seguridad debe ejercerse con apego irrestricto a la Constitución y las leyes en procura de la construcción de una cultura de legalidad que se corresponda al catálogo de derechos fundamentales que cimentan el Estado de Derecho.

 

  • Buen gobierno y gobernanza democrática: la definición de gobernabilidad democrática de la seguridad desarrollada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en sus diversos estudios sobre seguridad local indica que:

 

     “La gobernabilidad comprende el proceso a través del cual la autoridad se ejerce en una determinada comunidad política, lo que incluye: i) la forma mediante el cual se eligen, controlan y reemplazan los titulares de la autoridad; ii) los principios y normas bajo los que se ejercen las interacciones entre el Estado, el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil en términos de competencia, responsabilidad y funciones; iii) la capacidad de la autoridad para identificar necesidades, captar recursos, definir políticas y llevarlas a cabo ”.

 

La gobernanza democrática se trata de un modelo de gobierno contemporáneo que enfoca la gestión de las interdependencias entre todos los actores implicados en el abordaje de un determinado reto o desafío, buscando con ello la mayor colaboración y responsabilidad ciudadana en su tratamiento. Su aplicación práctica requiere la integración de una serie de criterios que engloba el buen gobierno, tales son, entre otros:

 

Eficiencia, eficacia y efectividad , que se traduce en la resolución de las necesidades ciudadanas de seguridad de manera objetiva, oportuna, preventiva y restaurativa en sus derechos individuales y colectivos, con estándares de calidad definida.

 

Transparencia, lo cual implica una rendición de cuentas dinámica, así como la debida accesibilidad a la información con el objetivo de lograr una acción común con el soporte y la implicación de la ciudadanía; todo ello depende de que se verifiquen mayores niveles de legitimidad y confianza hacia las actuaciones institucionales por parte de los ciudadanos.

 

Centrada en resultados, la buena gobernanza debe conducir a resultados definidos y medibles. La recomendación de las Naciones Unidas en la prevención del crimen y la persecución es establecer un enfoque en un torno al menos cuatro resultados principales, esto son: 1) identificación de los desafíos locales y las áreas prioritarias de intervención; 2) desarrollo integrado de estrategias y políticas; 3) aumento de la capacidad de los funcionarios e instituciones a nivel local y nacional: y 4) mayor coordinación entre todos los actores.

 

  • Actuación multidisciplinaria: este principio rector obedece a la necesidad concebida de un abordaje integral frente al delito y la violencia que actúe sobre las causas de la criminalidad y privilegio la prevención e investigación del delito dejando atrás políticas unilaterales. En tal sentido, debe adaptarse un enfoque sistémico que permita una base amplia y multidisciplinaria de conocimiento sobre los problemas del crimen, sus causas y las prácticas que han tenido resultados eficaces en su prevención y persecución.

 

Por otro lado, debe ser plasmada la interdependencia en el diagnóstico y estrategias de prevención del delito, tomando en cuenta los vínculos entre los problemas criminales locales y el crimen organizado internacional.

 

  • Coordinación institucional: en razón de la amplia naturaleza de las causas del crimen y las habilidades y responsabilidades para enfrentarlas, no sólo importa la promoción de un enfoque integral que tenga presente la multiplicidad de factores implicados, sino también garantizar la coordinación efectiva y complementariedad entre las diferentes instituciones que interactúan, de manera interna, así como también en lo que respeta a la cooperación público-privada y con la sociedad civil.

 

  • Priorización: esto se refiere a la concentración de los esfuerzos en aquellos factores de mayor incidencia en la ocurrencia de delitos o que generan mayor intranquilidad dirigiendo entonces la focalización de las políticas públicas sobre factores de riesgo particulares. Este criterio no puede dejar de lado la visión diferenciada de la aplicación de las políticas, sino que los programas o actuaciones resultantes deberán ser consultivos y respetuosos de las condiciones, recursos y necesidades de las comunidades locales, diferenciando las necesidades de todos los sectores de la población, en especial de los grupos vulnerables.

 

  • Monitoreo y evaluación: una gestión eficiente y de calidad en materia de políticas públicas requiere de un proceso continuo de monitoreo y evaluación, para ello la planificación debe incorporar el monitoreo de todas las líneas de acción establecidas con el fin de retroalimentar su ejecución y corregirlas si fuere necesario.

 

  • Desarrollo socioeconómico: este aspecto debe ser resaltado como uno de los valores de la estrategia nacional y / o plan de Seguridad Ciudadana, de manera que sean incluidas las consideraciones de prevención del crimen en todas las políticas y programas sociales y económicos relevantes, especialmente aquellos que abordan el empleo, la educación, la salud, la vivienda y la planificación urbana.

 

  1. ¿Cuáles son los principales obstáculos existentes para una efectiva y permanente política de coordinación interinstitucional en el Estado, y cómo alcanzar una nueva etapa de compromiso y liderazgo gubernamental para enfrentar las causas de la violencia, el delito y la inseguridad?

Uno de los obstáculos que por décadas hemos evidenciado desde la FINJUS es la debilidad que subsiste en materia de estadística, sistematización y análisis de información delictiva; en efecto, aún se advierte mucho retraso en las principales instituciones del Estado que interactúan (esto es: Ministerio Público, Policía Nacional, Poder Judicial, Defensa Publica, etc.) en lo que concierne al procesamiento de información, lo cual resulta necesario para poder diseñar una política real y efectiva de seguridad ciudadana.

Sin una data pormenorizada resulta imposible desarrollar estrategias focalizadas y eficientes de delitos de delitos y violencia, así como también se dificulta la planificación de acciones e intervenciones gubernamentales idóneas. De allí que este aspecto conforma uno de los pilares fundamentales de las políticas de seguridad ciudadana y de las diferentes modalidades de intervención estatal y de los gobiernos locales para poder diseñar y controlar la inseguridad ciudadana.

En otro orden, para avanzar hacia una nueva etapa de compromiso y liderazgo gubernamental todos los niveles de gobierno deben desempeñar un papel de liderazgo en el desarrollo de estrategias de prevención del delito efectivas y humanas mediante una determinación clara y puntual de las responsabilidades, así como evaluaciones constantes que definan el alcance de la actuación de cada ente.

  1. Dado que la seguridad ciudadana interesa a todos los que habitan o visitan la República Dominicana, ¿Cómo comprometer a la sociedad y sus organizaciones, ya la ciudadanía en general, a participar en la generación y aplicación de los planes, estrategias, políticas, programas y acciones de seguridad y convivencia pacífica? ¿Cuáles roles o papeles deben tener?

 

Definitivamente, la coordinación deberá extenderse al rol que juegan el resto de los actores e instituciones del sector privado (empresas, medios de comunicación y empresas de seguridad privada) y otros entes de la sociedad civil (ONG´s, fundaciones, juntas de vecinos y otras organizaciones locales), haciendo valer principios como el de la participación ciudadana

Precisamente considerando las experiencias exitosas de participación ciudadana en otros países de la región, entendemos se hace necesario, en primer orden, desarrollar y fortalecer, desde la propia institución, la línea de acción destinada al acercamiento de la Policía Nacional con la ciudadanía; esto permitirá generar un espacio legítimo donde se ejerza el control democrático de la gestión de la seguridad. Esto conlleva la participación efectiva de las comunidades como parte del proceso de construcción de ciudades más seguras, revalorizando el liderazgo comunitario a fin de obtener veedores locales de las políticas y estrategias a implementar.

Además, consideramos interesante instrumentar un programa de educación para la convivencia pacífica a partir de la estrategia y / o planificación que se elabore, con la meta de reducir la posibilidad de que los ciudadanos incurran en actos de violencia.

Es importante advertir que la educación en valores de convivencia compromete a la ciudadanía a construir una cultura de paz. Esto requiere campañas educativas y culturales orientadas al respeto a la ley y los derechos de los demás en circunstancias de la vida cotidiana; proponemos incluso la integración de dirigentes barriales y de juntas de vecinos como agentes de cambio en sus demarcaciones con la coordinación y ayuda de los gobiernos locales; a propósito de ello vale destacar que esto ha sido un componente frecuente y relevante entre las estrategias exitosas encabezadas por gobiernos locales en América Latina [3]

 

Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS

 

Aportes en Segundo Día del Taller: Descargar Aquí

 

 

Ver documento completo aqui

Videoteca Canal de YouTube

Siguenos en FaceBook

Siguenos en Twitter

Promoviendo el fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática, el Sistema de Justicia y el Estado de Derecho en la República Dominicana.

Estar en contacto

Gustavo Mejia Ricart #104, Torre Piantini Piso 8 Suite 803 , Tel. 809-227-3250, whatsapp 809-227-3259

(809) 227-3250

finjusrd@finjus.org.do

 www.finjus.org.do