Super User

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Coordinador: Rafael Dickson Morales

Informaciones Generales:

Fecha de inicio: Martes 10 Noviembre

Clases virtuales en horario de: 6:00 pm a 8:00 pm

Duración: 6 semanas

Costo: RD $ 8,000.00.

PARA FINES DE REGISTRO E INSCRIPCION

Modalidades de pago: Efectivo, cheque, tarjeta de crédito, transferencia y / o depósito bancario. Número de cuenta para fines de pago: 054-62605-3, cuenta corriente del Banco Popular.

El valor de este curso puede ser fraccionado en dos cuotas.
Al momento de realizar transferencias y / o depósito, favor enviar el comprobante por esta vía.
Algunas informaciones importantes para participantes a través de empresas o instituciones:

Interesados ​​en participar a través de empresa que labora, enviar CARTA FORMAL (carta compromiso) donde la empresa notifica que se hará cargo del pago del participante.
La oficina o empresa contratante deberá remitir ORDEN DE COMPRA, con el compromiso asumido del pago de la participación de su empleado en el diplomado o programa educativo.
Adicional, solicitamos remitir un correo los datos de la persona de Recursos Humanos y Finanzas que serán responsables de completar la participación del interesado y asegurar del saldo del programa antes de concluir el mismo, en caso de que aplique.

Reiterandome a sus órdenes para cualquier información.

| Sugely Suazo | Asistente Educación Continuada |

| Tel: 809.227.3250 ext. 240 | WP 809 227-3259 |

| Gustavo Mejía Ricart, esq. Abraham Lincoln, Torre Piantini, 8tvo. piso |

 

Ante el nuevo período constitucional que inició en agosto pasado, es bien sabido que la propia Constitución indica de manera expresa algunos cambios que deberán hacerse en torno a quienes presiden y conforman dichas instituciones, lo que implica la escogencia por parte del gobierno entrante de nuevas autoridades .

 

Al respecto, desde la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS), consideramos que la ciudadanía debe conocer cuál es el órgano responsable de elegir, cómo se vislumbra jurídicamente y en términos prácticos el procedimiento y cuándo se iniciará el proceso de elección precedentemente indicado. En ese sentido, nos referiremos a la Cámara de Cuentas, la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Constitucional.

 

  1. Sobre la Cámara de Cuentas.

 

De acuerdo al artículo 80 numeral 3, el Senado deberá elegir los miembros de la Cámara de Cuentas de las ternas presentado por la Cámara de Diputados, con el voto de las dos terceras partes de los senadores presentes. Conforme el Reglamento del Senado en su artículo 303 se destaca que “ Una vez recibida la resolución de la Cámara de Diputados, el Presidente del Senado ordenará su colocación en el Orden del Día de la próxima sesión que se celebrare y apoderará una comisión especial, con plazo fijo de hasta dos semanas, para el informe definitivo a presentar al Pleno, quien deberá aprobarlo por una votación de más de las dos terceras partes de los presentes. "

 

En lo que concierne a los aspectos metodológicos, el artículo 304 del Reglamento del Senado indica que “El presidente de la comisión especial en la primera reunión que se celebre, presentará en coordinación con el Departamento de Comisiones, un procedimiento de trabajo, requisitos, controles e indicadores de competitividad para el cargo, así como la apertura a consultas, a los fines de seleccionar idóneamente a los miembros de la Cámara de Cuentas. "

 

En lo que atañe a la temporalidad y conformación de la Cámara de Cuentas, el artículo 248 de la Constitución establece que estará compuesta de cinco miembros, elegidos por el Senado de la República de las ternas que le presente la Cámara de Diputados y sus miembros son elegidos por un período de cuatro años y permanecerán en sus funciones hasta que sean designados sus sustitutos. Su escogencia se produjo en febrero del año 2017, por lo que en el mismo mes anteriormente indicado del año 2021 deberá designarse a sus sustitutos.

 

  1. Sobre la Junta Central Electoral.

 

De acuerdo al artículo 80 numeral 4 y conforme el artículo 212, párrafo I de la Constitución dominicana, estará integrada por un presidente y cuatro miembros y sus suplentes, los cuales son elegidos por un período de cuatro años por el Senado de la República, con el voto de las dos terceras partes de los senadores presentes.

 

Conforme al artículo 305 del Reglamento del Senado se puntualiza que “Al inicio de cada período constitucional, el Senado debe elegir a los miembros y suplentes de la Junta Central Electoral.” A seguidas, el artículo 306 indica que “El Presidente del Senado, iniciará los trabajos relativos a la integración del organismo electoral, conformando de manera plural y equilibrada, una comisión especial, que preseleccionará una terna por cada integrante y luego de los trabajos, elaborará un informe al Pleno con las propuestas definitivas y el cual deberá aprobarse con una votación de las dos terceras partes de los senadores presentes.

 

Si nos referimos al procedimiento de elección, se indica que la comisión previamente mencionada, elaborará una metodología y el procedimiento procedente para garantizar la transparencia, idoneidad, participación y representación plural de la matrícula definitiva de la Junta Central Electoral, todo lo cual deberá realizarse “en un plazo no mayor de los sesenta días hábiles siguientes al inicio del período constitucional correspondiente”, de acuerdo al texto del artículo 308 del Reglamento del Senado.

 

Los miembros actuales de la Junta Central Electoral fueron elegidos el 16 de noviembre de 2016, por lo que –de acuerdo al texto constitucional y al Reglamento del Senado–, en el presente año deberán haber sido designados los nuevos miembros. Actualmente el Senado conformó una Comisión Especial para evaluar los miembros de la Junta Central Electoral y sus suplentes. Su primera reunión será el lunes 7 de septiembre, por lo que los plazos coinciden tanto desde la normativa reglamentaria como constitucional.

 

  • Sobre el Tribunal Superior Electoral

 

El artículo 179 numeral 3 de la Constitución dominicana, indica que los jueces son escogidos por el Consejo Nacional de la Magistratura, siendo designados por un período de cuatro años. El propio Consejo es quien determina al presidente del Tribunal. Sobre la base de comprender la temporalidad de investidura de los miembros de este órgano, debe saberse que los actuales jueces fueron designados el 19 de julio del 2017, por lo que debería convocarse al Consejo Nacional de la Magistratura en el próximo año 2021.

 

  1. Sobre el Tribunal Constitucional.

 

El artículo 179 numeral 2 de la Constitución dominicana, indica que los jueces de esta Alta Corte son designados por el Consejo Nacional de la Magistratura. Corresponde al Consejo Nacional de la Magistratura disponer cuál de ellos ocupará la presidencia y designará un primer y segundo sustitutos para reemplazar al Presidente, en caso de falta o impedimento.

 

Asimismo, conforme el párrafo del artículo 187 de nuestra Carta Magna, los jueces de este tribunal serán designados por un único período de nueve años. No podrán ser reelegidos, salvo los que en calidad de reemplazantes hayan ocupado el cargo por un período menor de cinco años. Igualmente, se indica que la composición del Tribunal se renovará de manera gradual cada tres años.

 

En términos de temporalidad de la investidura de los jueces, el Tribunal Constitucional requiere una mayor atención en torno a su configuración. El 27 de diciembre de 2011 fueron juramentados por primera vez los jueces del Tribunal Constitucional dominicano. La disposición transitoria decimonovena de la Constitución indica que para garantizar la renovación gradual de la matrícula del Tribunal Constitucional, por excepción de lo dispuesto en el artículo 187, sus primeros trece integrantes se sustituirán en tres grupos, dos de cuatro y uno de cinco, a los seis, nueve y doce años de ejercicio, respectivamente, mediante un procedimiento aleatorio.

 

Los primeros cuatro jueces salientes, por excepción, podrán ser considerados para un único nuevo período. De manera que, conforme a lo anteriormente dispuesto y tomando en cuenta que el 11 de diciembre de 2018 fueron juramentados nuevos jueces del Tribunal Constitucional que sustituyeron al grupo saliente; entonces en el presente año serán cuatro (4) jueces que cumplirán con el período determinado por la Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional No. 137-11. 

 

Servio Tulio Castaños G.

4 de septiembre de 2020

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Las elecciones dominicanas en 2020 abarcaron los 3 niveles de escogencia en nuestra democracia: municipal, en marzo, y las congresuales y presidencial el 5 de julio pasado. Las circunstancias políticas, económicas y sociales que rodearon su celebración fueron totalmente excepcionales. Se conjugaron, en pocos meses, la agudización de una crisis del sistema de partidos políticos, la debilidad del sistema electoral y el impacto de una pandemia de clase mundial que nos ha sumergido en una gravísima crisis económica, social y sanitaria sin precedentes.

 

Circunstancias tan especiales obligan a todas las personas e instituciones a reflexionar sobre el significado de esta combinación de factores únicos y analizar, a la luz de sus lecciones más importantes, como podemos encarar el futuro dominicano, desde la perspectiva de país y con el compromiso de construir las mejores opciones para superar las crisis señaladas.

 

Las elecciones del 2020 nos muestran, en primer lugar, que debemos continuar profundizando la reforma electoral y de partidos políticos desde un enfoque integral, aprovechando las oportunidades que ha abierto la aprobación de un nuevo marco normativo sobre estas materias. Profundizar las reformas significa crear las condiciones para la eliminación de las prácticas tradicionales que han caracterizado la acción de los partidos y que lamentablemente volvieron a manifestarse tanto en marzo como en julio.

 

Esas prácticas abarcan diferentes áreas. En este momento deseamos concentrarnos en una de las más preocupantes: el rol y desempeño de los partidos minoritarios en el sistema político dominicano. Pese a que la diversidad y pluralidad de opciones es en general una fortaleza de los buenos sistemas democráticos, los resultados que algunos de dichos partidos vienen obteniendo en los últimos 20 años, llaman a la reflexión sobre sus propósitos y acciones

 

Los resultados electorales recientes dejan al desnudo la realidad de esos partidos, como entidades que, en su mayoría, no reflejan una vocación democrática clara, dada la ausencia de verdaderos proyectos de gobierno que fortalezcan la pluralidad democrática, desvirtuando el sentido de las agrupaciones políticas en el sistema democrático y concentrando su acción en la búsqueda de alianzas políticas que justifiquen su acceso a los recursos públicos.

 

Conviene rescatar el señalamiento que hizo el Tribunal Constitucional dominicano mediante la Sentencia No. TC/0006/14 del 14 de enero de 2014, en la cual definió a los partidos políticos como: “un espacio de participación de los ciudadanos en los procesos democráticos donde los integrantes manifiestan su voluntad en la construcción de propósitos comunes, convirtiéndose de esta manera en el mecanismo institucional para acceder mediante la propuesta de candidaturas a los cargos de elección popular y desde allí servir al interés nacional, el bienestar colectivo y el desarrollo de la sociedad”.

Como en todo Estado democrático y de derecho, los partidos, agrupaciones y movimientos políticos en nuestro país son entidades dotadas de personería jurídica que se conforman con el fin primordial de contribuir al fortalecimiento del régimen democrático constitucional a las cuales les asiste el derecho a libre organización. Están integrados por ciudadanos con propósitos y funciones de interés público que, de manera voluntaria y de conformidad con las disposiciones establecidas en la Constitución y las leyes, procuran concentrar y canalizar la participación ciudadana en los procesos democráticos.

 

A pesar de ser constituidas por particulares, prevalece una de sus características primordiales: sus fines públicos, en razón de lo cual deben estar sujetas a las disposiciones, normas y regulaciones que establezca el Estado para asegurar que los mismos se cumplan.

 

Dentro de estas normativas se encuentran aquellas que apuntan a las causas de pérdida de la personería jurídica que va conectada a la razón misma y esencia de una organización partidaria. A lo anterior se une la clasificación escalonada de distribución de los fondos públicos en virtud de los votos válidos obtenidos, lo que se levanta como argumento para justificar su incapacidad para lograr una verdadera equidad entre partidos mayoritarios y minoritarios.

 

No debe obviarse que en nuestro país los partidos políticos han estado en el ojo ciudadano producto de la gran desconfianza que han  generado, debido a que una gran parte de ellos no han logrado asegurar vías efectivas de representatividad y participación de los militantes y ciudadanos en el proceso político y, en consecuencia, la reacción institucional normativa apunta cada vez más a permitir al legislador adentrarse en la regulación de la vida interna de los partidos para hacerla más democrática, más garantista, más transparente y participativa y, especialmente, obligarles a sujetarse a su esencia misma.

 

Sin duda alguna los resultados electorales recientes deben constituir un profundo llamado a la reflexión al sistema partidario dominicano, de manera que retomemos la mejores vías para producir una mejor comunicación y relación entre las agrupaciones partidarias y la ciudadanía, que es uno de los pilares en los que se sustenta el orden democrático, y el desarrollo económico y social que se requiere para construir un futuro digno.

 

 

Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente ejecutivo FINJUS

 

 

Las elecciones dominicanas en 2020 abarcaron los 3 niveles de escogencia en nuestra democracia: municipal, en marzo, y las congresuales y presidencial el 5 de julio pasado. Las circunstancias políticas, económicas y sociales que rodearon su celebración fueron totalmente excepcionales. Se conjugaron, en pocos meses, la agudización de una crisis del sistema de partidos políticos, la debilidad del sistema electoral y el impacto de una pandemia de clase mundial que nos ha sumergido en una gravísima crisis económica, social y sanitaria sin precedentes.

 

Circunstancias tan especiales obligan a todas las personas e instituciones a reflexionar sobre el significado de esta combinación de factores únicos y analizar, a la luz de sus lecciones más importantes, como podemos encarar el futuro dominicano, desde la perspectiva de país y con el compromiso de construir las mejores opciones para superar las crisis señaladas.

 

Las elecciones del 2020 nos muestran, en primer lugar, que debemos continuar profundizando la reforma electoral y de partidos políticos desde un enfoque integral, aprovechando las oportunidades que ha abierto la aprobación de un nuevo marco normativo sobre estas materias. Profundizar las reformas significa crear las condiciones para la eliminación de las prácticas tradicionales que han caracterizado la acción de los partidos y que lamentablemente volvieron a manifestarse tanto en marzo como en julio.

 

Esas prácticas abarcan diferentes áreas. En este momento deseamos concentrarnos en una de las más preocupantes: el rol y desempeño de los partidos minoritarios en el sistema político dominicano. Pese a que la diversidad y pluralidad de opciones es en general una fortaleza de los buenos sistemas democráticos, los resultados que algunos de dichos partidos vienen obteniendo en los últimos 20 años, llaman a la reflexión sobre sus propósitos y acciones

 

Los resultados electorales recientes dejan al desnudo la realidad de esos partidos, como entidades que, en su mayoría, no reflejan una vocación democrática clara, dada la ausencia de verdaderos proyectos de gobierno que fortalezcan la pluralidad democrática, desvirtuando el sentido de las agrupaciones políticas en el sistema democrático y concentrando su acción en la búsqueda de alianzas políticas que justifiquen su acceso a los recursos públicos.

 

Conviene rescatar el señalamiento que hizo el Tribunal Constitucional dominicano mediante la Sentencia No. TC/0006/14 del 14 de enero de 2014, en la cual definió a los partidos políticos como: “un espacio de participación de los ciudadanos en los procesos democráticos donde los integrantes manifiestan su voluntad en la construcción de propósitos comunes, convirtiéndose de esta manera en el mecanismo institucional para acceder mediante la propuesta de candidaturas a los cargos de elección popular y desde allí servir al interés nacional, el bienestar colectivo y el desarrollo de la sociedad”.

Como en todo Estado democrático y de derecho, los partidos, agrupaciones y movimientos políticos en nuestro país son entidades dotadas de personería jurídica que se conforman con el fin primordial de contribuir al fortalecimiento del régimen democrático constitucional a las cuales les asiste el derecho a libre organización. Están integrados por ciudadanos con propósitos y funciones de interés público que, de manera voluntaria y de conformidad con las disposiciones establecidas en la Constitución y las leyes, procuran concentrar y canalizar la participación ciudadana en los procesos democráticos.

 

A pesar de ser constituidas por particulares, prevalece una de sus características primordiales: sus fines públicos, en razón de lo cual deben estar sujetas a las disposiciones, normas y regulaciones que establezca el Estado para asegurar que los mismos se cumplan.

 

Dentro de estas normativas se encuentran aquellas que apuntan a las causas de pérdida de la personería jurídica que va conectada a la razón misma y esencia de una organización partidaria. A lo anterior se une la clasificación escalonada de distribución de los fondos públicos en virtud de los votos válidos obtenidos, lo que se levanta como argumento para justificar su incapacidad para lograr una verdadera equidad entre partidos mayoritarios y minoritarios.

 

No debe obviarse que en nuestro país los partidos políticos han estado en el ojo ciudadano producto de la gran desconfianza que han  generado, debido a que una gran parte de ellos no han logrado asegurar vías efectivas de representatividad y participación de los militantes y ciudadanos en el proceso político y, en consecuencia, la reacción institucional normativa apunta cada vez más a permitir al legislador adentrarse en la regulación de la vida interna de los partidos para hacerla más democrática, más garantista, más transparente y participativa y, especialmente, obligarles a sujetarse a su esencia misma.

 

Sin duda alguna los resultados electorales recientes deben constituir un profundo llamado a la reflexión al sistema partidario dominicano, de manera que retomemos la mejores vías para producir una mejor comunicación y relación entre las agrupaciones partidarias y la ciudadanía, que es uno de los pilares en los que se sustenta el orden democrático, y el desarrollo económico y social que se requiere para construir un futuro digno.

 

 

Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente ejecutivo FINJUS

 

 

Las recientes resoluciones emitidas por el Consejo del Poder Judicial que plantean el plan de continuidad del Poder Judicial, así como el protocolo para el manejo de las audiencias virtuales, parecen revelar la decisión de mantener el cierre parcial de la modalidad presencial de las labores jurisdiccionales y administrativas encaminándose a la utilización generalizada de los recursos tecnológicos para el conocimiento de los procesos.

 

Ciertamente, la propia dinámica del servicio de administración de justicia y de la actividad jurisdiccional hace especialmente difícil los requerimientos de distanciamiento social que se imponen para coadyuvar en la desaceleración de la propagación de la pandemia que nos afecta. Entendemos que son múltiples los escenarios que se plantean en la cotidianidad del Poder Judicial que pueden generar focos de transmisión del virus y hemos valorado el esfuerzo realizado desde el órgano de toma de decisiones del Poder Judicial de establecer medidas de prevención y atención desde el inicio de la pandemia.

 

Sin embargo, las actuaciones del Poder Judicial deben estar encaminadas hacia la reactivación de los órganos jurisdiccionales y administrativos en forma progresiva encaminándose hacia la realidad presencial y no hacia una imposición abrupta del entorno virtual en el desarrollo del conocimiento de los procesos.

 

Desde FINJUS entendemos que resultan importantes y loables los esfuerzos encaminados a la adaptación de forma paulatina del sistema de justicia a la modalidad virtual. De hecho, fue la proactividad del Consejo del Poder Judicial, al incorporar diversas medidas virtuales, lo que impidió que nuestro sistema de justicia se viera totalmente paralizado durante el cierre de actividades en el país desde mediados de marzo hasta mayo y aun durante el periodo post-emergencia por la actual crisis sanitaria.

 

Sin perjuicio de ello, no puede obviarse que el establecimiento de la virtualidad en lo inmediato presenta obstáculos mayúsculos y se enfrenta a principios y garantías constitucionalmente protegidos.

 

Entendemos debe ponderarse la factibilidad de la permanencia e imposición  de dicha iniciativa, en razón de que pudiera generar una grave afectación respecto del acceso a la justicia dejando en clara desventaja a grupos históricamente discriminados, socialmente vulnerables o en estado de debilidad manifiesta al acceso a la administración de justicia y al debido proceso conforme a ley en tiempos de virtualidad.

 

Si bien el protocolo referido del manejo de audiencias virtuales indica que será totalmente opcional migrar a la virtualidad de las audiencias, no han cesado las demandas de profesionales del derecho y usuarios en general respecto de que ello se le impone. Así también se indican diversos cambios relacionados en la recepción y depósito de documentos y las claras incompatibilidades de las audiencias virtuales con el garantismo penal, para citar un ejemplo.

 

Principios como la oralidad, la contradicción, la publicidad y la inmediación se ven gravemente diluidas en el entorno virtual.

 

FINJUS considera que bien pueden viabilizarse ciertas acciones para ir introduciendo el sistema de justicia dominicano en la nueva era de las tecnologías, priorizando, por ejemplo, con ciertas reservas, la gestión administrativa de manera virtual, especialmente lo relativo a la recepción de documentos/emisión de copias certificadas. Así también, pudiese ponderarse la factibilidad de aligerar la carga administrativa y judicial pasando a la virtualidad audiencias de menor envergadura como son: audiencia para fines de comunicación de documentos, audiencias de conciliación en materia laboral, audiencias de emisión de conclusiones en la Suprema Corte de Justicia.

 

La experiencia en otras latitudes muestra el gran desafío que significa para los sistemas de justicia operar en medio de la crisis sanitaria que nos afecta. Uruguay, por ejemplo, optó por reabrir directamente sus oficinas judiciales con audiencias presenciales. A fin de mitigar los riesgos sanitarios se dictaron nuevas medidas para garantizar el necesario distanciamiento social en los edificios judiciales tales como asignación de turnos más espaciados, trámites virtuales para reducir el flujo de personas a las oficinas, y otras medidas de organización de las audiencias, como citar a los testigos a los juicios en horarios más reducidos y convocarlos de manera secuencial, iniciándose un plan piloto para celebrar audiencias por videoconferencia solamente en juzgados de primera instancia civil y contencioso administrativo y solo si no hay oposición de las partes.

 

Resulta crucial e inminente que el órgano de gobierno del Poder Judicial se aboque a la reflexión de sus protocolos y el plan de la reactivación, de manera que la apertura de los tribunales a nivel nacional garantice el “acceso a la justicia” asegurando que cualquier persona, sin importar su condición social, económica, política, pueda acceder al derecho fundamental de la justicia sin demora y garantizándose lo relativo a principios y debido proceso.

 

Las medidas que disponga el Poder Judicial para coadyuvar a enfrentar la crisis sanitaria generada por el COVID-19 no deben reforzar las desigualdades estructurales al acceso a la justicia, las mismas debe estar enfocada a mitigar las incertidumbres jurídicas y, a que las partes ante la necesidad de solucionar sus conflictos, tengan a su disposición herramientas y mecanismos legales idóneos y ágiles que garanticen el derecho fundamental a la justicia en un ambiente democrático, pluralista y que respete la fórmula del Estado Social de Derecho que establece la Constitución.

 

Consideramos que la justicia es uno de los pilares de la democracia y debe de seguir funcionando aun en tiempos de excepcionalidad y crisis.

 

Servio Tulio Castaños G

Vicepresidente Ejecutivo FINJUS

 

 

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Invitamos a Leer 

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Proyecto de Ley General de Gestión Integral y Co-procesamiento de Residuos de la República Dominicana

 

  1. Resumen ejecutivo.

El Proyecto de Ley General de Gestión Integral y Co-procesamiento de Residuos representa un paradigma para el contexto ambiental y el desarrollo sostenible de la República Dominicana. Desde hace varios años, para la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS) estos temas se han considerado vitales para el mejoramiento del clima de bienestar del país.

En términos amplios, el proyecto legislativo en cuestión se asienta en las disposiciones normativas de la Constitución; la Ley General de Medio Ambiente No. 64-00; la Ley General de Salud No. 42-01; la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo No. 1-12; los postulados del Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación; y otras regulaciones especiales sobre ordenamiento territorial, manejo de desechos y agentes contaminantes.

Concretamente, el objeto de este proyecto normativo es el de “prevenir la generación de residuos, además de establecer el régimen jurídico de su gestión integral para fomentar la reducción, reutilización, reciclaje, aprovechamiento y valorización, así como regular los sistemas de recolección, transporte y barrido; los sitios de disposición final, estaciones de transferencia, centros de acopio y plantas de valorización; con la finalidad de garantizar el derecho de toda persona a habitar en un medio ambiente sano, proteger la salud de la población, así como disminuir la generación de gases de efecto invernadero, emitidos por los residuos,[1] extendiendo su ámbito de aplicación a todos los procesos y actividades que generen residuos, excluyendo aquellos que tienen que ver con residuos radiactivos.

Este proyecto de norma consta de ciertos principios generales esenciales para el tema de que se trata, tales como: gestión integral; responsabilidad compartida y extendida; reducción o minimización de la generación; precautorio sobre la falta de certeza científica ante daños irreversibles; acceso a la información; participación de la ciudadanía; fortalecimiento institucional; universalización del derecho al ambiente; sostenibilidad financiera; entre otros.

Los principios antes mencionados abarcan todos los aspectos teóricos de relevancia en torno a la comprensión del ambiente como un sistema complejo y que debe ser tratado en su dimensión holística, cuya definición radica en la interacción de los aspectos sociales, culturales, económicos y políticos que implican la protección relacional de éste.

Asimismo, la normativa en cuestión establece un catálogo de definiciones necesarias para el tema acorde a los elementos fundamentales de la gestión ambiental, destacándose el manejo integral de residuos; la introducción de las plantas de valorización energética; la recolección selectiva y la valorización de los residuos, como aprovechamiento de los recursos.

En el ámbito operativo contenido en el proyecto se indica una clasificación de acuerdo a tipo de residuo o de generador, realizando a su vez sub-clasificaciones de cada una de estas tipificaciones, lo cual se ajusta a la necesidad de dar respuestas específicas al tema del descontrol sobre el manejo de los residuos sólidos del país. Es importante que, para todo ello, el artículo 13 de la norma correctamente instituye al Ministerio de Medio Ambiente como ente rector de la política nacional y gestión de residuos en el país, al mismo tiempo que establece de manera puntual sus funciones y alcance.

Cabe destacar que, al margen de lo antes dicho, se crea la Dirección General para la Gestión Integral de los Residuos (DIGIRE), como unidad administrativa del Ministerio de Medio Ambiente como ente administrativo y encargado de cumplir y hacer cumplir las obligaciones derivadas de la norma. De igual modo, resulta un paso importante que la norma indica funciones especiales para los gobiernos locales, destacándose la de establecer un Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos en cada municipio y/o distrito municipal del país.

Igualmente, de manera enunciativa quedará a cargo de los ayuntamientos y juntas distritales el sistema de cobro de manejo de los residuos sólidos urbanos pero con destino específico a la operación y fortalecimiento de dicha gestión; la promoción de alianzas público- privadas para la prestación de los servicios de manejo integral de residuos; establecimiento de convenios con microempresas, organizaciones cooperativas y de mujeres para generar su participación en el proceso de gestión; y la realización de campañas educativas de sensibilización en los municipios para fomentar la cultura de recolección separada.

En lo que respecta a las responsabilidades de los generadores y prestadores de servicios se establecen las funciones de reducir la generación de residuos que produce, separarlos y dar respaldo al Estado en programas de manejo sostenible. Es menester señalar que en el capítulo que trata este tema, se establecen obligaciones de registro, competencias exclusivas, pago oportuno y legalidad que podrían representar un antes y un después para el derribo de las prácticas enquistadas en el negocio de la basura histórica y tradicionalmente.

Cónsono con los elementos de gestión ambiental modernos, se enumeran los instrumentos de política (conjunto de técnicas por medio de las cuales las autoridades gubernamentales alcanzan las metas que se proponen[2]), así como también se crea el Sistema Nacional para la Gestión Integral de los Residuos como instrumento de coordinación interinstitucional y municipal para lograr la homologación local de las políticas nacionales en gestión de residuos, cobertura de los servicios y disminución de riesgos y pasivos ambientales.

Un detalle relevante para las disposiciones ambientales actuales acordes con los avances de la región, es el hecho de que el proyecto incorpora la necesidad de realizar diagnóstico de residuos e inventario como instrumentos de política, a los fines de tomar decisiones efectivas para las políticas públicas, lo cual implica que se realizarán análisis objetivos basados en evidencia para optimizar la gestión integral de residuos del país.

Además de lo anteriormente mencionado, los artículos 25 y siguientes introducen la implementación de un Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos, el cual será el marco que orientará las acciones estatales por períodos de diez años, con revisión cada tres años y se concretan las disposiciones que deberá tener su contenido.

Adicionalmente, se crea el Programa Nacional de Remediación y Rehabilitación de Sitios Contaminados, a los fines de prevenir, remediar y rehabilitar aquellos lugares que representan foco de infección y dañan la salud y el ambiente; conjuntamente con la creación de Planes Municipales para los mismos fines y un sub-sistema nacional de información que alimentará y complementará los datos del Ministerio de Medio Ambiente, es decir, que se fortalecerán los esfuerzos interinstitucionales para la gestión integral de residuos.

En lo que respecta a los instrumentos económicos, debe resaltarse que a partir del artículo 33 y siguientes el proyecto legislativo promociona y regula la participación de diversos sectores sociales en la gestión integral de residuos, lo que evidencia el cumplimiento del principio de participación de la ciudadanía y sostenibilidad financiera, y a su vez, se priorizarán actividades en relación al desarrollo y aplicación de tecnología para transformación de residuos en materias primas y aprovechamiento energético de los residuos sin potencial para reciclaje, entre otras acciones de naturaleza similar enunciadas en la norma.

Es fundamental mencionar que dicho proyecto esclarece las distintas tasas de contribuciones especiales de las personas físicas y jurídicas que participen en los instrumentos económicos antes mencionados, de acuerdo a sus ingresos, para la gestión integral de residuos, con el objetivo de crear un fondo para mitigar los efectos negativos de la actual disposición de los residuos sólidos. En ese sentido, también se creará un fideicomiso para la gestión integral de residuos, de acuerdo a la Ley No. 189-11 para el desarrollo del mercado hipotecario y fideicomiso, especificando sus aportes y la promoción de mercados verdes en el país.

Siguiendo con el ámbito económico, esta norma indica que se priorizará el otorgamiento de un incentivo para la reducción, reúso, reciclaje, valorización y aprovechamiento de los residuos, con vigencia de cinco años a partir de la promulgación de la norma, a las personas físicas y jurídicas que se incorporen a la gestión integral de residuos sólidos, como vimos en el párrafo inmediatamente anterior.

En otro ámbito, se crearán planes de comunicación para la educación y participación social en materia de gestión integral de residuos, así como también planes de inclusión social o reciclaje inclusivo, para lo cual se crearán planes simplificados de registro a través del Ministerio de Hacienda a los fines de transparentar y delimitar los contratos con empresas sociales que colaboren con los servicios de recolección a los ayuntamientos y juntas municipales.

Este proyecto legislativo aglutina con bastante minuciosidad el funcionamiento de la gestión integral de residuos en el país y el comportamiento histórico de las prácticas en el negocio de la basura que se ha condenado en numerosas ocasiones. Es por ello que también la norma establece cada una de las responsabilidades y obligaciones extendidas, a través de planes nacionales trazados, a los productores, importadores y comercializadores que manejan residuos en las fases post industrial y post consumo. Huelga mencionar que también quedará a cargo del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales el control de los registros y autorizaciones de los generadores de residuos, incluyendo la totalidad de las instituciones públicas.

En otra dirección, el proyecto legislativo establece los instrumentos de gestión de residuos sólidos urbanos, los cuales podrán ser a través de administración directa; indirecta o mediante alianzas público-privadas, lo que destaca la participación de diferentes sectores de la vida económica nacional, de manera regulada, para que puedan participar con los ayuntamientos y las juntas distritales en esta labor tan esencial para el ambiente y salud de los municipios.

A partir del artículo 77 el proyecto de ley establece paso a paso las indicaciones relativas a barrida y limpieza de espacios públicos; separación obligatoria de residuos (en fuente); transferencia de residuos; características de los almacenamientos de residuos privados y públicos; así como las reglas especiales de recolección y transporte público de residuos sólidos de manera directa o a través de un tercero por parte de los gobiernos locales.

A los fines de potenciar económicamente la gestión integral de los residuos sólidos sin que ello conlleve el desorden y daño ambiental actual, la norma instaura las definiciones relativas a los centros de acopio para almacenar residuos con valor comercial, ya sea de forma temporal o permanente, con la obligatoriedad de llevar bitácoras de control y reportes semestrales que serán debidamente presentados al Ministerio de Medio de Ambiente. Los residuos referidos a los centros de acopio estarán sujetos a posterior valorización a través de plantas ordinarias o de valorización energética.

En igual sentido, la norma establece el tratamiento y disposición final (a través de rellenos sanitarios regulados) a darse a residuos orgánicos y sobre aquellos de manejo peligroso, prohibiendo la incineración o tratamientos térmicos, salvo manejo acorde a los parámetros ambientales y las disposiciones complementarias de la norma.

De acuerdo a situaciones particulares de nuestra historia en manejo de residuos sólidos, el artículo 133 establece la remediación de sitios contaminados, obligando a personas físicas y/o jurídicas a reparar civil, penal o administrativamente, de acuerdo a como corresponda, los lugares que sean afectados por contaminación directa o indirectamente por manejo, liberación o descarga de materiales o residuos sólidos urbanos de peligro especial para el ambiente, así como también la posibilidad de declaratoria de abandono y posterior remediación de sitios contaminados por parte del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

En lo que respecta a las tarifas y cobros por residuos sólidos urbanos se establecerá un sistema a través de tasas definidas por el ayuntamiento o la junta de distrito correspondiente, mediante una fórmula basada en estudios realizados, análisis de costos directos e indirectos asociados a cada fase del servicio, la cual estará determinada por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con el apoyo de la Liga Municipal Dominicana. De igual modo, no fue inobservado en el proyecto legislativo aquellos mecanismos de cobro de lugar, el objeto de los ingresos obtenidos, las tasas base para las estaciones de transferencia y la especialidad de las recaudaciones, cuyos fondos recaudados por concepto de tasas por servicio de manejo integral de los residuos sólidos urbanos “se utilizarán para el mantenimiento y sostenibilidad del sistema, y no pueden ser destinados a otro uso[3].”

En aras de fomentar las nuevas formas de aprovechamiento de los residuos sólidos, un aspecto novedoso que instituye el referido proyecto legislativo son los presupuestos normativos específicos relativos a la exportación e importación de residuos y materia prima secundaria, sujetos a la autorización por parte del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como a las restricciones o condiciones establecidas en la Constitución de la República, la ley de gestión integral de residuos, su reglamento, la ley de comercio exterior y los tratados internacionales de los que forme parte la República Dominicana.

En numerosas ocasiones, desde FINJUS, se ha sostenido la importancia de establecer sistemas de consecuencias que puedan representar un freno para las dinámicas delictivas y la corrupción, en sentido amplio. Es por ello que resulta importante destacar que el proyecto legislativo analizado, no sólo incorpora una serie de prohibiciones en el manejo de los residuos y los procesos de tratamiento donde se impide la creación de vertederos a cielo abierto, por citar algún ejemplo de la norma, sino que además se establece un esquema de clasificación de las infracciones y régimen sancionador.

El proyecto de norma tipifica las infracciones de muy graves, graves y menos graves, delimitando especialmente las conductas que darían lugar a la inobservancia de los presupuestos normativos, como sería el ejercicio de las actividades económicas dispuestas en la ley sin la debida acreditación para ello; la no realización de operaciones de limpieza en lugares declarados como contaminados; el importe de residuos peligrosos o su transporte vía aérea; o el incumplimiento de las disposiciones de almacenamiento, separación en fuente, entre otros.

De acuerdo al artículo 162 del proyecto legislativo, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales quedaría facultado para sancionar administrativamente las infracciones muy graves y las graves, empero en el caso de las infracciones menos graves, la facultad sancionadora administrativa correspondería entonces a los ayuntamientos y a las juntas de los distritos municipales.

Finalmente, cabe destacar que sobre este aspecto el proyecto de ley de gestión integral de residuos sólidos, se incluye además una serie de condiciones atenuantes para la imposición de sanciones; así como la obligación a la reposición y restauración a la situación y estado anteriores a la infracción cometida o la aplicación de multas coercitivas.

Las disposiciones normativas que contiene el Proyecto de Ley General de Gestión Integral y Co-procesamiento de Residuos de la República Dominicana cuenta con los elementos necesarios para representar un antes y un después en la gestión de residuos. Cada uno de los elementos analizados de la norma son fundamentales para la protección y preservación del ambiente, así como el derecho a la salud como ordena nuestra Constitución y, a su vez, dotará de avances sociales, políticos, culturales y económicos muy importantes en esta materia para el país, los cuales derivan en un mayor clima de bienestar y seguridad jurídica.

 

Servio Tulio Castaños G.

Vicepresidente Ejecutivo FINJUS

 

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[1] República Dominicana. Proyecto de Ley General de Gestión Integral y Co-procesamiento de Residuos de la República Dominicana. Artículo 1.

[2] Definición propia explicativa a partir de la lectura de Evert Vedung. Instrumentos de Política y Tipologías. Editorial Albremática. Buenos Aires. 2016.

[3] República Dominicana. Proyecto de Ley General de Gestión Integral y Co-procesamiento de Residuos de la República Dominicana. Artículo 143.

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