Kenia Franco

Kenia Franco

Palabras de Apertura del Dr. Servio Tulio Castaños Guzmán, Vicepresidente ejecutivo FINJUS

Me complace saludarles, en ocasión de la celebración de este Seminario Perspectivas de la Seguridad Ciudadana desde la Realidad Municipal. Saludamos de manera especial a los distinguidos miembros de la Mesa de Honor. Agradecemos al Señor Rector, Dr. Castaños Guzmán por acogernos en esta Alta Casa de Estudios.

 

A lo largo de los años, la seguridad ciudadana se ha convertido en uno de los ejes prioritarios de las sociedades modernas, como un elemento central de las políticas de desarrollo humano y de la construcción de una cultura de la convivencia pacífica y efectiva prevención y lucha contra la criminalidad. Este fenómeno que se expresa a nivel mundial, regional y nacional, en este seminario se analizará desde la perspectiva de la realidad del Distrito Nacional.

 

Es creciente la tendencia de abordar el tema de la seguridad ciudadana desde la perspectiva comunitaria, para resaltar la participación de los ciudadanos en los temas relacionados con la prevención e intervención de las comunidades en estos complejos fenómenos.

 

La reforma constitucional del 2010 reafirmó que la participación es el nuevo nombre de la democracia. Y dado que es en el plano municipal, como el territorio más cercano a la vida de los ciudadanos, donde se hacen concretas las políticas del Estado, es lógico que los gobiernos municipales desarrollen planes y políticas que mejoren la seguridad ciudadana. A esta perspectiva está dedicado este importante seminario.

 

Como los problemas de inseguridad ciudadana no responden a patrones idénticos en cada espacio geográfico, cobra sentido que los ayuntamientos –ya conociendo directamente las condiciones culturales, socioeconómicas y geopolíticas que circundan a las comunidades– decidan trazar líneas de acción que puedan servir para evitar el auge de la delincuencia.

 

En este encuentro escucharemos las diversas experiencias que en nuestra región latinoamericana se han producido en esta misma dirección. Tienen en común el interés de que las autoridades locales contribuyan al logro de resultados más eficaces e integrales en coordinación con los organismos centrales del Estado. Asimismo se conocen de los esfuerzos por desarrollar nuevas formas organizativas, como la creación de corporaciones para la seguridad ciudadana de los municipios; la formación de Policías Metropolitanas de orientación civil, la recuperación de los espacios públicos y el empoderamiento ciudadano.

 

La República Dominicana debe buscar las mejores experiencias que nos ayuden a enfrentar estos agudos problemas, pero lo más importante es que el país, sin distinción de sectores, posiciones o matices, se unifique para enfrentar conjuntamente la violencia, el delito y la criminalidad compleja que nos ataca.

 

En este camino nos sentimos muy honrados de contar en esta mañana con la presencia de importantísimas autoridades y organismos que velan por nuestra seguridad y que colaborando entre sí podrían marcar la diferencia y revertir las tendencias negativas que nos abruman.

 

A la luz de los importantes cambios que se están produciendo en la Policia Nacional y en el Ayuntamiento del Distrito Nacional, potenciados por la consolidación del sistema de emergencias y seguridad 9-1-1, y de la mano de las organizaciones sociales y la academia, nuestro propósito es que iniciemos un proceso que permita identificar líneas de trabajo compartidos e incrementar el compromiso ciudadano con la gestión de la seguridad en la ciudad de Santo Domingo.

 

Conocemos sobradamente el compromiso y la responsabilidad que demuestran en sus respectivas obligaciones el Sr. Director General de la Policía Nacional, el Honorable Alcalde del Distrito Nacional y el Sr. Director Ejecutivo del Sistema 9-1-1, y con el apoyo del Apoyo del Proyecto “Acción de la Sociedad Civil por la Seguridad y la Justicia” que auspicia la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional –USAID-, este escenario está organizado para dar un nuevo paso en la promoción de soluciones a la seguridad ciudadana.

 

Agradecemos a estas instituciones por habernos permitido colaborar en esta iniciativa y de manera especial a USAID, en la persona de la Sra. Angela Cárdenas, Directora Adjunta de la Oficina de Juventud, Educación y Seguridad y al Señor Rector de la Universidad Iberoamericana por el honor de abrir las puertas de esta Academia a esta actividad.

 

 

Dr. Servio Tulio Castaños G.

20 de junio del 2018.

Jueves, 14 Junio 2018 11:08

Sobre la acusación en el caso ODEBRECHT

El pasado jueves 7 de junio, la Procuraduría General de la República depositó en la Suprema Corte de Justicia el expediente acusatorio del caso ODEBRECHT, dentro del plazo que establecen las normas procesales penales. El Ministerio Público determinó, luego de haber agotado la fase de investigación, que de 14 investigados originalmente solo 7 serían acusados, y que a los restantes se les aplicaría la figura del archivo provisional. Asimismo tomó la decisión de acusar además a una nueva persona, por lo que ahora el grupo total de encartados es de 8.

 

Para todas las personas e instituciones comprometidas con el fortalecimiento del sistema de justicia los hechos que están ocurriendo alrededor del Caso Odebretch ameritan la máxima atención, pues constituye el proceso penal más  importante de la historia en nuestro país, por la gravedad de los hechos que se juzgan, por la notoriedad de las personas acusadas y por las expectativas generadas en toda la sociedad. Por ello la ciudadanía debe dar seguimiento estricto a este proceso porque consideramos que tanto la forma como sea conducido, como sus conclusiones tendrán gravísimas consecuencias para la institucionalidad, el régimen democrático y el sistema político.

 

Los actos realizados por el Ministerio Público hasta ahora, o sea la acusación y el archivo provisional, forman parte de los requerimientos que debe hacer por escrito al concluirse el procedimiento preparatorio, en el marco de la fase de investigación. La acusación refleja los fundamentos que de acuerdo al Ministerio Público existen para que los acusados sean sometidos a juicio y el archivo provisional, para este caso en particular, significa que probablemente no existan suficientes elementos para verificar la ocurrencia de los hechos y/o que los elementos de prueba resultan insuficientes para fundamentar una eventual acusación.

 

La acción del Ministerio Público genera inquietud en importantes sectores de la ciudadanía que han sentido frustración en las decisiones que se adoptaron en casos similares en el pasado y se preguntan si en esta ocasión el saldo final no contribuirá a aumentar el desencanto y la desconfianza ciudadana en el sistema de justicia.

 

El análisis de lo que está ocurriendo en el caso Odebrecht debe partir del hecho de que el Ministerio Público es el órgano constitucionalmente establecido para dirigir en todos los casos la investigación penal en representación del Estado y la sociedad.

 

Por ello, si de sus investigaciones concluye que donde posee más fuerza probatoria para conseguir una condena contra quienes identifica como responsables de los delitos más que en otros acusados, es ahí donde debe concentrar su labor. Estas conclusiones debieron realizarse desde la esfera jurídica-investigativa, el plano fáctico y la obligación de combatir los crímenes y delitos de corrupción sin distinción.

 

La decisión de archivar provisionalmente algunos casos en particular responden a criterios de la Ley Procesal Penal que permiten al Ministerio Público, concentrarse en los acusados que representan una mayor posibilidad de condena, mientras deja abierta la opción de revisar el archivo provisional si las circunstancias, pruebas y evidencias que vayan apareciendo indican responsabilidad de esas personas.

 

El Ministerio Público debe concentrarse en mostrar que sus actos  permitirán juzgar los hechos delictivos en base a evidencias y pruebas sólidas, para facilitar el desarrollo sustancial del proceso. Tiene sobre sus hombros la labor de demostrar los fundamentos de su la larga labor de investigación y sobre todo que tiene la decisión firme de llevar el caso hasta las últimas consecuencias.

 

Nuestra opinión no se basa ni en la ingenuidad ni en la sospecha. Valoramos que todos los argumentos y opiniones que se emitan en este caso deben apelar a la razonabilidad y apoyarse en el análisis de los pasos tanto del Ministerio Público, como órgano encargado de la persecución, como del Poder Judicial, como responsable de juzgar los hechos y las evidencias.

 

En ese orden, el Ministerio Público está obligado a evitar que cada una de las decisiones que ha tomado no sean engavetadas ni tengan poca sustentación. Estos son reclamos de la ciudadanía, que reflejan la urgencia de que los sistemas de control de las instituciones sean fortalecidos y nuestro régimen de consecuencias caiga sobre los responsables de la corrupción que nos afecta.

 

Llamamos la atención de no caer en cualquier forma del “populismo penal”, ya que las responsabilidades penales se deben establecer de manera diáfana en los tribunales de la República. El Ministerio Público debe escuchar atentamente los reclamos sociales y mantenerse en permanente investigación, mostrando contundencia en las decisiones que toma y atendiendo a las opiniones que expresan la desconfianza de importantes sectores sociales que están basados en las tristes experiencias del pasado reciente.

 

 

Dr. Servio Tulio Castaños G.

13 de junio del 2018.

Saludamos y agradecemos la invitación que nos ha hecho la Rectora de esta prestigiosa Escuela Nacional del Ministerio Público, la Licda. Gladys Esther Sánchez Richiez; de igual forma a los miembros presentes en la mesa de honor, a todas y todos los aspirantes que ingresarán en este día al Programa de Capacitación Inicial que les habilitará para la función de Fiscalizadores y a todas las personas presentes en este auditorio.

 

Es un honor poder dirigirme a ustedes, sabiendo que en un futuro cercano comenzarán una carrera en la que tendrán en sus hombros el deber de representar al Estado y la sociedad en los tribunales penales de la República. Y para ello necesitarán demostrar que cuentan con una combinación balanceada de rasgos personales, capacidades intelectuales, conocimientos jurídicos y técnicos, mucho sentido común y sobre todo principios y valores que les permitan tener un ejercicio apegado a la moral y la ética en cada uno de sus actos.

 

De esta manera, el Ministerio Público y la sociedad podrán tener la seguridad de que quienes sean seleccionados tienen una alta capacidad de desarrollar un compromiso no solo por los próximos tres, cinco o diez años, sino para toda la vida.

 

De todos esos factores que he mencionado, ustedes ya han tenido la oportunidad de conocer en detalle lo que implica. Me han pedido que les dirija unas palabras sobre tres conceptos fundamentales, que son los de ética, justicia y servicio público, es decir, los tres pilares sobre los cuales sostendrán cada una de sus actuaciones a partir de este momento. Es importante recordar siempre las palabras del ilustre educador, poeta y pensador cubano, José Martí: ‘‘Sólo la moralidad de los individuos conserva el esplendor de las naciones. ’’

 

Estas palabras deben plasmarlas en el espíritu de su servicio al país. Aunque muchos quisieran pensarlo de este modo, el dilema ético no es un asunto idealista. Se trata de un concepto que permite transformar la propia estructura del Estado y fortalecer los valores y principios que rigen la actuación de cada uno de sus representantes.

 

La ética es la demostración idónea del carácter humano y el porvenir en valores de todo el conglomerado nacional. Tal como indica el profesor croata, Luka Brajnović, ‘‘la ética se encarga de estudiar los actos humanos (no los del hombre) en el estricto sentido de la palabra, es decir, más como una práctica que como una especulación teórica.’’[1]

 

Es en el terreno de la vida diaria donde cada acto de cada uno de nosotros debe expresar si su contenido está dirigido a garantizar la dignidad, el respeto a los derechos, el correcto funcionamiento de las instituciones y la convivencia pacífica, que son los mandatos fundamentales que todo servidor público tiene ante sí.

 

Cada una de estas esferas de la vida cotidiana no funciona de manera aislada, sino que todas están interconectadas por varios hilos. El primero de ellos es la justicia. Todo hecho de las personas o de las instituciones, tanto en la vida pública como privada, deben observar estos principios y es en el sistema de justicia donde se decidirá si el comportamiento de cada individuo es coherente o no con los mismos. Hoy vivimos momentos decisivos, que ponen en entredicho las bases de la seguridad, del acceso equitativo a los servicios, de la realización de los derechos consagrados en la Constitución y las leyes.

 

Otro hilo debe unir a los distintos elementos de la sociedad, es el de la ética. Esta tiene que ver primordialmente con los comportamientos que cada día tenemos que ejecutar en cada una de las esferas de la existencia: en la vida cotidiana, en los estudios, en el trabajo y en el caso de ustedes, en el ejercicio de una función pública en la que cada día, cada hora, cada minuto tendrán que decidir sobre lo que es correcto y lo que no.

 

En este país todos estamos amenazados por esta cultura que nos presiona para no actuar correctamente. Una cultura que cada día nos dice que la decisión no está entre lo moral y lo inmoral, sino entre lo que conviene o lo que es posible; entre el mirar para un lado y participar en el festín de los malos o actuar correctamente y abrir una caja de pandora que nos puede costar muy caro, no solo a nosotros, sino a nuestras familias y amistades.

 

Algunos proclaman que el comportamiento ético es una ilusión porque en el fondo cada ser humano es malo por naturaleza y que todos llevamos dentro el cáncer de la corrupción. Por eso las famosas frases como “quieres conocer a pedrito, dale un carguito”, o peor, “ese es honrado porque nunca ha manejado dinero”, nos van condicionando para que aceptemos pasivamente la creencia de que todo el mundo tiene su precio….

 

Y el tercer hilo es la idea del servicio público. La sociedad requiere de personas comprometidas con hacer realidad cada una de las funciones del Estado. El acceso a los servicios, el cumplimiento de las leyes, la protección de las personas, la garantía de que cada ser humano tendrá las condiciones adecuadas para el desarrollo máximo de sus capacidades y potencialidades, tiene que realizarse en un marco de la ética y la justicia.

 

Ustedes están entrando a un programa esencial del Estado, a cargo de la Procuraduría General de la República. Pasarán varios meses donde se pondrán a pruebas sus capacidades, competencias y rasgos, lo que definirá el destino de cada uno.

 

Por eso es el momento de que cada uno se vea a sí mismo como un profesional empoderado de sus funciones, comprometido con la misión que desempeñará, consciente de sus limitaciones y de sus fortalezas….

 

Nuestro país espera por ustedes. Deben saber que este es sólo el comienzo de un camino cargado de compromiso y dignidad. Es de admirar que tantas personas calificadas hayan asumido este reto.

 

Ha sido un honor dirigirme a ustedes y espero que estas palabras las hagan suyas, como una forma de motivación y línea directriz de su ejercicio.

 

Muchas gracias.

 

 

Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo FINJUS

 

30 de mayo del 2018.

 

 

 

 

 

 

 

[1] BRAJNOVIC, Luka. Deontología periodística. España. Editorial Universidad de Navarra. 1978. P.17.

La Oficina Nacional de Defensa Pública y la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), celebraron este jueves una mesa de consulta de prioridades y necesidades para el fortalecimiento de la Red Nacional de Identificación y protección de los Derechos de Grupos en Condición de vulnerabilidad, especialmente a los afectados de VIH.

El acto de apertura estuvo a cargo de la doctora Laura Hernández, quien informó que su misión de promover el acceso a la justicia de las personas en condiciones de igualdad, ha impulsado la creación de la Red Nacional de Identificación y Protección de los derechos de las personas que viven en condición de vulnerabilidad.

Por esta razón esta red debe ser el motor que impulse políticas de inclusión en las instituciones y planes del Estado en la consecución de un verdadero Estado Social y Democrático de Derecho. Esto quiere decir, que como Red tenemos un compromiso social de realizar acciones que mejoren la calidad de vida de estos grupos y la protección de sus derechos.

Reiteró que la Oficina Nacional de Defensa Pública está comprometida con el fortalecimiento de la Red  Nacional de Identificación y Protección de los derechos de las poblaciones vulnerabilizadas y con el apoyo de FINJUS realiza esta actividad de consulta a los miembros de la red para determinar las acciones siguientes y sus prioridades en la detección de sus necesidades de capacitación técnica para el trabajo en equipo y participativo de todos los miembros de la red.

El trabajo en equipo de la red va a incidir en que las problemáticas y limitaciones que tienen las mujeres víctimas de violencia, las personas migrantes y sus descendientes, la niñez, adultos mayores, personas con discapacidad, y demás poblaciones vulnerablilizadas tengan acceso a la justicia para exigir el respeto y cumplimiento de sus derechos, dijo.

 

Fuente: El Nuevo Diario

SANTO DOMINGO. El alcalde del Distrito Nacional, David Collado, entregó este miércoles durante una reunión de trabajo a la Fundación Justicia e Institucionalidad (FINJUS) el reporte de gestión de la alcaldía durante los primero cuatro meses del año 2018, como seguimiento a las políticas de transparencia que implementa la actual gestión.

Collado expresó: “Vinimos de manera voluntaria a traer nuevamente el primer cuatrimestre y hemos acordado hacer esto ya cada cuatro meses con nuestros equipos técnicos. Estamos convencidos de que estos son los pasos que se tienen que dar en la administración pública para un mejor desarrollo de las instituciones públicas y sobretodo de la ciudad de Santo Domingo”.

“Estamos tocando puertas así como las Naciones Unidas, FINJUS, el CONEP, organismos internacionales, la USAID y la embajada americana para conectar esta administración con todas las instituciones que puedan ayudarnos a hacer una mejor gestión, transparente y con ética en este compromiso que la sociedad nos ha otorgado y que lo asumimos con mucha responsabilidad”, aclaró el alcalde.

De su lado, Servio Tulio Castaños, vicepresidente ejecutivo de FINJUS, manifestó que cuando el alcalde le entregó hace cinco meses todo el trabajo realizado hasta este momento, le llamaron la atención los diagnósticos y pronósticos a través de los que se diseñaron una serie de políticas para identificar cómo podrían hacer de la Alcaldía del Distrito Nacional una institución transparente.

Continuó diciendo: “Como FINJUS una de las cosas que más nos preocupa en términos de políticas públicas, son los procesos de compras y contrataciones sobre todo por lo complejo que es implementar una ley, que de una u otra forma tienen una serie de lagunas que genera mucha confusión”.

Saludó el hecho de que el ADN sea asistido en todo lo relativo a compras y contrataciones por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), dejando claro que su única intención desde ahí es que todos los procesos se cumplan con los mayores niveles de transparencia.

En ese sentido, Jackeline Mora, directora financiera de la alcaldía, presentó los planes financieros que tienen la institución a corto y mediano plazo, así como los nuevos acuerdos que está realizando la entidad con empresas de alto renombre, como es el caso de Deloitte que se encuentra en la realización de un levantamiento para cambios tecnológicos y procedimentales, con el fin de crear una gestión de carácter más privado.

“Mañana estaremos firmando un acuerdo con una ONG Internacional que apoya el tema de investigación en políticas públicas donde el ayuntamiento acaba de ganar una ayuda para dar uso a la información de la entidad, que permita realizar cambios importantes para los ciudadanos en términos de políticas públicas pero soportado por la investigación”, expresó Mora.

“Esto se hará a través de la Universidad MIT de los Estados Unidos con la presencia de representantes de la universidad de Princeton y un investigador local para seguir con estos procesos”, concluyó.

 

Fuente: Diario Libre

 

23 de mayo del 2018

 

Doctor

Henry Modesto Merán Gil

Presidente de la Comisión Permanente de Justicia

Cámara de Diputados de la República Dominicana

 

CC: Rubén Maldonado

Presidente de la Cámara de Diputados de la República Dominicana

 

Vía: Comisión Permanente de Justicia de la

Cámara de Diputados de la República Dominicana

 

Palacio del Congreso Nacional

Ciudad.-

 

Honorable Diputado y Presidente de La Comisión:

 

Nos complace saludarle muy cortésmente en ocasión de remitirles algunas reflexiones y materiales que en FINJUS hemos producido sobre las propuestas de elaboración de la ley de partidos políticos. Incluye un cuadro comparativo, in extenso, donde hacemos una comparación entre el proyecto de la ley de partidos políticos elaborada por la Junta Central Electoral y la redacción alterna del Senado, donde se muestran las coincidencias y divergencias entre ellos,  conjuntamente con las observaciones y sugerencias de nuestra institución.

 

Dado el especial interés que esta institución ha tenido en la elaboración de una normativa coherente y adecuada para regular la esfera política dominicana, nos permitimos resaltar ciertos puntos que entendemos podrían aportar a la reflexión de su Comisión para lograr un proyecto de ley que cuente con el debido consenso social.

 

Con el ánimo de contribuir a la ponderación y análisis que la referida redacción merecerá en esta comisión y consecuentemente en la Honorable Cámara de Diputados de la República, remitimos, en el documento anexo, las temáticas más relevantes de la misma y los argumentos que sustentan nuestra posición.

 

Agradecemos muy sinceramente su atención a estas reflexiones, producidas con el interés de aportar elementos pertinentes para enriquecer la labor que realiza la Honorable Cámara de Diputados de la República y esta Comisión.

 

Aprovechamos la ocasión para manifestarle nuestra alta consideración y saludos.

 

Muy atentamente,

 

Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS.

 

Ver:

      Analisis comparativos de proyectos PAMP Senado y JCE. 

       Cuadro Comparativo Partidos Políticos JCE vs Redaccion alterna. 

 

Santo Domingo.- La Cámara de Diputados y la Universidad Iberoamericana (UNIBE), organizaron  la noche de este jueves  un conversatorio en el que se analizó el contenido y alcances del proyecto de ley general de publicidad comercial.

 

La pieza, presentada por el presidente de la Cámara Baja, Rubén Maldonado y los voceros de los distintos partidos políticos  que convergen en la institución tiene como  objetivo regular la publicidad comercial e la República Dominicana.

 

Para el estudio de la Pieza fue apoderada la Comisión Permanente de Medios de Comunicación que preside el diputado Manuel Elpidio Báez y designados destacados juristas, catedráticos y especialistas en derecho constitucional para aportar a su redacción.

 

Durante el evento,  que se efectuó en el auditorio de UNIBE, también auspiciado  por las fundaciones Global Democracia y Desarrollo (Funglode) e Institucionalidad y Justicia (Finjus), el diputado Báez, adelantó que el proyecto en cuestión será trabajado con cuidado, pero sin pausa para proteger al consumidor dominicano.

 

El legislador quien fungió como panelista, enfatizó que la sociedad dominicana está siendo bombardeada por una serie de publicidad engañosa que es precisamente el objetivo del proyecto, regularla.

 

Explicó que con este conversatorio se inició una serie de consultas para escuchar a los distintos sectores que tienen que ver con la publicidad comercial y anunció que en la segunda semana del mes de junio del 2018, será convocado otro encuentro para escuchar más sectores interesados.

 

De su lado, Ana Carolina Blanco, catedrática de UNIBE, otra de los expositores proclamó que “queremos que la publicidad en el país sea veraz, eficaz y honesta.

Dijo que esta pieza busca regular la actividad de la industria publicitaria en la República Dominicana.

 

Mientras que Namphi Rodríguez, especialista en derecho constitucional, dijo que el Presidente de la Cámara de Diputados constituyó una comisión de la que forma parte, con el propósito de compactibilzar el ordenamiento jurídico de este proyecto con la reforma constitucional del año 2010.

 

Entiende que para cumplir con los principios básicos, el proyecto de ley general de publicidad comercial debe tener veracidad, autenticidad y legalidad.

 

En tanto que, Zaida Lugo, especialista en propiedad intelectual y protección al consumidor, quien fue invitada, saludó la iniciativa y dijo que con si aprobación se comenzará a respetar el derecho del autor.

 

Desde el artículo 3 hasta el 10, el proyecto de ley general de publicidad comercial habla sobre  la Ley 4208, de Competencia Desleal;  del 15 al 20, de los artículos regulados;  del 23 al 37,  sobre los contratos de publicidad; del 38 al 40 sobre los contratos de colocación de medios; del 41 al 46, sobre titularidad de la creación publicitaria y el 47 sobre el mecenazgo.

 

Las palabras de bienvenida del evento, en el que participaron estudiantes derecho, de comunicación y de otras carreras, así como personas de la sociedad civil, fueron pronunciadas por el doctor José Pérez Gómez, decano de la Facultad de Derecho de UNIBE, en tanto que Servio Tulio Castaños, vicepresidente ejecutivo  de la Finjus, fungió como moderador.

Fuente: Cámara de Diputados

La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS), considera que los poderes públicos deben ser más eficaces en la aplicación de  los sistemas de consecuencias recogidos en diversas leyes y reglamentos que sancionan las faltas cometidas por funcionarios públicos jueces y fiscales, entre otros. Además, toda la sociedad debe abocarse a exigir a los órganos encargados de aplicar las debidas sanciones, una mayor eficacia y constancia en el tema.

 

En diversas ocasiones hemos insistido en la necesidad de que el país adopte las normas, políticas y mecanismos que sean necesarios para asegurar la fortaleza de nuestras instituciones, la calidad de la seguridad jurídica y la eficiencia de los marcos de transparencia que hemos definido en el país. Recientemente, la sociedad dominicana ha visto con asombro en los medios de comunicación que organismos claves de nuestro ordenamiento jurídico, como el Poder Judicial, el Ministerio Público u otros órganos estatales, tienen por norma la simple destitución de jueces, fiscales o funcionarios que han faltado en el ejercicio de sus funciones.

 

El país requiere, respetando los marcos jurídicos y el debido proceso de ley, que los poderes públicos apliquen cabalmente los sistemas de consecuencias que las leyes definen y dejen a un lado los criterios de selectividad casuística que aplican en algunos casos, que alimentan la desconfianza en la ciudadanía sobre el verdadero compromiso de las instituciones de erradicar gradualmente las prácticas y conductas contrarias a la integridad y/o constitutivas de delito en la administración pública.

 

Observamos con gran preocupación la reiterada costumbre de alejar a funcionarios de sus cargos como una forma de inhabilitación, y pese que en algunos casos son conductas que merecen consecuencias ejemplarizantes, solo se procede a su destitución, con lo que se cubren ciertos comportamientos con un manto de impunidad.

 

Si bien estamos analizando este tema desde una óptica general,  conviene adentrarnos en unos criterios establecidos en la Ley de Carrera Judicial No. 327-98, sobre los objetivos del régimen disciplinario. Esta norma, en el artículo 57 indica, entre otras cuestiones, que los objetivos del régimen disciplinario son: la motivación del cumplimiento eficiente, eficaz y honesto de la función jurisdiccional; el correcto ejercicio de las prerrogativas de los jueces y; que las faltas juzgadas se ajusten a la legalidad, la equidad y la objetividad[1].

 

Por su parte, la Ley Orgánica del Ministerio Público No. 133-11 –si citamos otro ejemplo–, establece en el artículo 84 la denominación de “poder disciplinario” en sus presupuestos normativos, indicando que éste poder está “dirigido asegurar el respeto de los principios que rigen sus actuaciones, y la correspondiente aplicación de sanciones[2]”. Es decir, se trata de un aseguramiento del cumplimiento de principios y valores inherentes a la función y que, de no ajustarse a éstos, la norma prevea la existencia y funcionamiento de un régimen sancionatorio.

 

De igual forma, en el capítulo III de la Ley de Función Pública No. 41-08 se establece la existencia normativa de un régimen disciplinario donde constan expresamente las faltas y sanciones aplicables[3]. A pesar de que, a diferencia de las leyes que mencionamos anteriormente ésta no describe una finalidad clara en torno a la direccionalidad de este régimen sancionatorio, la naturaleza de la norma y, propiamente de la función pública, permite otorgar una conceptualización expresa sobre dicho fin.

 

En ese sentido, cabe preguntarse, ¿cómo deben ser aplicados los sistemas de consecuencias y qué necesitan para la recuperación de la confianza ciudadana en el sistema de justicia y los poderes públicos? Consideramos que, además de que se verifica la legalidad de un mandato dentro de una norma, los organismos encargados de aplicarla deben esforzarse para que las sanciones que se contempla en cada caso, cuando sea procedente, no se queden en la simple inhabilitación temporal y que se realicen las investigaciones pertinentes que sustenten ante cada hecho las posibles persecuciones penales y las sanciones administrativas serias, cuando así lo amerite.

 

Tal como establecimos anteriormente, las medidas de corte disciplinario tienen su función específica y, hasta el momento, su aplicación se ha venido fortaleciendo a lo largo de los años. No obstante, la razonabilidad de las mismas en tanto probables acciones posteriores pareciera que se diluyen en el tiempo, salvo que selectivamente los poderes públicos consideren darle los matices que decidan en una determinada coyuntura.

 

Luego de haber comprendido la naturaleza del régimen disciplinario, desde FINJUS insistimos en que es sumamente relevante que los poderes públicos, cuando se trate de servidores y servidoras, aplique el principio de igualdad[4] establecido en nuestra Constitución para cada uno de los casos. Cualquier falta grave que se cometa en el ejercicio de las funciones de un juez, un fiscal o cualquier funcionario público merece el tratamiento y seguimiento adecuado, tanto en el ámbito de la aplicación del debido proceso como a las persecuciones penales que se generen a raíz de ello, cuando sea pertinente.

 

Para el jurista mexicano Ismael Gómez, “la sanción busca reparar principalmente el daño a la naturaleza de la relación entre el Estado, el servidor público y la sociedad[5]”. En ese sentido, tomando en cuenta la actual atmósfera política y social de nuestro país, resulta fundamental que se apliquen las sanciones de lugar y así se permita ir reparando la confianza de la ciudadanía en las instituciones, ya que ante ciertos escenarios adversos relacionados a la aplicación de regímenes de consecuencias, los poderes públicos no han actuado en el marco de las dimensiones requeridas.

 

Confiamos en que el tejido social irá retomando una mirada de mayor profundidad y el imperio de la ley volverá a formar parte de la habitualidad de nuestro relacionamiento frente al Estado. La consolidación del Estado Social y Democrático de Derecho requiere con urgencia que se muestren respuestas integrales a las distintas problemáticas sociales y políticas, ya que sólo así seguiremos fortaleciendo el sistema democrático y restableciendo la absoluta confianza en las instituciones.

 

 

Dr. Servio Tulio Castaños G.

15 de mayo del 2018.

 

[1] Véase Ley de Carrera Judicial No. 327-98. Artículo 57.

[2] Ley Orgánica del Ministerio Público No. 133-11.

[3] Ver Ley de Función Pública No. 41-08. Artículo 81 y siguientes.

[4] Para un mejor desarrollo de este concepto, véase: República Dominicana. Constitución Política. 2015. Artículo 39.

[5] GÓMEZ, Ismael. El sistema de responsabilidades de los servidores públicos. Ed. Porrúa. México, D. F. Porrúa. 2001. P. 86

PUERTO  PLATA.- El jurista Servio Tulio Castaños Guzmán opinó que la adopción de una ley moderna de partidos políticos es una prioridad para que el país fortalezca su régimen democrático contra los ataques del crimen organizado, la corrupción de todo tipo y las malas prácticas que dañan la calidad de la democracia.

Reiteró que en la República Dominicana se hace pertinente romper con el tradicional sistema político que para nada es transparente, ya que permite perpetuar los modelos clientelistas, paternalistas y caudillistas de hacer política que han predominado en los últimos años, donde las cúpulas en acciones antidemocráticas no toman en cuenta a su militancia.

El también vicepresidente ejecutivo de FINJUS expresó sus consideraciones en el conversatorio “Ley de Partidos y Régimen Electoral” realizado en la Oficina Senatorial de Puerto Plata,  en la que advirtió que el fortalecimiento de la democracia no radica únicamente en el ejercicio político partidista sino en la participación de la población en debates que se generen en distintas vertientes sociales.

 

Manifestó que no basta que el sistema político sea regido por los estatutos internos de los partidos, en vista de que las cúpulas partidistas son estructuras rancias ya que están conformadas por los mismos actores y personajes desde hace varias décadas y para colmo en casi todos los partidos han desaparecido las escuelas de formación política.

Criticó que los partidos políticos han invadido todo los estamentos sociales del país, contaminando desde los gremios profesionales hasta las junta de vecinos debido a que desde el Estado todas las instituciones son controladas, advirtiendo que precisamente el Estado pesa demasiado en los procesos electorales ya que auspicia el dispendio de recursos públicos a favor de candidaturas acólitas.

 

Fuente: Periódico El Día

3 de mayo de 2018

 

Palabras de bienvenida del Dr. Servio Tulio Castaños Guzmán, Vicepresidente Ejecutivo FINJUS

 

Saludamos la presencia de cada uno de ustedes y agradecemos que se hayan aceptado nuestra invitación a este panel, organizado para servir de plataforma para la exposición de ideas, estrategias y propuesta de acciones acerca de uno de los más lamentables problemas que afecta la sociedad dominicana y que lo constituye la violencia contra la mujer.

 

Bien sabido es que, en los últimos años, diversos sectores y medios de comunicación han atribuido al Estado confrontar algunas dificultades para contener, prevenir y minimizar los daños que provoca la violencia de género en toda la sociedad. Los niveles que ha alcanzado esta problemática, tanto en víctimas mortales, como en el daño agudo a las familias, especialmente a los niños, niñas y adolescentes, y el impacto negativo de la misma en todas las áreas sociales, ameritan que el Estado asuma el compromiso de diseñar, ejecutar y sostener políticas públicas exitosas, que respondan adecuadamente a nuestra realidad y que enfoquen el problema desde una perspectiva integral, con responsabilidad y con recursos suficientes.

 

La mayoría de las políticas públicas que han sido implementadas en esta temática en el país en los últimos años han mostrado graves insuficiencias en el conocimiento apropiado de los operadores del sistema sobre la magnitud del problema y las causas que lo generan. De igual manera resaltan otras debilidades funcionales como son: la falta de personal especializado para la atención de las víctimas, la dispersión de los sistemas de registro, monitoreo y seguimiento de casos y, muy especialmente, la falta de coordinación interinstitucional en los objetivos y enfoques para abordar este flagelo.

 

En ese sentido, desde FINJUS consideramos impostergable que las instituciones estatales se aboquen a la elaboración de políticas coordinadas en virtud de ejes transversales definidos para ser puestos en práctica desde las distintas instituciones que interactúan en el tema. Para ello constituye un paso necesario reflexionar respecto de las bases necesarias para lograr una coordinación interinstitucional eficiente que, tanto en materia normativa como operativa, permita establecer criterios claros, capacidades concretas y metas comunes que sirvan de materia prima para el trabajo de los actores gubernamentales y estatales.

 

Dentro de las instituciones que interactúan en este tema destacan, entre otras, la Procuraduría General de la República, en su calidad de órgano rector de la política de Estado contra la criminalidad, y el Ministerio de la Mujer, entidad encargada de fomentar y lograr la equidad de género. De estas entidades podrían señalarse un sinnúmero de acciones y políticas que se orientan a objetivos comunes que solo les falta una orientación coordinada a los fines de lograr resultados más contundentes en la prevención y erradicación de este mal.

 

Es preciso puntualizar que la violencia de género debe afrontarse desde una perspectiva dual; en primer orden, se concibe la idea de un potencial hecho punible, y, por otro lado, se trata del resultado de patrones socio-culturales que responden a conductas normalizadas históricamente en sociedades como la nuestra. Esto justifica la necesidad de una actuación conjunta por parte de los poderes públicos por la cantidad de actores que han de tomar acciones enfocadas a trabajar esta temática.

 

Consideramos que abordar esta problemática de manera correcta, implica una distribución de funciones que, a su vez, cuente con una buena coordinación interinstitucional a fin de que se logre una mayor eficiencia desde las competencias de cada uno de los actores. La vinculación y coordinación transversal entre órganos del Estado, resulta fundamental para lograr una eficacia mayor en la ejecución de las políticas de que se trate y

 

En definitiva, el Estado ya ha reconocido que todo acto de violencia y discriminación contra las mujeres tiene que ser enfrentado de manera integral y multidimensional, facilitando que las mujeres se conviertan, a través de los órganos e instituciones oficiales y privados, en parte de las iniciativas que diseñen y ejecuten propuestas de soluciones a estos males; por lo cual es momento de pasar de la palabra al hecho diseñando estrategias, espacios y políticas coordinadas que resulten efectivas.

 

Precisamente para abordar esta necesidad contamos hoy con la presencia de los destacados juristas y expertos en la materia, que son Dilia Leticia Jorge (abogada), Ramón Núñez (abogado consultor) y Cristóbal Rodríguez (abogado constitucionalista). Agradecemos a ellos por compartir de manera tan generosa sus conocimientos en esta materia.

 

 

Por último, deseamos recalcar que la sociedad dominicana anhela que en esta materia reine la coordinación interinstitucional e intersectorial y que en los diferentes órganos del ámbito estatal predomine la inteligencia y el diálogo para articular sus respectivas competencias en una causa tan imperiosa como la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer.

 

Dr. Servio Tulio Castaños G.

Vicepresidente Ejecutivo FINJUS

 

Videoteca Canal de YouTube

Siguenos en FaceBook

SDG Twitter Slider

Promoviendo el fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática, el Sistema de Justicia y el Estado de Derecho en la República Dominicana.

Estar en contacto

Gustavo Mejia Ricart #104, Torre Piantini Piso 8

(809) 227-3250

finjusrd@finjus.org.do

 www.finjus.org.do