Kenia Franco

Kenia Franco

Santo Domingo 2 de mayo de 2018. El Ayuntamiento Santo Domingo Oeste, la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) y la Asociación de Empresas Industriales de Herrera (AEIH) firmaron un acuerdo interinstitucional con la finalidad de promover el fortalecimiento de la seguridad ciudadana desde la  alcaldía.

El acuerdo fue firmado  entre el  Alcalde Francisco Peña, el Vicepresidente  Ejecutivo de FINJUS,  Servio Tulio Castaños Guzmán y Antonio Taveras  Guzmán, Presidente de la AEIH, quienes señalaron que con la firma de este convenio se procura realizar iniciativas tendentes a compartir e impulsar las reformas, políticas y acciones para  mejorar la seguridad ciudadana y la prevención del delito a nivel municipal.

Mediante el acuerdo, las entidades del sector público-privado y la sociedad civil se comprometieron a desarrollar estudios de investigación y diagnósticos  de las necesidades en materia de seguridad ciudadana en el Municipio, propiciando la participación de las organizaciones sociales y empresariales  de la zona.

Castaños Guzmán, explicó que el objetivo de esta alianza es contribuir al desarrollo de las instituciones gubernamentales, y el sector privado, mediante varias líneas de acciones operativas de trabajo en beneficio del Municipio de Santo Domingo Oeste.

 

Manifestaron que dicho pacto también favorece la realización de actividades de divulgación y capacitación sobre nuevas legislaciones, propuestas de leyes que favorezcan la seguridad ciudadana y la prevención del delito a través de seminarios, conversatorios y talleres.

El acto se realizó en el salón de la Sala Capitular de esta  alcaldía y contó con la presencia de la Vice Alcaldesa Valentina de la Cruz, el cuerpo del Consejo de Regidores presidido por  Rafael Vázquez y  una representación de varias instituciones como; el Ministerio Publico, la Casa Comunitaria de Justicia, la Fiscalía, la Policía Nacional, la Federación de Juntas de Vecinos y demás funcionarios municipales.

Ver Palabras  del Dr. Servio Tulio Castaños Aqui.

 

 

 

 

Desde FINJUS hemos expresado por diferentes vías la urgencia de que el Estado concretice la reforma de la ley de partidos y agrupaciones políticas, normativa que ha sido identificada como clave para generar cambios que faciliten el control de la corrupción, la erradicación del clientelismo y el fortalecimiento de mecanismos de sanciones a quienes desnaturalizan el ejercicio de la política y el papel fundamental que juegan los partidos en la democracia. Sin embargo ello no puede dar paso a la generación de “legislaciones al vapor” o modelos reglamentarios ajustados a los intereses de las facciones políticas que ostenten el poder de turno.

 

Consideramos que cada nueva propuesta debe estar dirigida a la creación del consenso social que permita la pronta adopción de una ley moderna sustentada en los principios enunciados en la Constitución y la Estrategia Nacional del Desarrollo, entre otros. Esos principios incluyen que los partidos desarrollen internamente mecanismos democráticos para la elección de sus autoridades, que fomenten una cultura de transparencia que impida la intromisión del crimen organizado, la corrupción política pública y privada en la elección de funcionarios y representantes públicos y sobre todo, que propicie la más amplia participación social en la vida política nacional, con énfasis en los jóvenes y las mujeres.

 

La redacción alterna de la Comisión Especial aborda cuestiones de primer orden para una regulación a los partidos, tales como: financiamiento, métodos de democracia interna, precampañas electorales, sanciones, educación política, principios, entre otros. Empero, consideramos que se hace de una manera puramente enunciativa y que no profundiza los conceptos, por lo que no enfrenta de manera clara los problemas actuales de la democracia partidaria.

 

  1. Sobre el financiamiento de los partidos.

 

En el artículo 57 y siguientes se indican los presupuestos relativos al patrimonio de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos. Al tratarse del financiamiento, esta redacción solamente hace alusión a los mismos preceptos de la Ley Electoral No. 275-98, lo cual no es que se trate de un asunto condenable sino que requiere mayores especificaciones y evolución normativa frente a la realidad política actual.

 

En el caso de los recursos públicos a recibir, se mantiene el mismo esquema que favorece a los partidos mayoritarios en cuanto a la distribución de los recursos económicos del Estado. El denominado método “80-20”, establecido en el artículo 59 privilegia a los partidos mayoritarios y no permite un acceso más equitativo a los recursos proporcionados por el Estado, representando así un freno al desarrollo de los partidos, movimientos y agrupaciones emergentes.

 

De igual manera, en lo que respecta a las contribuciones de carácter privado, esta redacción alterna mantiene la inobservancia en torno a las recomendaciones que hiciéramos en escenarios anteriores, en cuanto al establecimiento de topes de financiamiento por parte de empresas y/o particulares. Entrando en contexto, el párrafo del artículo 61 de esta redacción, indica que dichas contribuciones individuales “no podrán ser superiores al uno por ciento (1%) del monto máximo correspondiente al partido que reciba mayor asignación de fondos públicos”.

 

En ese sentido, ¿a qué nos referimos cuando indicamos que no se establecen topes de financiamiento? Debemos explicar que este monto puede ser muy variable y dependerá de factores variables atendiendo a la asignación de fondos públicos y, por ende, dicha retribución podrá variar según los resultados electorales, los cuales no tienen, en ningún escenario, previsibilidad absoluta.

 

Otro aspecto a resaltar es el hecho de que esta modalidad no combate el clientelismo y las formas asistenciales que pueden formar parte eventualmente del modus operandi de los partidos y agrupaciones políticas en determinados momentos. Por tanto, es menester que un proyecto de ley de partidos especifique montos exactos de financiamiento por parte de quien contribuya individualmente en atención a los salarios mínimos nacionales, cuya variación no depende de lo turbio o no que pueda presentarse un torneo electoral.

 

De igual manera, es menester no tan sólo exigir la transparencia de publicación que indica la redacción actual, sino una publicitación de la proveniencia de los fondos tanto de las personas físicas como las personas morales. Así también, prohibiciones expresas de contribuciones de personas físicas, cuyas personas morales (empresas) hayan favorecido previamente con sus fondos a los partidos, movimientos y agrupaciones políticas.

 

Con medidas como la anterior, cuya discusión amerita una mayor profundidad, pueden evitarse los daños continuos que hemos visto en nuestro sistema democrático y que golpean con dureza la institucionalidad y no permiten la necesaria recuperación de la confianza por parte de la ciudadanía en estas instituciones de derecho público.

 

  1. Primarias abiertas o cerradas.

 

Desde FINJUS, hemos establecido en numerosas ocasiones nuestra posición al respecto, cuyo eje ha sido debidamente fundamentado en el marco del respeto a la Constitución y las leyes vigentes. A pesar de ello, la Comisión Especial –salvo algunos contados votos disidentes– ha vuelto a poner sobre la mesa la obligatoriedad de las primarias abierta como instrumento de selección de candidatos y candidatas a puestos de elección popular.

 

Es en los artículos 37 y 42 de la redacción alterna por la Comisión Especial[1], donde se establecen los parámetros anteriormente mencionados. A raíz de ello, consideramos fundamental indicar nuevamente nuestros argumentos al respecto, los cuales han sido apoyados por diversos sectores de la vida política nacional y toman en cuenta el más amplio consenso en torno a este tema.

 

Para esta ocasión no es necesario reiterar que nuestra Constitución en el artículo 216 establece que “la organización de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos es libre, con sujeción a los principios establecidos en esta Constitución[2], ni tampoco que la Suprema Corte de Justicia, actuando como Tribunal Constitucional, mediante sentencia del 16 de marzo del 2005 declaró No Conforme con la Constitución la Ley No. 1286-04 del 15 de agosto del 2004, que establecía el sistema de elecciones primarias mediante el voto universal directo y secreto el mismo día para todos los partidos.

 

Lo que sí debe mencionarse es que hemos planteado que para la FINJUS, el quid de la discusión versa sobre la ponderación de dos aspectos fundamentales que determinan cuál debe ser el grado de intervención del Estado en el fondo y las formas de los partidos y agrupaciones políticas: la libertad de asociación (expresado en la organización de partidos políticos) y el carácter público (función pública que cumplen) de estas organizaciones.

 

A partir de la ponderación de estos dos aspectos es que el Estado determinará su intervención. Es cierto que el partido es una expresión del derecho a la libre asociación política, aunque ya sabemos que esa asociación debe cumplir con determinadas condiciones: democracia interna, objeto lícito, entre otros. Por estas condiciones mencionadas anteriormente, se permite una mayor intervención del Estado.

 

Sin embargo, el grado de intervención conforme a la configuración constitucional actual no permite al Estado determinar cuál debe ser la forma de elección de los candidatos concretamente. Más allá de tratar forzosamente la inconstitucionalidad al respecto de este tema, debe tomarse en cuenta que la intervención del Estado no exceda lo constitucionalmente posible y afecte de manera irrazonable la libre asociación.

 

Una nueva vez, tomando en cuenta la redacción del referido artículo 37 de este proyecto legislativo, se confunde en el escenario político el tratamiento de las asambleas de electores indicado en la ley electoral actual con el método de escogencia interna de candidatos en los partidos políticos. En ese sentido, conviene explicar directamente cuál ha sido la conclusión ambigua respecto a la elección de candidaturas a lo interno de los partidos políticos.

 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 59 de la Ley Electoral No. 275-97, el delegado no es más que el encargado de “la representación de los partidos que les hayan designado ante los respectivos organismos electorales”. Conforme lo anterior, el artículo 68 de la antedicha legislación electoral, establece que “La nominación de los candidatos a cargos electivos que hayan de ser propuestos por un partido político, reconocido o inscrito, deberá ser hecho por el voto afirmativo de la mayoría de los delegados a convenciones regulares y públicamente celebradas tres (3) días, por lo menos, después de haber sido convocadas por medio de aviso público en un diario de circulación nacional.”

 

De la lectura de los presupuestos normativos expuestos anteriormente, queda claro que la norma electoral vigente hace alusión explícita a la validación y escogencia de los candidatos de cualquier partido ante la Junta Central Electoral, como órgano rector, por parte de los delegados de cada partido como método de formalización y aceptación de las candidaturas a cargos electivos, no al instrumento de elección en sí.

 

Por tanto, en ningún momento la Ley Electoral No. 275-97 establece un método único de escogencia interna de los candidatos de cada partido político para los puestos electivos, sino que luego de esta escogencia –cual que sea–, deberá ser validada ante la Junta Central Electoral por los delegados que haya enviado cada organización política. Es decir, se ha tratado de argumentar sobre la base de dar matices a unas determinadas condiciones formales posteriores a una discusión, ignorando así su problemática esencial de fondo.

 

Sin perjuicio de lo anteriormente explicado, nos llama la atención que, además de establecer la obligatoriedad de un método único de escogencia para las asambleas electorales primarias de los partidos y/o agrupaciones políticas (esto es en modalidad abiertas y simultáneas), se elimina la proposición de que la Junta Central Electoral, en su calidad de órgano director y organizador en materia electoral, registre un padrón de concurrentes a los fines de evitar que un elector pueda votar en varias elecciones por varios partidos, agrupaciones o movimientos. Esta delimitación hubiese constituido una interesante medida que, al menos reduciría o iría en pos de regularizar el desorden derivado de la imposición  de un método único de elección y, en este caso, de unas primarias abiertas y simultáneas.  

 

 

  • Cuota de género.

 

Un punto interesante que desarrolla esta redacción alterna, preparada por la comisión especial del Senado, es lo relativo a la participación femenina y/o cuota de género. Actualmente nuestro ordenamiento jurídico dispone una reserva de solamente un 33% para escaños a ser ocupados por mujeres.

En el artículo 45 del referido proyecto se estructura la inadmisibilidad de las listas de candidaturas congresuales y municipales si no cumplen con el 40% y 50% de participación femenina, respectivamente; esta medida se contempla de carácter obligatorio.

 

De la misma forma, en cuanto al orden democrático interno que respecta a la mujer, consideramos oportuna la prohibición expresa de que, ante la renuncia de una candidata a un puesto de elección popular, deba ser sustituida de manera obligatoria por otra candidata, consagrando así el principio de igualdad real que debe estimarse de manera transversal en la legislación electoral.

 

Otra discriminación positiva que formula esta redacción es la cuota de la juventud, indicando que cada agrupación partidaria deberá contar con un 10% de jóvenes hasta la edad de 35 años como parte de su propuesta de candidatura.

 

Entendemos que estas disposiciones se encaminan al establecimiento de la paridad de género en el sistema político dominicano; lo cual debe constituir un objetivo en movimiento, es decir, una intención común a la cual apunten nuestros esfuerzos de diálogo y concienciación para contribuir al fortalecimiento de un Estado social, democrático y de derecho, máxime sobre la base de que la democracia construye su esencia desde la realidad de la igualdad de todas las personas, siendo todas dignas de consideración y respeto y con derecho a intervenir en los asuntos atinentes al conglomerado.

 

Por todo lo anterior, desde la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS) insistimos en dos cuestiones elementales para el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en el país: tomar en cuenta la redacción de una posición que garantice el consenso nacional y; evitar que la norma a aprobar adolezca de lagunas, vacíos normativos, confusiones terminológicas e interpretaciones ambiguas en torno a la tan discutida temática sobre las primarias abiertas o cerradas.

 

Lo verdaderamente importante es garantizar que los mecanismos de la vida orgánica interna de los partidos respondan a un contenido democrático, tanto en lo organizativo como en los procedimientos de elección, sin que ello implique un excesivo intervencionismo por parte del Estado ni tampoco que ello desvirtúe la naturaleza pública de las organizaciones políticas.

Por ultimo invitamos al Congreso Nacional a reflexionar sobre las implicaciones políticas-institucionales que supone la imposición de la modalidad de primarias abiertas para el sistema de partidos políticos. No será posible el desarrollo de la gobernabilidad democrática ni el mejoramiento de la institucionalidad si del diálogo entre los actores que dirigen la vida pública, en un determinado momento, no es provechoso. En este sentido, y en la actual coyuntura, entendemos que resulta impostergable repensar esta situación y abocarse a hacer operativas las propuestas que nazcan tanto de los partidos como de la ciudadanía en general.

 

Dr. Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente ejecutivo FINJUS 

1 de mayo del 2018.

 

Ver Carta depositada camara de Diputado

 

[1] Contenido que contrasta con el artículo 37 del Proyecto de ley propuesto por la Junta Central Electoral que indicaba como competencia de cada partido y/o agrupación política la elección de la modalidad de celebración de sus elecciones internas..

[2] República Dominicana. Constitución Política 2015. Artículo 216. Subrayado y resaltado nuestro.

La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS) considera que el Proyecto de Ley que crea el Sistema de Apoyo Integral para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres requiere de un mayor consenso entre los actores oficiales y todos los sectores sociales  vinculados, a fin de que su versión final tenga una mayor profundidad y especificidad para alcanzar la eficiencia y eficacia necesarias en la lucha contra este grave flagelo.

 

Es cada día más claro que el Estado dominicano ha mostrado, en los últimos años, incapacidad para contener, prevenir y minimizar los daños que provoca la violencia de género en toda la sociedad. Los niveles que ha alcanzado, tanto en víctimas mortales como en el daño agudo a las familias, especialmente a los niños, niñas y adolescentes, y el impacto negativo que este fenómeno tiene en todas las áreas sociales, ameritan que el Estado asuma el compromiso de diseñar, ejecutar y sostener políticas públicas exitosas, que respondan adecuadamente a nuestra realidad y que enfoquen el problema desde una perspectiva integral, con responsabilidad y con los recursos suficientes.

 

La mayoría de las políticas públicas que han sido implementadas en esta temática en el país en los últimos años han mostrado graves insuficiencias en el conocimiento apropiado de los operadores de sistema sobre la magnitud del problema y las causas que lo generan. Han mostrado asimismo la falta de personal especializado para la atención de las víctimas,  la falta de coordinación interinstitucional en el logro de las metas y objetivos y finalmente en la dispersión de los sistemas de registro, monitoreo y seguimiento de casos y lo peor, de los enfoques en que ha sido abordada la problemática.

 

En ese sentido, desde FINJUS consideramos que este es el momento en el que las políticas a aplicar para enfrentar la violencia de género han de ser transversales y verdaderamente eficaces. Para ello, un proyecto de ley que aborde integralmente esta materia, puede significar un importante paso de avance; lo cual sumado a la creación de las capacidades operativas concretas por parte de los poderes públicos, podría traducirse en resultados positivos y distintos a los obtenidos a lo largo de la historia reciente.

 

El Proyecto de Ley que crea el Sistema de Apoyo Integral para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres, representa una iniciativa loable de cara a la gravísima problemática que constituye el auge de la comisión de este delito. En el contenido del proyecto se reflejan presupuestos interesantes como la colaboración interinstitucional, el manejo de datos estadísticos concretos y la articulación y coordinación de políticas sectoriales en el seno de las distintas instancias de los poderes públicos y el Estado a través de un sistema integral que planifique en base a ejes transversales.

 

Sin embargo, esta iniciativa de ley ha encontrado cierta reticencia por las competencias que atribuye, pues otorga a la Procuraduría General de la República una suerte de dirección de las acciones de prevención de estos delitos puntuales. Con relación a ello, el Ministerio de la Mujer considera que dicha dirección ha de ser asumida por ese organismo y no por un organismo de persecución de la criminalidad.

 

En cuanto a las divergencias planteadas, es preciso puntualizar que la violencia de género debe afrontarse desde una perspectiva dual; en primer orden, la idea de un potencial hecho punible, y, por otro lado, como el resultado de patrones socio-culturales que responden a conductas normalizadas históricamente en sociedades como la nuestra. En ese sentido, una atención integral, que busque contrarrestar este flagelo, debe considerar la interacción entre el órgano encargado de regir la política de Estado contra la criminalidad y la entidad responsable de fomentar y lograr la equidad de género.

 

El artículo 169 de nuestra Ley Sustantiva establece que “El Ministerio Público es el órgano del sistema de justicia responsable de la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad, dirige la investigación penal y ejerce la acción pública en representación de la sociedad[1]”. De igual manera, la Ley No. 86-99, que crea la Secretaría de Estado de la Mujer (hoy Ministerio), establece en su artículo 1, que este organismo es “responsable de establecer las normas y coordinar la ejecución de políticas, planes y programas a nivel sectorial, interministerial y con la sociedad civil, dirigidos a lograr la equidad de género y el pleno ejercicio de la ciudadanía por parte de las mujeres[2].”

 

De ambas disposiciones puede colegirse que el Ministerio Público define políticas contra la criminalidad, lo cual contiene el delito de violencia de género; mientras que el Ministerio de la Mujer coordina la ejecución de políticas y planes dirigidos a lograr la equidad de género y que la mujer pueda ejercer sus derechos ciudadanos a plenitud.

 

La Ley No. 133-11 Orgánica del Ministerio Público, establece en su artículo 7 el alcance y las especificidades de la formulación de la elaboración de la política criminal por parte del Ministerio Público al indicar que “(…) es el órgano responsable de la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad, que está dirigida a prevenir, controlar, gestionar y perseguir los hechos punibles[3]” y que “(…) para garantizar su eficacia y vinculación, las políticas preventivas y de control serán articuladas bajo la responsabilidad directa del Procurador General de la República en colaboración con los otros órganos e instituciones que corresponda.

 

De ahí que pudiese entenderse que corresponde expresamente a la Procuraduría General de la República la función de elaborar las políticas contra la criminalidad y de articular las políticas de prevención y control que comprende con la colaboración de otros organismos involucrados en estos fenómenos.

 

Ahora bien, más allá de definir competencias absolutas respecto a este tema que, de entrada, obliga a la cooperación de todas las instancias del Estado a la ejecución de una planificación que surja homogeneizada tanto desde la Procuraduría como del Ministerio de la Mujer, conviene revisar la iniciativa legislativa en cuanto a la factibilidad y eficacia de la centralización que pareciera ser atribuida al Ministerio Público en tanto órgano rector en la labor de diseño y formulación de las políticas públicas en contra de este flagelo.

 

Es menester considerar que uno de los mayores problemas del modelo de centralización de competencias en la elaboración estratégica de iniciativas legislativas y políticas públicas, se encuentra al momento de su formulación, ya que la misma centralización no permite una debida coordinación efectiva con los distintos actores. Es por ello que entendemos que se debe apostar a la instalación de un modelo con responsabilidades articuladas que no hagan las instancias incumbentes dependientes de la voz de un órgano que, hasta por su misma naturaleza, no puede conocer las particularidades sectoriales de las demás entidades.

La distribución de funciones con una buena coordinación interinstitucional permite una mayor eficiencia a cada una de los actores, los cuales tendrán objetivos precisos y mecanismos apropiados para que cada órgano cumpla con su función, a fin de cuentas la vinculación y coordinación transversal entre órganos del Estado, resulta fundamental para lograr una eficacia mayor en la ejecución de las políticas de que se trate.

Reiteramos que, en la violencia de género inciden factores culturales, sociológicos, históricos y sociales, que rodean el contenido meramente jurídico que pudiera hacerse al respecto; a modo de ilustración, resultaría engorroso atribuir al órgano persecutor de la criminalidad el diseño de políticas especializadas para la atención de violencia de género desde las unidades de atención sanitaria. Diferente fuera que desde salud pública se diseñe un plan y/o políticas enfocadas a ese sector que sean discutidas en la mesa de trabajo del sistema de apoyo donde de manera genérica podrán valorarse los ejes transversales de prevención del crimen y de equidad de género.

 

La labor del Ministerio Público, dentro de ese sistema de apoyo, debe enfocarse en lograr una coordinación para aplicar las políticas correspondientes a la prevención del delito, fomentando que los demás ministerios y/o entidades asuman responsablemente lineamientos que permitan combatir las causales de la violencia contra la mujer. Entendiendo que, en materia de manejo de la criminalidad, son los encargados de indicar las estrategias que correspondan.

 

De su lado, el Ministerio de la Mujer, como entidad  que busca lograr la equidad de género, debe estar inmersa en todas las iniciativas que afecten directa o indirectamente a las mujeres y sus familias; su rol debe materializarse desde la procura de hacer reconocer y visibilizar la transversalidad del tema de género en todas las políticas públicas del país a ser ejecutadas por los distintos ministerios e instancias gubernamentales.

 

En definitiva, el Estado reconoce que todo acto de violencia y discriminación contra las mujeres tiene que ser enfrentado de manera integral y multidimensional, facilitando que las mujeres se conviertan, a través de los órganos e instituciones oficiales y privados, en parte de las iniciativas que diseñen y ejecuten propuestas de soluciones a estos males.  

 

Al haber explicado los aspectos jurídicos, sin dejar de lado la factibilidad del asunto, desde FINJUS expresamos nuestro deseo de que este proyecto legislativo recorra el camino del consenso social y, más allá de su marco formal, puedan definirse los detalles sustantivos que hacen de las normas un instrumento de operativización de políticas integrales. De este modo, podrán generarse los apoyos y la legitimidad  que puedan dar al país una respuesta conjunta e institucional frente a esta grave problemática que preocupa enormemente a toda la población dominicana.

 

Finalmente, consideramos que como en toda sociedad democrática, es necesario que una ley de esa naturaleza sea producto del conocimiento amplio de todos los sectores involucrados, de forma que las mejores iniciativas y propuestas sean debatidas y adoptadas por los órganos correspondientes, en el marco de nuestro ordenamiento jurídico.

 

Solo así podremos convertir las leyes, políticas públicas y propuestas ciudadanas en herramientas de cambio en todas las áreas que lo requieren, pero de manera muy especial en el campo de la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres donde el Estado dominicano ha mostrado graves dificultades, debilidades y deficiencias. La sociedad dominicana desea que en este caso específico y en otros similares, reine la coordinación interinstitucional e intersectorial y que en los diferentes órganos del ámbito estatal predomine la inteligencia y el diálogo para articular sus respectivas competencias en una causa tan imperiosa como la erradicación de la violencia contra la mujer.

 

 

Dr. Servio Tulio Castaños G.

23 de abril del 2018.

 

 

 

 

[1] República Dominicana. Constitución Política. Artículo 169. Subrayado nuestro.

[2] Ley de Creación de la Secretaría de Estado de la Mujer No. 86-99. Artículo 1.

[3] Ley Orgánica del Ministerio Público No. 133-11. Artículo 7. Subrayado y resaltado nuestro.

La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS), considera que a raíz de los últimos acontecimientos en torno al caso OMSA y las controversias que han protagonizado los órganos del Estado encargados del sistema de control interno y externo de los actos de la Administración pública, es urgente que los poderes públicos tomen conciencia de las agudas debilidades de dicho sistema de control.

 

El rol que juegan las instituciones de control interno y externo es uno de los pilares del Estado Social y Democrático de Derecho, ya que de sus actuaciones dependen los poderes públicos para garantizar el cumplimiento de sus deberes frente a la ciudadanía. Su legitimidad operativa está supeditada al cumplimiento de los principios constitucionales y la esencia del servicio público.

 

Sin entrar al fondo del tema penal que envuelve el caso OMSA que está en sede judicial, de su entramado de corrupción a lo interno de una institución del Estado dominicano queremos resaltar que este caso vuelve a colocar en agenda pública dos cuestiones importantes sobre las cuales FINJUS ha insistido consecuentemente: la necesidad de reformar la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas y; el requerimiento de fortalecimiento de los órganos de control.

 

Sobre la reforma a la legislación de compras públicas, ya hemos expresado en múltiples escenarios nuestros argumentos al respecto, los cuales básicamente están centrados en el fortalecimiento urgente de los sistemas de consecuencias; la definición más estricta de los conceptos propios de la norma; el alcance de las funciones del órgano rector; la rigidez y seguridad de actuación del Estado ante eventuales actos de corrupción en esta materia, entre otros.

 

Por otro lado, el requerimiento de fortalecimiento de los órganos de control que mencionamos, hace alusión directa a la necesidad de establecer en el país una visión de garantizar mejores mecanismos de absoluta transparencia por parte de todos y cada uno de los procesos y actos en los que participe cualquier institución centralizada, descentralizada o inclusive autónoma de nuestro Estado.

 

En cuanto a lo anterior, sabemos que nuestro texto constitucional indica cuáles son estas instituciones: el control interno de las actuaciones de los distintos organismos estatales como responsabilidad de la Contraloría General; y el control externo que compete a la Cámara de Cuentas. Ambos son importantes para los fines de transparencia expresados con anterioridad.

 

Tal como hemos indicado, al revelarse numerosas contradicciones y elementos que dan cabida a la comisión de actos de corrupción en la OMSA, específicamente al momento de realizar la contratación de servicios para la reparación de los vehículos utilizados en el transporte público, consideramos que ante las confusiones vertidas en la opinión pública, es menester especificar con claridad los elementos jurídicos que circundan al caso.

 

Debe saberse, que la Contraloría General de la República y la Cámara de Cuentas son ambos órganos de carácter constitucional[1]. El primero debe fiscalizar y evaluar el recaudo, manejo, uso e inversión de los recursos públicos y autorizar o no las órdenes pago, comprobando el cumplimiento de los formalismos legales; mientras que el segundo fiscaliza los recursos públicos de los procesos administrativos y del patrimonio del Estado.

 

Para comprender la dimensión de las discusiones suscitadas, debe entenderse a cabalidad el alcance de las funciones de ambos órganos en el referido caso OMSA y las respuestas que fueron dadas por cada uno. Ha sido la Cámara de Cuentas quien ha revelado, fruto de sus investigaciones en el caso, que se realizaron una serie de pagos a empresas privadas para la reparación de guaguas por altas cantidades de dinero, sin que se hayan realizado contratos y con notables debilidades que dieron  lugar a lo develado en su informe.

 

Por su parte, la Contraloría General de la República –en evidente contradicción con lo establecido por la Cámara de Cuentas– ha instituido que en las operaciones relacionadas con compras directas, la Cámara de Cuentas está desestimando el respaldo previo que el organismo rector de las contrataciones públicas otorgó a tales compras en el marco del contenido de la Resolución No. 15 dictada el día 4 de noviembre del año 2008, resolución que ha sido cuestionada por diferentes sectores.

 

De manera muy escueta, esta Resolución No. 15/08 emitida por la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas establece la posibilidad para las instituciones del Estado de “la compra y/o contratación directa para los pasajes aéreos, combustibles o vale de combustibles y las reparaciones de vehículos de motor[2]”. No obstante, éste fue tan sólo uno de los elementos que dieron cuenta de las inconsecuencias propias de este entramado de corrupción y que imprime la obligatoriedad de fortalecer las actuaciones de los órganos de control.

 

Decimos lo anterior en virtud de que, si bien es cierto que una parte de las problemáticas presentadas por la Cámara de Cuentas en el caso OMSA pudieron haberse amparado en el contenido de la Resolución No. 15/08, no menos cierto es que otro de los graves problemas sobre otro tipo de reparaciones realizados a lo interno de la OMSA, es que se inobservó la especificidad del texto de los presupuestos de la resolución.

 

Todo lo anterior, además de revelar las deficiencias institucionales que debe prever el Estado en torno al combate contra la corrupción, se instala en el marco de la urgencia de fortalecer los órganos de control. En un primer momento, la Contraloría General de la República debió abstenerse de autorizar los pagos de las reparaciones que no se enmarcaban en la Resolución No. 15/08. Así como también, debió vigilar internamente los trámites administrativos y verificar si existía alguna violación a la Ley de Función Pública o alguno de los reglamentos internos del organismo vigilado.

 

Por su parte, la actuación de la Cámara de Cuentas pudo haber circunscrito la fiscalización y verificación in extensa sobre el contenido de los trámites administrativos realizados por la OMSA; la legalidad de las actuaciones y el análisis a profundidad de los criterios de eficiencia, transparencia y economía que pudieron haber sido igualmente inobservados en este caso. Lo anterior, lo establecemos en el sentido de la autonomía operativa de la cual goza la Cámara de Cuentas, entre otras atribuciones que le son propias.

 

Cada acto de corrupción evidencia las disfuncionalidades orgánicas de los órganos de control interno y externo de los fondos del Estado. Lo anterior, continúa alimentando una imagen de entidades ineficientes, politizadas e incapaces de cumplir con la misión de fiscalizar y, ante todo, salvaguardar los recursos públicos.

 

Por eso desde FINJUS consideramos que tanto al Estado como a la sociedad, debe llamarle a preocupación más que las eventuales contradicciones que se están manifestando entre los órganos del sistema de control, lo principal es atender las debilidades que ambas instituciones manifiestan para aumentar la eficacia e interpretación objetiva de sus actuaciones. En ese sentido, el rol que juegue cada organismo además de estar amparado en la Constitución, debe ser conocido por la ciudadanía y, sobre todo, asumido como tarea fundamental de cada uno de los servidores públicos que pertenezcan a uno u otro.

 

La transparencia es el pilar de un sistema democrático serio. Los órganos de control en nuestro país no pueden, bajo ningún concepto, adecuar sus actuaciones conforme a las coyunturas sino fortalecer las sanciones y, por ende, los sistemas de consecuencias. Es imprescindible destacar que todas las entidades que obtengan bienes, servicios y obras deben de apegarse a los principios de la Administración Pública ya que los mismos constituyen axiomas fundamentales que rigen la actuación de los agentes públicos y privados que intervienen en las contrataciones estatales.

 

Es más que evidente a la luz de la situación actual que existe una grave debilidad en los órganos de control del Estado dominicano que pone en serio riesgo las promesas del Estado de investigar, perseguir y castigar los actos de corrupción, ya que se vuelve a manifestar la desvinculación entre la fiscalización y las respuestas institucionales que se ofrecen para enfrentar las prácticas corruptas dentro del Estado. Es por ello que hacemos un llamado a consolidar estos organismos y garantizar ampliamente los preceptos esenciales que deben formar parte de un Estado comprometido con el imperio de la ley, la transparencia y la gobernabilidad democrática.

 

 

Dr. Servio Tulio Castaños G.

18 de abril del 2018.

 

 

 

 

 

[1] Véase: República Dominicana. Constitución Política. 2015. Artículos 247 y 248.

[2] Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas. Resolución 15/08. Artículo 1. Subrayado nuestro. [Documento en PDF] Disponible en: http://www.comprasdominicana.gov.do/documents/10180/13737/Resolucion1508.pdf

Lunes, 16 Abril 2018 17:02

Carta Congreso-Ley de partidos

16 de abril, 2018

 

Licenciado

Rubén Maldonado

Presidente Cámara de Diputados

Palacio del Congreso Nacional

Centro de los Héroes

Ciudad.

 

Honorable Señor Presidente:

 

La Constitución Dominicana proclamada el 26 de enero del 2010 recoge en su artículo 216 el reconocimiento de la trascendencia de los partidos y agrupaciones políticas en nuestro sistema democrático como expresión, canal y contenido de las aspiraciones de libertad, paz y progreso de la ciudadanía y su permanencia en el tiempo. Por ello representan y encarnan la voluntad popular en los órganos e instituciones estatales por la vía de la elección popular.

 

La Constitución les asigna, acorde con lo anterior, la trascendental misión de garantizar la participación de la ciudadanía en los procesos políticos que dan fundamento a nuestra democracia. Constituyen, por lo tanto, instituciones que debemos preservar y pulir porque a través de ellas se canalizan los más altos ideales y aspiraciones de la Nación.

 

Estas consideraciones adquieren mayor importancia al observar con gran preocupación el tono, carácter y ritmo que ha ido adoptando el proceso de adopción de una moderna Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas, la que lamentablemente se ha estancado en el Congreso Nacional desde hace más de tres lustros.

 

El más reciente episodio en esta larga cadena de desaciertos es la forma en que el Senado de la República, el pasado miércoles 11 de abril,  aprobó en primera lectura la Ley de Partidos sobre un texto que está suscitando graves discrepancias y desencuentros entre los legisladores, partidos y sectores sociales involucrados. Que existan dichas discrepancias y eventuales conflictos políticos es natural en un marco democrático, pero nos preocupa seriamente que leyes que tienen un efecto tan extendido en todas las áreas de la vida nacional por su carácter orgánico, se estén adoptando sin que los sectores más representativos de la sociedad puedan intervenir en su conocimiento y respaldo.

 

En los últimos 40 años, una constante de la democracia dominicana ha sido que los procesos políticos y sociales que han logrado dar frutos y generar nuevas y mejores expectativas son aquellas que han estado fundadas en una alta legitimidad, no solo política, sino principalmente social. Cada vez que un sector ha actuado de manera precipitada, al margen del consenso social y político y sin los márgenes adecuados de legitimidad social, ha sobrevenido el fracaso de políticas y programas que en principio parecían atractivas.

 

En el caso de la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas es indispensable y perentorio que el Congreso de la República haga un alto en la trayectoria que está tomando la discusión de esta importante Ley y llame a todos los sectores representativos a una discusión que siente las bases para que ese consenso se cimente y fructifique.

 

Llegamos a Ud., Señor Presidente, para ponernos a la disposición de la Honorable Cámara de Diputados y le manifestamos nuestra intención de colaborar a hacer posible cuantas iniciativas sean necesarias para que, sentados alrededor de una amplia Mesa del Diálogo, los actores sociales y políticos interesados contribuyan a levantar ese Consenso que el país necesita urgentemente sobre la Ley de Partidos Políticos.

 

FINJUS, junto a múltiples actores sociales, ha estado plenamente identificada con el mandato de la Constitución (art. 216.3), que pide a los Partidos que sirvan al interés nacional, al bienestar colectivo y al desarrollo integral de la sociedad dominicana, y espera que la discusión de su Ley sea reconducida en la dirección que proponemos, de forma que nuestro sistema democrático salga fortalecido de este debate y con la mirada serena hacia el porvenir.

 

Aprovechamos la ocasión para manifestarle nuestra alta consideración y saludos.

 

Muy atentamente,

 

 

Dr. Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS.

 

La Fundación Institucionalidad y Justicia, INC (FINJUS) considera pertinente que sea ponderado el proyecto de Ley promovido por el Senado de la República relativo a la Regulación de los Servicios Telefónicos y consensuado con el empresariado que conforma el sector de las telecomunicaciones, dadas las implicaciones que se derivan de este marco regulatorio específico.

 

Desde FINJUS consideramos loable todas las medidas regulatorias, políticas y esfuerzos que se orientan a la protección del usuario en regímenes jurídicos sectoriales, tal es el caso de las telecomunicaciones; sin embargo, es importante que, con relación a la iniciativa legislativa de que se trata, la cual presenta un marcado enfoque de favorabilidad al consumidor y/o usuario, se reflexione sobre los principios de seguridad jurídica, razonabilidad y libre mercado que resultan imprescindibles para ofertar el servicio por parte de las prestadoras del sector.

 

En ese sentido, conviene revisar que las medidas insertas en el referido proyecto se sustenten en mecanismos equilibrados del mercado que justifiquen una nueva intervención regulatoria en ámbitos que han sido ya reglados por la entidad rectora del sector, esto es INDOTEL. Este proyecto de ley amerita una revisión y discusión de la mano con representantes del sector de modo que se evite una afectación desmedida al mercado de las telecomunicaciones que pudiese derivar, incluso, en un desincentivo a la inversión y expansión del mercado.

 

En aras de aportar a la reflexión jurídica y al consenso que ha de llevarse a cabo con relación a esta iniciativa legislativa, manifestamos ciertas preocupaciones sobre la razonabilidad de estas medidas que trastocarían significativamente el estado actual  del mercado de las telefónicas.

 

Respecto del traspaso de minutos no consumidos (Rollover), es importante, aclarar que hay una razón que justifica la existencia de límites en los plazos de caducidad o expiración de los minutos pagados y no consumidos, pues se debe tener en cuenta que, al adquirir el servicio prepago se está pagando anticipadamente por un servicio y uso de la infraestructura, que los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones ponen a disposición inmediata y por un determinado período de tiempo, y por la cual están incurriendo en costos operativos.

 

Extender a 6 meses el período de vigencia de los minutos además de no corresponderse al principio de razonabilidad que procura actualmente el plazo de tres meses para usar los saldos no consumidos, que además, fue consensuado con el sector y el ente regulador. En ese mismo orden de ideas, la regulación  que entraría en vigencia en mayo del presente año, eliminará la posibilidad de diseñar promociones y ofertas especiales con una vigencia específica. Esta limitación a la oferta comercial en el segmento generará una homogeneización del producto de las diferentes empresas, restándole al mercado diversidad y opciones suficientes para cubrir los distintos perfiles de consumo, lo que evidentemente perjudica a mediano plazo la competitividad en el mercado.

 

Las empresas prestadoras del servicio realizar una gran inversión para entrar a competir en un mercado altamente concentrado y donde se continua imponiendo numerosas cargas regulatorias que inclusive pueden poner en peligro el ejercicio de la libertad de empresa, generando importantes efectos negativos en cuanto a su sostenibilidad, situación que puede ir en contravía a la relevancia que se pretende otorgar desde el Estado al fomento de la competencia.

 

Por otro lado, frente a la eventual eliminación del cargo por reconexión del servicio telefónico por falta de pago es importante tomar a consideración una serie factores que afectan de manera unilateral a las empresas de telecomunicaciones.

 

En ese tenor, las regulaciones vigentes reconocen el derecho a cobrar cargos vinculados a la reconexión del servicio, particularmente en casos en que el servicio ha sido suspendido por el incumplimiento de las obligaciones de pago por el usuario.  La Ley General de Telecomunicaciones, No. 153-98,  en su artículo 77, literal “c” establece como uno de los objetivos defender y hacer efectivos los derechos […], de los prestadores de dichos servicios, a través de los reglamentos pertinentes para hacer cumplir las obligaciones correspondientes a las partes y, en su caso, sancionando a quienes no las cumplan, de conformidad con las disposiciones contenidas en dicha ley y sus reglamentos. La falta de pago por parte del cliente o usuario da derecho al operador o proveedor, previo aviso al deudor, a proceder a la suspensión del servicio, hasta tanto se realice el pago.

 

A estos efectos, para el restablecimiento o reconexión del servicio las empresas prestadoras incurren en costos operativos, técnicos y administrativos cuando se ven abocada a efectuar la reconexión o la reinstalación del servicio como consecuencia del corte, en razón de la falta de pago de las facturas por parte del usuario. La falta de cumplimiento por parte del consumidor genera costos adicionales reales a la empresa, por todo los trámites que debe diligenciar para realizar la reconexión o reinstalación del servicio, la transferencia del cargo al usuario que ha incumplido su obligación permite garantizar el retorno de la inversión que realizo la empresa en cuanto a las reconexiones telefónicas,  lo anterior, implica que este costo sea asumido por el usuario que incumplió la obligación[1]contractual. 

 

Es importante destacar que ante el incumplimiento de una de las obligaciones principales del usuario, como lo es pagar los balances vencidos, las empresas prestadoras del servicio continúan brindado de manera parcial el servicio al usuario, permitiendo así, la posibilidad de recepción de llamadas a su número telefónico.

 

Esta iniciativa de regulación de los servicios telefónicos requieren de una revisión extensiva pues la misma obvia las normas y disposiciones a las cuales se encuentran sujetos los operadores. En este mismo sentido, la agenda regulatoria debe contener políticas que tomen en cuenta la situación y necesidades del sector en el que se armonice el bienestar del usuario, la sostenibilidad de la industria y se fomente la inversión sectorial.

 

Dada las implicaciones que estas nuevas regulaciones pudieran generar para el sector entendemos necesario, crear espacios adicionales de participación, a efectos de discutir aspectos de carácter técnico, operativo y comercial asociados a la materia  de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, para discutir diferentes aspectos en relación con la presente iniciativa regulatoria.

 

Lo anterior, permitirá una regulación técnicamente adecuada, políticamente consensuada de acuerdo a su relevancia para el sector de telecomunicaciones. Es necesario que se antepongan iniciativas que velen por la competencia y la nivelación del campo de juego de los agentes, antes que normas con impacto limitado.

 

 

Dr. Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS.

10 de abril de 2018

 

[1] Ley General de Telecomunicaciones No. 153-98 y sus reglamentos.

 

FINJUS considera sería un grave atentado a la democracia si se declara la inconstitucionalidad de la Ley No. 169-14

 

Varios medios de comunicación han recogido en sus páginas en los últimos días una información que da cuenta que el Tribunal Constitucional se apresta a aprobar un recurso de inconstitucionalidad de la Ley No. 169-14, que establece un régimen especial para personas nacidas en el territorio nacional inscritas irregularmente en el Registro Civil dominicano y sobre naturalización.

 

Para quienes estamos identificados con la tarea de consolidar nuestro régimen democrático, garantizar los derechos fundamentales de las personas y fortalecer los mecanismos para que la institucionalidad democrática descanse sobre normas, procedimientos y principios compartidos, resulta extremadamente preocupante escuchar que se están dando pasos en la dirección opuesta de la historia.

 

Es altamente conocido que la Ley 169-14 fue adoptada en el Congreso Nacional en medio de una aguda coyuntura nacional tras la sentencia 168/13, que colocó la discusión sobre esta problemática en un escenario confuso e incapaz de producir la comprensión de su naturaleza y de sus vías de solución.

 

La Ley 169-14 fue adoptada como resultado de un amplio consenso político y social, procurando paliar la aguda polarización provocada en la sociedad dominicana sobre la naturalización de inmigrantes y su estatuto legal. Era tal la exacerbación de los ánimos que desde el momento de su promulgación, algunos sectores levantaron el argumento de su inconstitucionalidad.  Sin embargo, nadie osó desafiar el consenso político y social en que se ha sustentado.

 

Pese a todos los inconvenientes, obstáculos, desafíos y desafecciones que giran alrededor de esta Ley, la misma ha comenzado a dar frutos en la dirección esperada. La muestra más reciente de ello es que en la semana pasada nuestro país salió de la “lista negra” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esto es, del Capítulo IV.B del Informe de este órgano sobre negación de nacionalidad y de derechos políticos. Se valoró el cambio del tono y la actitud que han adoptado el Estado y diversas instituciones en el país en torno al tema, lo que se traduce en un paso de avance sobre el cual no podemos retroceder.    

 

A raíz de la socialización de la Ley No. 169-14 y de las notorias medidas que se han venido tomando respecto al tema, nuestro país ha instalado una Mesa de Diálogo con las autoridades dominicanas y los grupos que se vieron afectados en el pasado por la Sentencia 168/13. Gracias a esto, la CIDH decidió resaltar esta voluntad política y colocar al país en una categoría en materia de derechos que fortalece sobremanera la institucionalidad y la seguridad jurídica.

 

En este sentido nos sorprende que luego de conocerse esta importante decisión, se esté ventilando en la opinión pública que en breve el Tribunal Constitucional declarará inconstitucional la Ley 169-14, lo que a nuestro juicio pone en entredicho su carácter de órgano político creado por la Constitución para proteger  los derechos fundamentales, la democracia y fortalecer la institucionalidad.

 

Desde FINJUS valoramos que una sentencia del TC de esa naturaleza supondría un daño irreparable al consenso social y político que se ha fraguado para garantizar una solución adecuada a un problema histórico que se ha agravado década tras década como consecuencia de las debilidades y deficiencias de nuestras instituciones.

 

Una sentencia como la que se anuncia representaría un golpe a nuestra gobernabilidad y la estabilidad democrática, ya que pretendería erigir al TC como el centro de las decisiones políticas e institucionales y no como el árbitro y garante en nuestra democracia, al margen de las decisiones adoptadas de manera legítima por poderes públicos y en el marco de una estricta legalidad.

 

Entendemos que al calor de la polarización lamentablemente creada y haciéndose eco de un falso sentido de inminente peligro social y político de nuestro orden constitucional, algunos miembros del TC se apresten a recorrer una senda que de antemano advertimos está plagada de graves riesgos para la institucionalidad democrática.  Adoptar una decisión como la que se anuncia abriría las puertas para que el Congreso Nacional ponga en ejercicio sus funciones de control político  de los actos de las instituciones, lo que abre incluso la posibilidad de un juicio político a sus miembros. Este sería el peor de los escenarios que necesita nuestro país.

 

Exhortamos a la ciudadanía y sus organizaciones representativas a dar estricto seguimiento a esta lúgubre perspectiva que se abre en el panorama institucional de la República Dominicana.

 

 

Dr. Servio Tulio Castaños G.

2 de abril del 2018.

En ocasión de la discusión de relevante interés público que ha suscitado el reciente aumento salarial de la Cámara de Cuentas a sus funcionarios y personal en general, la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS) entiende necesario realizar algunas puntualizaciones en atención a esta actuación administrativa de cara al marco normativo que rige la materia y las disposiciones contenidas en nuestra Constitución.

 

En su calidad de órgano constitucional, la Cámara de Cuentas de la República Dominicana requiere de autonomía administrativa, operativa y presupuestaria a fin de ejecutar su objeto en cuanto a institución técnica encargada de examinar y auditar las cuentas generales y particulares de la estructura gubernamental. En esto se fundamenta la interpretación que realiza el Tribunal Constitucional sobre estos órganos, pues apunta que dada su naturaleza las legislaciones correspondientes a la estructura de la administración pública “se aplicarán (…) siempre  que  resulten  compatibles  con  su normativa específica, y no desvirtúen las funciones que la Constitución les otorga y garanticen el principio de separación de poderes”.

 

El amplio catálogo de facultades derivado de esta autonomía funcional de la que goza la Cámara de Cuentas encuentra límites expresos en la propia Constitución, pues en su artículo 140 establece que ninguna institución pública o entidad autónoma que maneje fondos públicos establecerá normas o disposiciones tendentes a incrementar la remuneración o beneficios a sus incumbentes o directivos, sino para un período posterior al que fueron electos o designados.”

 

La prohibición contenida en el referido artículo responde a los principios que derivan del derecho a la buena administración, pues se orienta a que los altos mandos no regulen los aumentos salariales de manera que les favorezca en el transcurso de su período de función y así se desincentive a los funcionarios públicos de realizar aumentos salariales en provecho propio. 

 

Amparándose en ello pudiese alegarse que se ha actuado conforme al ordenamiento jurídico pues fue el pleno anterior y no el actual que aprobó, mediante resolución número ADM-2013-012 de fecha 5 de noviembre del 2013, el reajuste salarial aplicado. Sin embargo la discusión sobre este asunto no puede relegarse a un test de legalidad de carácter simplista, sino que requiere una evaluación a la luz del principio de razonabilidad a los fines de verificar la legitimidad de la medida.

 

Es imprescindible tener en consideración que toda resolución debe estar ajustada a los principios de la administración pública. Los órganos constitucionales, como lo es la Cámara de Cuentas, no escapan a esta sujeción, pues aunque no se deben jerárquicamente al órgano rector de la administración pública, sí deben ser coherentes y contestes a los parámetros que rigen a la actuación administrativa.

 

Uno de los presupuestos básicos de la cláusula constitucional con relación a las decisiones administrativas que toman las entidades gubernamentales es que las mismas han de estar sujetas a los controles y principios de la administración pública establecidos en el ordenamiento jurídico; dentro de ellos resaltamos la razonabilidad jurídica y la racionalidad económica, los cuales se erigen como criterios necesarios a la hora de ejecutar una resolución de esta índole.

En este sentido, cabe apuntar que estos principios de razonabilidad, eficacia, proporcionalidad, economía, transparencia y buena administración exigen a los miembros de la Cámara de Cuentas que sus decisiones deben estar adoptadas de forma congruente con los fines de interés público que justifican la actuación administrativa, tomando en consideración todas aquellas circunstancias que conforman la realidad fáctica y jurídica subyacente.

 

Entendemos que esta medida se percibe como incoherente y desproporcionada de cara a la situación que atraviesa la Cámara de Cuentas, de acuerdo a lo que informan los miembros de ese órgano, caracterizada por ellos como de falta de liquidez para realizar acciones concretas inherentes a sus funciones, como son las auditorías a las instituciones gubernamentales.  

 

En este sentido, consideramos que  el organismo encargado de ejercer el control de la fiscalización de los bienes económicos del Estado no puede enviar en estos momentos un mensaje que contradice el espíritu de economicidad y razonabilidad para el buen uso de los recursos públicos. Además de ello, en los últimos años el porcentaje de los ingresos que el sector público debe destinar al pago de salarios de alto nivel se encuentra en ascenso sin que los resultados en materia de eficiencia, en ciertas instituciones estatales, sean satisfactorios. 

 

En otro orden es impostergable que desde el Poder Ejecutivo se emitan los reglamentos que harán efectiva la aplicabilidad de la Ley No. 105-13, la cual normativa, además de indicar topes de salario para funcionarios específicos como el caso del Presidente de la Cámara de Cuentas, establece en su artículo 13 la atribución de los poderes y órganos constitucionales del Estado de fijar sus escalas salariales guiándose de un reglamento salarial que debe dictar el Poder Ejecutivo.

 

En suma, esta decisión de aumento salarial ha generado múltiples cuestionamientos dado que se adopta en un momento en que, desde el Estado, se insta a los funcionarios de los distintos estamentos a ser comedidos, razonables y coherentes con la situación de estrechez económica y presupuestaria que prevalece en la actualidad. Asimismo se advierte que la misma no estuvo acompañada de ningún tipo de evaluación de rendimiento, eficiencia y efectividad del accionar de la Cámara de Cuentas.

 

Desde FINJUS entendemos que a la luz del ordenamiento legal vigente, la actuación de la Cámara de Cuentas se suma a una serie de decisiones adoptadas por los órganos públicos, que lamentablemente se han caracterizado por ser inoportunas, desconsideradas, descoordinadas, incoherentes y cuestionables, que refuerzan las percepciones sociales que alimentan la falta de credibilidad en las promesas estatales de practicar la austeridad, cultivar la eficiencia y mejorar la comunicación hacia la sociedad.

 

Servio Tulio Castaños Guzmán

22 de marzo de 2018

 

La Fundación Institucionalidad y Justicia, INC (FINJUS) considera pertinente ponderar en detalle la propuesta realizada por el Tribunal Superior Electoral con relación a la división en salas de las Juntas Electorales, la cual se orienta a la separación de las funciones administrativas de las que atañen a lo contencioso. Se trata de una iniciativa de implementación necesaria a los fines de contribuir a la institucionalidad de este órgano en el cumplimiento de las atribuciones que a su cargo ponen las leyes vigentes.

 

La especialización de cualquier órgano en general, en este caso de lo contencioso electoral, es un medio fundamental para garantizar en prima fase una justicia electoral oportuna con la adecuada escogencia de los criterios y principios que han de orientar la labor hermenéutica de las decisiones contenciosas. Esto se traduce en el escenario perfecto para armonizar, asegurar y potencializar los postulados democráticos contenidos en nuestra Constitución.

 

Desde FINJUS entendemos como loable la referida propuesta pues la división de las Juntas Electorales Municipales, en salas especializadas en sus respectivas competencias, crearía las condiciones propicias para la descentralización de la materia contenciosa electoral de estos órganos. Realizar dicha separación reviste gran importancia tanto en el aspecto funcional como práctico; así también, con ello se daría cumplimiento al objeto ulterior del mandato constitucional[1] y fomentaría una deseable coherencia decisoria en este campo.

 

La descentralización de las funciones de las Juntas Electorales es un imperativo para dar paso a una administración de justicia electoral más sencilla y expedita, por las características particulares de la materia contenciosa electoral en que la pronta resolución de los conflictos posterior condiciona la declaratoria de la elección respectiva que, de no darse oportunamente, provoca que cualquier reclamo o conflicto dotado de electoralidad afecte el procesos mismo y quebrante derechos políticos fundamentales.

 

Cabe resaltar que no se trata únicamente de garantizar criterios de especialización y separación de funciones en la materia, sino que la centralización de las funciones de las Juntas Municipales ha devenido en la saturación de esta entidad, provocando congestionamientos e interferencias respecto de las decisiones expeditas que deben ser emitidas en los procesos de conflictividad post-electorales. Es importante destacar que el papel de la justicia electoral frente a desenlaces electorales conflictivos, está sujeta a plazos que deben ser estrictamente respectados, y hace que cada una de las etapas electorales deba precluir en el momento oportuno”[2], para garantizar los principios de la celeridad, transparencia y eficiencia.

 

Entendemos factible la propuesta del Tribunal Superior Electoral a los fines de dotar de una verdadera separación de funciones a estos órganos, y así garantizar el principio de imparcialidad objetiva, con la finalidad de salvaguardar y dar

plena vigencia al Estado de derecho. Otro aspecto a considerar es que estamos en la antesala de un proceso de comicios electorales que se vislumbra complejo al contemplar de forma consecutiva los torneos electorales municipales, congresuales y presidenciales, lo cual sin lugar a dudas acrecentará el volumen de trabajo de las Juntas en cuanto a sus respectivas calidades de encargada de los procesos electorales, en razón de la jurisdicción que le corresponda, y de las funciones de tribunales electorales de primera instancia que asumen en ocasión del proceso postelectoral.

 

Por tales razones desde FINJUS consideramos acertada la propuesta preparada por el TSE entendiendo que de viabilizarse, teniéndose en cuenta un análisis pormenorizado de los recursos necesarios, resultaría altamente positivo y saludable para cumplir y garantizar el objetivo de la configuración constitucional en cuanto a las funciones descentralizadas en el ámbito de sus respectivas competencias de las Juntas Electorales.

 

 

 

Dr. Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente  Ejecutivo FINJUS

20 de marzo 2018.

 

[1] Ver articulo 213 Constitución Dominicana.

[2] Sentencia N.o 1978-E-2004, del 5 de agosto 2014, Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica.

El presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, recibió este jueves un conjunto de propuestas de leyes que deben ser aprobadas para la adecuación y vigencia plena de la Constitución del 2010, iniciativas que fueron elaboradas por una comisión de juristas encabezada por el ex vicepresidente de la República, Rafael Alburquerque.

Uno de los proyectos, denominado “de jurisdicción contencioso-administrativa”, procura desarrollar el mandato de los artículos 138  y 139 de la Constitución, referidos al control de los actos administrativos por los tribunales y el procedimiento para que la ciudadanía acceda a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo.

Conjuntamente con las leyes 247-12, Orgánica de la Administración Pública, y 107-13, sobre Derechos y Deberes de las Personas en su relación con la Administración Pública, este proyecto de ley completaría el ciclo  de reformas diseñado por la Constitución del 2010 sobre la estructura del Estado y las relaciones de los ciudadanos con la Administración Pública.

Asimismo, esta propuesta de legislación busca crear una jurisdicción nacional de lo contencioso-administrativo con doble grado de jurisdicción, como establecen los artículos 164 y 165 de la Constitución.  De igual manera, permitiría  destrabar el Tribunal Superior Administrativo (TSA) a través de la creación a nivel nacional de tribunales especializados sobre la materia.

Otro de los proyectos elaborado por la comisión es el de Ley de Derecho de Petición, el cual busca desarrollar del mandato del artículo 22.4 de la Constitución, referido a la prerrogativa constitucional de los ciudadanos de formular peticiones públicas a los poderes estatales para solicitar medidas de interés público. En este renglón también está el Derecho de Petición, junto a los derechos políticos de elegir y ser elegido, un derecho de ciudadanía incorporado por la reforma constitucional del año 2010 a la carta sustantiva de la Nación.

Esta propuesta de nueva ley busca crear  el procedimiento para que los ciudadanos formulen peticiones a las autoridades administrativas, así como las sanciones ante la inobservancia de dicho trámite. Junto a la Ley de Acceso a la Información Pública (Ley 200-04), la referida  iniciativa procura fortalecer la posición de los administrados ante el Estado.

Como parte del paquete, la comisión de juristas también entregó una propuesta de Ley General de Publicidad, la cual busca desarrollar el mandato de los artículos 49, 52 y 53 de la Constitución. El objetivo de esta propuesta es crear un marco general regulador sobre el mercado publicitario del sector privado, regulando la publicidad como acto creativo, los contratos publicitarios, la relaciones entre anunciantes, medios de comunicación y público receptor.

En adición, la propuesta busca consolidar los derechos de los consumidores y los usuarios frente al mensaje publicitario y crear una serie de incentivos fiscales para aquellas empresas que desarrollen campañas publicitarias de protección al medio ambiente y la prevención de accidentes.

igual manera, esta iniciativa de legislación aspira a regular la participación de los denominados “influenciadores” en las redes sociales, de manera que establece el principio de transparencia en su relación comercial con los bienes o productos que promueven frente a los consumidores y usuarios.

Tras recibir el conjunto de propuestas de leyes, Maldonado destacó la labor de la comisión y la trascendencia del trabajo realizado. “Estos son proyectos de mucha importancia para la nación dominicana, pues permitirán poner en vigencia un número importante de disposiciones de la reforma constitucional del 2010”, indicó el presidente de la Cámara de Diputados.

De su lado, Alburquerque agradeció la confianza que la Cámara de Diputados depositó en él y los otros juristas que conforman la comisión, e informó que el equipo  seguirá trabajando con miras a seguir fortaleciendo las diferentes iniciativas que surjan del Congreso Nacional en relación con las leyes que se necesitan para la vigencia plena de la Constitución del 2010.

Además de Alburquerque, quien la coordina, la comisión la integran los juristas Namphy Rodríguez, Manuel Fermín, Edyson Alarcón; Servio Tulio Castaños, Ramón Núñez y Ana Carolina Blanco Haché.

 

Fuente: Nuevo Diario

 

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