Kenia Franco

Kenia Franco

Me complace extender a todos los presentes una grata bienvenida en nombre de la Coalición Acción por la Justicia y la Seguridad a este interesante encuentro en el cual converge el interés de diversas instituciones que se han comprometido con el desarrollo del sistema y el de la ciudadanía en general, teniendo como enfoque propiciar un escenario de evaluación en materia de avances y retos del sistema de justicia y de los órganos que lo componen.

 

Sin dudas el fortalecimiento institucional del Sistema de Justicia se ha convertido en una de las máximas prioridades en la agenda de la sociedad dominicana, dadas las serias debilidades de las cuales hemos sido testigos que agravan la desconfianza ciudadana. De lo anterior, se desprende la necesidad de hacer un ejercicio constructivo que permita pasar balance a nuestro Sistema de Justicia tomando en consideración el discurrir de este año 2017, a partir de ahí estaremos prestos a observar y analizar con mayor objetividad cuál es la situación real de nuestros órganos de justicia y los retos que tienen pendientes enfrentar de cara al 2018.

 

El entramado que conforma la justicia dominicana aparece aún con muchas zonas que ameritan mejoramiento y renovación, pues es notorio que no se han alcanzado los niveles de eficiencia, transparencia y previsibilidad necesarios para garantizar la seguridad jurídica imprescindible para el desarrollo económico y social nacional. Asimismo se manifiesta un resquebrajamiento de la legitimidad del sistema de justicia por los bajos niveles de credibilidad y confianza ciudadana en sus órganos.

 

Las debilidades institucionales que enfrentamos no parecen corresponderse con los avances derivados de importantes procesos de reformas sucedidos a partir de la última década del pasado siglo XX orientados a reformular los marcos legales de acuerdo a las nuevas tendencias democratizadoras en auge en toda la región de Latinoamérica.

 

Ciertamente para nadie es un secreto que los órganos del Sistema de Justicia pasan por un período de crisis en la República Dominicana. Esto se manifiesta en una multiplicidad de recientes estudios internacionales y nacionales, como a los que se referirán los expertos que hoy nos acompañan destacando la magnitud del problema.

 

Al mirar los datos del mapa de soborno de Latinobarómetro 2017 resalta que nos situamos, junto a Venezuela y Paraguay, como los países que tienen más alta percepción de soborno. Y es que la mitad o más de la población perciben que en un 56% se puede sobornar a un policía, en un 46% a un juez o un funcionario del ministerio público.[1] Sin lugar a dudas esto socava los fundamentos de la convivencia democrática del Estado, con lo que se vuelve muy difícil sumar esfuerzos y concertar voluntades para lograr los objetivos de desarrollo.

 

En ese mismo orden, los datos del Barómetro de las Américas 2017 revelan que en el campo de la delincuencia, corrupción, y la confianza en el sistema de justica, República Dominicana no registra progresos, por lo que se concluye que si la ciudadanía no confía en el sistema de justicia ni en órganos que inciden como la policía esto se convierte en un indicador de déficit democrático y augura poca efectividad de estas instituciones en sus tareas fundamentales de gestionar el orden social.

 

Por otro lado, estudios realizados a lo interno de la Fundación Institucionalidad y Justicia, INC (FINJUS) en el presente año, los cuales serán socializados en breve plazo, reflejan un atraso considerable en materia de fortalecimiento de las capacidades institucionales del sistema de justicia. A modo de ilustración, la partida presupuestaria del Poder Judicial promedia menos del 1% con relación al presupuesto nacional lo que no alcanza siquiera la mitad del 2.66% asignado en la normativa correspondiente. 

 

De igual manera, con relación al Poder Judicial, las incidencias del presente año 2017 mostraron otras limitaciones y debilidades existentes como: decisiones reglamentarias[2] que aún no han logrado ponerse a tono con las expectativas que se derivan de las profundas innovaciones jurídicas de la Constitución del 2010; casos paradigmáticos de corrupción que han arropado al Poder Judicial dejando una percepción de una aplicación discriminada de justicia; y una justicia ejemplificadora aclamada por la sociedad que se encuentra en un compás de espera.

 

En los últimos años, el Poder Judicial ha reflejado otra de sus mayores debilidades que queda pendiente superar la cual consiste en una merma de la independencia interna y externa de este poder frente a poderes políticos y grupos económicos. Es por ello que el mayor reto para este 2018 es contar con jueces con vocación democrática, lo cual implica su independencia e imparcialidad en la toma de decisiones, para respetar la supremacía constitucional y proteger los derechos fundamentales.

 

Otro aspecto que debe ser abordado con precisión es el fortalecimiento de las capacidades institucionales del Ministerio Publico como órgano que mantiene el monopolio de la persecución de la acción pública.

 

Así también, debe reestructurarse el esquema de la policía en cuanto principal órgano auxiliar de la investigación penal dirigida por el Ministerio Público. El subsistema policial constituye una de las piezas angulares del sistema de justicia penal. No se puede pretender que los jueces decidan sin pruebas idóneas, pues la Constitución promete que “nadie podrá ser juzgado –ni castigado– sin haber sido oído o debidamente citado, ni sin observancia de los procedimientos que establezca la ley para asegurar un juicio imparcial y el ejercicio del derecho de defensa.”

 

De ahí, que se precise de una labor coordinada entre el Ministerio Público y los técnicos investigadores policiales de modo que la investigación, cuya etapa inicial es crucial, pueda estar orientada a destruir, más allá de toda duda razonable y con estricto apego a las normas del debido proceso, la presunción de inocencia que nuestro ordenamiento jurídico reconoce a todo imputado.

 

En ese marco, tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público, necesitan evaluar, los mecanismos de disciplina y remoción de jueces, fiscales, funcionarios y empleados de ambos organismos. Fortalecer estos aspectos contribuirá a la institucionalización de estos dos pilares del sistema de justicia en nuestro país  esenciales para el fortalecimiento del Estado de derecho y la institucionalidad democrática.

 

Por último, desde la sociedad exigimos que los Poderes del Estados den respuestas firmes y acertadas a estos desafíos que han quedado pendientes de las iniciadas reformas en los últimos años. Para encararlos, reiteramos ante los honorables magistrados del sistema de Justicia presentes, tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público y frente a la sociedad en general, nuestro compromiso de seguir propiciando escenarios en los cuales se socialicen propuestas jurídicas e institucionales que sean constructivas, factibles y apegadas a nuestro ordenamiento constitucional y legal, en beneficio del fortalecimiento institucional del Estado.

 

 

Dr. Servio Tulio Castaño G.

Fundación Institucionalidad y Justicia Inc. (FINJUS)

6 de diciembre, 2017

 

 

[1] Según el mapa del soborno del Latinobarómetro los países que tienen más alta percepción de soborno son Venezuela, Paraguay y República Dominicana con la mitad o más de la población que dice que se puede sobornar a un policía, un juez o un funcionario de ministerio.

[2] Ver casos de traslados de jueces por parte del Poder Judicial

La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS), en su interés de apoyar todos los procesos que conduzcan a fortalecer la eficiencia e institucionalidad de nuestro país, ha dado seguimiento a las iniciativas del Poder Judicial encaminadas a incrementar el logro de sus metas estratégicas, entre las que se destacan las áreas de la eficiencia y acceso a la justicia, así como la independencia tanto interna como externa de la judicatura. Sin lugar a dudas, estas temáticas están íntimamente vinculadas con el tema que hoy nos convida a esta mesa: los retos del sistema de inspectoría judicial.

 

La Inspectoría Judicial es un ente de supervisión y respaldo a la labor del Consejo del Poder Judicial, cuya relevancia permite que este órgano clave pueda tener conocimiento de las quejas que se realizan sobre los servidores judiciales, en el marco de sus funciones, para propiciar, entre otros, el objetivo de fortalecer el servicio público de justicia brindado a la ciudadanía. Esta labor, que es eminentemente técnica, se reviste en la actualidad de una gran importancia, entendiendo que la sociedad ha expresado por múltiples vías la necesidad de contar con un sistema de justicia independiente, eficiente, transparente y accesible.

 

Por estas razones, desde FINJUS, hemos considerado trascendental invitar a la sociedad a conocer de manera más detallada la labor que realiza la Inspectoría Judicial y específicamente cuáles son los retos que enfrenta para acometer sus tareas.

 

El análisis de esta área debe desembocar en iniciativas y acciones cuya meta final es la de fortalecer al Poder Judicial y dar oportunidades para que la ciudadanía tome conocimiento certero del funcionamiento de los órganos que existen a su interior, de manera que los hombres y mujeres que reciben los servicios judiciales eleven su confianza en la efectividad y profesionalidad del ejercicio de los jueces y demás servidores judiciales.

 

La función jurisdiccional es esencial para el desarrollo del país. Es un hecho reconocido que los últimos estudios de opinión han mostrado un descenso del nivel de los índices de confianza de la ciudadanía en el Poder Judicial, lo que es un fenómeno común en todos los países. En ese camino la existencia de mecanismos como la Inspectoría Judicial se constituyen en herramientas esenciales para reestablecer la comunicación y la comprensión de la sociedad sobre su labor.

 

Esto abre de manera natural una serie de preguntas en la dirección de conocer los retos de la Inspectoría Judicial, para que la visión que se forme la sociedad trascienda la de ser un órgano reducido a la simple tramitación de quejas. En la actualidad confiamos que la labor de este importante órgano, de la mano del Consejo del Poder Judicial, permita consolidar la labor de los magistrados y los servidores judiciales en sentido general.

 

En ese sentido, la FINJUS, en el marco del Programa de Acción de la Sociedad Civil por la Seguridad y la Justicia, auspiciado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, agradece la colaboración de la Inspectoría  Judicial, en la persona del Lic. Leónidas Radhamés Peña Díaz, Inspector General, así como de los distinguidos panelistas que hoy nos acompañan: Jaime Bautista, Consultor de USAID, y los magistrados Justiniano Montero, Director General de Administración y Carrera Judicial; María Garabito Ramírez, Juez Presidente de la Corte Penal de San Cristobal, y Claudio Aníbal Medrano, Juez Presidente de la Corte Penal de San Francisco de Macorís.

 

Asimismo agradecemos la participación de todos los presentes, esperando que este sea un espacio de diálogo para el desarrollo y fortalecimiento de la función jurisdiccional y de los importantes servicios que el Poder Judicial brinda a la sociedad dominicana.

 

Muy buenos días a todas y todos.

 

22 de noviembre del 2017.

Las contiendas electorales en el país suelen ser, de manera lamentable, escenarios muy conflictivos, pues la cultura de nuestro sistema político aún está impregnada de prácticas que resultan incompatibles con los valores de convivencia pacífica que sustentan el pacto constitucional. Algunos de estos conflictos terminan por convertirse en verdaderos delitos y crímenes electorales que pueden socavar la legitimidad de dichos procesos. La falta de consecuencias  que se observa en este sentido contradice la esencia de nuestro ordenamiento jurídico. De ahí que para poder fortalecer nuestro sistema democrático se hace necesario reforzar la ingeniería institucional que rige los sistemas de consecuencias, para que contar con entidades responsables y eficientes en el cumplimiento y ejecución de la ley.

 

En ese contexto, se ha planteado, en numerosas ocasiones, la necesidad de instituir la figura del fiscal electoral. Hay posiciones encontradas respecto al tema, pero su creación debe responder a las exigencias de nuestro régimen constitucional e institucional, pues no es posible acudir libremente a las experiencias comparadas sin verificar previamente las posibilidades de importación a la luz de la configuración de nuestro ordenamiento jurídico constitucional. Es por ello que en la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. entendemos que de conformidad con el artículo 169 de la Constitución resulta de muy difícil acomodo la institución legal de un Fiscal Electoral Independiente.

 

En razón de la anterior, consideramos que la mejor manera de pensar la especialización de la persecución penal de los crímenes y delitos electorales, así como otras atribuciones que resulten propias de la labor de Ministerio Público en la materia, se pueden perfectamente realizar con la creación de una Procuraduría General Especializada al amparo de la Ley Orgánica del Ministerio Público No. 133-11.

 

En su artículo 53, la Ley 133-11 confiere al Consejo Superior del Ministerio Público la potestad de la creación de las denominadas “procuraduría especializadas”, indicando expresamente que “éstas son  órganos complementarios de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y estarán sujetas a la dirección, coordinación y supervisión directa del Director General de Persecución. Serán creadas por el Consejo Superior del Ministerio Público, con alcance nacional o regional, en atención a la complejidad de los casos, la vulnerabilidad de las víctimas, el interés público comprometido o las prioridades institucionales. Estarán a cargo de procuradores generales de Corte de Apelación”.  

 

Tras ponderar el texto del presupuesto normativo anterior, puede decirse básicamente que el Consejo Superior del Ministerio Público, bajo el supuesto de una prioridad institucional en el marco de los comicios, tiene la potestad de crear la figura del fiscal electoral o, mejor dicho, una procuraduría especializada en la persecución de delitos y crímenes electorales.

 

Por otro lado, el artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior Electoral No. 29-11, establece las competencias de este órgano para conocer de los delitos y crímenes electorales[1]. Sin embargo para el conocimiento de estas infracciones se hace necesario de un persecutor que tenga las facultades y el elemento orgánico que haga viables sus funciones, para su efectiva judicialización.

 

Cabe destacar que la Constitución delimitó con cuidado las competencias del órgano persecutor, que no es otro que el Ministerio Publico, para evitar confusiones y duplicidades de esfuerzos. Su establecimiento recae en un poder orgánico constitucional que es el Consejo Superior del Ministerio Público, quien ostenta la facultad de crear una procuraduría especializada para los delitos y crímenes electorales.

 

Además, este órgano sentaría un precedente para la vida democrática de nuestro país, pese a que son de conocimiento público, las infracciones cometidas antes, durante y después de las elecciones, no generan acciones relevantes y decididas que establezca responsabilidades y consecuencias de cara a estos delitos y crímenes.

 

En otro ámbito, sabemos que en el marco de una reforma al régimen electoral, la norma que reforme a la Ley Electoral No. 275-97 no podrá establecer la creación de un fiscal electoral, pero sí puede instituir la obligación del Ministerio Público de crear una Procuraduría Especializada Electoral que ha de ser dotada de las herramientas necesarias para perseguir los delitos y crímenes electorales que le competen  por ley al TSE o cualquier otra labor institucional que afecta al sistema de partidos y al sistema electoral y pueda ser entendida en el marco del rol propio del Ministerio Público.

 

Un elemento adicional que queremos señalar es la necesidad de dejar claramente establecido que el órgano especializado, sea por requerimiento legal expreso, o por una resolución del Consejo Superior del Ministerio Público, que su titular sea investido de una protección institucional equivalente a la que tiene el Director General de Persecución, así como los Procuradores y Fiscales Titulares, de modo que dure en el cargo 4 años y evitar así que pueda ser objeto de interferencias. Asimismo, es necesario dejar claramente establecido que el titular de este ente especializado debe provenir de la carrera del Ministerio Público. 

 

Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo FINJUS

 

17 de noviembre, 2017

 

[1] Artículo 25.- Competencias en las infracciones electorales. El Tribunal Superior Electoral conocerá los delitos y crímenes electorales previstos en la Ley Electoral, en la Ley sobre el Uso de los Emblemas Partidarios, y en cualquier otra legislación en materia electoral o de partidos políticos cuando sean denunciados por la Junta Central Electoral, las juntas electorales o el Ministerio Público conforme al Reglamento de Procedimientos Contenciosos Electorales

Por quinta ocasión consecutiva, la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) aúna esfuerzos con la prestigiosa New York University (NYU), en la figura de su Centro para Litigio, Arbitraje y Derecho Comercial Transnacional, para organizar “Arbitration Santo Domingo 2017”.

 

Este importante evento está siendo coordinado por el Prof. Franco Ferrari de la New York University, quien funge como coordinador académico general, y la Lic. Fabiola Medina Garnes, socia fundadora de Medina Garrigó Abogados, quien funge como coordinadora académica local.

 

Este ano el tema de Arbitration Santo Domingo 2017 es el arbitraje comercial internacional y de inversión. En este evento de día y medio, expertos y profesionales internacionales y nacionales abordarán los principales temas y tendencias en el Arbitraje Comercial y de Inversión. El formato de este año consiste en ocho conferencias principales, impartidas por oradores internacionales, seguidas de los comentarios de los expertos en arbitraje más renombrados de la República Dominicana y América Latina, quienes tendrán la importante tarea de contextualizar las experiencias internacionales al nivel local.

 

Los conferencistas principales de este año son: Andrea Bjorklund, McGill University; Pedro Martinez-Fraga, Bryan Cave LLP; Brian King, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Francesca Ragno, Universita di Verona; Friedrich Rosenfeld, Hanefeld Rechtsanwälte; Diego P. Fernández Arroyo, Science Po; Mary Fernández, Headrick Rizik Álvarez y Fernandez; y Franco Ferrari, New York University. Entre los comentaristas internacionales se encuentran Diego Gosis, GST LLP; Lorena Perez-McGill, Georgetown University; y Rafael Rincón, Zuleta Abogados Asociados.

 

Arbitration Santo Domingo 2016 se celebra del 13-14 de noviembre del año en curso, en el Hotel J.W. Marriot Santo Domingo, República Dominicana. Cuenta con la participación de más de 120 abogados de todo el territorio nacional.

 

Santo Domingo

13 de noviembre, 2017

La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS), considera importante puntualizar ciertos aspectos en el marco de la actual ponderación congresual y ciudadana de la figura del voto preferencial, a fin de nutrir las propuestas legislativas que descansan en la comisión bicameral para así concretizar una necesaria reforma del régimen electoral dominicano de conformidad a los principios constitucionales de nuestro sistema democrático.

 

En diversas ocasiones hemos expresado que el voto preferencial es un mecanismo orientado a garantizar una mayor pluralidad en la configuración de la representación de las opciones electorales y que al mismo tiempo contribuye a destrabar el control que tradicionalmente han ejercido las direcciones de los partidos políticos sobre los procesos de elaboración de las listas de postulantes, para evitar o limitar la discrecionalidad de esas cúpulas que han servido, en muchas ocasiones, para articular acuerdos que socavan la democracia interna en sus agrupaciones y limitan la elección popular. 

 

Consideramos que la discusión sobre este tema debe centrarse en la necesidad de seguir institucionalizando la política partidaria y al propio sistema de partidos. A pesar de las debilidades que presentan, los partidos políticos deben erigirse como los garantes del orden democrático.

 

Si bien es cierto que se han presentado serias dificultades estructurales generadas en el marco de la aplicación del voto preferencial a nivel congresual, antes de plantear la discusión sobre su aplicabilidad o no a nivel municipal para los próximos comicios en el año 2020, se debe reforzar el fortalecimiento de la democracia interna de los partidos; cuestión esta que, en el contexto actual, es imprescindible para garantizar la eficacia de un verdadero voto preferencial.

 

A pesar de lo anterior, consideramos que hay puntos muy delicados sobre los cuales debemos profundizar en todo lo que circunda al voto preferencial. Esta figura, sin las debidas correcciones a la Ley No. 157-13, en el marco de su aplicación práctica, genera islas de poder en el Congreso y más aún dado el régimen jurídico electoral plagado de lagunas que nos rige; por lo que conviene entonces reformular este mecanismo con disposiciones claras que subsanen las debilidades que se reflejan en la práctica.

 

 

 

Somos de opinión que las desavenencias vistas en la experiencia electoral pasada en torno al voto preferencial no se deben a la existencia y/o esencia per se de este método de votación sino más bien a las deficiencias de la normativa que lo configura y las prácticas tradicionales que reflejan la profunda debilidad institucional del sistema de partidos de nuestro país; una de ellas es la confusión en la ley especial del voto preferencial con elementos como el arrastre, el cual resulta contraproducente de cara al fin ulterior de esta figura al distorsionar la intención del votante limitando a un partido determinado su voluntad de elección.

 

La sociedad dominicana debe plantearse seriamente la eliminación del arrastre entre diputados y senadores, puesto que desvirtúa la aplicación práctica y la esencia del voto preferencial. La utilización conjunta de estas dos figuras -el voto preferencial junto al método de arrastre- implica una eliminación de la elección por preferencia que es lo que, precisamente, viene a garantizar el voto preferencial.

 

Por otro lado debe cuestionarse el uso del método D’Hondt para cuantificar los escaños que corresponden a las diferentes agrupaciones políticas, ya que este se ajusta y responde más al mecanismo de listas; esto así dado que este sistema de conteo termina por impedir que el candidato más votado sea el electo, al darse la posibilidad de que el partido que lo postuló podría no alcanzar los votos suficientes para obtener alguna representación, como ocurre en la actualidad.   

 

Esto refleja una evidente desnaturalización de lo que implica conceptualmente el voto preferencial. En ese sentido, la legislación actual se ha convertido en un mecanismo operativo que ha favorecido aún más a las estructuras partidarias y en la práctica ha debilitado la intención del voto directo de la ciudadanía.

 

En suma, para la correcta aplicación del voto preferencial, que evite que las cúpulas de los partidos, el personalismo y el financiamiento ilegal de las candidaturas sean quienes determinen los procesos electivos al interior de los partidos, debe considerarse una estructura coherente que sea establecida en la ley de partidos políticos y la normativa del régimen electoral, contemplándose en ésta última la eliminación del denominado “arrastre” y de cualquier método que no exprese simbólicamente la representación directa de la soberanía popular[1].

 

A pesar de lo anterior, desde FINJUS consideramos que otros temas del régimen electoral no pueden ser apartados de la agenda pública, como lo es el fortalecimiento institucional del órgano encargado de dirigir las elecciones (Junta Central Electoral); el control de la publicidad de las candidaturas; los requisitos de elección; los sistemas de control de la democracia interna de los partidos; y la ampliación de los delitos y crímenes electorales.

 

Consideramos que el objetivo supremo de la necesaria reforma del régimen electoral dominicano por parte del Estado dominicano debe ser el restablecimiento de la confianza ciudadana en el sistema electoral. De igual manera, creemos necesario superar las limitaciones históricas que han establecido una cultura política divorciada de las estructuras democráticas, todo lo cual redundará en el fortalecimiento del Estado Social y Democrático de Derecho y la capacidad de sus instituciones.

 

 

Dr. Servio Tulio Castaños G.

13 de noviembre del 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Para una explicación más amplia sobre el concepto de “soberanía popular”, véase Constitución Comentada de la República Dominicana. 4ta Edición. FINJUS. 2015. Artículo 2. P. 70.

 

Muy buenos días.

 

Desde hace muchos años, el fortalecimiento de los poderes públicos se ha convertido en uno de los ejes esenciales para el mejoramiento de nuestro sistema democrático. Uno de los objetivos primordiales para el buen desarrollo del orden jurídico, social y político en cualquier país, y en el nuestro de manera especial, es el logro de una verdadera independencia del Poder Judicial.

 

Por ello, la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS), ha colocado este tema en uno de los primeros lugares de su agenda, y ha dado un seguimiento sistemático a su evolución, realizando diversas iniciativas que buscan contribuir a la mejora de los procesos judiciales lo mismo que una relación más fluida y colaborativa entre sus órganos y la ciudadanía.

 

Al mismo tiempo hemos externado nuestra preocupación sobre los bajos niveles de confianza ciudadana sobre el sistema de justicia en su conjunto, realizando estudios independientes y difundiendo los datos que arrojan en informes y publicaciones tanto nacionales como internacionales.

 

Hemos sentido preocupación asimismo por diferentes indicadores que muestran bajos niveles de eficacia, eficiencia o acceso ciudadano a los servicios del sistema de justicia. Pero al mismo tiempo nunca nos hemos desalentado sobre el porvenir ni sobre la pertinencia de nuestra misión.

 

Por todo lo anterior, prestamos mucha atención a los resultados de encuestas y otras herramientas de análisis de las percepciones y buscamos contrastarlas con las realidades que son conocidas por todos y que son difundidas por los medios de comunicación.  Propiciamos las críticas constructivas que surgen desde las comunidades, pero valoramos más que nada las propuestas serias que se formulan para hacer mejoras en la calidad de los servicios que los órganos del sistema de justicia prestan a los ciudadanos, así como las propuestas que contribuyan a aumentar la transparencia y eficiencia de dichos órganos. Estas son las bases que permitirán mejorar la credibilidad y la confianza de la ciudadanía en la justicia dominicana.

 

Y lo anterior solo es posible en un  marco institucional de independencia judicial, la que entendemos como un prerrequisito para el equilibrio de poderes, y el establecimiento de los pesos y contrapesos necesarios para la organización del poder. Asimismo, consideramos que esta independencia debe mostrarse no sólo en la capacidad de actuar de formar autónoma frente a los actos del Gobierno Central sino en la posibilidad de contar con una línea jurisdiccional fuerte que resista presiones de cualquier tipo.

 

No debemos olvidar que en la Cumbre Judicial Nacional, como iniciativa para continuar con las reformas del sector justicia, se planteó como una necesidad y, a su vez, como un compromiso del Consejo del Poder Judicial el fortalecimiento de la independencia judicial como eje temático abordado en los acuerdos que fueron allí suscritos.

 

La FINJUS, en el marco del Programa de Acción de la Sociedad Civil por la Seguridad y la Justicia, que auspicia la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), agradece la participación de los expertos con los que contamos hoy, magistrados jueces y juristas reconocidos. Agradecemos asimismo a todos ustedes por acompañarnos en esta mañana.

 

Es urgente que en nuestro país se coloque sobre la mesa la discusión la realidad del Poder Judicial y los demás órganos del sistema de justicia, especialmente en lo referente a sus niveles de independencia. Pero no desdeñemos las percepciones ciudadanas sobre los niveles de eficiencia, eficacia, acceso e independencia de los órganos judiciales, porque estamos convencidos de que detrás de cada percepción sobre la justicia existe normalmente un conjunto de valores ciudadanos que cuestionan la eficiencia de los cambios que se han producido y del cumplimiento de las promesas que el régimen democrático ha formulado.

 

Por eso dejo la pregunta sobre la mesa para que sea respondida por nuestros distinguidos panelistas: los cuestionamientos sobre la independencia judicial, ¿son simples percepciones, a veces interesadas, o reflejan la cruda realidad?

 

 

Muchas gracias a todas y todos.

 

9 de noviembre del 2017.

 

 

La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS), afirma que la Constitución dominicana es clara en torno al tema de la posibilidad o no de una reelección presidencial en base a los presupuestos normativos actuales, por lo que resulta innecesario que la sociedad dominicana se aboque en estos momentos a una discusión sobre el particular.

 

A pesar de que son muchos los presupuestos de las normas que frecuentemente pueden prestarse a interpretación, este no sería el caso para el tema de la reelección presidencial. Aunque diversos sectores han planteado que el tema se discuta ampliamente, consideramos que su discusión podría generar confusiones innecesarias sobre un aspecto que está suficientemente establecido en el texto constitucional.

 

  1. Sobre el texto constitucional.

 

Nuestra Ley Sustantiva, en su artículo 124 establece que El Presidente o la Presidenta de la República podrá optar por un segundo período constitucional consecutivo y no podrá postularse jamás al mismo cargo ni a la Vicepresidencia de la República[1]”. Por tanto, el texto constitucional ha sido muy específico sobre la imposibilidad de que el presidente de la República pretenda optar por un tercer período, como sería el caso en la actualidad con el mandatario de turno.

 

De igual manera se han expresado connotados juristas al respecto, quienes han reafirmado la posición sostenida por nuestra institución. En su análisis del artículo 124 en la obra “Constitución Comentada 2015”, editada por FINJUS, pág. 294, el Dr. Flavio Darío Espinal ha indicado que “La fórmula adoptada por la reforma constitucional de 2015 (la misma de 2002) establece algo diferente, es decir, que el Presidente de turno podrá optar por un período constitucional consecutivo y no podrá postularse jamás al mismo cargo ni a la vicepresidencia de la República, lo que significa que el derecho que tiene el Presidente de turno es a postularse una vez desde su posición de Presidente.[2]

 

Asimismo, en la vigésima disposición transitoria establecida en nuestra Carta Magna se indica, para la coyuntura política actual, que “En el caso de que el Presidente de la República correspondiente al  período constitucional 2012-2016 sea candidato al mismo cargo para el período constitucional 2016-2020, no podrá presentarse para el siguiente período ni a ningún otro período, así como tampoco a la Vicepresidencia de la República.” Es decir, el contenido del texto anterior aplica exactamente para esta situación concreta y no admite interpretaciones como las planteadas en algunos medios de comunicación.

 

  1. Sobre el principio de igualdad.

 

Por otro lado, hay quienes exigen que, sobre la base de una interpretación del principio de igualdad constitucional, podría abrirse una vía para que el actual primer mandatario de la República pueda ser reelecto en el mismo cargo que hoy ostenta. Sin embargo, consideramos que apelar a este precepto carece de un reconocimiento de la realidad fáctica y del concepto jurídico-constitucional referente a la igualdad.

 

Tal como establece Prieto Sanchís, “los juicios de igualdad son siempre juicios valorativos, referidos conjuntamente a las igualdades y desigualdades fácticas y a las consecuencias normativas que se unen a las mismas[3]”. Esto quiere decir que el fin constitucional de la norma en torno al caso específico que quiera aplicarse debe poseer en sí mismo una justificación suficiente y congruente respecto a la aplicación de este principio. Por tanto, de aplicarlo debe valorarse la situación de tratamiento entre iguales y de este modo valorar si se encuentra una situación específica que pueda estar lacerando el derecho a la igualdad.

 

En ese sentido, queda claro que apelar a la utilización del principio de igualdad como justificación normativa para indicar la existencia de una vía abierta para la reelección presidencial que contraviene lo establecido en nuestra Constitución  es insostenible jurídicamente, por las confusiones que genera.

 

 

El tema de la reelección presidencial ha formado parte de la tradición histórica de las reformas constitucionales en el país. La gran mayoría de las reformas a Carta Magna, desde hace más de 160 años, se han dirigido a variar las condiciones en que podría producir la reelección presidencial.

 

De manera que en las actuales circunstancias queda claro que se requeriría otra reforma constitucional para poder legitimar un proceso de reelección presidencial y consideramos inoportuno, tanto el debate con ese propósito como la propia reforma.

 

Deseamos compartir con toda la sociedad dominicana nuestra opinión de que abocarnos en estos momentos a un proceso de reforma constitucional, sólo para los fines de reelección presidencial, podría desembocar en situaciones que no contribuirá al fortalecimiento de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho, ni a la gobernabilidad democrática, la institucionalidad y la seguridad jurídica.

 

 

Dr. Servio Tulio Castaños G.

7 de noviembre del 2017.

 

 

[1] Constitución de la República Dominicana. 2015. Artículo 124. Subrayado nuestro.

[2] ESPINAL, Flavio D., en Constitución Comentada 2015. FINJUS. 4ta Edición. P. 294.

[3] PRIETO SANCHÍS, Luis. Los derechos sociales y el principio de igualdad sustancial. Publicado en Revista del Centro de Estudios Constitucionales. No. 22. Septiembre- diciembre 1995. P. 24.

La Fundación Institucionalidad y Justicia Inc. (FINJUS) considera que los debates electorales comportan una práctica eminentemente democrática, en tanto se celebren de forma plural y en condiciones de igualdad. Son eventos que se fundamentan en los principios del pluralismo político (entre las fuerzas contendoras)[1], la tolerancia, igualdad, imparcialidad y neutralidad políticas (que deben guiar a quienes dirigen los debates), la libertad de expresión y el derecho a la representación (que refuerzan los vínculos entre los candidatos y el electorado).

 

La doctrina comparada señala que, desde un punto de vista normativo, los debates entre candidatos son herramientas que mejoran “la calidad de la democracia a través de diferentes canales: por un lado contribuyen a la formación de un electorado más informado y racional y, por el otro, le brindan a los políticos la oportunidad de conseguir el consenso de la ciudadanía”. Se han señalado, además, que este tipo de prácticas contribuyen a la “legitimación de las instituciones democráticas y a la sociabilidad política entre los electores.”

 

Los debates públicos en el torneo electoral son un fenómeno relativamente reciente en el continente Americano. El primer debate que se transmitió por televisión fue en Estados Unidos, entre el republicano Richard Nixon y el demócrata John F. Kennedy, en 1960. Este encuentro histórico supuso el inicio de una tradición política norteamericana, donde los candidatos presidenciales, cada vez que hay una contienda electoral realizan una serie encuentros donde tratan política exterior, política interior y temas generales de vital importancia para los ciudadanos.

 

Pero, a diferencia de lo ocurrido en Estados Unidos, esta práctica en su momento no se incorporó a la “cultura política institucional” latinoamérica. Los debates comenzaron a ser realizados en América Latina a partir de la “tercera ola” de democratización, es decir, después de la transición de regímenes dictatoriales a sistemas democráticos. Desde entonces se han celebrado debates en la mayoría de los países de la región: Guatemala, Honduras, Nicaragua, Venezuela, Perú, Bolivia, Chile, Haití, El Salvador, Uruguay, Paraguay, Ecuador (en estos últimos tres países se han realizado de forma intermitente) y más recientemente en Argentina, con un debate efectuado en la segunda vuelta del torneo electoral.

 

En la actualidad, la República Dominicana constituye uno de los pocos países de la región donde no se ha podido efectuar el primer debate presidencial, no obstante los esfuerzos realizados por un sector del empresariado y los medios de comunicación desde la década de los 90. En la actualidad, ante la falta de compromiso político para la realización de los debates electorales por iniciativa privada, la Junta Central Electoral (JCE) ha propuesto que se instituyan mediante una ley que obligue al debate entre los principales candidatos presidenciales.

 

Ante la propuesta del órgano electoral, FINJUS considera prudente visualizar la experiencia comparada para fijar una opinión fundada acerca de la certeza de establecer regulaciones jurídicas sobre los debates electorales, puesto que existe un abanico de opciones posibles que pueden ser tomadas en consideración. En cualquier caso, es importe destacar que autoridades electorales, partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación están llamados a jugar un rol determinante en la organización de los debates electorales para otorgar mayores niveles de legitimidad y confiabilidad.

 

Una mirada hacia los Estados Unidos, país con un arraigo muy fuerte en los debates electorales, permite advertir la ausencia de una regulación específica. Más bien, existen algunas normas aisladas en la legislación electoral que establecen cuándo es posible para las organizaciones no gubernamentales organizar debates”. Ahora bien, la celebración de éstos deben respetar escrupulosamente las normas constitucionales y en general el ordenamiento jurídico de los Estados Unidos, para lo cual se ha creado la Comisión de Debates Presidenciales a nivel federal.

 

En Colombia, Brasil, Panamá, Costa Rica, y México existen regulaciones jurídicas tangenciales o mínimas para los debates. En el caso de Colombia, por ejemplo, “los debates se realizan por parte y a petición conjunta de todos los candidatos presidenciales o de algunos de ellos, con las reglas y sobre los temas que ellos señalen en la petición durante el período de campaña presidencial” (Ley 996 de 2005). Por lo que respecta a la regulación en México, con la reforma electoral de 2007-2008 al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, (COFIPE), se logró la institucionalización de los debates entre candidatos para el cargo de presidente de la República, escuchando previamente las propuestas de los partidos

En México, el Consejo General es el instituto competente para organizar los debates obligatorios entre todos los candidatos a la Presidencia de la República y promover, a través de los consejos locales y distritales, la celebración de debates entre candidatos a senadores y diputados federales.

 

Los debates pueden ser realizados tanto por los organismos de regulación del proceso electoral, como por la sociedad civil y los medios de comunicación. Por ejemplo, el Tribunal Supremo Electoral en Costa Rica es uno de los encargados de la realización de los debates; en México, el Consejo General y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en Perú. Este último se involucró de lleno en la organización de los debates en procura de asegurar un ejercicio de “voto informado”[2], es decir, dotar a los electores de mayores niveles de información. “Por primera vez en la historia democrática del país el Estado asumió la responsabilidad de organizar el debate de ideas y programas de los candidatos a cargos públicos municipales, presidenciales.

 

En Costa Rica, por medio de la resolución 4099-E8-20094, el Tribunal Supremo de Elecciones dejó bajo la responsabilidad de los medios de comunicación privados la capacidad de fomentar y organizar debates con algunos de los candidatos a la presidencia. “De la misma manera, la autoridad electoral organiza también debates que son transmitidos por los medios de comunicación estatales, para los que sí están obligados a invitar a todos los candidatos electorales [principio de pluralismo] según lo determinó la Sala Constitucional en 1998.” En Brasil, en cambio, la ley no establece una autoridad a cargo de los debates, pero sí establece requisitos vinculados con criterios de selección de participantes y reglas de juego claramente establecidas.

 

En algunos países de la región las cadenas de televisión son promotores activos de la realización de debates electorales: CNN, por ejemplo, ha promovido y organizado debates para las elecciones presidenciales de Ecuador y Nicaragua en 2006, Guatemala en 2007, Paraguay en 2008 y El Salvador en 2009.

 

En el caso de España no hay una regulación expresa sobre debates, sino que se realizan por cultura política. Es preciso destacar que existen iniciativas para “regular la celebración de debates electorales, con la creación de una Comisión Independiente de Organización de Debates formada por profesionales del periodismo de reconocido prestigio”.

 

Sin embargo, en Italia la Ley No. 28 de 2000, regula la participación de los candidatos en los debates electorales y su presencia en la televisión durante el período de campaña previo a los comicios. Esta legislación establece que todos los candidatos deben ser tratados con total igualdad, sean del partido que sean, es decir, todos deben gozar de la misma cuota de pantalla y en las mismas franjas horarias. Cabe destacar, que en la normativa italiana no prevé sanción cuando los candidatos se niegan a participar en los encuentros.

 

En Alemania los debates se celebran desde hace cuatro décadas. Antes de cada cita electoral se realizan los encuentros con dos formatos diferentes. Uno es el “Elefantenrunde” o ronda de los elefantes, donde todos los partidos con representación parlamentaria son invitados a participar. Otro es el llamado "duelo televisivo" entre los dos grandes partidos.

 

FINJUS considera que los debates constituyen una sana práctica democrática que debe de ser instaurada en República Dominicana, ya sea mediante pactos políticos (como la mayoría de los países de la región), o mediante ley (como en Colombia, Brasil, Costa Rica y México), siempre y cuando su regulación no signifique un requisito para el ejercicio del sufragio pasivo[3], es decir, que impida sustentar su candidatura. En la experiencia comparada no se visualiza la práctica de limitar el derecho a presentar candidaturas por negarse a participar en los debates electorales. Se ha considerado, incluso, que resultaría inconstitucional imponer la obligatoriedad de los debates como un requisito para presentar una candidatura electoral.

 

Sin lugar a dudas, el debate preelectoral es una herramienta útil para que la opinión pública se informe de los propios actores políticos sobre sus programas de gobierno y proyectos legislativos de los partidos, frente o agrupaciones políticas. Éstos constituyen una oportunidad para que los electores conozcan, de manera sencilla y sumaria, los lineamientos de los programas de sus candidatos, necesariamente expresados en un formato de difusión fácilmente comprensible. De ahí la importancia que pueden asumir para los candidatos y las consecuencias negativas a que se exponen por su inasistencia. El reforzamiento de la cultura política y la institucionalidad democrática constituyen así la vía para imponer la sanción natural al candidato ausente: la pérdida de confianza ante el electorado.

 

Es imprescindible que los debates organizados por el órgano electoral garanticen los principios de pluralidad e igualdad, para evitar la inducción de la opinión electoral, pues como ha señalado el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, “no existen candidatos presidenciales de primera y segunda categoría, solo existen candidatos presidenciales con idénticos derechos y obligaciones, garantizados por la propia Constitución y los principios del Estado Democrático Social de Derecho.” Ahora bien, si los debates son organizados por entes privados se ha reconocido un cierto margen de apreciación a la hora de seleccionar a los candidatos participantes, en función del interés popular que despierten las candidaturas, como bien ha señalado el Tribunal Supremo de los Estados Unidos: un candidato que no genere un interés público apreciable puede ser excluido del debate organizado por una organización privada.

 

FINJUS considera además, que el tema de los debates podría situarse en la regulación de la campaña electoral, siempre y cuando, se realice la valoración de toda propuesta normativa electoral que, siendo compatible con la Constitución, contribuya a incrementar la “calidad democrática” de los partidos políticos y a facilitar el ejercicio de un sufragio “informado” para los ciudadanos.

 

 

Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo FINJUS

7 de noviembre de 2017

 

[1] Es evidente, pues, que el principio del pluralismo político se matiza en este caso con el empeño de que los partidos minoritarios con representación tenga participación en los debates.

[2] http://www.votoinformado.pe/noticia-20110609-01.htm

[3] Es el derecho individual a ser elegible para los cargos públicos.

Discurso Dr. Servio Tulio Castaños, Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS

1 de noviembre de 2017

Parque Mirador Sur

 

 

La mujer es el alma más pura e incansable de los pueblos. Lograr la igualdad real entre mujeres y hombres ha sido una lucha histórica que a toda la ciudadanía dominicana nos toca asumir, sin descanso.

Es lamentable que desde todas las instituciones sociales y políticas, desde la propia cultura y el Estado, la faceta de la violencia no haya podido apartarse de esta triste y grave situación.

 

Debemos quebrar ya la brecha de género desigual.

 

Lo que une todos estos sectores y personas para producir el resultado de mujeres muertas, mujeres lesionadas, mujeres abusadas, mujeres denigradas y mujeres sometidas a tratos crueles son las falsas ideas y creencias que se transmiten de generación en generación, de familia en familia…

 

Son las falsas creencias que nos han enseñado de que el amor lo permite todo…  Que ser buenos padres se logra mediante el despotismo, los golpes y la crueldad… que las personas aprenden mediante la fuerza…

 

 

Tenemos una cultura que desprecia la tolerancia, el diálogo y el crecimiento de la pareja y de la familia en base a la confianza, la comunicación y el respeto mutuos, en el amor, la ternura y el cariño…

 

Es una cultura que está presente, de una forma u otra, en mayor o menor medida, en los hogares, en el barrio, en las escuelas, en la música, en los medios de comunicación, en las instituciones políticas y el Estado, y en las relaciones cotidianas entre las personas.

 

Es una cultura que nos repite a todos los hombres cada día que el mundo fue creado para nosotros y que todos y todas deben estar a nuestro servicio. Por eso nos duele oír las expresiones de justificación de la violencia por parte de algunos hombres, que culpan a las mujeres de las desgracias que padecen…

 

Esta es una marcha revestida de esperanza.

 

Es una marcha que llama a cada hombre a tomar conciencia de que es el momento de cambiar…

 

Es una marcha que le dice a cada hombre que no hay justificación para ser violento, intolerante y abusador.

 

Es una marcha para pedir al Estado que ponga este tema dentro de las prioridades más urgentes.

 

Es el momento de pasar del discurso a los recursos, del disgusto y la indignación  a la acción positiva para cambiar las mentalidades…

 

Esta lucha contra la violencia a las mujeres  es responsabilidad de todos…del Estado y la sociedad…

 

Necesitamos que se formen y trabajen más instituciones sociales apoyando a las mujeres violentadas y maltratadas que lo necesitan. Se requiere que el Estado invierta más recursos para frenar esta ola de muertes. Exigimos que el Estado asuma un compromiso sincero, franco y contundente…

 

Pero esta situación no es solo cuestión de organizaciones y grupos…Es un tema que toca las conciencias de las personas.

 

Es el turno de los hombres, de comprometerse a ser mejores, más humanos, más tolerantes… y que sea un compromiso que se renueve y se practique cada día, cada hora… en cada acción. 


Yo también lo digo: Detener la violencia contra la mujer, también es cosa de hombres…

 

 

Exposición del Dr. Servio Tulio Castaños, Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS)

 

 

Saludamos la iniciativa del Consejo para la Seguridad de Santiago (COSESA) de convocar este Congreso sobre SEGURIDAD CIUDADANA: “Hacia un Santiago Seguro, que hoy nos ocupa. Apreciamos, especialmente, el marcado interés que se tiene de sentar una base sólida a partir de la cual se proponga un plan nacional de seguridad que sea cónsono con la grave realidad delictiva que actualmente nos arropa, de tal manera que, con las ideas que hoy surjan o se desarrollen, se dote de eficacia la labor de investigar y perseguir la criminalidad.

 

Consideramos que si hoy día existe un fenómeno social que preocupe especialmente a los dominicanos y dominicanas, es sin dudas el tema de la seguridad ciudadana, pues se trata de un elemento de vital importancia para el desarrollo de cualquier nación. De hecho, podemos afirmar que nos encontramos en un estado de inseguridad ciudadana alarmante que amerita, de manera prioritaria, la superación inmediata de las condiciones que producen los altos índices de inseguridad, criminalidad y violencia que se registran.

 

Vale destacar que nuestra inquietud por este tema no responde a una moda ni mucho menos a alimentar la atención mediática, sino que de lo que se trata es de promover la creación o ejecución de estrategias y programas que confronten y reduzcan esta problemática de inseguridad que crece desmesuradamente erigiéndose como uno de los grandes factores de riesgo para el régimen democrático, el desarrollo institucional y el crecimiento económico del país.

 

En este marco entendemos conveniente considerar a fondo la importancia que reviste el tema de seguridad ciudadana en toda su amplitud para la consolidación de un Estado Social y Democrático de Derecho tal y como lo concibe nuestra Carta Magna.

 

Esto así pues la materialización, desarrollo y disfrute del catálogo de derechos fundamentales preceptuados constitucionalmente depende en gran medida de la efectividad de las políticas orientadas a la disminución razonable de este factor de riesgo.

 

Antes de ahondar sobre el enfoque de derecho de esta temática, es preciso recordar que la seguridad ciudadana comprende una acción estatal que se nutre o debe nutrirse de una colaboración activa de quienes sufren en directo las consecuencias producidas por el aumento de la delincuencia, o sea de la ciudadanía en general, siendo relevante también el apoyo expreso que provenga de otras organizaciones, incluyendo, las empresas del sector privado.

 

En ese sentido, estamos llamados a realizar una labor en conjunto aunando esfuerzos para realizar una planificación contentiva de estrategias puntuales y viables que permitan la consecución de un proceso efectivo de seguridad ciudadana que, en palabras de la Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), no es más que lograr establecer, fortalecer y proteger el orden civil democrático, eliminando las amenazas de violencia en la población y permitiendo una coexistencia segura y pacífica.  

 

La referida planificación debe partir desde la concepción de la seguridad ciudadana como base del Estado Social y Democrático de Derecho; presupuesto este que se erige como eje transversal de todo el ordenamiento jurídico y constitucional dominicano.

 

Desde esta perspectiva, la seguridad ciudadana debe considerarse desde un enfoque de derecho y garantías enmarcado en los preceptos fundamentales del derecho a la vida, a la libertad y la seguridad de cada persona y, por otro lado, en el deber del Estado de realizar su mayor esfuerzo en la salvaguarda de la integridad física de todos sus ciudadanos.

 

A partir de esta lógica jurídica propia del Estado Social y Democrático de Derecho que construimos podemos visibilizar como el fortalecimiento de la seguridad ciudadana se traduce en la creación de un clima propicio para el florecimiento de los negocios y la convivencia pacífica y las relaciones armónicas entre las personas y grupos [solo por mencionar algunos efectos directos]; todo lo cual justifica el surgimiento de espacios como este donde se hace manifiesta la preocupación y el interés de todos los sectores nacionales en que sean controlados los niveles de inseguridad que, en la actualidad, se perciben desbordados.

 

Queremos hacer énfasis de que esta percepción es coherente con las estadísticas que arrojan los estudios e informes recientes sobre el tema y, además, es consecuente con el constante bombardeo al que estamos expuestos a través de los medios de comunicación que a diario nos presentan las mil y una formas de actividades delictivas que se comenten. Todo esto plantea un escenario ante el cual el enfoque de derecho, referido anteriormente, palidece reduciéndose a un simple ideal o a una utopía.

 

¿Dónde está el eslabón perdido o dónde se encuentra desencajado el sistema?

 

Estas podrían ser de las cuestionantes a ser ponderadas en la realización de una planificación de seguridad ciudadana.

 

A modo de respuesta, podríamos apuntar que si la inseguridad se ha adueñado de las calles y se percibe como una amenaza en los hogares dominicanos es porque está íntimamente ligada con las debilidades institucionales que arrastramos, así como también de la falta de expresión de voluntad política para hacer los cambios necesarios y enfrentar las raíces del problema.

 

Por otro lado destacamos y ponemos sobre la mesa de debate la incidencia que tiene en la consecución de políticas efectivas en este tema, la falta de confianza de la población en las instituciones y actores que están llamados a velar por la Seguridad Ciudadana del país. Sin lugar a dudas, esto va en detrimento del papel que deben desempeñar estas instituciones en la reducción real de la criminalidad.

 

Tal y como lo precisa el PNUD, la seguridad ciudadana es un “bien público” y como tal, corresponde al Estado Dominicano la obligación de garantizarla a todas las personas, físicas o jurídicas, que se encuentren en su territorio. Sin embargo, la capacidad de los Estados en América Latina, incluyendo la República Dominicana, no ha estado a la altura del desafío de la inseguridad: la corrupción y la impunidad, así como la falta de proporcionalidad en las sanciones, han mermado su efectividad y legitimidad. [1]

 

Desde la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) hemos planteado que no existen soluciones mágicas para el combate contra la delincuencia y que es deber de toda la sociedad dar un seguimiento estricto al tema de la seguridad ciudadana, así como de los planes y programas que se elaboran para mejorarla y que el éxito en esta lucha solo vendrá de la mano con la colaboración y coordinación de los actores que han decidido trabajar en este sentido.

 

Entendemos que por la complejidad de este tema debe ser  abordado con una perspectiva integral, multidimensional, interdisciplinaria e interinstitucional, resultando improductivo enfrentarlo desde políticas públicas aisladas, las cuales potencian los efectos corrosivos del populismo, al obviar otros elementos que también generan inseguridad y surgen o se hacen visibles en el diálogo conjunto.

 

Afirmamos que es impostergable la elaboración de un plan nacional de seguridad ciudadana efectivo, que aborde las estrategias a seguir para la elaboración de un conjunto de políticas integrales entre las que se podrían mencionar: medidas preventivas, reformas legales, fortalecimiento institucional, adecuada inversión pública en programas sociales, replanteamiento de las relaciones Estado-comunidades y el compromiso firme de una voluntad política amplia y sostenida.

 

Por otro lado, queremos hacer hincapié en la importancia que tiene que este conjunto de acciones descanse en sistemas de estadísticas e informaciones actualizadas, así como en la definición de estrategias de intervención social con carácter moderno a los fines de que estas resulten eficaces.

 

Esta nueva forma de enfocar la inseguridad apuesta a la realización de acciones a escala local, que permitan a los municipios y regiones articular estrategias que complementen los programas nacionales dirigidos por los órganos e instituciones centrales del Estado.

 

Los expertos en materia de seguridad ciudadana, ya sean juristas, sociólogos, criminólogos u otros cientistas sociales especialistas en la materia, han estado siempre de acuerdo en que el crecimiento de las condiciones de inseguridad de cualquier país, se traduce en una vulneración inmediata a la seguridad jurídica. Esta es una de las tantas razones por las cuales creemos que uno de los ejes fundamentales de las políticas públicas debe ser el de fortalecer el clima de seguridad y revertir las tendencias negativas que se registran.

 

De igual manera, es importante resaltar la relevancia de seguir apoyando las reformas institucionales encaminadas a fortalecer estamentos como la Policía Nacional, que es una pieza clave para la superación de muchos de los desafíos en materia de Seguridad Ciudadana. Queda claro que sin una Policía Nacional profesional, cercana a las comunidades y a los sectores a los que sirve, con buenos y adecuados recursos para realizar sus labores, muy poca esperanza podemos tener un futuro seguro para este país.

 

Tenemos que potenciar la labor positiva, el espíritu de sacrificio y las buenas intenciones que tienen muchos policías honrados y trabajadores, mientras se continúa con los planes de profesionalización, evaluación profunda de sus filas, se mejoran sus programas de capacitación y se atienden las graves limitaciones y carencias en que se desarrollan sus labores. Hemos apoyado sistemáticamente la elaboración, adopción e implementación del plan estratégico 2016-2020 que está en marcha en la actualidad, y consideramos que la nueva Dirección General de la Policía Nacional está en las mejores condiciones en la historia de hacer realidad el sueño de convertir al órgano policial, tras 80 años de existencia, en un moderno mecanismo con alta eficiencia y renovada confianza de la ciudadanía en sus acciones. Debemos ayudar a la Policía Nacional para que sean los verdaderos protagonistas de la seguridad ciudadana que ellos mismos siempre han querido ser.

 

Es importante asimismo que en este contexto llamemos la atención de la opinión pública y de las autoridades de los poderes públicos sobre la necesidad de adoptar una moderna Ley Orgánica del Ministerio de Interior y Policía, que juegue el rol constitucional de ser el ejecutor y garante de la voluntad popular y el poder civil expresado democráticamente en el Poder Ejecutivo, como órgano responsable de coordinar las políticas y programas de seguridad ciudadana en todo el país, con todas las implicaciones que de ello se derivan.

 

Aprovecho también este contexto para llamar la atención en la ponderación y consideración, por parte de los sectores que intervienen  en la materia, del proyecto de ley de seguridad privada el cual, actualmente, se conoce en nuestras instancias legislativas; esto a los fines de potenciar los efectos que esta pieza legislativa pueda surtir en este amplio espectro de políticas a favor de la Seguridad Ciudadana. Es preocupante que este sector estratégico en la salvaguarda de la vida y los bienes de los ciudadanos y empresas que contratan este servicio sea revestido con las regulaciones modernas que sean necesarias, para que la prevención y protección que ofrecen tenga el máximo de profesionalidad, calidad e idoneidad en su ejercicio.

 

En suma, entendemos que el desarrollo social y económico es un elemento clave para garantizar un clima en el que la población se sienta segura y donde la falta de oportunidades no vulnere el derecho de la ciudadanía a una vida plena. Apostamos a la creación de espacios de confianza entre los agentes y órganos estatales que definen y aprueban políticas públicas y quienes están encargados de preservar el orden.

 

Las iniciativas que surjan y las que ya existan deben articularse y, posteriormente, ejecutarse en los diferentes niveles: local, regional y nacional. Asimismo deben estar presentes en los planes sectoriales específicos, detectando las oportunidades de cambio vinculadas con los servicios sociales y las políticas de inclusión que actualmente se desarrollan en distintos estamentos y/o entes como son el Ministerio Público, la Policía Nacional, los actores de justicia, entre otros.

 

Espacios como estos pueden dar respuestas y trazar estrategias que resulten eficaces en la búsqueda de un estado óptimo de Seguridad Ciudadana. Cada país posee sus particularidades sociales, económicas, culturales y políticas y es por ello que corresponde a los estamentos estatales, con el apoyo y participación de las organizaciones ciudadanas de todo tipo, la misión de diseñar un plan de seguridad ciudadana adecuado a las necesidades propias de cada nación y ajustados a los recursos disponibles o posibles para que esta planificación devenga en una ejecución viable.

 

Nos reiteramos a las órdenes de este Consejo para la Seguridad de Santiago (COSESA), para apoyarles en todo lo que nos sea posible, en su loable empeño de afianzar la seguridad ciudadana en esta región, desde una perspectiva inclusiva, multidimensional, participativa y sobre todo, creando alianzas estratégicas y tendiendo puentes de trabajo y colaboración con las autoridades públicas concernidas. Cuenten con FINJUS en esta tarea que es de todos.

 

Pasen muy buenos días.

 

 

Dr. Servio Tulio Castaños G.

Vicepresidente Ejecutivo FINJUS

 

 

 

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