Kenia Franco

Kenia Franco

La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS), ante la grave situación que se ha suscitado tras la designación de los 18 directores regionales del Ministerio de Educación, desea expresar a la opinión publica sus reflexiones al respecto, desde la perspectiva del impacto que en nuestra institucionalidad tendría el conflicto que ha comenzado a tener cuerpo en las últimas horas

 

Desde FINJUS valoramos que el Ministerio de Educación ha actuado apegado a la legalidad, al usar los mecanismos que le otorga la Ley Orgánica de Educación de la República Dominicana No. 66-97 para producir esa selección, utilizando los procedimientos adoptados en la Ordenanza No. 24-2017 que Reglamenta el Sistema Competitivo de Selección de Directores Regionales y Distritales.

 

Ajustándose a su contenido, el Ministerio encomendó a una Comisión de Expertos el estudio de los expedientes de los 149 candidatos presentados y posteriormente el Ministro realizó la designación correspondiente. De acuerdo a la información suministrada por el Ministerio, los profesionales seleccionados responden a los criterios de idoneidad y competencia que la Ley y la Ordenanza plantean.

 

Posterior a este Proceso, algunos directivos de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) han anunciado que desconocen la decisión del Ministerio de Educación y desde el pasado viernes 2 de marzo han iniciado acciones para impedir que las personas designadas puedan acceder a sus despachos y funciones.

 

Las acciones que han comenzado a tomar estas personas para impedir el cumplimiento de una decisión emanada de la Ley constituye una nueva edición de las actitudes antidemocráticas que caracterizan a algunos sectores que se niegan a acatar las decisiones de nuestro ordenamiento jurídico y representan una grave amenaza a la estabilidad, la gobernabilidad y la convivencia pacífica y de manera especial, constituyen una vulneración del derecho fundamental a la educación de niños, niñas y adolescentes en la República Dominicana.

 

Esta actitud antidemocrática es la que exhiben en ocasiones algunos gremios en el área del transporte que ha  llegado a obstaculizar el libre tránsito y han entorpecido el normal desenvolvimiento de los muelles del país.

 

FINJUS exhorta al Ministerio de Educación a tomar todas las medidas legales que sean adecuadas para garantizar el derecho fundamental a la educación en la sociedad dominicana, procediendo a elevar los recursos necesarios en la jurisdicción correspondiente para poner un alto a estas actitudes que dañan gravemente a los más pobres del país.

 

Ningún sector puede atribuirse una posición de juez y parte en los conflictos que se originan en una sociedad democrática, colocándose por encima del ordenamiento jurídico y erigiéndose en propietario de la verdad y la razón.

 

Es el momento de enfrentar esta grave situación que se está abriendo con firmeza y apego total al debido proceso y los procedimientos legales y constitucionales vigentes. 

 

En otras ocasiones, desde FINJUS habíamos analizado jurídicamente los detalles de esta discusión, determinando así que los esquemas de designación que instituye la Ordenanza No. 24-2017 sí están adecuados al artículo 139 de la Ley Orgánica de Educación, la cual establece que “Los cargos administrativo-docentes y técnico-docentes de los diversos niveles del sistema educativo público serán servidos previos concursos de oposición, o por oposición y méritos profesionales[1]

 

Sumado a lo anterior, la norma en ningún momento prohíbe la presentación de ternas, tal como bien realizó el Ministerio de Educación, sino que esta última entidad, a través de la formulación de políticas públicas, logró darle operatividad a un texto legal, del cual depende mucho la educación de nuestro país.

 

 

 

 

Dr. Servio Tulio Castaños G.

4 de marzo del 2018.

 

[1] Ley Orgánica de Educación de la República Dominicana No. 66-97. Artículo 139. Subrayado nuestro.

 

 Palabras de bienvenida del Dr. Servio Tulio Castaños G., Vicepresidente Ejecutivo FINJUS

13 de febrero de 2018

 

Saludamos la presencia de cada uno de ustedes y agradecemos que se hayan dado cita en este interesantísimo panel que nos ocupa en la mañana de hoy; la idea es contribuir a la discusión jurídica de una problemática que ha calado profunda y progresivamente en las entrañas de la sociedad dominicana, nos referimos a los “feminicidios”.

 

La violencia contra las mujeres, que antecede o deriva en el denominado “feminicidio”, no es una situación novedosa; de hecho, la historia revela que se ha tratado de un problema recurrente, aunque con manifestaciones diversas según la época, que ha encontrado cabida y permanencia dada la existencia de una serie de factores tales como el arraigo de patrones culturales, patriarcales y misóginos que, hasta hace relativamente poco tiempo, prevalecían en la sociedad.

 

Ante ello los sistemas de justicia han tenido que reaccionar, tratando de ajustar a sus ordenamientos jurídicos para enfrentar estos crímenes, que con frecuencia alcanzan niveles de complejidad y crueldad y que ponen en aprieto todo el aparato judicial, desde los recursos investigativos hasta las respuestas que emanan de la instrucción del proceso, las cuales parecerían no terminar de resarcir la sociedad.

 

Debemos apuntar que no se trata de una problemática creciente exclusivo en República Dominicana, sino que varios países latinoamericanos y hasta de otras latitudes, como España, comparten casuísticas similares que reflejan una grave descomposición social.

 

El común denominador de todos estos países donde la criminalidad de este tipo va en aumento constante, es la frecuencia con la que se producen, lo cual a la par que aterra, reta a la reestructuración de un marco legal y un sistema judicial que dote de un tratamiento jurídico singular de acuerdo a los elementos que configuran estos hechos.

 

A consecuencia del incuestionable aumento, en esta última década, del número de asesinatos de mujeres y los índices de impunidad que fluctúan en las estadísticas, algunos países han procedido a tipificarlos, en determinadas circunstancias, bajo la denominación de “femicidio” o “feminicidio” indicando como elemento para su configuración la ejecución del hecho por razón de género. Dentro de ellos podemos mencionar países como Chile, Costa Rica, México, Perú, El Salvador y Nicaragua.

 

La tipificación de este delito y otras adecuaciones al sistema judicial y al marco jurídico se relaciona no solo a la obligación de los Estados de adecuar sus legislaciones a los instrumentos internacionales sino al incremento anual del número de estas muertes, a la crueldad con que la que se producen y a la ausencia de tipos penales especiales para describir adecuadamente el asesinato de mujeres basado en razones de odio, desprecio, y relaciones asimétricas de poder entre hombres y mujeres; pudiendo, a nuestro entender, añadirse a esta tipificación, de manera expresa, aquellos que se cometen en contextos de violencia intrafamiliar y sexual.

 

En el caso de República Dominicana encontramos datos alarmantes tales como: un promedio anual de 102 asesinatos de mujeres; que un 61% de las mujeres víctimas de violencia de género dice haber sufrido violencia física y 40% violencia psicológica y que el 16% de las mujeres maltratadas exponen que sus hijos también eran golpeados por sus parejas o exparejas.

 

Estas cifras chocan con la realidad de un marco jurídico que no contempla un tipo penal para estos hechos y con un sistema de justicia penal que no cuenta con las herramientas efectivas para su prevención, persecución y/o penalización por lo que ha obligado a las instituciones del sistema a tener que maniobrar dentro de las limitaciones jurídicas y, en un intento de enfrentar la problemática, caracterizar los homicidios desde una perspectiva de género.

 

Precisamente son las particularidades jurídicas de estos hechos antijurídicos las que pretendemos abordar en este panel; para ello contamos con la grata presencia de personalidades que conocen del tema en cuestión, tenemos con nosotros a Soraya Lora (directora del Patronato de Ayuda a casos de mujeres maltratadas –PACAM–); Ricardo Rojas de León (Abogado Consultor) y Cristóbal Rodríguez (Abogado constitucionalista) .

 

Ellos tienen la tarea de conversar sobre este tema desde una perspectiva jurídica, tomando en consideración que al hablar de feminicidios, en el contexto actual que atraviesa nuestra nación, es sin dudas tocar una fibra sensible de la sociedad, la cual se ha visto inmersa en un diario acontecer plagado de hechos atroces y aberrantes que, lamentablemente, parecerían tener como principal víctima a la mujer dominicana.

 

Dr. Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo FINJUS

 

 

 

La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS), considera que el pedimento hecho al juez de la instrucción especial a los fines de otorgar una prórroga de 4 meses adicionales para el proceso de investigación en curso del caso ODEBRECHT obedece a una necesidad legítima de robustecer las pruebas a presentar y que, de ser así, permitirá obtener la presentación de una acusación que pueda concretizar resultados que hagan recuperar la confianza en el sistema de justicia por parte de la ciudadanía.

 

Al tratarse de un caso complejo, como fue declarado con anterioridad, nuestro ordenamiento procesal penal permite la ampliación de los plazos para concluir la investigación, atendiendo a lo que contemplan los artículos 150 y 370, vista su modificación en la Ley No. 10-15. En el referido artículo 150 es en donde la norma establece la posibilidad de requerir una prórroga para presentar la acusación y, combinado con el texto del artículo 370 numeral 3 parte in fine, se indica expresamente que dicha prórroga “puede ser de cuatro meses más[1].

 

En ese orden, este pedimento por parte del Ministerio Público responde a preceptos legales formales y no se encuentra fuera del espectro de nuestro ordenamiento jurídico. Además, cumple con una necesidad legítima del Ministerio Público de preparar una investigación que resulte eficiente ante los diversos obstáculos que presenta el caso.

 

Las razones que motivan este plazo adicional solicitado por el Procurador General de la República implican que la ciudadanía podrá conocer, en su debido momento, otros elementos que fortalecerán la investigación. Por lo que la justificación de dicho plazo deberá cumplir con las expectativas que ha generado todo este proceso para la población, específicamente en el plano político, social y jurídico.

 

Desde FINJUS, reiteramos la confianza que hemos expresado en otros momentos al Ministerio Público, siempre y cuando sus ejecutorias estén apegadas al imperio de la ley y al fortalecimiento de la institucionalidad. Por tanto, esperamos que la solicitud de prórroga para esta investigación se traduzca finalmente en un mensaje claro contra la corrupción y un respiro necesario para el sistema de justicia de nuestro país.

 

 

Dr. Servio Tulio Castaños G.

27 de enero del 2018.

 

[1] Ver Código Procesal Penal de la República Dominicana, modificado por la Ley No. 10-15. Artículo 370 numeral 3.

 

En el conversatorio participaron los jueces Rubén Darío Cruz Uceta y Rafael Armstrong Báez García, ambos del Distrito Nacional.

La actividad fue organizada por Finjus y contó con el apoyo de  la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).


Castaños Guzmán explicó que la idea del conversatorio surgió con la finalidad de que la población tenga una idea clara sobre la importancia que tienen los jueces de la ejecución de la pena en la sociedad.

“Tenemos que tener claro que los jueces de ejecución de la pena desempeñan un rol importante en la sociedad y en lo que respecta al Poder Judicial, ya que son quienes velan por el respeto a los derechos de los reclusos”, dijo el jurista.
Los jueces de ejecución de la pena tienen como finalidad velar para que los derechos de los reclusos no sean vulnerados y que el proceso que se les sigue se ejecute amparado en las leyes.

De su lado, el magistrado García definió ese rol como de vital importancia en los procesos que se le sigan a cualquier ciudadano, ya que, según dijo, garantiza el respeto a las personas que han sido sentenciadas a cumplir una condena.

Recordó que la idea de un juez de ejecución de pena surgió en Brasil, en el siglo pasado, como forma de proteger a los reclusos que estaban confinados en diferentes cárceles de esa nación sudamericana.

“Este es un rol muy importante en el desenvolvimiento de la aplicación de justicia en las cárceles dominicanas”, aseguró el magistrado durante su ponencia en la actividad.
En el encuentro participaron representantes de varias instituciones, tanto públicas como privadas, principalmente del Poder Judicial.

 

 

La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS) considera preocupante las acciones y declaraciones de algunos sectores o personas que pretenden limitar las facultades de orden estatal propias del Ministerio de Educación para realizar los procesos de reforma de primer orden dentro del sistema educativo nacional, los cuales son imprescindibles para el mejoramiento de la calidad educativa y el fortalecimiento de nuestras instituciones.

 

Como ha sido reseñado en la prensa nacional el centro de atención de algunos sectores es la Ordenanza No. 24-2017 que Reglamenta el Sistema Competitivo de Selección de Directores Regionales y Distritales, al que objetan, dando lugar a reclamos que terminan siendo obstáculos que podrían obstaculizar o incluso impedir los necesarios procesos de reforma. Cabe recordar que esta ordenanza es cónsona con las legislaciones que abordan la materia y, sobre todo, con los principios establecidos en el Pacto Nacional por la Reforma Educativa.

                       

El punto central de las objeciones se dirige a impedir que, tras los concursos de oposición que se realizarán para la escogencia de los directores regionales y/o distritales, el Ministerio de Educación escoja las ternas que establece el Reglamento para la selección final de los Directores Regionales y Distritales.

 

Los sectores que objetan el Reglamento se han concentrado en impugnar la selección de las ternas bajo el alegato de que este paso implica actos antijurídicos e ilegítimos por parte del Ministerio de Educación, como si lo que procurase este órgano fuera contrario a lo que establecen las leyes. Sorprende el argumento sobre todo porque es la primera vez que se realizarán concursos de oposición para la selección de los funcionarios que se encargarán de los puestos a seleccionar, a tono con los nuevos principios que orientan la función pública y las políticas educativas en el país. 

 

Debe saberse que los esquemas de designación que instituye la Ordenanza No. 24-2017 están adecuados al artículo 139 de la Ley Orgánica de Educación, la cual establece que “Los cargos administrativo-docentes y técnico-docentes de los diversos niveles del sistema educativo público serán servidos previos concursos de oposición, o por oposición y méritos profesionales[1]

 

De lo anterior puede colegirse que la norma prevé la existencia de un determinado método (el concurso de oposición). No obstante la Ley no indica un presupuesto normativo que limite las dimensiones formales a las cuales debiera ajustarse la utilización del referido método (la presentación de ternas) y, desde nuestra óptica, esta situación no deviene en una vulneración al principio de legalidad sino en una actuación necesaria de las potestades de la Administración.

 

Siguiendo con lo anterior, es importante destacar que tanto lo establecido en la Ordenanza No. 24-2017 como las actuaciones del Ministerio de Educación, han venido a garantizar la operatividad del texto legal. Si una norma no contiene presupuestos de ejecutoriedad ante la toma de decisiones de una medida de carácter estatal, corresponderá al órgano encargado suplir este vacío a través de sus actos formales, siempre y cuando ello no contravenga al ordenamiento jurídico de la nación.

 

Por tanto, desde FINJUS, instamos a todos los sectores preocupados por la educación dominicana a generar los consensos que fueron planteados en el Pacto Nacional por la Reforma Educativa, donde se estableció la necesidad de promover alianzas estratégicas en el sector educativo para incorporar las mejores prácticas al sistema y promover la excelencia en la formación docente.

 

Tal como ha establecido nuestro Tribunal Constitucional mediante sentencia TC/0100/13 de fecha 20 de junio de 2013, la seguridad jurídica –entre otras cosas–, “es la certeza que tienen los individuos que integran una sociedad acerca de cuáles son sus derechos y obligaciones, sin que el capricho, torpeza o la arbitrariedad de sus autoridades puedan causarles perjuicios.”

 

De manera que respaldamos las medidas adoptadas por los poderes públicos, cuya previsibilidad garantice la aplicación objetiva de la ley y, por tanto, permita fortalecer integralmente los principios que encarnan a todo Estado Social y Democrático de Derecho.

 

 

Dr. Servio Tulio Castaños G.

18 de enero del 2018.

 

[1] Ley Orgánica de Educación de la República Dominicana No. 66-97. Artículo 139. Subrayado nuestro.

SANTO DOMINGO. 16 de enero 2018-La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) propuso al alcalde David Collado un proyecto de seguridad ciudadana en el que participe el sector privado para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos del Distrito Nacional.

Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de FINJUS, indicó que la propuesta involucra a otras instituciones como Interior y Policía y las Fuerzas Armadas que permita crear un equipo de trabajo que permita diseñar política para garantizar la seguridad ciudadana.

“El objetivo en principio, obviamente esto es una hipótesis de trabajo, es presentar a las organizaciones empresariales, sociales y medios de comunicación las estrategias y planes que en la actualidad desarrolla el Ayuntamiento del Distrito Nacional y analizar los retos que implica la contribución del ayuntamiento a la mejoría de la seguridad en la ciudad de Santo Domingo”, dijo Castaños Guzmán.

Manifestó que algunos temas que han diseñado son los mecanismos de relación entre el cabildo y la comunidad, coordinación de trabajo conjunto con toros organismos que inciden en la seguridad ciudadana, programas del cabildo para fomentar la seguridad ciudadana y análisis de los retos del cabildo, entre otros.

Otro aspecto es reformular y fortalecer el papel de la Policía Municipal para que se más efectiva en el combate de la delincuencia y mejoría de la seguridad.

El vicepresidente ejecutivo de FINJUS habló luego de recibir un informe del cabildo del Distrito de manos del alcalde David Collado y lo principales ejecutivo de la entidad sobre los ingresos y gastos del 2017.

Saludó la transparencia con la que se ha manejado el cabildo en cuanto al manejo de los recursos y felicitó al alcalde Collado por crear los mecanismos de transparencia que pueden ser imitados por otras instituciones.

De su lado, el alcalde David Collado, dijo que su administración cree en la transparencia y en la ética, honrada y que por eso presentan a una institución como FINJUS un informe de los procesos internos sobre compra, ingresos y gastos durante el 2017.

“Y a la vez tratando de hacer una alianza entre FINJUS y la ciudad de Santo Domingo para trabajar temas en conjunto”

Fuente: Diario Libre

 

 

Al finalizar 2017 la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS) desea compartir con la ciudadanía y sus organizaciones algunas reflexiones sobre el balance institucional que hemos realizado, dirigido a extraer lecciones que nos permitan avanzar en la superación de algunos de los agudos problemas que arrastramos desde hace décadas.

 

De dicho análisis se derivan asimismo los grandes retos para el 2018 que consideramos que deben ser enfrentados tanto por el Estado como por la sociedad, de manera que alcancemos un país más seguro, con una justicia más accesible, efectiva y eficiente en el castigo a la criminalidad organizada y sobre todo en el marco de una sociedad con mejores controles institucionales para prevenir la corrupción y la impunidad.

 

Los grandes retos que destacamos son los siguientes:

 

PRIMERO: Es urgente la modificación sustancial de la Ley  de Compras y Contrataciones Públicas, que fortalezca el sistema nacional en esta materia. Los estudios y diagnósticos recientes, tanto a nivel nacional como internacional, indican que mientras no se cambie esta legislación, el país seguirá pagado un alto costo de deterioro de su imagen internacional como no competitivo y que carece de la capacidad para controlar, investigar y castigar la corrupción pública que sostiene el modelo político clientelista.

 

Las debilidades, vacios y distorsiones que existen en la Ley de Compras y Contrataciones Públicas estimulan la corrupción público-privada y dificultan la creación de una cultura de transparencia y gestión eficiente de los recursos públicos. Detrás de cada escándalo judicial la ciudadanía ha visto que existe una violación flagrante de las normas que deberían regular los mecanismos de control, supervisión e investigación de los actos de la administración pública en sus diferentes vertientes.

 

SEGUNDO: Es imprescindible que en 2018 en el país se produzca un cambio sustancial en la efectividad del sistema de justicia para investigar, acusar y condenar los casos criminales más importantes, en especial los que están vinculados con el crimen organizado, en sus diferentes modalidades de narcotráfico, corrupción y otros elementos que ponen en peligro la seguridad jurídica, la convivencia pacífica y el desarrollo económico y social del país. Es esencial que los casos emblemáticos, tales como Odebrecht, CORDE, CEA y la OMSA, entre otros, sean juzgados apegados al debido proceso pero con el resultado de que los responsables reciban las penas que las leyes establecen.

 

TERCERO: es urgente que el nuevo Código Penal sea aprobado en el Congreso de la República y se alcance una solución satisfactoria al tema de la interrupción del embarazo en base a las causales establecidas, de manera que la sociedad cuente con una ley moderna que permita tipificar una serie de nuevos delitos que hoy permanecen impunes y sus responsables reciban las penas correspondientes.

 

CUARTO: Es impostergable que la seguridad ciudadana sea reforzada mediante la adopción de un nuevo Plan Nacional de Seguridad, que permita fortalecer la Policía Nacional y convertirla en el órgano responsable de prevenir e investigar la criminalidad, con  profesionalidad, integridad y acorde con los mandatos de su nueva Ley Orgánica. Este reto será superado en la medida en que los programas de mejora y reorganización de la Policía se incrementen y se realicen todas las evaluaciones, depuraciones y ajustes que son necesarios para que este órgano recupere la confianza plena de la sociedad.

 

QUINTO: Se requiere urgentemente que, en base a un gran consenso con la participación de todos los sectores, en el 2018 se aprueben las nuevas Leyes de Partidos y Agrupaciones Políticas y del Régimen Electoral, debido a que ellas influyen de manera decisiva en la transparencia, confiabilidad y el juego limpio que deben sostener nuestro régimen democrático.

 

SEXTO: Un gran reto para el 2018 es que el Poder Judicial realice todos los cambios y reformas que fueron adoptadas en la Cumbre Judicial de finales del 2016, para que la independencia interna y externa de la judicatura sean fortalecidas y la judicatura se convierta en un verdadero contrapeso del Poder mediante sus decisiones. En este mismo orden es preciso que el Ministerio Público refuerce su profesionalidad, su acción independiente en lo funcional y su capacidad de realizar acusaciones de calidad, sin temores ni condicionamientos. 

 

 

2018 llega cargado de grandes retos y oportunidades. Si el Estado y la sociedad se organizan y coordinan para superar estos retos, la República Dominicana en la que viviremos al final del 2018 estará más cerca del ideal de nuestro ordenamiento constitucional y legal, en beneficio de la consolidación institucional del Estado y el desarrollo social y económico de todos.

 

Dr. Servio Tulio Castaños G.

27 de diciembre del 2017.

 

 

La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS) considera que la Resolución 003/2017 emitida por la Junta Central Electoral (JCE), que regula un mecanismo administrativo para la asignación de apellidos a niños, niñas y adolescentes declarados judicialmente en estado de abandono por filiación desconocida, es una iniciativa loable para la protección especial de las personas menores de edad. Esta normativa también busca proveer de apellidos a las personas adultas que, inscritas ya en el registro civil, carecen de apellidos por carecer de una filiación conocida.

 

En diferentes ocasiones FINJUS resaltó que, pese a que la JCE estuviera facultada constitucionalmente para emitir reglamentos que actualizaran el ordenamiento jurídico dominicano, este órgano se resistiera a hacerlo argumentando que con ello invadía las competencias normativas que correspondían al Poder Legislativo. Objeciones de este tipo no son válidas a la luz de la Constitución de 2010, por lo que a pocos días de su proclamación FINJUS advertía que “es evidente que ya no será posible alegar que la facultad reglamentaria de JCE es de carácter complementario, porque las nuevas disposiciones constitucionales le otorgan una capacidad de reglamentación autónoma en los asuntos de su competencia. Ello supone que la JCE no necesitara de la previa habilitación legislativa para reglamentar […] asuntos cuya competencia le ha sido expresamente atribuida desde la Constitución”.

 

Preciso es agregar que el propio Tribunal Constitucional ha sostenido expresamente en la ratio descidendi de la sentencia 305-14 que la JCE es el órgano superior del registro civil y la cédula de identidad y electoral y, por lo tanto, la facultad reglamentaria de que se encuentra investido por la Constitución, “no se limita a la regulación electoral y a los mecanismos de participación, sino que también abarca al registro civil, así como la cédula de identidad y electoral. Se trata, en consecuencia, de instrumentos imprescindibles para que pueda cumplir con sus cometidos. Los reglamentos que adopta pasan a formar parte del régimen normativo propio y actualizan el ordenamiento jurídico estatal generando derechos y obligaciones”. Este precedente despeja cualquier duda acerca de la potestad reglamentaria que compete a la JCE en relación al registro civil.

 

Al analizar la Resolución 003/2017 de la JCE se observa que el objetivo fundamental de la medida es revertir la situación de desprotección que atraviesa la persona que carece de apellidos, en cuanto se le dificulta el ejercicio pleno de ciertos derechos fundamentales. La propia JCE ha planteado que el documento de identidad de una persona registrada sin apellidos es “cuestionado y no puede ser utilizado en el ejercicio de los Derechos Fundamentales que le asisten como persona, dificultándole el ejercicio de sus derechos civiles y políticos, como serian entre otros, acceso al sistema educativo, de salud pública, deporte, pasaporte, licencia de conducir, apertura de cuentas bancarias”, entre otros aspectos que implicarían graves limitaciones al desenvolvimiento normal de la vida en sociedad.

 

Se alega que la Resolución No. 3-17 es nula por no haberse realizado la consulta previa a la ciudadanía, que prevén tanto la Ley de Acceso la Información Pública (Ley No. 200-04) como la Ley de Derechos de las Personas en su Relación con la Administración y de Procedimiento Administrativo (Ley No. 107-13). Sin embargo, un análisis riguroso de la iniciativa de la JCE permite evidenciar que no era aplicable en la especie la obligación jurídica de la  consulta previa porque sus efectos son a lo interno de la administración del registro civil y no afecta negativamente derechos ni intereses legítimos de la ciudadanía, es decir, no establece reglas que deban ser cumplidas por los administrados sino que se limita a trazar pautas a seguir a lo interno de la administración. Esta resolución no afecta derecho alguno, sino que al contrario instituye un mecanismo administrativo que favorece la protección jurídica de las personas en estado de abandono, especialmente los niños,  al amparo del mandato general que el artículo 68 de la Constitución impone a todos los poderes públicos de garantizar “la efectividad de los derechos fundamentales”. Aún así, valoramos como positivo la apertura que ha exhibido la JCE al disponer la publicación de esta resolución para recibir observaciones de la sociedad en general.

 

Se ha planteado asimismo que la Resolución 003/2017 de la JCE entra en contradicción con disposiciones del Código de Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes, en lo que respecta al procedimiento que debe seguirse en las situaciones de abandono y las competencias que corresponden al Consejo Nacional de la Niñez (CONANI). Sin embargo, al estudiar conjuntamente dichas leyes y la referida resolución no encontramos contradicción alguna, pues el mecanismo de asignación de los apellidos habrá de operar con posterioridad a la declaratoria judicial de abandono, y no existe interferencia alguna con las atribuciones que el artículo 132 de la Ley No. 136-03 asigna al CONANI para realizar las investigaciones de abandono de menores e impulsar la declaratoria judicial de abandono por filiación desconocida.

 

Otro de los alegatos es que la Resolución 003/2017 de la JCE contraviene las facultades que la Ley No. 659 de 1944 atribuye a los Oficiales del Estado Civil, pero en nuestro análisis no encontramos contradicción sino complementariedad, en tanto que la medida administrativa que adopta la JCE responde al nuevo régimen constitucional y convencional de la identidad personal, al brindar protección jurídica a quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad por abandono sin filiación parental conocida y perfeccionar el registro civil con la implementación de una política pública que actualiza el ordenamiento jurídico nacional acorde a las competencias que en la gestión del Registro Civil le atribuye a la JCE la Constitución de la República.

 

Necesario es destacar que, a nivel internacional, en el derecho comparado se ha abordado la problemática de las personas abandonadas sin identidad en sentido similar a la normativa de la JCE. Así, cuando no se conoce al padre ni la madre, y dado que ningún niño o la niña deben carecer de nombres y apellidos, será menester asignarle uno oficiosamente. De ahí que suela disponerse que los oficiales del registro civil adjudiquen un nombre y apellido comunes a los niños abandonados cuya filiación no pueda ser determinada. Esta salida es, en líneas generales, adoptada en múltiples países cercanos a nuestra tradición jurídica, aunque pueden advertirse algunas diferencias de detalle, por lo que es válido que la JCE explore las opciones posibles en una deliberación más abierta con la sociedad dominicana.

 

FINJUS reconoce que al adoptar esta Resolución 003/2017, que regula un mecanismo administrativo para la asignación de apellidos a niños, niñas y adolescentes declarados en estado de abandono por filiación desconocida, el Estado dominicano está dando un paso de avance en el cumplimiento de su misión fundamental, que no es otra que garantizar los derechos fundamentales de todas las personas en un marco de apego a las leyes, los tratados internacionales suscritos por el Estado y la Constitución de la República.

 

Es conocido que el contenido de esta Resolución está íntimamente vinculado con temas muy sensibles de la agenda nacional, sobre los cuales existe mucha atención e interés en todos los sectores nacionales. Abogamos porque el tratamiento que continuará teniendo este tema se base en el respeto de la dignidad humana y las medidas especiales que deber ser adoptadas para evitar la vulnerabilidad y la exclusión de social, en el ejercicio pleno de las potestades constitucionales de los órganos públicos involucrados y con un mayor nivel de apertura a la participación de todas las instituciones o personas que muestren su deseo de aportar en este delicado tema. El país, con esta decisión de la Junta Central Electoral, da un nuevo paso para ser reconocido en la comunidad internacional como un Estado comprometido con la vigencia y respeto plenos de los derechos fundamentales, lo que sin dudas vendrá a contribuir a despegar cualquier duda al respecto.  

 

 

Dr. Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo de la FINJUS

 

1º de enero de 2018

 

Al finalizar cada año es común que las instituciones públicas y privadas realicen un ejercicio de evaluación de los resultados alcanzados en los diferentes niveles y áreas, de cara a extraer lecciones que permitan avanzar en el logro de los objetivos y metas nacionales, sectoriales o locales y permitan un diálogo entre el Estado y la sociedad.

 

Por ello desde Fundación Institucionalidad y Justicia, (FINJUS) deseamos compartir con todos los sectores sociales y sus organizaciones algunas reflexiones que contribuyan a realizar un ejercicio constructivo de balance del año 2017 que concluye en pocos días. En este sentido queremos pasar revista a algunos hitos del quehacer gubernamental y/o estatal, en especial del sistema de justicia, que ayuden al país a ponderar los retos que deberemos enfrentar de cara al próximo año 2018.

 

Como en años anteriores, FINJUS resalta la distancia que existe entre las propuestas, metas, planes y estrategias nacionales, y los resultados inmediatos que se obtienen en el camino de lograr la institucionalización que demanda el desarrollo nacional y la convivencia pacífica y armoniosa entre todos los sectores. Al tiempo que reconocemos avances destacados en varias áreas estratégicas ligadas con la seguridad ciudadana o algunos servicios fundamentales, como es el caso de la educación, deploramos que los factores principales que contribuyen a la percepción negativa de la calidad de la democracia y de la seguridad jurídica no hayan registrado mejorías sustanciales.

 

Los grandes indicadores de esta última afirmación se encuentran en la pobre calificación del país en temas vitales como la competitividad en el mercado internacional; los bajos índices de salud y la grave situación en que se encuentran muchos centros o la mala calidad de la relación entre los actores de ese sistema; las fallas agudas de los sistemas de control y consecuencias en compras públicas y los mecanismos de licitaciones y contrataciones; el incremento de la presencia del crimen internacional organizado; la efectiva coordinación de los órganos de la Administración Central, lo que da lugar a duplicidades y gastos superfluos; la falta de transparencia  y de responsabilidad fiscal y presupuestaria y el aumento de la percepción de impunidad que arropa el sistema de justicia, especialmente en el área penal.

 

Sin ser exhaustivo en el análisis, FINJUS desea aportar algunas reflexiones en los ejes claves antes mencionados, con el único propósito de contribuir con las autoridades a la búsqueda de las soluciones adecuadas a cada uno de ellos y aportar a las organizaciones sociales nuevo elementos para fortalecer sus demandas para que el Estado rinda cuentas y aplique sanciones donde existan delitos y deficiencias, lo que debe hacerse con objetividad y aplicando las garantías constitucionales.

 

Nos preocupa en primer lugar las debilidades institucionales del Sistema de Justicia, que se ha convertido en una de las máximas prioridades en la agenda de la sociedad, al entenderse como un elemento esencial para la consolidación de un Estado social y democrático de derecho. Encontramos que al final del 2017 persisten las debilidades identificadas en diagnósticos y estudios recientes, y que lamentablemente alimentan la desconfianza ciudadana, lo que convierte en este aspecto en uno de los principales desafíos del Estado y sociedad de manera que logre su mejoramiento y renovación en los años venideros.

 

En este aspecto es oportuno destacar que en nuestro sistema persisten zonas de penumbra, siendo notorio que no se han alcanzado los niveles de independencia, eficiencia, transparencia y previsibilidad necesarios para garantizar la seguridad jurídica imprescindible para el desarrollo económico y social nacional. Para analistas y expertos esto contribuye al resquebrajamiento de su legitimidad a causa de los bajos niveles de credibilidad y confianza ciudadana en sus órganos.

 

A lo anterior se suma la inobservancia por parte de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de aplicar la ley de Autonomía Presupuestaria del Poder Judicial y el Ministerio Público, que mantiene a las principales instituciones del sistema de justicia en una situación de precariedad para el desarrollo de políticas públicas que aseguren la política criminal del Estado y las medidas que facilitan el acceso, eficiencia y gratuidad de la justicia como ordena la Constitución.

 

Como aspecto positivo, cabe destacar el fortalecimiento de la Inspectoría del Poder Judicial concretizado en este año, el cual ha permitido la implementación de múltiples procesos de evaluación de los integrantes de ese poder del Estado. No obstante, debe ser una meta a corto plazo adecuar estos procesos y los disciplinarios derivados de ellos, a la tutela judicial efectiva y el debido proceso de ley contenido en el principio constitucional que enarbola el artículo 69 de nuestra Constitución: debido proceso de ley.

 

En el ámbito del sistema nacional de Compras y Contrataciones Públicas observamos y valoramos muy positivamente los esfuerzos que se realizan para mejorar su modelo normativo actual, que es uno de los factores que ha contribuido a entorpecer el esfuerzo por la transparencia que se realiza en algunos sectores estatales, conscientes de que las leyes actuales dejan múltiples brechas que facilitan manejos irregulares de los fondos del erario. Todo lo cual contribuye a elevar el malestar social y a empañar las posiciones del país en los indicadores económicos y sociales, tal como se vienen reflejando en estudios internacionales que nos sitúan en posiciones desventajosas respecto a otros países de la región.

 

Valoramos positivamente en este balance el conjunto de iniciativas del Poder Ejecutivo encaminadas a la estructuración de un programa de gobierno adecuado a los nuevos tiempos, denominado “República Digital”, con enfoque de la utilización de las TICS en materia educativa. De manera particular, saludamos el proceso impulsado por el Ministerio de Educación para realizar la evaluación del desempeño e inspectoría de su cuerpo docente administrativo, a fin de medir el resultado de las políticas públicas a favor del derecho a la educación y de la inversión que la sociedad dominicana hace en esta materia.

 

Con relación a la Seguridad Ciudadana, ha sido muy positivo el conjunto de medidas que se avanzan para la implementación gradual del Plan Estratégico de la Policía Nacional, así como la adecuación de todas sus estructuras internas a lo establecido en su Ley Orgánica. Deben aplaudirse las acciones que se han realizado para mejorar las condiciones salariales y laborales de todos los agentes policiales, la adecuación de su presupuesto y los procesos que deben llevar a la creación de una cultura de transparencia, rendición de cuentas e integridad en el cuerpo policial. Apoyamos todas las iniciativas conducentes a castigar a los agentes que se desvían de de su compromiso el combate del crimen, y que la sociedad percibe como alarmante la participación  de malos policías en delitos y crímenes.

 

Ha sido positivo el inicio de una serie de programas que conducen a prestar atención a uno de los temas más graves de la seguridad ciudadana, que lo constituye la violencia al interior de las familias y especialmente hacia las mujeres. La sociedad ve esperanzada que el Ministerio Público sentó las bases de un plan especial para prevenir y combatir la ola incesante de violencia de género e intrafamiliar que arropa nuestro país, lo  que deberá contribuir a crear programas e iniciativas para enfrentar este flagelo que lleva luto y desolación a muchos hogares.

 

Aplaudimos como una medida positiva en el 2017 que el Gobierno central haya extendido la cobertura del sistema de emergencia 911 a la zona norte del país, a partir de las oficinas centrales que funcionan en la ciudad de Santiago de los Caballeros.

 

Dentro de los aspectos que la sociedad viene señalando críticamente se destaca el fracaso en adoptar unas nuevas Leyes de Partidos y Agrupaciones Políticas y del Régimen Electoral, las cuales quedaron nuevamente sobre la mesa del Congreso Nacional, en una clara señal, de acuerdo a expertos y comunicadores, de que al parecer no existe la voluntad de atender los reclamos sociales para que la transparencia, la democracia y el juego limpio sean las bases de la conducta de estos entes públicos. FINJUS reitera que  mientras dicha Ley no sea adoptada y aprobada con el consenso de toda la sociedad, no se superarán las formas espurias de hacer política en el país basadas en el clientelismo, el tráfico de influencias, la corrupción y la falta de democracia al interior de los partidos.

 

Otro limbo jurídico desventajoso, especialmente para el sistema de justicia penal, lo constituye la situación del proyecto de ley del nuevo Código Penal a causa de no generarse los consensos necesarios en un único debate: el tema de la interrupción del embarazo. La no promulgación del Código Penal debido a razones que no son propias de una discusión penal sino de salud pública, ralentiza el proceso de modernización del sistema de justicia en general y se interrelaciona con los elevados picos de desconfianza del sistema de justicia, de impunidad y percepción de inseguridad ciudadana debido a que no contamos con los nuevos tipos penales y las sanciones adecuadas de los nuevos delitos y crímenes que enfrentamos.

 

Un elemento esencial de un balance del 2017 es el hecho sin precedentes de graves y complejos casos de corrupción que ingresaron al sistema de justicia. Se destacan los expedientes sobre el  CEA, CORDE, OMSA, Los Tres Brazos y ODEBRECHT, que han puesto nuevamente en evidencia las debilidades en las instituciones públicas y que, según los analistas, generaron en la población mayor desconfianza tanto en el sistema político como en el Poder Judicial.

 

A partir de este balance del año que finaliza, consideramos como grandes desafíos para 2018, entre otros, los siguientes:

 

  • la democratización del Poder Judicial, a fin de fortalecer la independencia interna y externa de sus miembros; de igual forma, lograr la consecución de la autonomía presupuestaria de este podermediante la asignación íntegra de la partida que le corresponde por ley para asegurar cuestiones como la tecnificación de los actores que interactúan en el sistema de justicia.

 

  • El logro de una mayor coordinación interinstitucional entre los distintos órganos del sistema de justicia (Ministerio Público, Policía Nacional, Defensa Pública, Poder Judicial) para el fortalecimiento de cada uno de ellos y del propio sistema en sí.

 

  • El reforzamiento de la fiscalización de los fondos públicos, como forma de evitar caer en los agudos déficits presupuestarios, endeudamientos externos y déficits fiscales de años anteriores.

 

  • El combate del entorno amigable y permisivo dentro de los organismos oficiales, así como erradicar las estructuras de poder que ha desarrollado el crimen organizado, especialmente el narcotráfico, en nuestro país. El Estado debe encaminarse a desarticular todas las redes de apoyo que se han creado al interior de los organismos estatales, que dan soporte, pasan informaciones o simplemente descuidan sus responsabilidades, para facilitar la entronización del crimen organizado

 

  • La definición, con mayor precisión y claridad, de la política nacional de seguridad ciudadana, para que comprenda nuevos programas, proyectos, recursos adecuados y mecanismos rectores y operativos para su ejecución, dando prioridad a la coordinación institucional que se requiere. Aún persisten áreas oscuras tanto en la persecución como en la prevención de la violencia y el crimen.

 

2018 llega cargado de grandes retos y oportunidades. La sociedad reclama que los Poderes del Estado den respuestas firmes y acertadas a los desafíos que han quedado pendientes luego de aprobadas e iniciadas las reformas en los últimos años. Para encararlos, reiteramos la necesidad de propiciar escenarios en los cuales se socialicen propuestas jurídicas e institucionales que sean constructivas, factibles y apegadas a nuestro ordenamiento constitucional y legal, en beneficio de la consolidación institucional del Estado.

 

 

Dr. Servio Tulio Castaños G.

19 de diciembre del 2017.

 

Me complace extender a todos los presentes una grata bienvenida en nombre de la Coalición Acción por la Justicia y la Seguridad a este interesante encuentro en el cual converge el interés de diversas instituciones que se han comprometido con el desarrollo del sistema y el de la ciudadanía en general, teniendo como enfoque propiciar un escenario de evaluación en materia de avances y retos del sistema de justicia y de los órganos que lo componen.

 

Sin dudas el fortalecimiento institucional del Sistema de Justicia se ha convertido en una de las máximas prioridades en la agenda de la sociedad dominicana, dadas las serias debilidades de las cuales hemos sido testigos que agravan la desconfianza ciudadana. De lo anterior, se desprende la necesidad de hacer un ejercicio constructivo que permita pasar balance a nuestro Sistema de Justicia tomando en consideración el discurrir de este año 2017, a partir de ahí estaremos prestos a observar y analizar con mayor objetividad cuál es la situación real de nuestros órganos de justicia y los retos que tienen pendientes enfrentar de cara al 2018.

 

El entramado que conforma la justicia dominicana aparece aún con muchas zonas que ameritan mejoramiento y renovación, pues es notorio que no se han alcanzado los niveles de eficiencia, transparencia y previsibilidad necesarios para garantizar la seguridad jurídica imprescindible para el desarrollo económico y social nacional. Asimismo se manifiesta un resquebrajamiento de la legitimidad del sistema de justicia por los bajos niveles de credibilidad y confianza ciudadana en sus órganos.

 

Las debilidades institucionales que enfrentamos no parecen corresponderse con los avances derivados de importantes procesos de reformas sucedidos a partir de la última década del pasado siglo XX orientados a reformular los marcos legales de acuerdo a las nuevas tendencias democratizadoras en auge en toda la región de Latinoamérica.

 

Ciertamente para nadie es un secreto que los órganos del Sistema de Justicia pasan por un período de crisis en la República Dominicana. Esto se manifiesta en una multiplicidad de recientes estudios internacionales y nacionales, como a los que se referirán los expertos que hoy nos acompañan destacando la magnitud del problema.

 

Al mirar los datos del mapa de soborno de Latinobarómetro 2017 resalta que nos situamos, junto a Venezuela y Paraguay, como los países que tienen más alta percepción de soborno. Y es que la mitad o más de la población perciben que en un 56% se puede sobornar a un policía, en un 46% a un juez o un funcionario del ministerio público.[1] Sin lugar a dudas esto socava los fundamentos de la convivencia democrática del Estado, con lo que se vuelve muy difícil sumar esfuerzos y concertar voluntades para lograr los objetivos de desarrollo.

 

En ese mismo orden, los datos del Barómetro de las Américas 2017 revelan que en el campo de la delincuencia, corrupción, y la confianza en el sistema de justica, República Dominicana no registra progresos, por lo que se concluye que si la ciudadanía no confía en el sistema de justicia ni en órganos que inciden como la policía esto se convierte en un indicador de déficit democrático y augura poca efectividad de estas instituciones en sus tareas fundamentales de gestionar el orden social.

 

Por otro lado, estudios realizados a lo interno de la Fundación Institucionalidad y Justicia, INC (FINJUS) en el presente año, los cuales serán socializados en breve plazo, reflejan un atraso considerable en materia de fortalecimiento de las capacidades institucionales del sistema de justicia. A modo de ilustración, la partida presupuestaria del Poder Judicial promedia menos del 1% con relación al presupuesto nacional lo que no alcanza siquiera la mitad del 2.66% asignado en la normativa correspondiente. 

 

De igual manera, con relación al Poder Judicial, las incidencias del presente año 2017 mostraron otras limitaciones y debilidades existentes como: decisiones reglamentarias[2] que aún no han logrado ponerse a tono con las expectativas que se derivan de las profundas innovaciones jurídicas de la Constitución del 2010; casos paradigmáticos de corrupción que han arropado al Poder Judicial dejando una percepción de una aplicación discriminada de justicia; y una justicia ejemplificadora aclamada por la sociedad que se encuentra en un compás de espera.

 

En los últimos años, el Poder Judicial ha reflejado otra de sus mayores debilidades que queda pendiente superar la cual consiste en una merma de la independencia interna y externa de este poder frente a poderes políticos y grupos económicos. Es por ello que el mayor reto para este 2018 es contar con jueces con vocación democrática, lo cual implica su independencia e imparcialidad en la toma de decisiones, para respetar la supremacía constitucional y proteger los derechos fundamentales.

 

Otro aspecto que debe ser abordado con precisión es el fortalecimiento de las capacidades institucionales del Ministerio Publico como órgano que mantiene el monopolio de la persecución de la acción pública.

 

Así también, debe reestructurarse el esquema de la policía en cuanto principal órgano auxiliar de la investigación penal dirigida por el Ministerio Público. El subsistema policial constituye una de las piezas angulares del sistema de justicia penal. No se puede pretender que los jueces decidan sin pruebas idóneas, pues la Constitución promete que “nadie podrá ser juzgado –ni castigado– sin haber sido oído o debidamente citado, ni sin observancia de los procedimientos que establezca la ley para asegurar un juicio imparcial y el ejercicio del derecho de defensa.”

 

De ahí, que se precise de una labor coordinada entre el Ministerio Público y los técnicos investigadores policiales de modo que la investigación, cuya etapa inicial es crucial, pueda estar orientada a destruir, más allá de toda duda razonable y con estricto apego a las normas del debido proceso, la presunción de inocencia que nuestro ordenamiento jurídico reconoce a todo imputado.

 

En ese marco, tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público, necesitan evaluar, los mecanismos de disciplina y remoción de jueces, fiscales, funcionarios y empleados de ambos organismos. Fortalecer estos aspectos contribuirá a la institucionalización de estos dos pilares del sistema de justicia en nuestro país  esenciales para el fortalecimiento del Estado de derecho y la institucionalidad democrática.

 

Por último, desde la sociedad exigimos que los Poderes del Estados den respuestas firmes y acertadas a estos desafíos que han quedado pendientes de las iniciadas reformas en los últimos años. Para encararlos, reiteramos ante los honorables magistrados del sistema de Justicia presentes, tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público y frente a la sociedad en general, nuestro compromiso de seguir propiciando escenarios en los cuales se socialicen propuestas jurídicas e institucionales que sean constructivas, factibles y apegadas a nuestro ordenamiento constitucional y legal, en beneficio del fortalecimiento institucional del Estado.

 

 

Dr. Servio Tulio Castaño G.

Fundación Institucionalidad y Justicia Inc. (FINJUS)

6 de diciembre, 2017

 

 

[1] Según el mapa del soborno del Latinobarómetro los países que tienen más alta percepción de soborno son Venezuela, Paraguay y República Dominicana con la mitad o más de la población que dice que se puede sobornar a un policía, un juez o un funcionario de ministerio.

[2] Ver casos de traslados de jueces por parte del Poder Judicial

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