Rafael Perez

Rafael Perez

La Fundación Institucionalidad y Justicia, INC., (FINJUS) tras ponderar cuidadosamente las recientes declaraciones del presidente del Colegio de Notarios con relación al uso obligatorio del Papel de Seguridad del Colegio de Notarios, considera necesario reflexionar sobre las graves implicaciones que conllevaría obligar a la incorporación de esta disposición ilegítima en el ordenamiento jurídico dominicano.

 

De manera arbitraria esta entidad emplazó a la comunidad jurídica a la implementación inmediata, obligatoria y con todas sus consecuencias legales del denominado Papel Especial Notarial de Seguridad que fue concebido mediante una especie de reglamento emitido por el Colegio en marzo del 2015, previo incluso a la aprobación de la ley 140-15 que actualmente regula el ejercicio del Notariado.

 

La justificación que planeta el Colegio de Notarios para la reglamentación de esta formalidad, pudiese parecer atinada pues aduce que se trata de evitar falsificaciones, alteraciones, suplantaciones, fraudes y usurpaciones de la función notarial; sin embargo, debe aclararse que esta imposición desborda y desnaturaliza su potestad reglamentaria, tanto la que le atribuía la ley anterior como la normativa actual que la derogó.

 

En efecto, la derogada ley 89-05 únicamente facultaba a dictar reglamentos organizativos sobre el gremio y de ninguna manera a adoptar textos de naturaleza normativa que tuviesen aplicación general como lo es lo relativo a la utilización del papel de seguridad; por otro lado, la actual ley 140-15 indica como atribuciones del Colegio la gestión del establecimiento y aplicación de normas y reglamentos y, cuando se refiere a regulación lo circunscribe a la vigilancia del correcto ejercicio profesional y a la elaboración de un reglamento de aplicación de la Ley el cual, primero deberá ser presentado al Consejo Directivo y luego enviado para aprobación al Poder Ejecutivo, lo cual, evidentemente, no ha sido el íter procesal del reglamento sobre el cual se basa el aviso del Colegio.

 

Sobre ello vale destacar que el propio Consejo Directivo del Colegio de Notarios se ha pronunciado indicando que, la puesta en vigencia de la utilización del papel de seguridad, se trata de una decisión ilegítima e unilateral del Presidente de esta entidad. Y es que en realidad se trata de un ejercicio que vulnera el principio de legalidad al extralimitar las atribuciones que le ha conferido el legislador respecto de su potestad reglamentaria.

 

No se puede obviar que la función notarial consiste en dar fe pública a los negocios jurídicos. Esta función pertenece monopólicamente a la soberanía del Estado, que la delega en profesionales independientes, en ejercicio de la potestad que le reconoce el artículo 147 de la Constitución para asegurar el acceso a servicios públicos de calidad. Consideramos que el establecimiento de manera arbitraria del uso de un Papel Especial Notarial de Seguridad supone una medida contraproducente que limita el acceso al servicio a la población de escasos recursos económicos.

 

Es oportuno enfatizar que esta pretensión del Colegio de Notarios crea privilegios y exclusividades para sus miembros y elevaría geométricamente las tarifas de cobro por servicios, además del alza que desde ya supone el contenido de la Ley 140-15, desnaturalizando así la esencia de la función notarial de servicio público.

 

Tomando en consideración las implicaciones e impacto que generaría la implementación de esta formalidad, rechazamos el uso del referido papel de seguridad lo cual, dado el encarecimiento del servicio, supone un nuevo obstáculo para el acceso a una gama de bienes protegidos por la Constitución en los cuales se necesita la intervención de un notario; asimismo, se ha tratado de un uso indebido de la potestad reglamentaria del Colegio de Notarios.

 

Servio Tulio Castaños Guzmán

14 de marzo de 2018

 

En días pasados, el Tribunal Constitucional fue apoderado de un recurso de inconstitucionalidad contra la vigésima disposición transitoria de la Constitución que prohíbe la reelección presidencial para el gobernante de turno. La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS), a la luz de la relevancia política que este tema significa en la vida nacional, considera oportuno compartir algunas reflexiones al respecto.

 

Desde que se suscitó esta discusión, distintos sectores y actores políticos se han pronunciado al respecto. No obstante lo anterior, consideramos importante que la ciudadanía conozca a profundidad las bases esenciales de esta discusión y se pondere, de manera equilibrada, la respuesta institucional y social que amerita.

 

En ese sentido, desde FINJUS hemos elaborado una serie de argumentos en la dirección de comprender el núcleo central del debate que implica una eventual reforma constitucional. De este modo, trataremos explicar el fondo de esta cuestión desde los principios del orden constitucional y sus características históricas, así como también las vías y mecanismos establecidos en la Constitución para agotar un proceso de este tipo con total legitimidad y legalidad.

 

  1. Orden constitucional y presidencialismo.

 

No podemos pasar por alto que nuestra Constitución ha sido objeto de 39 modificaciones, a lo largo de la historia como República. La mayoría de estas modificaciones han respondido al exclusivo interés de variar, reafirmar o contrarrestar el tema de la reelección presidencial, atendiendo a los intereses políticos de turno.

 

Cabe destacar que nuestro orden jurídico- constitucional y político se adhiere, en gran medida, a los rasgos del presidencialismo que ha sido parte de la naturaleza del poder –en términos amplios– en América Latina. En nuestra región, han sido históricamente determinante las decisiones tomadas por el Ejecutivo en torno a la organización del poder, en detrimento del justo equilibrio de poderes y la participación real de la ciudadanía en las esferas de decisión.

 

Desde el orden constitucional, tal como diría Dworkin, se debe tratar de hacer un esfuerzo persistente de integridad destinado a “hablarle a la ciudadanía con una sola voz[1]”; evitando así las interpretaciones sujetas a las actuaciones marcadas por caprichos de alguno de los poderes del Estado o por intereses estrictamente personales, logrando así un marco de respeto a la legalidad, al equilibrio de poderes y, ante todo, al orden constitucional vigente.

 

Por tanto, todo lo anterior implica que si nuestro país quiere avanzar con total respeto a la Constitución, no pueden obviarse dos elementos fundamentales: nuestra historia y práctica constitucional y las interpretaciones legalistas ajustadas a intereses políticos determinados. Es decir, el Poder Ejecutivo no puede formar parte de las pinceladas negativas que han existido en nuestro orden político y normativo, sino mantener el respeto a los principios jurídicos que fortalecen la calidad democrática del Estado dominicano.

 

  1. La vía jurisdiccional y la inconstitucionalidad del transitorio.

 

La Constitución del 2015 establece claramente en su artículo 267 las condiciones necesarias para su eventual reforma: la reforma de la Constitución sólo podrá hacerse en la forma que indica ella misma y no podrá jamás ser suspendida ni anulada por ningún poder o autoridad, ni tampoco por aclamaciones populares. Por tanto, tal como establece el jurista Nassef Perdomo, “el papel del procedimiento de reforma es, fundamentalmente, defender la supremacía de la Constitución a través del mecanismo de la rigidez[2].

 

En ese sentido, ya que la propia Ley Sustantiva establece rigidez a través de las formas en que ella misma se puede modificar, no es saludable que se pondere su reforma y se utilice la vía jurisdiccional para fiscalizar los contenidos de la reforma constitucional y determinar la inconstitucionalidad de un presupuesto normativo de carácter constitucional, donde uno de sus fines no es otro que el de garantizar la primacía del orden dentro del propio sistema democrático, y así fijar límites al poder político.

 

Por otro lado, uno de los argumentos utilizados por determinados sectores para desviar la atención de lo importante en esta discusión y obviar los principios constitucionales, ha sido el del respeto a las decisiones por “aclamación popular”, tal como establece la parte in fine del precitado artículo 267. Además de que está taxativamente prohibido en la norma constitucional, este argumento no limita la posibilidad de participación de la población en decisiones de este tipo.

 

Lo que se ha querido es evitar la utilización de la reforma como mecanismo de poder para que grupos se perpetúen en el control del Estado y proteger esta rigidez constitucional para un eventual procedimiento de este tipo. La aclamación popular del artículo 267, “no se refiere a la participación del pueblo en la reforma constitucional, sino a la proclamación de una reforma constitucional por la población en un contexto de vacío institucional.”[3]

 

En la actualidad, nuestro país no se encuentra en un estado de vacío institucional ni de indefiniciones respecto al modelo de Estado. Por lo que apelar a presumir la existencia anticipada de un sentimiento popular sustentado en intereses políticos de turno, trasladándolo así al orden jurisdiccional para violentar los principios constitucionales, lacera toda la trayectoria de consolidación del Estado de Derecho, seguridad jurídica, fortalecimiento institucional y el respeto a la legalidad durante los últimos años.

 

  • Alternabilidad democrática y poder.

 

Otro de los matices de gran interés en esta discusión, lo es el tema de la alternabilidad democrática. Desde una comprensión mínima de la historia política reciente, la alternancia o no dentro del sistema político no ha dependido, en términos estrictos, de la manifestación de la voluntad de la población sino de decisiones impuestas por las distintas direcciones de los partidos.

 

En el caso que nos ocupa, la voluntad de un partido político –sin entrar en consideraciones de su legitimidad o no– no puede formar parte de una decisión que englobe una serie de transformaciones en el seno del Estado. Mucho menos, debe trasladarse esta decisión de un partido a la esfera judicial ni tampoco evitar que se desarrolle la alternancia política en nuestro país.

 

La vigésima disposición transitoria de nuestra Ley de Leyes es sumamente clara, bajo ningún concepto, esta podría afectar los derechos de los gobernantes ni tampoco generar un marco desigual de posibilidades para el acceso al poder. Sumado a lo anterior, nuestra Ley Sustantiva, en su artículo 124 establece que El Presidente o la Presidenta de la República podrá optar por un segundo período constitucional consecutivo y no podrá postularse jamás al mismo cargo ni a la Vicepresidencia de la República[4]”.

 

Por tanto, el texto constitucional ha sido muy específico sobre la imposibilidad de que el presidente de la República pretenda optar por un tercer período, como sería el caso en la actualidad con el mandatario de turno. Ninguno de los dos esquemas generan una suerte de afectación al primer ciudadano de la República en el marco de la igualdad, sino todo lo contrario; se trata de un obstáculo frente a la posible perpetuación en el poder y una garantía importante para la democracia.

 

Desde FINJUS, consideramos que apelar a este precepto carece de un reconocimiento de la realidad fáctica y del concepto jurídico-constitucional referente a la igualdad. Tal como establece Prieto Sanchís, “los juicios de igualdad son siempre juicios valorativos, referidos conjuntamente a las igualdades y desigualdades fácticas y a las consecuencias normativas que se unen a las mismas[5]”.

 

Esto quiere decir que el fin constitucional de la norma en torno al caso específico que quiera aplicarse debe poseer en sí mismo una justificación suficiente y congruente respecto a la aplicación de este principio. Por tanto, de aplicarlo debe valorarse la situación de tratamiento entre iguales y de este modo valorar si se encuentra una situación específica que pueda estar lacerando el derecho a la igualdad.

 

Debe considerarse además que al haber optado por insertar la fórmula de la no reelección, se concibió lo más conveniente para la salud de un sistema político que, dada nuestra reiterada experiencia, se ha visto seriamente perjudicado por la tendencia a la autoperpetuación de las élites y/o de los anillos de poder.

 

Consideramos que es precisamente la no reelección lo más democrático y lo más acorde al contenido del derecho a elegir y a ser electo o a ocupar los cargos públicos en condiciones de igualdad y sin discriminación, pues se garantiza la posibilidad de que diversos sectores de la ciudadanía tengan la posibilidad de acceder a la esfera gubernamental.

 

Como hemos expresado en múltiples escenarios, queda claro que apelar a la utilización del principio de igualdad como justificación normativa para indicar la existencia de una vía abierta para la reelección presidencial que contraviene lo establecido en nuestra Constitución  es insostenible jurídicamente, por las confusiones que genera.

 

  1. Reflexiones Finales.

 

La  hiperreformabilidad[6] constitucional es uno de los fenómenos que históricamente reaparece en nuestro país cada vez que las fuerzas políticas desean tejer hilos conductores de voluntades particulares para saciar sus intereses personales de mando. La reforma constitucional no puede ser un instrumento de estrategia política del gobierno de turno para permanecer en el poder; “las  fuerzas políticas deben entender que hace tiempo que la Constitución no es ya más un Derecho de preámbulo ni un compendio de vagas recetas políticas” [7] que puede adaptarse a los interés particulares de unos cuantos; obviando los límites implícitos al poder reformador de la Constitución.

 

En conclusión, desde FINJUS valoramos que la institucionalidad democrática, la gobernabilidad y el fortalecimiento del Estado Social y Democrático de Derecho son valores esenciales de nuestra Constitución los cuales podrían verse seriamente afectados si se introduce una nueva vez este tema en la opinión pública y, aún más, si se materializa a través de vías improcedentes y convenientes sólo para el poder político, no así para el orden constitucional.

 

Abogar de manera continua a la reforma de la constitución evidencia la inestabilidad institucional de nuestro país, y al mismo tiempo de manera muy peligrosa condiciona el texto constitucional y el poder reformador de la Constitución constantemente a los vaivenes políticos y, por lo tanto, la convierte en un traje a la medida de quienes ostenten el poderío político.

 

 

Dr. Servio Tulio Castaños G.

12 de marzo del 2018.

 

 

 

[1] Para mayor profundización en el tema, véase a GARGARELLA, Roberto. La sala de máquinas de la Constitución. 1a Ed. Buenos Aires. 2014. P. 303.

[2] PERDOMO, Nassef. En FINJUS. Constitución Comentada. 4ta Edición. 2015. P. 547. Subrayado y resaltado nuestro.

[3] Ibídem. P. 548.

[4] Constitución de la República Dominicana. 2015. Artículo 124. Subrayado nuestro.

[5] PRIETO SANCHÍS, Luis. Los derechos sociales y el principio de igualdad sustancial. Publicado en Revista del Centro de Estudios Constitucionales. No. 22. Septiembre- diciembre 1995. P. 24.

[6]  Concepto acuñado por el jurista Miguel Carbonell.

[7] FAVOREU, Joseph Louis. La Constitucionalización del Derecho. Las Misceláneas en homenaje a Roland Drago, “La unidad del derecho”. París. 1996. P. 25.

En los últimos años, el sistema de partidos ha tenido serios cuestionamientos por parte de la ciudadanía, lo que ha promovido que diversos sectores hayan iniciado activamente diálogos, reformas y debates profundos al respecto. Cada idea que se ha vertido en este proceso, tiene que ver con la adaptación de los partidos y el régimen electoral a nuestra Constitución y la necesidad de una reforma y/o creación de instrumentos normativos rectores de sus actuaciones.

 De manera reiterada la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS), ha venido proponiendo la necesidad de crear un consenso en torno a esta temática, en miras de fortalecer el sistema político. En la actual coyuntura, entendemos que resulta impostergable repensar esta situación y debemos abocarnos a hacer operativas las propuestas que nazcan tanto de los partidos como de la ciudadanía en general.

 De este modo y confiando en los frutos que surgen del ejercicio dialéctico, consideramos importante valorar las opiniones que han puesto en la palestra pública los partidos y agrupaciones políticas que forman parte del denominado Bloque Opositor. Somos de opinión que escuchar y hacer realidad sus voces fortalecerá, en gran medida, la gobernabilidad en tanto que es una manera de demostrar los avances que tenemos en materia de democracia.

 Entendemos positivo que esta propuesta sea cónsona con la Junta Central Electoral en cuanto a la necesidad de establecer mecanismos de controles para el financiamiento de los partidos y agrupaciones políticas en nuestro país, lo cual siempre han sido tema de debate por parte de diversos sectores. Esto así, pues la falta de transparencia y la ineficiencia de los mecanismos de controles sobre el origen y destino de los fondos que manejan los partidos políticos y los candidatos para solventar la actividad política favorecen la inequidad en los torneos electorales.

Es de importancia capital  establecer límites y prohibiciones al financiamiento de los partidos políticos, con el fin de evitar la entrada de dinero de carácter ilícito y para mantener la independencia y la imparcialidad del candidato, alejándolo de las posibles influencias, favores o prácticas deshonestas en favor de los respectivos donantes. Es necesario el establecimiento de un régimen de  sanción o sistema de consecuencias formal que permita regular de manera adecuada lo que pudiere surgir ante una violación de este precepto.

 Asimismo, en lo que concierne al financiamiento privado, consideramos relevante establecer controles y límites a las donaciones privadas por personas físicas y jurídicas, además,  eliminar el anonimato de las donaciones, publicitar el origen de lo que se contribuye y prohibir la aceptación de aportes de personas jurídicas que se encuentren en litigio con el Estado dominicano.

 De la misma forma, en cuanto al orden democrático interno que respecta a la mujer, consideramos oportuna la prohibición expresa de que, ante la renuncia de una candidata a un puesto de elección popular, deba ser sustituida de manera obligatoria por otra candidata, consagrando así el principio de igualdad real.

 Por otro lado, resaltamos la necesidad de estructurar un sistema electoral que se oriente a la eliminación del denominado arrastre y fomente cada vez más el voto directo como el mecanismo que verdaderamente responde a la esencia democrática y nuestros preceptos constitucionales. En este punto también vale repensar el método vigente de distribución de los escaños congresuales (D’Hont) puesto que el mismo no garantiza que el candidato más votado sea el electo, al darse la posibilidad de que el partido que lo postuló podría no alcanzar los votos suficientes para obtener alguna representación.

 Debería evaluarse la idoneidad y correspondencia con nuestra realidad electoral del sistema de cociente y resto mayor o cociente de Hare que propone el Bloque Opositor como método matemático de distribución de escaños. Pues parecería ser más equilibrado que el utilizado en nuestro contexto.

 Gran parte de los argumentos presentados por el Bloque Opositor, han formado parte de las ideas que desde FINJUS han sido sometidas en el importante debate de reforma del régimen electoral y la promulgación urgente de una Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas. Sin la aprobación de sendos instrumentos, coincidimos, resultaría muy peligroso que nuestro país se aventure a la celebración de unas elecciones en el año 2020.

 Sin embargo, en lo que respecta a la obligatoriedad de la celebración de elecciones primarias, voluntarias y simultáneas, disentimos del Bloque Opositor. En otras ocasiones, hemos demostrado en el marco constitucional, político y legal cómo lo idóneo para nuestra democracia sería la no imposición de un determinado método para elección de los candidatos de cada partido.

 Lo anterior favorecería la democracia interna y garantizaría el cumplimiento del artículo 216 de nuestra Ley Sustantiva, así como el derecho fundamental a la libertad de asociación. La imposición de un método específico y general no brindaría más democracia, los partidos políticos deben contar formas de organización interna, pero a su discreción y sin violentar la Constitución y las leyes.

De igual manera debemos puntualizar la no factibilidad de establecer la obligatoriedad del voto tal y como lo esboza el pronunciamiento del Bloque Opositor, esto así pues entendemos que dicha medida no se corresponde al espíritu de nuestra Carta Magna la cual entiende el voto como un derecho y un deber ciudadano caracterizado por ser “personal, libre, directo y secreto”. Además de ello habría que estructurar un régimen de consecuencias lo suficientemente estricto como para coaccionar a la ciudadanía sin descuidar criterios de justeza abarcadores que permitan prever situaciones excusables.

 En definitiva, entendemos que una reforma electoral como la que se propugna no debe desviar su atención en propugnar un Estado coactivo que derive esfuerzos en traer a un ciudadano recalcitrante a las urnas, cuando al fin y al cabo el votante tendrá como opción emitir un voto en blanco. Otra cuestión que debe ser aclarada en este sentido es que la situación de compra y venta de cédulas no encuentra solución en el establecimiento de un voto obligatorio, sino en un régimen electoral que someta al orden las agrupaciones partidarias.

 Cabe destacar que si bien nos parece interesante la propuesta del establecimiento del voto electrónico que permitiría sistematizar de manera integral todo lo referente al conteo de votos y minimizar los márgenes de error, debe recordarse que con relación a ello acabamos de sufrir una experiencia poco satisfactoria en elecciones pasadas.

 Entendemos preciso madurar un régimen electoral y esquemas partidarios más transparentes y con mayor apego a los criterios de democracia antes de adentrarnos a la modernización del sistema electoral. Las transformaciones duraderas normalmente se dan de manera paulatina en procesos de adaptación y adecuación al status quo.

 De estos interesantes planteamientos, contenidos en la propuesta del Bloque Opositor, debe resaltarse que los mismos no están sujetos meramente a la elaboración mecánica de legislaciones, sino a la necesidad de a estos esfuerzos se sumen  la voluntad institucional y el compromiso de la Junta Central Electoral con el fin de superar los males que han afectado históricamente nuestro sistema democrático, en múltiples dimensiones.

 

Dr. Servio Tulio Castaños G.

22 de febrero del 2018.

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