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En el marco de la discusión social sobre la adopción de las nuevas leyes de Partidos Políticos y Electoral, la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS) ha considerado oportuno proponer a los actores políticos, legislativos y electorales que intervienen en el debate, la necesidad de que se incluyan dos requisitos importantes que aumentan la transparencia en el sistema y mejoran los controles de la Junta Central Electoral. Consiste en que la JCE solo acepte la inscripción de las candidaturas de personas que presenten su Declaración Jurada de Patrimonio y una certificación de pago de impuestos y el establecimiento de sanciones, por parte de la JCE,  a los partidos y candidatos electos que no cumplan con dichas medidas.

 

 

FINJUS valora sentencia de acción de amparo que decidió sobre una colisión de derechos fundamentales

La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS), valora la decisión del juez de amparo en la sentencia civil en acción constitucional de amparo dictada el veintiuno de marzo del presente año por la Primera Sala de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Barahona

 

 

La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS) a la luz de las informaciones que recogen los medios de comunicación social sobre el impacto del conflicto que se reporta sobre diversos aspectos del vertedero de Duquesa, expresa su preocupación por la naturaleza de esta Litis y la importancia de que se encuentre una solución ajustada al Estado de Derecho.

 


Click par ver : Carta Comisión Bicameral

Click par ver : Cuadro Comparativo In Extenso Propuesta Partidos Políticos JCE 


La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS), en respaldo del fortalecimiento de la institucionalidad democrática del país, ha considerado oportuno plantear algunas observaciones en torno al Proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas reintroducido por la Junta Central Electoral al Senado de la República, cuya discusión está siendo conocida por la Comisión Bicameral.

 Ministerio de Hacienda: Diversas modalidades de actos de corrupción en en la Legislación Dominicana

 

Conferencia Dr. Servio Tulio Castaños: "Impacto de la corrupción en la Administración Pública"

 

26 de abril de 2017

 

  1. Introducción.

Es un verdadero honor para la Fundación Institucionalidad y Justicia y para mí su invitación a compartir este espacio con todos ustedes. Nos sentimos sumamente emocionados de poder aportar, en la medida de lo posible, junto al Ministerio de Hacienda, sus funcionarios y personas invitadas ciertos aspectos que entendemos importantes sobre el impacto de la corrupción en la Administración Pública.

 

La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS) considera que es oportuno que los poderes del Estado y la sociedad civil promuevan dotar de contenido jurídico sustantivo los diferentes vacíos normativos y ambigüedades existentes en las normas que versan sobre asuntos electorales, a raíz del conflicto de competencia surgido entre la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral, tal como se revela en el dispositivo No. 5 del Comunicado 17/17, del 8 de marzo, del 2017 del Tribunal Constitucional.

 

 

Descargar aquí

 

  • Discurso Lic. Rafael Del Toro Gómez, Presidente de FINJUS

 

Santo Domingo 03 de mayo, 2017. La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS), juramentó a los nuevos integrantes de su Consejo de Directores para el período 2017- 2019, que estará presidido nuevamente por el Lic. Rafael A. Del Toro Gómez, miembro fundador de la institución.  

 

Es para mí un honor y causa de gran alegría poder dirigirme a ustedes en la tarde de hoy, en el marco de este II Congreso de Derecho Internacional Privado primer Seminario sobre Derecho Internacional Privado.

Hace ya tres años que se aprobó la Ley No. 544-14 sobre Derecho Internacional Privado, importante suceso que permitió regular, por primera vez en un sistema moderno y unificado, las relaciones privadas internacionales de carácter civil y comercial, unificando los criterios del mundo jurídico internacional aplicables a la realidad dominicana.

Efectivamente, por casi 90 años, la República Dominicana no tuvo otra normativa de referencia en materia de Derecho Internacional Privado; salvo el Código Bustamante que le servía de consulta y que con los años, se hizo obsoleto. Quisiera dedicar unos minutos para abordar el contexto en el que se aprueba la Ley 544-14 en la República Dominicana, pues solamente así podremos comprender efectivamente el hito que este acontecimiento ha significado para el sistema jurídico y económico dominicano.

Es por todos conocido que en las últimas décadas República Dominicana ha sido una de las economías de más alto crecimiento en Latinoamérica, con una proyección de aumento promedio del PIB en torno al 6,3 por ciento para el 2017, situación que no ha sido distinta en años anteriores. Dicho crecimiento se ha caracterizado por una transformación de la base económica de la nación y la diversificación e incremento de las exportaciones, producto de mejoras en el clima de negocios que facilitaron el comercio internacional. Todo esto a la par que se había ido instaurando un régimen de apertura e integración continuas en distintas esferas de la cooperación internacional, que se mantiene vigente al día de hoy.

Las transformaciones evidenciadas en nuestro país no han sido solamente económicas, sino también de índole social, institucional y jurídica. Los grandes cambios en el flujo migratorio, propios de la inmigración y emigración nacional por mejores condiciones económicas así como del turismo constante; el matrimonio de y con extranjeros dentro y fuera de la República Dominicana, respectivamente; la cooperación judicial internacional en casos determinados, constituían situaciones que pertenecen al ámbito del Derecho Internacional Privado y que ameritaban ser reguladas de forma adecuada.

Con un Código de Bustamante obsoleto y una marcada dispersión normativa, regida por la desorganización y desactualización legislativa, la confusión respecto de términos jurídicos indeterminados, y un sin número de vacíos, el crecimiento económico y el progreso social de la nación dominicana estaba amenazado. Al mismo tiempo, quedaban ahogadas las posibilidades de crecimiento de la seguridad jurídica en nuestro país.

La propuesta de que desde la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS) trabajara en un proyecto de ley de Derecho Internacional Privado de vanguardia, que condensara en un solo texto las regulaciones en la materia, a fin de proteger el intercambio, la interrelación y la interdependencia internacional que caracteriza a las sociedades y economías globalizadas del mundo contemporáneo, fueron las razones que nos llevaron a coordinar esfuerzos y acercarnos a construir este instrumento legal, desde el año 2013.

En efecto, mientras más trabajábamos en este proyecto de ley, más nos dábamos cuenta de la importancia que el mismo iba a tener para la República Dominicana, bajo el entendido de que no podíamos ser solamente líderes del desarrollo económico de la región, sino también del desarrollo jurídico. Esto porque una sociedad que no esté organizada, con normas claras para regular las complejas relaciones del tráfico privado internacional, no puede ser competitiva y por ende, el desarrollo económico y social tiene los días contados.

Esta moderna visión del orden social y la arquitectura de las instituciones está contenida en nuestra Constitución, que en el 2010 dio un paso determinante hacia el mantenimiento de nuestro país en la comunidad internacional, en amplio reconocimiento de las normas internacionales, que necesariamente debía ser complementado con una normativa actualizada en la materia.

Esta gran verdad fue comprendida también por nuestros legisladores, quienes luego de un largo proceso de discusiones, el 15 de octubre de 2014, aprueban la Ley No. 544-14 sobre Derecho Internacional Privado, dando respuesta a las perspectivas sociales, institucionales y jurídicas nacionales en ese orden.

Luego de la aprobación y promulgación de la ley, la siguiente tarea lógica era dar a conocer su contenido. Es así como en el 2015, se lleva a cabo el Primer Congreso de Derecho Internacional Privado. En el día de hoy, la tarea que nos convoca no es precisamente dar a conocer el contenido de la ley. Más bien se trata de analizar la forma en la que esta se ha aplicado durante estos tres años de vigencia y las transformaciones que ha generado en nuestro sistema jurídico, tomando en cuenta las experiencias de los demás países de la región, las cuales conoceremos gracias a los ilustres invitados internacionales que se han dado cita en este congreso.

Más aun, dos importantes eventos tendrán lugar en los próximos tres días. El primero, la puesta en circulación del libro Derecho Internacional Privado, escrito por los doctores Fernández Rozas y Sixto Sánchez Lorenzo, catedráticos uno de la Universidad Complutense de Madrid y el otro, de la Universidad de Granada; junto a al dominicano Nathanael Concepción, quien participó en la comisión redactora de la Ley 544-14.

El segundo evento importante, es la creación de la Asociación Dominicana de Derecho Internacional Privado (ADIPRI), que tendrá como misión principal promover e incentivar el estudio y la investigación del derecho internacional privado en la República Dominicana, y de aquellas disciplinas relacionadas con este. Estos dos eventos hacen manifiesta la determinación con la que la comunidad jurídica de nuestro país ha hecho suya el texto de la Ley 544-14 y ha dado pasos determinantes hacia su estudio y rigurosa aplicación en nuestro país, con el compromiso de seguir contribuyendo con el desarrollo y liderazgo regional de nuestra nación.

Dicho esto, no me queda más que felicitar a los organizadores de este II Congreso de Derecho Internacional Privado y a todos ustedes, que estarán participando en los debates de los próximos dos días. Les hago extensivo la invitación de comprometerse también con estos temas, aprovechando al máximo la calidad de los ponentes locales e internacionales que nos acompañan.

Muchas gracias.

Dr. Servio Tulio Castaños Guzmán
II Congreso de Derecho Internacional Privado
3 de julio de 2017

Las formas de financiamiento de los partidos y agrupaciones políticas ha ocupado la atención de la sociedad dominicana desde hace varios lustros, porque lo identifican como una de las más importantes fuentes de distorsiones y opacidad de nuestro sistema político, con amplias derivaciones en todos los órdenes de la sociedad. Por eso la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS), la ha colocado en la agenda de los cambios prioritarios que deben ser abordados en la discusión de la Ley de Partidos.

En cada campaña electoral, o ante cada caso de corrupción que se conoce, se reaviva la preocupación por la falta de transparencia y la ineficiencia de los controles sobre el origen y destino de los fondos que manejan los partidos políticos y los candidatos para solventar la actividad política. Esto implica la urgencia de la reforma de la Ley Electoral y la promulgación de una Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas para dar mayor sentido y coherencia a la adecuación de los reclamos sociales en esta materia.

Si bien nuestra Ley Electoral plantea la prohibición de que los partidos sean financiados mediante donativos o contribuciones de origen ilícito, ya sea para su sostenimiento cotidiano como para cubrir los gastos de sus campañas electorales , en nuestro ordenamiento jurídico no existe una sanción preestablecida o sistema de consecuencias formal que permita regular de manera adecuada lo que pudiere surgir ante una violación de este precepto.

FINJUS ha propiciado la discusión amplia sobre las formas más eficientes de transparentar el ejercicio político en nuestro país y por esta vía fortalecer nuestro Estado Social y Democrático de Derecho. Esto debe realizarse bajo la sombrilla de la legalidad y la participación de la sociedad en las transformaciones que hoy ameritan ser consolidadas urgentemente en el seno de nuestro sistema político, lo cual discutiremos a profundidad más adelante.

Podemos empezar diciendo que en FINJUS hemos sostenido reiteradas veces que la naturaleza de los partidos políticos es servir a quienes representan y no al interés particular de sus miembros y afiliados. Por tanto, en una inminente Ley de Partidos Políticos, es necesario que estas organizaciones cumplan con los principios que la misma Carta Magna establece, so pena de perpetuar un esquema confuso que impide distinguir cuándo los partidos actúan respondiendo a intereses meramente privados, o cuándo estamos ante verdaderas instituciones de derecho público.

Resulta clave el rol que debe jugar la Junta Central Electoral, auxiliada del Ministerio Público, en la revisión de los perfiles de los candidatos, verificando y creando los mecanismos para certificar que los mismos no tengan ninguna colisión con violaciones a las leyes, ni estén envueltos en asuntos que sean incompatibles con la función a la cual pretenden ser electos. [Idoneidad]

La Ley de Partidos Políticos deberá establecer las condiciones mínimas para que un miembro de un partido político pueda ser nominado como candidato. (como son por ejemplo presentar las certificaciones de la DGII de que cumple con sus obligaciones tributarias; certificar que cumple con el tiempo de militancia mínimo requerido para ser candidato; cumplir los requisitos que exige la Constitución para ejercer la función correspondiente, o la de estar en el pleno disfrute de sus derechos civiles y políticos, entre otros).

Los partidos políticos no deben dedicarse a actividades que escapen a su naturaleza, objeto y ámbito de ejercicio. Por ende, en una propuesta de Ley de Partidos no debe diluirse la prohibición de que dichas agrupaciones se involucren en actividades ajenas a su fin. Del mismo modo, debe definirse expresa y claramente en el texto de la ley un régimen que, de entrada, niegue el acceso a la militancia de un partido a individuos que ocupen posiciones o cargos públicos incompatibles con esta. [Condicionantes para la elección]

Consideramos que es saludable que los candidatos a puestos electivos dentro de la boleta de un partido político deban presentar: a) una certificación de pago de impuestos de los últimos tres años, así como, b) una declaración jurada de bienes, como prerrequisito para que la Junta Central Electoral inscriba su candidatura. Para hacer realidad este requisito, el partido político que lo inscriba dentro de su boleta debe tener la responsabilidad de garantizar que ambos aspectos son presentados.

La propuesta anterior permitiría frenar el mal uso que existe en torno al manejo de los fondos de los partidos y el cuestionamiento de la ciudadanía al enriquecimiento de sus miembros a través del ejercicio político. De esta manera se podría neutralizar el uso de fondos públicos, en provecho particular y, por otro lado, esto implicaría un mayor rigor en el marco de la fiscalización directa de quienes se inserten en el escenario político- electoral.

De igual modo, debemos repensar la naturaleza potencialmente nociva que implica que un alto directivo de una organización política mantenga sus funciones y responsabilidades partidarias si es nombrado para ejercer una alta función en la administración pública, especialmente en áreas donde se concentran grandes cantidades de recursos o se dispone de un alto nivel de contrataciones. Aunque ambas tareas no son excluyentes, deben estar condicionadas a determinadas características. [Reconfiguración de las tareas públicas y partidarias]

A nuestro juicio, los miembros de la dirección de los partidos que opten por un cargo público deberían hacerlo de manera honorífica, es decir, asumiendo la renuncia inmediata del salario de la función pública y la creación de una vía de remuneración única y pública a través del mismo partido.

Para eficientizar esta medida se hace inminente contar con un sistema de consecuencias que dé mayor control a la Junta Central Electoral sobre las actuaciones internas de los miembros de los partidos. En ese sentido, la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas deberá establecer esta condición explícitamente para los militantes en puestos de dirección de los partidos so pena de sanciones por parte del órgano electoral, como podrían ser: la suspensión de los fondos otorgados al partido que se viere implicado y la anulación del acta de elección del candidato que resultare electo, con las consecuencias que ello lleva implícito.

En el plano interno de las organizaciones, se debe garantizar a los militantes la participación directa en sus asambleas; la temporalidad en los cargos de dirección; la posibilidad de revocar internamente a miembros que no cumplan las funciones en sus cargos; el cumplimiento de la regla de que las decisiones fundamentales de la organización deben adoptarse en un mecanismo con la participación de la mayoría y no por parte de minorías; que debe predominar el debate de ideas y la existencia de mecanismos de participación que permitan establecer o reformar normativas internas de las organizaciones. [Democracia interna]

Es menester exigirles que una parte sustancial de los recursos que reciben los partidos sea dirigida al desarrollo de programas de formación política para toda su membresía, abarcando todos los municipios e instancias internas del partido, para garantizar el surgimiento de nuevos liderazgos con capacidad y para contribuir a la profesionalización de la actividad política y de los futuros funcionarios públicos. [Educación y formación política]

En este tenor, la disposición de que de los fondos públicos que reciben los partidos debe destinarse por lo menos una cuota mínima de un 25% para las actividades de formación y capacitación de sus miembros que ha sido sugerida en la propuesta de Ley de la Junta Central Electoral, nos parece acertada, por lo que debería ser acogida.

Apoyamos asimismo la propuesta que aparece en el artículo 39, numeral 5 de la Constitución, que dice que “el Estado debe promover y garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas a los cargos de elección popular para las instancias de dirección y decisión en el ámbito público, en la administración de justicia y en los organismos de control del Estado”. [Igualdad y equidad de género]

En consecuencia, una ley de partidos deberá obligar a los partidos y agrupaciones políticas a tomar todas las medidas que sean necesarias para que la igualdad y equidad de géneros sean reales, debiendo alcanzar resultados visibles y concretos.

Tanto la ley de partidos que resultare aprobada como una ley de régimen electoral tienen tanto la oportunidad como la obligación de constituirse en herramientas para eliminar aquellas barreras que limitan gravemente las opciones que tienen las mujeres para ejercer su derecho a participar de la vida política de la nación.

La conocida “cuota del 33%” no ha de ser el horizonte de las políticas encaminadas a garantizar la participación electoral de la mujer, sino un estadio mínimo propio de una democracia joven. Nuestra aspiración ha de ser llegar al punto en que hablar de cuotas resulte innecesario, porque la participación equitativa de hombres y mujeres en la política se ha convertido en la regla, no la excepción.

En otro tenor, el financiamiento de los partidos políticos, sin importar el origen de los fondos, debe responder a los siguientes principios: publicidad en la contabilidad y en el origen de los fondos, austeridad, legalidad, igualdad de oportunidades entre los participantes, el respeto de los derechos de los partidarios para conocer el monto y la fuente del financiamiento y la garantía de libertad e igualdad entre los distintos grupos políticos. [Todo lo que constituye la Transparencia y rendición de cuentas]

En la República Dominicana, el financiamiento de los partidos es mixto: es decir que los fondos provienen tanto del sector público como del sector privado. En lo que al financiamiento público se refiere, la ley de partidos deberá definir claramente cómo éstos han de ser administrados. Respecto del financiamiento privado, deberá obligarse a los partidos a justificar sus ingresos y gastos, identificando las fuentes y/o los contribuyentes privados, así como el monto aportado.

La ley deberá establecer cuantas prohibiciones y mecanismos sean necesarios para evitar que de manera ilegal se utilicen recursos públicos para el financiamiento de los partidos y sus campañas electorales, fuera de los que contempla la ley. En este tenor, debe prohibirse expresamente que se aproveche la inauguración de obras del Estado para fines de campaña electoral, o que se impongan deducciones salariales a los empleados públicos a modo de cuotas, como ha sido la práctica constante en nuestro país.

De igual modo, es indispensable que se dote a la Junta Central Electoral de todos los mecanismos necesarios para cumplir su rol de fiscalizador, supervisando el financiamiento y el uso de los fondos por los partidos y agrupaciones políticas. Asimismo, debe contemplarse un procedimiento que conduzca a resultados eficientes y sanciones para los que transgredan la ley.

En la actualidad, el Proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas que reposa en el Congreso Nacional presentado por la Junta Central Electoral establece que “las donaciones o contribuciones efectuadas por personas físicas o jurídicas, a los partidos o candidatos, ya sea en numerario o en especie, deberán ser identificadas.” No obstante, no indica el método específico de identificación o publicidad exigido.

A grandes rasgos, en cuanto al financiamiento público, hemos propuesto distribuirlo de la siguiente manera:

un cuarenta por ciento (40%) de manera equitativa entre los partidos políticos y
un sesenta por ciento (60%) en ocasión de los votos válidos obtenidos, lo que provocaría que las contiendas electorales pudieran ser más justas y equilibradas.

Además, sugerimos que los fondos públicos no puedan ser utilizados para campañas electorales, sino para educación interna, gastos administrativos y organización interna de los partidos y agrupaciones políticas.

Mientras que en lo que concierne al financiamiento privado, consideramos relevante establecer controles y límites a las donaciones privadas, tal como topes a los aportes realizados por personas físicas y jurídicas —como máximo cien (100) salarios mínimos—, eliminar el anonimato de las donaciones, publicitar el origen de lo que se contribuye y prohibir la aceptación de aportes de personas jurídicas que se encuentren en litigio con el Estado dominicano.

Debe existir un sistema de consecuencias efectivo para que, en caso de violentar las prohibiciones y no cumplir con los niveles de transparencia a los que hacemos alusión, los partidos y agrupaciones políticas puedan ser sometidos al orden por parte de la propia Administración.

Siguiendo con la lógica legislativa vigente en América Latina a la luz de nuestro sistema jurídico, consideramos importante el establecimiento de un tope de financiamiento a los partidos políticos, ya sea tomando en cuenta una cantidad preestablecida de salarios mínimos o ciertas canastas básicas familiares durante un tiempo determinado.

Deberán establecerse procedimientos y sanciones penales claras para que aquellos que se sirvan de las organizaciones partidarias para cometer actos de corrupción u otros delitos, sean debidamente perseguidos y sancionados. Tampoco debe quedar fuera el establecimiento de sanciones drásticas para quienes cometan falsedad en las rendiciones de cuentas. Todo esto elevaría las garantías para que tanto los partidos políticos como sus miembros se ciñan estrictamente a un comportamiento ético y moral. [Sistema de sanciones y consecuencias]

El régimen de sanciones y consecuencias que se determine en la ley de partidos políticos deberá estar alineado con los presupuestos que sobre los mismos temas están establecidos en las leyes penales y la Ley Electoral. Asimismo, se deberá también tomar en cuenta los lineamientos establecidos por la Junta Central Electoral, las organizaciones políticas y la jurisprudencia del Tribunal Superior Electoral, para evitar divergencias futuras.

En lo que concierne a una eventual reforma del Régimen Electoral, es necesario que las leyes que regulan los asuntos de carácter electoral en cualquiera de sus ámbitos, ya sea en torno a la Ley Electoral No. 275-97 o la Ley No. 29-11 sobre el Tribunal Superior Electoral, se ajusten al modelo constitucional vigente.

Por tanto, pensando sobre la base de las reformas electorales actuales, el Poder Legislativo deberá tomar en cuenta las contradicciones, vacíos y conflictos que pudieren existir entre estas normativas al momento de promulgar leyes venideras concernientes a la reforma electoral.

Para entender la génesis de lo anteriormente planteado, debemos saber que nuestra Ley Fundamental establece que: “El Tribunal Superior Electoral es el órgano competente para juzgar y decidir con carácter definitivo sobre los asuntos contencioso electorales y estatuir sobre los diferendos que surjan a lo interno de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos o entre éstos. Reglamentará, de conformidad con la ley, los procedimientos de su competencia y todo lo relativo a su organización y funcionamiento administrativo y financiero .”

Mientras que la Ley Electoral en la parte in fine del artículo 44 establece lo siguiente: “Las diferencias que surgieren entre la Junta y representantes legales de los partidos, en lo atinente a sus resoluciones, serán resueltas mediante procedimiento sumario que será establecido previamente por la Junta ”. Asimismo, nuestra norma constitucional dota a la JCE de potestad reglamentaria y de personalidad jurídica e independencia técnica, administrativa y presupuestaria sobre los asuntos de su competencia .

Si atendemos a los presupuestos normativos precitados, podemos destacar que existe entre ambas disposiciones una suerte de divergencia conceptual y, siendo más específicos, un motivo indiciario de conflicto interpretativo. Sin embargo, a juzgar por el contenido de la Ley Electoral, a priori correspondería a la jurisdicción contencioso administrativa conocer de las impugnaciones a las decisiones y actos de la JCE, por tratarse de asuntos que revisten una naturaleza administrativa.

Es responsabilidad de la sociedad y de todos nosotros dar seguimiento a las propuestas que se están presentando al Congreso Nacional: el fortalecimiento del Estado de derecho, la seguridad jurídica y la gobernabilidad democrática dependen de ello.

 

Dr. Servio Tulio Castaños G.
29 de junio del 2017.

 

El proceso de elección de los miembros de las Altas Cortes fue abierto el pasado 15 de mayo de 2017 con la celebración de la primera sesión del Consejo Nacional de la Magistratura, donde quedó conformado este órgano y se procedió a ordenar las acciones que conllevarán a la elección de 4 jueces de la Suprema Corte de Justicia y los 5 miembros del Tribunal Superior Electoral y sus suplentes. Asimismo en su reciente reunión del 12 de junio pasado el CNM aprobó el Reglamento 1-17 para la aplicación de la Ley núm. 138-11 Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura.

Acto seguido, el CNM llamó a los ciudadanos y las organizaciones sociales a presentar candidatos a integrar los estamentos señalados, de acuerdo al art. 15 Del Reglamento, que establece que “la presentación de candidaturas será libre y podrá ser hecha tanto por organizaciones cívicas e instituciones como por particulares. En todos los casos el titular de la candidatura debe dar su consentimiento de acuerdo con las formalidades y dentro de los plazos establecidos por este Reglamento”.

La convocatoria del CNM a participar en la presentación de candidatos a las Altas Cortes es un derecho fundamental protegido en la Constitución de 2010 y que ha sido reconocido como un logro del proceso de la reforma judicial dominicana desde sus mismos inicios.

En efecto, la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura No. 169-97, del 15 agosto de 1997, en su artículo 12 recogía que “la presentación de candidaturas será absolutamente libre, y se podrá realizar tanto por instituciones como por personas físicas dentro de los plazos y de acuerdo con las formalidades establecidas por el Consejo Nacional de la Magistratura”.

El país recuerda los acontecimientos históricos de hace 20 años que dieron lugar a la elección de la primera Suprema Corte de Justicia fuera del sistema antidemocrático que daba al Senado la exclusividad de la designación de los jueces de todas las instancias. En ese marco las organizaciones sociales más importantes, de todos los sectores, constituimos la Coalición por una Justicia Independiente, que promovió la presentación de los candidatos más idóneos para dirigir el Poder Judicial dominicano.

Cada vez que el CNM se ha reunido ha reconocido este derecho, que representa una valiosa herramienta para que la ciudadanía y sus organizaciones plasmen el ideal de una democracia cada vez más participativa. La presentación de candidaturas nunca ha representado un menoscabo de las facultades constitucionales que tienen los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura de elegir a los postulantes mejor calificados y la simple postulación no representa una disminución de las capacidades de este órgano.

Las voces que se han levantado para objetar que un determinado sector de la vida nacional pueda presentar candidatos libremente, en el marco de los derechos que la Constitución le reconoce y cumpliendo los procedimientos legales correspondientes, no tienen la razón y podría dar lugar a exclusiones irritantes impropias de un Estado Social y Democrático de Derecho, que aspira a que las decisiones fundamentales de los órganos púbicos hayan contado con el conocimiento y consenso de la ciudadanía, que son las bases para su legitimidad y apoyo posterior.

Ningún sector religioso, empresarial, laboral, académico, jurídico o de cualquier otra denominación debe ser coartado de su derecho de proponer a quienes, según su parecer, son los mejores candidatos para ocupar una posición de magistrado en las Altas Cortes. Consideramos que es bueno que la sociedad conozca quién propuso a cada candidato y cómo fue electo. Creemos que la participación de todos los sectores favorece la transparencia de la elección de órganos tan vitales para la democracia como son lo son la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Superior Electoral.

Queda como un deber ciudadano dar seguimiento a la actuación de los magistrados electos una vez instalados en sus puestos, para que sus decisiones solamente respondan al derecho y la justicia, y estén siempre apagados a los principios rectores de nuestra Constitución. Otras aprehensiones, dudas o desconfianzas solo sirven para debilitar nuestra institucionalidad democrática.

 

Servio Tulio Castaños Guzmán
Vicepresidente Ejecutivo FINJUS


23 de junio de 2017

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