La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS) considera que la Resolución 003/2017 emitida por la Junta Central Electoral (JCE), que regula un mecanismo administrativo para la asignación de apellidos a niños, niñas y adolescentes declarados judicialmente en estado de abandono por filiación desconocida, es una iniciativa loable para la protección especial de las personas menores de edad. Esta normativa también busca proveer de apellidos a las personas adultas que, inscritas ya en el registro civil, carecen de apellidos por carecer de una filiación conocida.

 

En diferentes ocasiones FINJUS resaltó que, pese a que la JCE estuviera facultada constitucionalmente para emitir reglamentos que actualizaran el ordenamiento jurídico dominicano, este órgano se resistiera a hacerlo argumentando que con ello invadía las competencias normativas que correspondían al Poder Legislativo. Objeciones de este tipo no son válidas a la luz de la Constitución de 2010, por lo que a pocos días de su proclamación FINJUS advertía que “es evidente que ya no será posible alegar que la facultad reglamentaria de JCE es de carácter complementario, porque las nuevas disposiciones constitucionales le otorgan una capacidad de reglamentación autónoma en los asuntos de su competencia. Ello supone que la JCE no necesitara de la previa habilitación legislativa para reglamentar […] asuntos cuya competencia le ha sido expresamente atribuida desde la Constitución”.

 

Preciso es agregar que el propio Tribunal Constitucional ha sostenido expresamente en la ratio descidendi de la sentencia 305-14 que la JCE es el órgano superior del registro civil y la cédula de identidad y electoral y, por lo tanto, la facultad reglamentaria de que se encuentra investido por la Constitución, “no se limita a la regulación electoral y a los mecanismos de participación, sino que también abarca al registro civil, así como la cédula de identidad y electoral. Se trata, en consecuencia, de instrumentos imprescindibles para que pueda cumplir con sus cometidos. Los reglamentos que adopta pasan a formar parte del régimen normativo propio y actualizan el ordenamiento jurídico estatal generando derechos y obligaciones”. Este precedente despeja cualquier duda acerca de la potestad reglamentaria que compete a la JCE en relación al registro civil.

 

Al analizar la Resolución 003/2017 de la JCE se observa que el objetivo fundamental de la medida es revertir la situación de desprotección que atraviesa la persona que carece de apellidos, en cuanto se le dificulta el ejercicio pleno de ciertos derechos fundamentales. La propia JCE ha planteado que el documento de identidad de una persona registrada sin apellidos es “cuestionado y no puede ser utilizado en el ejercicio de los Derechos Fundamentales que le asisten como persona, dificultándole el ejercicio de sus derechos civiles y políticos, como serian entre otros, acceso al sistema educativo, de salud pública, deporte, pasaporte, licencia de conducir, apertura de cuentas bancarias”, entre otros aspectos que implicarían graves limitaciones al desenvolvimiento normal de la vida en sociedad.

 

Se alega que la Resolución No. 3-17 es nula por no haberse realizado la consulta previa a la ciudadanía, que prevén tanto la Ley de Acceso la Información Pública (Ley No. 200-04) como la Ley de Derechos de las Personas en su Relación con la Administración y de Procedimiento Administrativo (Ley No. 107-13). Sin embargo, un análisis riguroso de la iniciativa de la JCE permite evidenciar que no era aplicable en la especie la obligación jurídica de la  consulta previa porque sus efectos son a lo interno de la administración del registro civil y no afecta negativamente derechos ni intereses legítimos de la ciudadanía, es decir, no establece reglas que deban ser cumplidas por los administrados sino que se limita a trazar pautas a seguir a lo interno de la administración. Esta resolución no afecta derecho alguno, sino que al contrario instituye un mecanismo administrativo que favorece la protección jurídica de las personas en estado de abandono, especialmente los niños,  al amparo del mandato general que el artículo 68 de la Constitución impone a todos los poderes públicos de garantizar “la efectividad de los derechos fundamentales”. Aún así, valoramos como positivo la apertura que ha exhibido la JCE al disponer la publicación de esta resolución para recibir observaciones de la sociedad en general.

 

Se ha planteado asimismo que la Resolución 003/2017 de la JCE entra en contradicción con disposiciones del Código de Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes, en lo que respecta al procedimiento que debe seguirse en las situaciones de abandono y las competencias que corresponden al Consejo Nacional de la Niñez (CONANI). Sin embargo, al estudiar conjuntamente dichas leyes y la referida resolución no encontramos contradicción alguna, pues el mecanismo de asignación de los apellidos habrá de operar con posterioridad a la declaratoria judicial de abandono, y no existe interferencia alguna con las atribuciones que el artículo 132 de la Ley No. 136-03 asigna al CONANI para realizar las investigaciones de abandono de menores e impulsar la declaratoria judicial de abandono por filiación desconocida.

 

Otro de los alegatos es que la Resolución 003/2017 de la JCE contraviene las facultades que la Ley No. 659 de 1944 atribuye a los Oficiales del Estado Civil, pero en nuestro análisis no encontramos contradicción sino complementariedad, en tanto que la medida administrativa que adopta la JCE responde al nuevo régimen constitucional y convencional de la identidad personal, al brindar protección jurídica a quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad por abandono sin filiación parental conocida y perfeccionar el registro civil con la implementación de una política pública que actualiza el ordenamiento jurídico nacional acorde a las competencias que en la gestión del Registro Civil le atribuye a la JCE la Constitución de la República.

 

Necesario es destacar que, a nivel internacional, en el derecho comparado se ha abordado la problemática de las personas abandonadas sin identidad en sentido similar a la normativa de la JCE. Así, cuando no se conoce al padre ni la madre, y dado que ningún niño o la niña deben carecer de nombres y apellidos, será menester asignarle uno oficiosamente. De ahí que suela disponerse que los oficiales del registro civil adjudiquen un nombre y apellido comunes a los niños abandonados cuya filiación no pueda ser determinada. Esta salida es, en líneas generales, adoptada en múltiples países cercanos a nuestra tradición jurídica, aunque pueden advertirse algunas diferencias de detalle, por lo que es válido que la JCE explore las opciones posibles en una deliberación más abierta con la sociedad dominicana.

 

FINJUS reconoce que al adoptar esta Resolución 003/2017, que regula un mecanismo administrativo para la asignación de apellidos a niños, niñas y adolescentes declarados en estado de abandono por filiación desconocida, el Estado dominicano está dando un paso de avance en el cumplimiento de su misión fundamental, que no es otra que garantizar los derechos fundamentales de todas las personas en un marco de apego a las leyes, los tratados internacionales suscritos por el Estado y la Constitución de la República.

 

Es conocido que el contenido de esta Resolución está íntimamente vinculado con temas muy sensibles de la agenda nacional, sobre los cuales existe mucha atención e interés en todos los sectores nacionales. Abogamos porque el tratamiento que continuará teniendo este tema se base en el respeto de la dignidad humana y las medidas especiales que deber ser adoptadas para evitar la vulnerabilidad y la exclusión de social, en el ejercicio pleno de las potestades constitucionales de los órganos públicos involucrados y con un mayor nivel de apertura a la participación de todas las instituciones o personas que muestren su deseo de aportar en este delicado tema. El país, con esta decisión de la Junta Central Electoral, da un nuevo paso para ser reconocido en la comunidad internacional como un Estado comprometido con la vigencia y respeto plenos de los derechos fundamentales, lo que sin dudas vendrá a contribuir a despegar cualquier duda al respecto.  

 

 

Dr. Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo de la FINJUS

 

1º de enero de 2018

 

Al finalizar cada año es común que las instituciones públicas y privadas realicen un ejercicio de evaluación de los resultados alcanzados en los diferentes niveles y áreas, de cara a extraer lecciones que permitan avanzar en el logro de los objetivos y metas nacionales, sectoriales o locales y permitan un diálogo entre el Estado y la sociedad.

 

Por ello desde Fundación Institucionalidad y Justicia, (FINJUS) deseamos compartir con todos los sectores sociales y sus organizaciones algunas reflexiones que contribuyan a realizar un ejercicio constructivo de balance del año 2017 que concluye en pocos días. En este sentido queremos pasar revista a algunos hitos del quehacer gubernamental y/o estatal, en especial del sistema de justicia, que ayuden al país a ponderar los retos que deberemos enfrentar de cara al próximo año 2018.

 

Como en años anteriores, FINJUS resalta la distancia que existe entre las propuestas, metas, planes y estrategias nacionales, y los resultados inmediatos que se obtienen en el camino de lograr la institucionalización que demanda el desarrollo nacional y la convivencia pacífica y armoniosa entre todos los sectores. Al tiempo que reconocemos avances destacados en varias áreas estratégicas ligadas con la seguridad ciudadana o algunos servicios fundamentales, como es el caso de la educación, deploramos que los factores principales que contribuyen a la percepción negativa de la calidad de la democracia y de la seguridad jurídica no hayan registrado mejorías sustanciales.

 

Los grandes indicadores de esta última afirmación se encuentran en la pobre calificación del país en temas vitales como la competitividad en el mercado internacional; los bajos índices de salud y la grave situación en que se encuentran muchos centros o la mala calidad de la relación entre los actores de ese sistema; las fallas agudas de los sistemas de control y consecuencias en compras públicas y los mecanismos de licitaciones y contrataciones; el incremento de la presencia del crimen internacional organizado; la efectiva coordinación de los órganos de la Administración Central, lo que da lugar a duplicidades y gastos superfluos; la falta de transparencia  y de responsabilidad fiscal y presupuestaria y el aumento de la percepción de impunidad que arropa el sistema de justicia, especialmente en el área penal.

 

Sin ser exhaustivo en el análisis, FINJUS desea aportar algunas reflexiones en los ejes claves antes mencionados, con el único propósito de contribuir con las autoridades a la búsqueda de las soluciones adecuadas a cada uno de ellos y aportar a las organizaciones sociales nuevo elementos para fortalecer sus demandas para que el Estado rinda cuentas y aplique sanciones donde existan delitos y deficiencias, lo que debe hacerse con objetividad y aplicando las garantías constitucionales.

 

Nos preocupa en primer lugar las debilidades institucionales del Sistema de Justicia, que se ha convertido en una de las máximas prioridades en la agenda de la sociedad, al entenderse como un elemento esencial para la consolidación de un Estado social y democrático de derecho. Encontramos que al final del 2017 persisten las debilidades identificadas en diagnósticos y estudios recientes, y que lamentablemente alimentan la desconfianza ciudadana, lo que convierte en este aspecto en uno de los principales desafíos del Estado y sociedad de manera que logre su mejoramiento y renovación en los años venideros.

 

En este aspecto es oportuno destacar que en nuestro sistema persisten zonas de penumbra, siendo notorio que no se han alcanzado los niveles de independencia, eficiencia, transparencia y previsibilidad necesarios para garantizar la seguridad jurídica imprescindible para el desarrollo económico y social nacional. Para analistas y expertos esto contribuye al resquebrajamiento de su legitimidad a causa de los bajos niveles de credibilidad y confianza ciudadana en sus órganos.

 

A lo anterior se suma la inobservancia por parte de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de aplicar la ley de Autonomía Presupuestaria del Poder Judicial y el Ministerio Público, que mantiene a las principales instituciones del sistema de justicia en una situación de precariedad para el desarrollo de políticas públicas que aseguren la política criminal del Estado y las medidas que facilitan el acceso, eficiencia y gratuidad de la justicia como ordena la Constitución.

 

Como aspecto positivo, cabe destacar el fortalecimiento de la Inspectoría del Poder Judicial concretizado en este año, el cual ha permitido la implementación de múltiples procesos de evaluación de los integrantes de ese poder del Estado. No obstante, debe ser una meta a corto plazo adecuar estos procesos y los disciplinarios derivados de ellos, a la tutela judicial efectiva y el debido proceso de ley contenido en el principio constitucional que enarbola el artículo 69 de nuestra Constitución: debido proceso de ley.

 

En el ámbito del sistema nacional de Compras y Contrataciones Públicas observamos y valoramos muy positivamente los esfuerzos que se realizan para mejorar su modelo normativo actual, que es uno de los factores que ha contribuido a entorpecer el esfuerzo por la transparencia que se realiza en algunos sectores estatales, conscientes de que las leyes actuales dejan múltiples brechas que facilitan manejos irregulares de los fondos del erario. Todo lo cual contribuye a elevar el malestar social y a empañar las posiciones del país en los indicadores económicos y sociales, tal como se vienen reflejando en estudios internacionales que nos sitúan en posiciones desventajosas respecto a otros países de la región.

 

Valoramos positivamente en este balance el conjunto de iniciativas del Poder Ejecutivo encaminadas a la estructuración de un programa de gobierno adecuado a los nuevos tiempos, denominado “República Digital”, con enfoque de la utilización de las TICS en materia educativa. De manera particular, saludamos el proceso impulsado por el Ministerio de Educación para realizar la evaluación del desempeño e inspectoría de su cuerpo docente administrativo, a fin de medir el resultado de las políticas públicas a favor del derecho a la educación y de la inversión que la sociedad dominicana hace en esta materia.

 

Con relación a la Seguridad Ciudadana, ha sido muy positivo el conjunto de medidas que se avanzan para la implementación gradual del Plan Estratégico de la Policía Nacional, así como la adecuación de todas sus estructuras internas a lo establecido en su Ley Orgánica. Deben aplaudirse las acciones que se han realizado para mejorar las condiciones salariales y laborales de todos los agentes policiales, la adecuación de su presupuesto y los procesos que deben llevar a la creación de una cultura de transparencia, rendición de cuentas e integridad en el cuerpo policial. Apoyamos todas las iniciativas conducentes a castigar a los agentes que se desvían de de su compromiso el combate del crimen, y que la sociedad percibe como alarmante la participación  de malos policías en delitos y crímenes.

 

Ha sido positivo el inicio de una serie de programas que conducen a prestar atención a uno de los temas más graves de la seguridad ciudadana, que lo constituye la violencia al interior de las familias y especialmente hacia las mujeres. La sociedad ve esperanzada que el Ministerio Público sentó las bases de un plan especial para prevenir y combatir la ola incesante de violencia de género e intrafamiliar que arropa nuestro país, lo  que deberá contribuir a crear programas e iniciativas para enfrentar este flagelo que lleva luto y desolación a muchos hogares.

 

Aplaudimos como una medida positiva en el 2017 que el Gobierno central haya extendido la cobertura del sistema de emergencia 911 a la zona norte del país, a partir de las oficinas centrales que funcionan en la ciudad de Santiago de los Caballeros.

 

Dentro de los aspectos que la sociedad viene señalando críticamente se destaca el fracaso en adoptar unas nuevas Leyes de Partidos y Agrupaciones Políticas y del Régimen Electoral, las cuales quedaron nuevamente sobre la mesa del Congreso Nacional, en una clara señal, de acuerdo a expertos y comunicadores, de que al parecer no existe la voluntad de atender los reclamos sociales para que la transparencia, la democracia y el juego limpio sean las bases de la conducta de estos entes públicos. FINJUS reitera que  mientras dicha Ley no sea adoptada y aprobada con el consenso de toda la sociedad, no se superarán las formas espurias de hacer política en el país basadas en el clientelismo, el tráfico de influencias, la corrupción y la falta de democracia al interior de los partidos.

 

Otro limbo jurídico desventajoso, especialmente para el sistema de justicia penal, lo constituye la situación del proyecto de ley del nuevo Código Penal a causa de no generarse los consensos necesarios en un único debate: el tema de la interrupción del embarazo. La no promulgación del Código Penal debido a razones que no son propias de una discusión penal sino de salud pública, ralentiza el proceso de modernización del sistema de justicia en general y se interrelaciona con los elevados picos de desconfianza del sistema de justicia, de impunidad y percepción de inseguridad ciudadana debido a que no contamos con los nuevos tipos penales y las sanciones adecuadas de los nuevos delitos y crímenes que enfrentamos.

 

Un elemento esencial de un balance del 2017 es el hecho sin precedentes de graves y complejos casos de corrupción que ingresaron al sistema de justicia. Se destacan los expedientes sobre el  CEA, CORDE, OMSA, Los Tres Brazos y ODEBRECHT, que han puesto nuevamente en evidencia las debilidades en las instituciones públicas y que, según los analistas, generaron en la población mayor desconfianza tanto en el sistema político como en el Poder Judicial.

 

A partir de este balance del año que finaliza, consideramos como grandes desafíos para 2018, entre otros, los siguientes:

 

  • la democratización del Poder Judicial, a fin de fortalecer la independencia interna y externa de sus miembros; de igual forma, lograr la consecución de la autonomía presupuestaria de este podermediante la asignación íntegra de la partida que le corresponde por ley para asegurar cuestiones como la tecnificación de los actores que interactúan en el sistema de justicia.

 

  • El logro de una mayor coordinación interinstitucional entre los distintos órganos del sistema de justicia (Ministerio Público, Policía Nacional, Defensa Pública, Poder Judicial) para el fortalecimiento de cada uno de ellos y del propio sistema en sí.

 

  • El reforzamiento de la fiscalización de los fondos públicos, como forma de evitar caer en los agudos déficits presupuestarios, endeudamientos externos y déficits fiscales de años anteriores.

 

  • El combate del entorno amigable y permisivo dentro de los organismos oficiales, así como erradicar las estructuras de poder que ha desarrollado el crimen organizado, especialmente el narcotráfico, en nuestro país. El Estado debe encaminarse a desarticular todas las redes de apoyo que se han creado al interior de los organismos estatales, que dan soporte, pasan informaciones o simplemente descuidan sus responsabilidades, para facilitar la entronización del crimen organizado

 

  • La definición, con mayor precisión y claridad, de la política nacional de seguridad ciudadana, para que comprenda nuevos programas, proyectos, recursos adecuados y mecanismos rectores y operativos para su ejecución, dando prioridad a la coordinación institucional que se requiere. Aún persisten áreas oscuras tanto en la persecución como en la prevención de la violencia y el crimen.

 

2018 llega cargado de grandes retos y oportunidades. La sociedad reclama que los Poderes del Estado den respuestas firmes y acertadas a los desafíos que han quedado pendientes luego de aprobadas e iniciadas las reformas en los últimos años. Para encararlos, reiteramos la necesidad de propiciar escenarios en los cuales se socialicen propuestas jurídicas e institucionales que sean constructivas, factibles y apegadas a nuestro ordenamiento constitucional y legal, en beneficio de la consolidación institucional del Estado.

 

 

Dr. Servio Tulio Castaños G.

19 de diciembre del 2017.

 

 

Dr. Flavio Darío Espinal

Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo

Su despacho.

 

En múltiples escenarios he expresado la importancia que tendría para el país la incorporación legislativa formal de los Estados de Excepción a nuestro ordenamiento jurídico. Debido a las características geográficas, históricas, sociales, económicas y políticas de nuestra nación, cualquiera de las modalidades de Estados de Excepción planteadas en el artículo 262 de nuestra Constitución ameritan, desde hace mucho tiempo, una explicitud normativa.

 

En ese sentido, nos resulta muy oportuna la aprobación del Proyecto de Ley Orgánica que regula los Estados de Excepción, por parte de ambas cámaras legislativas. El avance en esta materia significa el cumplimiento de los mandatos planteados en la Constitución del 2010 y que, por su trascendencia, mejoran la institucionalidad democrática del país.

 

Aprovechando la ocasión, hemos decidido estudiar este proyecto legislativo y verificar, dentro del ámbito propositivo, la existencia o no de situaciones que a futuro pudieran generar lagunas normativas. No sería saludable para la democracia que, luego de promulgada una ley de esta relevancia, nos encontráramos con aspectos prácticos que hayan sido pasados por alto en el referido proyecto.

 

Puede afirmarse que el Proyecto de Ley Orgánica que regula los Estados de Excepción es una ley marco y ajustada a las necesidades planteadas en nuestra Ley Sustantiva. No obstante, queremos puntualizar a continuación algunas realidades propias del sistema jurídico y político que ameritarían su incorporación en esta nobel normativa.

 

 

  1. Generalidades a modificar.

 

Como indicamos anteriormente, el proyecto legislativo en cuestión cuenta con todos los presupuestos normativos de primer orden que garantizan una regulación del tema. En cuanto a la definición contemplada en el artículo 4, proponemos otro texto un poco más abarcador y específico:

 

Artículo 4. Estados de Excepción. Se consideran estados de excepción aquellas situaciones extraordinarias de orden social, económico, político, natural o ecológico que afecten gravemente la seguridad de la nación, de las instituciones y de las personas.

 

Asimismo, consideramos deben establecerse puntualmente los roles de cada uno de los poderes públicos. En el caso de la declaratoria del Estado de Defensa, proponemos se indique en la propia definición la formalidad a la que estaría sujeta, agregando que, “el Poder Ejecutivo, sin perjuicio de las facultades inherentes a su cargo, podrá solicitar al Congreso Nacional la declaratoria del Estado de Defensa.” Por tanto, así no quedarían lagunas de la función de cada poder público encargado ante esta situación.

 

De igual forma, para evitar el uso abusivo del poder del Estado, en condiciones extraordinarias, y como parte de un compromiso con el orden democrático, es muy importante indicar la vigencia del Estado de Defensa con exactitud. Esta vigencia a la que nos referimos no podrá exceder de sesenta días, pudiendo ser prorrogada hasta por treinta días más a la fecha de su promulgación.

 

Otro de los detalles que, a mi juicio, no pueden ser pasados por alto se trata de la utilización de los medios de comunicación durante estas situaciones excepcionales. En este caso, el Poder Ejecutivo podrá emitir decretos que impongan restricciones a divulgar informaciones que puedan entorpecer el eficaz desarrollo de las operaciones para enfrentar las agresiones externas o colocar en peligro la vida de personas.

 

Además agregar un párrafo que indique lo siguiente: “Cuando mediante la radio, la televisión, o por proyecciones cinematográficas, se pueda afectar en forma grave e inminente el eficaz desarrollo de las operaciones de defensa, o se divulgue propaganda en beneficio del agresor armado externo, el Poder Ejecutivo podrá suspender las emisiones o proyecciones y hacer arrestar a los infractores. El Poder Ejecutivo podrá utilizar los canales de televisión o las frecuencias de radio, cuando sea estrictamente necesario.”

 

 

  1. Sobre responsabilidades y acciones.

 

Una de las pocas ausencias importantes de la cual nos hemos percatado en el Proyecto de Ley Orgánica que regula los Estados de Excepción se basa en las responsabilidades de los funcionarios. Es importante agregar un párrafo limitativo que evite los excesos de los poderes públicos, previo a las sanciones, el cual rece de la siguiente manera:

 

Artículo ________. Responsabilidad. El Presidente de la República y los demás funcionarios y autoridades del Estado, serán responsables por los abusos y extralimitaciones que cometan en el ejercicio de las facultades y en la aplicación de las medidas que tomen durante los Estados de Excepción manteniéndose vigentes las disposiciones constitucionales y legales sobre responsabilidad política, civil, administrativa y penal.

 

Con lo anterior se puede garantizar que se eviten las extralimitaciones propias de cualquier Estado de Derecho y sus instituciones bajo condiciones fuera de lo ordinario. Así también se garantizaría una visión clara de protección de los derechos fundamentales y su ejercicio en cualquier circunstancia.

 

Así también respecto del artículo 14, relativo al control jurisdiccional constitucional, entendemos corresponde incluir dos párrafos expresos respecto al sometimiento del decreto de declaratoria de estados de excepción al control constitucional; a saber:

                

Párrafo I.- La Resolución del Congreso o el decreto, en el caso de que se produzca el silencio afirmativo, que declare el estado de excepción, su prórroga o aumento del número de garantías restringidas, podrá ser objeto de control ante el Tribunal Constitucional.

 

Párrafo II.- El Tribunal Constitucional declarará la nulidad total o parcial de la Resolución o el decreto, en casos de silencio afirmativo, que declara el estado de excepción, acuerda su prórroga o aumenta el número de garantías restringidas, cuando no se cumpla con los principios de la Constitución de la República, tratados internacionales sobre derechos humanos y la presente ley.”

 

Por último, en coherencia con las garantías constitucionales, entendemos necesario incluir, de manera explícita, la posibilidad de ejercer la acción de amparo ante actos derivados de la declaratoria de los Estados de Excepción que vayan en desmedro de derechos fundamentales, más allá de las limitaciones racionales y razonables de conformidad a las disposiciones de la ley y la Constitución. En este sentido:

 

Artículo ________. Acción de Amparo. Los actos adoptados durante los Estados de Excepción que vulneren derechos fundamentales protegidos o que afecten irrazonablemente derechos suspendidos están sujetos a la acción de amparo.”

 

En suma, consideramos que incorporando estas mínimas precisiones respecto de elementos que de hecho están contenidos en el espíritu de esta iniciativa legislativa, este honorable Congreso estará presto para sancionar una ley esencial para la vida del Estado dominicano dada la exposición continua que tenemos como país a situaciones que pudiesen derivar en un Estado de Excepción.

 

Por ello apoyamos esta proposición normativa al entenderla como un  instrumento dispositivo idóneo que regulará una situación de tal naturaleza, de manera coherente a las nuevas tendencias constitucionales. Esperamos que nuestras propuestas puedan ser tomadas en cuenta y aporten lo necesario para la eventual promulgación de esta relevante norma.

 

Muy atentamente,

 

 

Dr.  Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo FINJUS

 

 

 

 

Me complace extender a todos los presentes una grata bienvenida en nombre de la Coalición Acción por la Justicia y la Seguridad a este interesante encuentro en el cual converge el interés de diversas instituciones que se han comprometido con el desarrollo del sistema y el de la ciudadanía en general, teniendo como enfoque propiciar un escenario de evaluación en materia de avances y retos del sistema de justicia y de los órganos que lo componen.

 

Sin dudas el fortalecimiento institucional del Sistema de Justicia se ha convertido en una de las máximas prioridades en la agenda de la sociedad dominicana, dadas las serias debilidades de las cuales hemos sido testigos que agravan la desconfianza ciudadana. De lo anterior, se desprende la necesidad de hacer un ejercicio constructivo que permita pasar balance a nuestro Sistema de Justicia tomando en consideración el discurrir de este año 2017, a partir de ahí estaremos prestos a observar y analizar con mayor objetividad cuál es la situación real de nuestros órganos de justicia y los retos que tienen pendientes enfrentar de cara al 2018.

 

El entramado que conforma la justicia dominicana aparece aún con muchas zonas que ameritan mejoramiento y renovación, pues es notorio que no se han alcanzado los niveles de eficiencia, transparencia y previsibilidad necesarios para garantizar la seguridad jurídica imprescindible para el desarrollo económico y social nacional. Asimismo se manifiesta un resquebrajamiento de la legitimidad del sistema de justicia por los bajos niveles de credibilidad y confianza ciudadana en sus órganos.

 

Las debilidades institucionales que enfrentamos no parecen corresponderse con los avances derivados de importantes procesos de reformas sucedidos a partir de la última década del pasado siglo XX orientados a reformular los marcos legales de acuerdo a las nuevas tendencias democratizadoras en auge en toda la región de Latinoamérica.

 

Ciertamente para nadie es un secreto que los órganos del Sistema de Justicia pasan por un período de crisis en la República Dominicana. Esto se manifiesta en una multiplicidad de recientes estudios internacionales y nacionales, como a los que se referirán los expertos que hoy nos acompañan destacando la magnitud del problema.

 

Al mirar los datos del mapa de soborno de Latinobarómetro 2017 resalta que nos situamos, junto a Venezuela y Paraguay, como los países que tienen más alta percepción de soborno. Y es que la mitad o más de la población perciben que en un 56% se puede sobornar a un policía, en un 46% a un juez o un funcionario del ministerio público.[1] Sin lugar a dudas esto socava los fundamentos de la convivencia democrática del Estado, con lo que se vuelve muy difícil sumar esfuerzos y concertar voluntades para lograr los objetivos de desarrollo.

 

En ese mismo orden, los datos del Barómetro de las Américas 2017 revelan que en el campo de la delincuencia, corrupción, y la confianza en el sistema de justica, República Dominicana no registra progresos, por lo que se concluye que si la ciudadanía no confía en el sistema de justicia ni en órganos que inciden como la policía esto se convierte en un indicador de déficit democrático y augura poca efectividad de estas instituciones en sus tareas fundamentales de gestionar el orden social.

 

Por otro lado, estudios realizados a lo interno de la Fundación Institucionalidad y Justicia, INC (FINJUS) en el presente año, los cuales serán socializados en breve plazo, reflejan un atraso considerable en materia de fortalecimiento de las capacidades institucionales del sistema de justicia. A modo de ilustración, la partida presupuestaria del Poder Judicial promedia menos del 1% con relación al presupuesto nacional lo que no alcanza siquiera la mitad del 2.66% asignado en la normativa correspondiente. 

 

De igual manera, con relación al Poder Judicial, las incidencias del presente año 2017 mostraron otras limitaciones y debilidades existentes como: decisiones reglamentarias[2] que aún no han logrado ponerse a tono con las expectativas que se derivan de las profundas innovaciones jurídicas de la Constitución del 2010; casos paradigmáticos de corrupción que han arropado al Poder Judicial dejando una percepción de una aplicación discriminada de justicia; y una justicia ejemplificadora aclamada por la sociedad que se encuentra en un compás de espera.

 

En los últimos años, el Poder Judicial ha reflejado otra de sus mayores debilidades que queda pendiente superar la cual consiste en una merma de la independencia interna y externa de este poder frente a poderes políticos y grupos económicos. Es por ello que el mayor reto para este 2018 es contar con jueces con vocación democrática, lo cual implica su independencia e imparcialidad en la toma de decisiones, para respetar la supremacía constitucional y proteger los derechos fundamentales.

 

Otro aspecto que debe ser abordado con precisión es el fortalecimiento de las capacidades institucionales del Ministerio Publico como órgano que mantiene el monopolio de la persecución de la acción pública.

 

Así también, debe reestructurarse el esquema de la policía en cuanto principal órgano auxiliar de la investigación penal dirigida por el Ministerio Público. El subsistema policial constituye una de las piezas angulares del sistema de justicia penal. No se puede pretender que los jueces decidan sin pruebas idóneas, pues la Constitución promete que “nadie podrá ser juzgado –ni castigado– sin haber sido oído o debidamente citado, ni sin observancia de los procedimientos que establezca la ley para asegurar un juicio imparcial y el ejercicio del derecho de defensa.”

 

De ahí, que se precise de una labor coordinada entre el Ministerio Público y los técnicos investigadores policiales de modo que la investigación, cuya etapa inicial es crucial, pueda estar orientada a destruir, más allá de toda duda razonable y con estricto apego a las normas del debido proceso, la presunción de inocencia que nuestro ordenamiento jurídico reconoce a todo imputado.

 

En ese marco, tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público, necesitan evaluar, los mecanismos de disciplina y remoción de jueces, fiscales, funcionarios y empleados de ambos organismos. Fortalecer estos aspectos contribuirá a la institucionalización de estos dos pilares del sistema de justicia en nuestro país  esenciales para el fortalecimiento del Estado de derecho y la institucionalidad democrática.

 

Por último, desde la sociedad exigimos que los Poderes del Estados den respuestas firmes y acertadas a estos desafíos que han quedado pendientes de las iniciadas reformas en los últimos años. Para encararlos, reiteramos ante los honorables magistrados del sistema de Justicia presentes, tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público y frente a la sociedad en general, nuestro compromiso de seguir propiciando escenarios en los cuales se socialicen propuestas jurídicas e institucionales que sean constructivas, factibles y apegadas a nuestro ordenamiento constitucional y legal, en beneficio del fortalecimiento institucional del Estado.

 

 

Dr. Servio Tulio Castaño G.

Fundación Institucionalidad y Justicia Inc. (FINJUS)

6 de diciembre, 2017

 

 

[1] Según el mapa del soborno del Latinobarómetro los países que tienen más alta percepción de soborno son Venezuela, Paraguay y República Dominicana con la mitad o más de la población que dice que se puede sobornar a un policía, un juez o un funcionario de ministerio.

[2] Ver casos de traslados de jueces por parte del Poder Judicial

FINJUS apoya la propuesta de la Suprema Corte de Justicia a la derogación de la Ley 140-15 (Que regula el Notariado Dominicano)

 

Para la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS) la pretensión del Colegio de Notarios de expandir el radio de acción de los notarios hacia nuevos ámbitos, crear privilegios y exclusividades entre sus miembros y elevar abismalmente las tarifas de cobro por servicios solo para mencionar tres aspectos concretos, desnaturaliza la esencia de la función notarial.

 

La función notarial es un servicio público consistente en dar fe pública a los negocios jurídicos. Esta función es una atribución exclusiva del Estado y es inherente a su soberanía. El la delega en profesionales del derecho independientes, en ejercicio de la potestad que le reconoce el artículo 147 de la Constitución, para asegurar servicios públicos de calidad. Es por ello que el artículo 16 de la ley 140-15 define al notario como un oficial público. El servicio notarial equivale a una especie de justicia preventiva, una actividad de carácter cuasi-jurisdiccional o de jurisdicción voluntaria, delegada por el Estado a profesionales independientes, investidos de autoridad pública por la función que cumplen.

 

La función de los notarios en nuestro país se asienta jurídicamente sobre la base del notariado latino y entendemos que la nueva ley 140-15 es una iniciativa que trata de responder a la evolución sobrevenida en esta institución de auxiliares de justicia, la cual se orienta en el fortalecimiento del rol del de la notaría como servicio público, bajo la supervisión del Estado, en beneficio y para la salvaguarda de la ciudadanía.

 

Sin embargo, consideramos que este esfuerzo no ha respondido al objetivo primigenio de la reformulación del marco regulatorio del notariado; esto así por diversas razones, siendo una de ellas que, en su artículo 51, la ley 140-15, ordena que los notarios asuman nuevos roles los cuales tradicionalmente eran de la competencia de los juzgados de paz y los alguaciles, en los procesos verbales de desalojo, lanzamiento de lugares, protesto de cheques, fijación de sellos y puesta en posesión del administrador judicial provisional, así como en la instrumentación o el levantamiento de los embargos, funciones que a nuestro juicio desnaturalizan la función notarial y perjudican a otros servidores públicos como son los jueces de paz y los alguaciles, generando con ello un clima de inseguridad jurídica en el país.

 

Todo ello aduce a un rompimiento con las históricas funciones del notario, tanto en el ordenamiento jurídico dominicano como en el Derecho en sí, pues se han traspasado labores sustanciales ejercidas por otros actores, como son los alguaciles, a la competencia de los notarios; así también, en lo relativo a las atribuciones que le eran propias a los juzgados de paz y que la ley endosa a los notarios, subyace una afectación al ámbito jurisdiccional, en razón de que el notariado carece de la potestad resolutoria de conflictos y de hacer ejecutar lo juzgado, esto último, es una reserva exclusiva al poder jurisdiccional que da la nueva dimensión del artículo 149 de nuestra Constitución. En resumen, puede acotarse que se ha desvirtuado la naturaleza esencial de la función del notariado.

 

Sobre este punto, el proyecto de ley que introduce la Suprema Corte de Justicia restablece la esencia del notario limitando su actuación a lo que siempre han sido sus funciones de revestimiento de fe pública: la instrumentación de actas auténticas y legalización de firmas en actos bajo firma privada.

 

En cuanto a la delimitación territorial contenida en el artículo 19 de la ley 140-15 constituye una limitación a la función notarial, ya que la nueva configuración legal de la demarcación geográfica imposibilitará la práctica notarial impidiendo así que un notario pueda dar fe pública a los actos de manera excepcional fuera de su ámbito, de competencia territorial, al efecto que, se eliminó la excepción territorial para el ejercicio de la notaría fuera de su “ratio” de aplicación.

 

Otro aspecto preocupante es el “numerus clausus” en una demarcación territorial. Corresponde a la Ley 140-15 determinar el número de notarios que ha de ser suficiente para asegurar convenientemente el servicio. Esto lo aborda el artículo 18 de dicha ley, que modifica la regla de densidad poblacional para distribuir la cantidad de notarios en los municipios, de modo que de mil quinientos (1,500) habitantes se pasa a exigir diez mil (10,000). Esta regla de distribución afecta el acceso de nuevos profesionales a las notarías, puesto que la cantidad de notarios en funciones será congelada por un largo período de tiempo. Esto amerita crear mecanismos de evaluación de desempeño que permitan depurar el ejercicio de la función notarial y dinamizar el acceso de nuevos notarios, acorde con las necesidades de las comunidades.

 

Es de considerar que la función notarial de los cónsules y vicecónsules ha sido impactada por la Ley 140-15, ya que modifica la Ley 716-44, relativa a las funciones de cónsules y vicecónsules, y establece que los actos de estos funcionarios, al momento de ejercer la función notarial, deben acogerse a las exigencias establecidas por la ley. Así mismo señala que las faltas cometidas en el ejercicio de la función notarial están sometidas al proceso disciplinario instituido por la misma, atribuyéndose potestades que son propias del Poder Ejecutivo en su función de fiscalizador de sus funcionarios radicados en el extranjero. Esta disposición, como otras que estamos señalando, crean grandes trabas.

 

Sobre la facultad exclusiva que la Ley 140-15 le otorga a los notarios para todos aquellos asuntos “en los que haya o no controversia judicial de carácter privado y los interesados le soliciten que haga constar bajo su fe y asesoría los acuerdos, hechos y situaciones de que se trate”, se entra en conflicto con la labor del abogado, que hace precisamente ese tipo de trabajo aunque no le otorgue fe pública al mismo, pero para lo cual requería siempre la presencia de un notario.

 

Uno de los aspectos que más distorsiones genera la Ley 140-15 y tiene el carácter más controvertido, lo constituye la escala tarifaria, que aumenta exponencialmente los costos establecidos en la normativa derogada.

 

La tarifa de honorarios profesionales de los notarios, al tratarse de un servicio público, debe sujetarse al principio de equidad, conforme lo señalado en el artículo 147.2 de la Constitución. Este principio comporta el reparto equitativo de los costos por el servicio según las distintas categorías de usuarios. Las tarifas deben ser justas y razonables, tanto para el prestador del servicio como para el usuario. En la regulación de un servicio público en donde los precios no se forman con la libertad propia de las reglas de mercado, corresponde a la ley establecer las tarifas, que no deben ser ajenas al marco de razonabilidad exigido a toda actividad estatal. Toda vez que la tarifa en el servicio notarial es esencialmente el componente que asegura la gestión del servicio y la contrapartida económica del prestador, el legislador está obligado por el principio de razonabilidad a no imponer costes prohibitivos. Esto permite advertir que algunas tarifas contenidas en la ley resultan contrarias a los principios de razonabilidad y equidad que deben imperar en la prestación de los servicios.

 

A modo de ilustración resaltamos que los montos bases que son impuestos para el cobro por actuación notarial podrían alcanzar cifras astronómicas de RD$200,000.00 por contrato según el valor envuelto, mientras que en el proyecto de ley tenemos como monto base máximo RD$20,000, lo cual nos parece que no vulnera la dignidad del ejercicio ni el acceso a este servicio.

 

En este mismo orden, otro aspecto a considerar es que cada acto notarial, sea auténtico o bajo firma privada, que requiera certificación de la firma del notario en la Procuraduría General de la República, o deba ser registrado en el Registro de Títulos, en el Registro Civil, en el Ministerio de Relaciones Exteriores y en las Cámaras de Comercio y Producción del país, deberán pagar RD$100 para contribuir al fortalecimiento del Colegio de Notarios. Este monto será indexado conforme a la tasa de inflación acumulada cada cinco años, sin que el aumento pueda exceder de 30%. En efecto, se trata de una legislación contraproducente que limita el acceso al servicio a la población de escasos recursos económicos.

Consideramos que este marco legal, ley 140-15, afecta todas las operaciones de los ciudadanos en las que se requiera un notario para su realización, “como el retiro de cuentas a nombre de un familiar fallecido, protesto de cheques, donaciones, sucesiones, actos de venta, permutas, hipotecas, y otros tipos de actos notariales”. Debido al aumento de los gastos de cierre de los contratos para cubrir las nuevas tarifas por servicios notariales, generando un encarecimiento del servicio que afecta sobre todo a la población de menores ingresos, creándose un nuevo obstáculo para el acceso a una gama de bienes protegidos por la Constitución por su carácter de derechos fundamentales como es el caso de la vivienda.

En este caso la Ley 140-15 afecta funciones que actualmente realizan diferentes órganos o jurisdicciones del Poder Judicial, el Ministerio Público, vía la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores y las Cámaras de Comercio y Producción, la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), entre otras instituciones

Tomando en consideración las implicaciones e impacto que genera la Ley 140-15 sobre Notariado, consideramos necesario que se adopte una nueva normativa para la regulación de la notaria en el país. Por ello apoyamos la iniciativa del Proyecto de ley de la Suprema Corte de Justicia, el cual consideramos como un  instrumento normativo idóneo que corrige todas las distorsiones que ocasiona la Ley 140-15, que regula el Notariado dominicano.

 

Muy atentamente

Dr.  Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo FINJUS

30 de noviembre de 2017

La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS), en su interés de apoyar todos los procesos que conduzcan a fortalecer la eficiencia e institucionalidad de nuestro país, ha dado seguimiento a las iniciativas del Poder Judicial encaminadas a incrementar el logro de sus metas estratégicas, entre las que se destacan las áreas de la eficiencia y acceso a la justicia, así como la independencia tanto interna como externa de la judicatura. Sin lugar a dudas, estas temáticas están íntimamente vinculadas con el tema que hoy nos convida a esta mesa: los retos del sistema de inspectoría judicial.

 

La Inspectoría Judicial es un ente de supervisión y respaldo a la labor del Consejo del Poder Judicial, cuya relevancia permite que este órgano clave pueda tener conocimiento de las quejas que se realizan sobre los servidores judiciales, en el marco de sus funciones, para propiciar, entre otros, el objetivo de fortalecer el servicio público de justicia brindado a la ciudadanía. Esta labor, que es eminentemente técnica, se reviste en la actualidad de una gran importancia, entendiendo que la sociedad ha expresado por múltiples vías la necesidad de contar con un sistema de justicia independiente, eficiente, transparente y accesible.

 

Por estas razones, desde FINJUS, hemos considerado trascendental invitar a la sociedad a conocer de manera más detallada la labor que realiza la Inspectoría Judicial y específicamente cuáles son los retos que enfrenta para acometer sus tareas.

 

El análisis de esta área debe desembocar en iniciativas y acciones cuya meta final es la de fortalecer al Poder Judicial y dar oportunidades para que la ciudadanía tome conocimiento certero del funcionamiento de los órganos que existen a su interior, de manera que los hombres y mujeres que reciben los servicios judiciales eleven su confianza en la efectividad y profesionalidad del ejercicio de los jueces y demás servidores judiciales.

 

La función jurisdiccional es esencial para el desarrollo del país. Es un hecho reconocido que los últimos estudios de opinión han mostrado un descenso del nivel de los índices de confianza de la ciudadanía en el Poder Judicial, lo que es un fenómeno común en todos los países. En ese camino la existencia de mecanismos como la Inspectoría Judicial se constituyen en herramientas esenciales para reestablecer la comunicación y la comprensión de la sociedad sobre su labor.

 

Esto abre de manera natural una serie de preguntas en la dirección de conocer los retos de la Inspectoría Judicial, para que la visión que se forme la sociedad trascienda la de ser un órgano reducido a la simple tramitación de quejas. En la actualidad confiamos que la labor de este importante órgano, de la mano del Consejo del Poder Judicial, permita consolidar la labor de los magistrados y los servidores judiciales en sentido general.

 

En ese sentido, la FINJUS, en el marco del Programa de Acción de la Sociedad Civil por la Seguridad y la Justicia, auspiciado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, agradece la colaboración de la Inspectoría  Judicial, en la persona del Lic. Leónidas Radhamés Peña Díaz, Inspector General, así como de los distinguidos panelistas que hoy nos acompañan: Jaime Bautista, Consultor de USAID, y los magistrados Justiniano Montero, Director General de Administración y Carrera Judicial; María Garabito Ramírez, Juez Presidente de la Corte Penal de San Cristobal, y Claudio Aníbal Medrano, Juez Presidente de la Corte Penal de San Francisco de Macorís.

 

Asimismo agradecemos la participación de todos los presentes, esperando que este sea un espacio de diálogo para el desarrollo y fortalecimiento de la función jurisdiccional y de los importantes servicios que el Poder Judicial brinda a la sociedad dominicana.

 

Muy buenos días a todas y todos.

 

22 de noviembre del 2017.

Las contiendas electorales en el país suelen ser, de manera lamentable, escenarios muy conflictivos, pues la cultura de nuestro sistema político aún está impregnada de prácticas que resultan incompatibles con los valores de convivencia pacífica que sustentan el pacto constitucional. Algunos de estos conflictos terminan por convertirse en verdaderos delitos y crímenes electorales que pueden socavar la legitimidad de dichos procesos. La falta de consecuencias  que se observa en este sentido contradice la esencia de nuestro ordenamiento jurídico. De ahí que para poder fortalecer nuestro sistema democrático se hace necesario reforzar la ingeniería institucional que rige los sistemas de consecuencias, para que contar con entidades responsables y eficientes en el cumplimiento y ejecución de la ley.

 

En ese contexto, se ha planteado, en numerosas ocasiones, la necesidad de instituir la figura del fiscal electoral. Hay posiciones encontradas respecto al tema, pero su creación debe responder a las exigencias de nuestro régimen constitucional e institucional, pues no es posible acudir libremente a las experiencias comparadas sin verificar previamente las posibilidades de importación a la luz de la configuración de nuestro ordenamiento jurídico constitucional. Es por ello que en la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. entendemos que de conformidad con el artículo 169 de la Constitución resulta de muy difícil acomodo la institución legal de un Fiscal Electoral Independiente.

 

En razón de la anterior, consideramos que la mejor manera de pensar la especialización de la persecución penal de los crímenes y delitos electorales, así como otras atribuciones que resulten propias de la labor de Ministerio Público en la materia, se pueden perfectamente realizar con la creación de una Procuraduría General Especializada al amparo de la Ley Orgánica del Ministerio Público No. 133-11.

 

En su artículo 53, la Ley 133-11 confiere al Consejo Superior del Ministerio Público la potestad de la creación de las denominadas “procuraduría especializadas”, indicando expresamente que “éstas son  órganos complementarios de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y estarán sujetas a la dirección, coordinación y supervisión directa del Director General de Persecución. Serán creadas por el Consejo Superior del Ministerio Público, con alcance nacional o regional, en atención a la complejidad de los casos, la vulnerabilidad de las víctimas, el interés público comprometido o las prioridades institucionales. Estarán a cargo de procuradores generales de Corte de Apelación”.  

 

Tras ponderar el texto del presupuesto normativo anterior, puede decirse básicamente que el Consejo Superior del Ministerio Público, bajo el supuesto de una prioridad institucional en el marco de los comicios, tiene la potestad de crear la figura del fiscal electoral o, mejor dicho, una procuraduría especializada en la persecución de delitos y crímenes electorales.

 

Por otro lado, el artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior Electoral No. 29-11, establece las competencias de este órgano para conocer de los delitos y crímenes electorales[1]. Sin embargo para el conocimiento de estas infracciones se hace necesario de un persecutor que tenga las facultades y el elemento orgánico que haga viables sus funciones, para su efectiva judicialización.

 

Cabe destacar que la Constitución delimitó con cuidado las competencias del órgano persecutor, que no es otro que el Ministerio Publico, para evitar confusiones y duplicidades de esfuerzos. Su establecimiento recae en un poder orgánico constitucional que es el Consejo Superior del Ministerio Público, quien ostenta la facultad de crear una procuraduría especializada para los delitos y crímenes electorales.

 

Además, este órgano sentaría un precedente para la vida democrática de nuestro país, pese a que son de conocimiento público, las infracciones cometidas antes, durante y después de las elecciones, no generan acciones relevantes y decididas que establezca responsabilidades y consecuencias de cara a estos delitos y crímenes.

 

En otro ámbito, sabemos que en el marco de una reforma al régimen electoral, la norma que reforme a la Ley Electoral No. 275-97 no podrá establecer la creación de un fiscal electoral, pero sí puede instituir la obligación del Ministerio Público de crear una Procuraduría Especializada Electoral que ha de ser dotada de las herramientas necesarias para perseguir los delitos y crímenes electorales que le competen  por ley al TSE o cualquier otra labor institucional que afecta al sistema de partidos y al sistema electoral y pueda ser entendida en el marco del rol propio del Ministerio Público.

 

Un elemento adicional que queremos señalar es la necesidad de dejar claramente establecido que el órgano especializado, sea por requerimiento legal expreso, o por una resolución del Consejo Superior del Ministerio Público, que su titular sea investido de una protección institucional equivalente a la que tiene el Director General de Persecución, así como los Procuradores y Fiscales Titulares, de modo que dure en el cargo 4 años y evitar así que pueda ser objeto de interferencias. Asimismo, es necesario dejar claramente establecido que el titular de este ente especializado debe provenir de la carrera del Ministerio Público. 

 

Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo FINJUS

 

17 de noviembre, 2017

 

[1] Artículo 25.- Competencias en las infracciones electorales. El Tribunal Superior Electoral conocerá los delitos y crímenes electorales previstos en la Ley Electoral, en la Ley sobre el Uso de los Emblemas Partidarios, y en cualquier otra legislación en materia electoral o de partidos políticos cuando sean denunciados por la Junta Central Electoral, las juntas electorales o el Ministerio Público conforme al Reglamento de Procedimientos Contenciosos Electorales

La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS), lamenta profundamente la pérdida física del Dr. Artagnan Pérez Méndez, una gloria del Derecho dominicano.

La comunidad jurídica de nuestro país se encuentra de luto al tener que despedir a un jurista invaluable y un ser humano que entregó grandiosos aportes a nuestro país.

Paz a sus restos.

Por quinta ocasión consecutiva, la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) aúna esfuerzos con la prestigiosa New York University (NYU), en la figura de su Centro para Litigio, Arbitraje y Derecho Comercial Transnacional, para organizar “Arbitration Santo Domingo 2017”.

 

Este importante evento está siendo coordinado por el Prof. Franco Ferrari de la New York University, quien funge como coordinador académico general, y la Lic. Fabiola Medina Garnes, socia fundadora de Medina Garrigó Abogados, quien funge como coordinadora académica local.

 

Este ano el tema de Arbitration Santo Domingo 2017 es el arbitraje comercial internacional y de inversión. En este evento de día y medio, expertos y profesionales internacionales y nacionales abordarán los principales temas y tendencias en el Arbitraje Comercial y de Inversión. El formato de este año consiste en ocho conferencias principales, impartidas por oradores internacionales, seguidas de los comentarios de los expertos en arbitraje más renombrados de la República Dominicana y América Latina, quienes tendrán la importante tarea de contextualizar las experiencias internacionales al nivel local.

 

Los conferencistas principales de este año son: Andrea Bjorklund, McGill University; Pedro Martinez-Fraga, Bryan Cave LLP; Brian King, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Francesca Ragno, Universita di Verona; Friedrich Rosenfeld, Hanefeld Rechtsanwälte; Diego P. Fernández Arroyo, Science Po; Mary Fernández, Headrick Rizik Álvarez y Fernandez; y Franco Ferrari, New York University. Entre los comentaristas internacionales se encuentran Diego Gosis, GST LLP; Lorena Perez-McGill, Georgetown University; y Rafael Rincón, Zuleta Abogados Asociados.

 

Arbitration Santo Domingo 2016 se celebra del 13-14 de noviembre del año en curso, en el Hotel J.W. Marriot Santo Domingo, República Dominicana. Cuenta con la participación de más de 120 abogados de todo el territorio nacional.

 

Santo Domingo

13 de noviembre, 2017

La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS), considera importante puntualizar ciertos aspectos en el marco de la actual ponderación congresual y ciudadana de la figura del voto preferencial, a fin de nutrir las propuestas legislativas que descansan en la comisión bicameral para así concretizar una necesaria reforma del régimen electoral dominicano de conformidad a los principios constitucionales de nuestro sistema democrático.

 

En diversas ocasiones hemos expresado que el voto preferencial es un mecanismo orientado a garantizar una mayor pluralidad en la configuración de la representación de las opciones electorales y que al mismo tiempo contribuye a destrabar el control que tradicionalmente han ejercido las direcciones de los partidos políticos sobre los procesos de elaboración de las listas de postulantes, para evitar o limitar la discrecionalidad de esas cúpulas que han servido, en muchas ocasiones, para articular acuerdos que socavan la democracia interna en sus agrupaciones y limitan la elección popular. 

 

Consideramos que la discusión sobre este tema debe centrarse en la necesidad de seguir institucionalizando la política partidaria y al propio sistema de partidos. A pesar de las debilidades que presentan, los partidos políticos deben erigirse como los garantes del orden democrático.

 

Si bien es cierto que se han presentado serias dificultades estructurales generadas en el marco de la aplicación del voto preferencial a nivel congresual, antes de plantear la discusión sobre su aplicabilidad o no a nivel municipal para los próximos comicios en el año 2020, se debe reforzar el fortalecimiento de la democracia interna de los partidos; cuestión esta que, en el contexto actual, es imprescindible para garantizar la eficacia de un verdadero voto preferencial.

 

A pesar de lo anterior, consideramos que hay puntos muy delicados sobre los cuales debemos profundizar en todo lo que circunda al voto preferencial. Esta figura, sin las debidas correcciones a la Ley No. 157-13, en el marco de su aplicación práctica, genera islas de poder en el Congreso y más aún dado el régimen jurídico electoral plagado de lagunas que nos rige; por lo que conviene entonces reformular este mecanismo con disposiciones claras que subsanen las debilidades que se reflejan en la práctica.

 

 

 

Somos de opinión que las desavenencias vistas en la experiencia electoral pasada en torno al voto preferencial no se deben a la existencia y/o esencia per se de este método de votación sino más bien a las deficiencias de la normativa que lo configura y las prácticas tradicionales que reflejan la profunda debilidad institucional del sistema de partidos de nuestro país; una de ellas es la confusión en la ley especial del voto preferencial con elementos como el arrastre, el cual resulta contraproducente de cara al fin ulterior de esta figura al distorsionar la intención del votante limitando a un partido determinado su voluntad de elección.

 

La sociedad dominicana debe plantearse seriamente la eliminación del arrastre entre diputados y senadores, puesto que desvirtúa la aplicación práctica y la esencia del voto preferencial. La utilización conjunta de estas dos figuras -el voto preferencial junto al método de arrastre- implica una eliminación de la elección por preferencia que es lo que, precisamente, viene a garantizar el voto preferencial.

 

Por otro lado debe cuestionarse el uso del método D’Hondt para cuantificar los escaños que corresponden a las diferentes agrupaciones políticas, ya que este se ajusta y responde más al mecanismo de listas; esto así dado que este sistema de conteo termina por impedir que el candidato más votado sea el electo, al darse la posibilidad de que el partido que lo postuló podría no alcanzar los votos suficientes para obtener alguna representación, como ocurre en la actualidad.   

 

Esto refleja una evidente desnaturalización de lo que implica conceptualmente el voto preferencial. En ese sentido, la legislación actual se ha convertido en un mecanismo operativo que ha favorecido aún más a las estructuras partidarias y en la práctica ha debilitado la intención del voto directo de la ciudadanía.

 

En suma, para la correcta aplicación del voto preferencial, que evite que las cúpulas de los partidos, el personalismo y el financiamiento ilegal de las candidaturas sean quienes determinen los procesos electivos al interior de los partidos, debe considerarse una estructura coherente que sea establecida en la ley de partidos políticos y la normativa del régimen electoral, contemplándose en ésta última la eliminación del denominado “arrastre” y de cualquier método que no exprese simbólicamente la representación directa de la soberanía popular[1].

 

A pesar de lo anterior, desde FINJUS consideramos que otros temas del régimen electoral no pueden ser apartados de la agenda pública, como lo es el fortalecimiento institucional del órgano encargado de dirigir las elecciones (Junta Central Electoral); el control de la publicidad de las candidaturas; los requisitos de elección; los sistemas de control de la democracia interna de los partidos; y la ampliación de los delitos y crímenes electorales.

 

Consideramos que el objetivo supremo de la necesaria reforma del régimen electoral dominicano por parte del Estado dominicano debe ser el restablecimiento de la confianza ciudadana en el sistema electoral. De igual manera, creemos necesario superar las limitaciones históricas que han establecido una cultura política divorciada de las estructuras democráticas, todo lo cual redundará en el fortalecimiento del Estado Social y Democrático de Derecho y la capacidad de sus instituciones.

 

 

Dr. Servio Tulio Castaños G.

13 de noviembre del 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Para una explicación más amplia sobre el concepto de “soberanía popular”, véase Constitución Comentada de la República Dominicana. 4ta Edición. FINJUS. 2015. Artículo 2. P. 70.

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