En los últimos años, el sistema de partidos ha tenido serios cuestionamientos por parte de la ciudadanía, lo que ha promovido que diversos sectores hayan iniciado activamente diálogos, reformas y debates profundos al respecto. Cada idea que se ha vertido en este proceso, tiene que ver con la adaptación de los partidos y el régimen electoral a nuestra Constitución y la necesidad de una reforma y/o creación de instrumentos normativos rectores de sus actuaciones.

 De manera reiterada la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS), ha venido proponiendo la necesidad de crear un consenso en torno a esta temática, en miras de fortalecer el sistema político. En la actual coyuntura, entendemos que resulta impostergable repensar esta situación y debemos abocarnos a hacer operativas las propuestas que nazcan tanto de los partidos como de la ciudadanía en general.

 De este modo y confiando en los frutos que surgen del ejercicio dialéctico, consideramos importante valorar las opiniones que han puesto en la palestra pública los partidos y agrupaciones políticas que forman parte del denominado Bloque Opositor. Somos de opinión que escuchar y hacer realidad sus voces fortalecerá, en gran medida, la gobernabilidad en tanto que es una manera de demostrar los avances que tenemos en materia de democracia.

 Entendemos positivo que esta propuesta sea cónsona con la Junta Central Electoral en cuanto a la necesidad de establecer mecanismos de controles para el financiamiento de los partidos y agrupaciones políticas en nuestro país, lo cual siempre han sido tema de debate por parte de diversos sectores. Esto así, pues la falta de transparencia y la ineficiencia de los mecanismos de controles sobre el origen y destino de los fondos que manejan los partidos políticos y los candidatos para solventar la actividad política favorecen la inequidad en los torneos electorales.

Es de importancia capital  establecer límites y prohibiciones al financiamiento de los partidos políticos, con el fin de evitar la entrada de dinero de carácter ilícito y para mantener la independencia y la imparcialidad del candidato, alejándolo de las posibles influencias, favores o prácticas deshonestas en favor de los respectivos donantes. Es necesario el establecimiento de un régimen de  sanción o sistema de consecuencias formal que permita regular de manera adecuada lo que pudiere surgir ante una violación de este precepto.

 Asimismo, en lo que concierne al financiamiento privado, consideramos relevante establecer controles y límites a las donaciones privadas por personas físicas y jurídicas, además,  eliminar el anonimato de las donaciones, publicitar el origen de lo que se contribuye y prohibir la aceptación de aportes de personas jurídicas que se encuentren en litigio con el Estado dominicano.

 De la misma forma, en cuanto al orden democrático interno que respecta a la mujer, consideramos oportuna la prohibición expresa de que, ante la renuncia de una candidata a un puesto de elección popular, deba ser sustituida de manera obligatoria por otra candidata, consagrando así el principio de igualdad real.

 Por otro lado, resaltamos la necesidad de estructurar un sistema electoral que se oriente a la eliminación del denominado arrastre y fomente cada vez más el voto directo como el mecanismo que verdaderamente responde a la esencia democrática y nuestros preceptos constitucionales. En este punto también vale repensar el método vigente de distribución de los escaños congresuales (D’Hont) puesto que el mismo no garantiza que el candidato más votado sea el electo, al darse la posibilidad de que el partido que lo postuló podría no alcanzar los votos suficientes para obtener alguna representación.

 Debería evaluarse la idoneidad y correspondencia con nuestra realidad electoral del sistema de cociente y resto mayor o cociente de Hare que propone el Bloque Opositor como método matemático de distribución de escaños. Pues parecería ser más equilibrado que el utilizado en nuestro contexto.

 Gran parte de los argumentos presentados por el Bloque Opositor, han formado parte de las ideas que desde FINJUS han sido sometidas en el importante debate de reforma del régimen electoral y la promulgación urgente de una Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas. Sin la aprobación de sendos instrumentos, coincidimos, resultaría muy peligroso que nuestro país se aventure a la celebración de unas elecciones en el año 2020.

 Sin embargo, en lo que respecta a la obligatoriedad de la celebración de elecciones primarias, voluntarias y simultáneas, disentimos del Bloque Opositor. En otras ocasiones, hemos demostrado en el marco constitucional, político y legal cómo lo idóneo para nuestra democracia sería la no imposición de un determinado método para elección de los candidatos de cada partido.

 Lo anterior favorecería la democracia interna y garantizaría el cumplimiento del artículo 216 de nuestra Ley Sustantiva, así como el derecho fundamental a la libertad de asociación. La imposición de un método específico y general no brindaría más democracia, los partidos políticos deben contar formas de organización interna, pero a su discreción y sin violentar la Constitución y las leyes.

De igual manera debemos puntualizar la no factibilidad de establecer la obligatoriedad del voto tal y como lo esboza el pronunciamiento del Bloque Opositor, esto así pues entendemos que dicha medida no se corresponde al espíritu de nuestra Carta Magna la cual entiende el voto como un derecho y un deber ciudadano caracterizado por ser “personal, libre, directo y secreto”. Además de ello habría que estructurar un régimen de consecuencias lo suficientemente estricto como para coaccionar a la ciudadanía sin descuidar criterios de justeza abarcadores que permitan prever situaciones excusables.

 En definitiva, entendemos que una reforma electoral como la que se propugna no debe desviar su atención en propugnar un Estado coactivo que derive esfuerzos en traer a un ciudadano recalcitrante a las urnas, cuando al fin y al cabo el votante tendrá como opción emitir un voto en blanco. Otra cuestión que debe ser aclarada en este sentido es que la situación de compra y venta de cédulas no encuentra solución en el establecimiento de un voto obligatorio, sino en un régimen electoral que someta al orden las agrupaciones partidarias.

 Cabe destacar que si bien nos parece interesante la propuesta del establecimiento del voto electrónico que permitiría sistematizar de manera integral todo lo referente al conteo de votos y minimizar los márgenes de error, debe recordarse que con relación a ello acabamos de sufrir una experiencia poco satisfactoria en elecciones pasadas.

 Entendemos preciso madurar un régimen electoral y esquemas partidarios más transparentes y con mayor apego a los criterios de democracia antes de adentrarnos a la modernización del sistema electoral. Las transformaciones duraderas normalmente se dan de manera paulatina en procesos de adaptación y adecuación al status quo.

 De estos interesantes planteamientos, contenidos en la propuesta del Bloque Opositor, debe resaltarse que los mismos no están sujetos meramente a la elaboración mecánica de legislaciones, sino a la necesidad de a estos esfuerzos se sumen  la voluntad institucional y el compromiso de la Junta Central Electoral con el fin de superar los males que han afectado históricamente nuestro sistema democrático, en múltiples dimensiones.

 

Dr. Servio Tulio Castaños G.

22 de febrero del 2018.

 

 Palabras de bienvenida del Dr. Servio Tulio Castaños G., Vicepresidente Ejecutivo FINJUS

13 de febrero de 2018

 

Saludamos la presencia de cada uno de ustedes y agradecemos que se hayan dado cita en este interesantísimo panel que nos ocupa en la mañana de hoy; la idea es contribuir a la discusión jurídica de una problemática que ha calado profunda y progresivamente en las entrañas de la sociedad dominicana, nos referimos a los “feminicidios”.

 

La violencia contra las mujeres, que antecede o deriva en el denominado “feminicidio”, no es una situación novedosa; de hecho, la historia revela que se ha tratado de un problema recurrente, aunque con manifestaciones diversas según la época, que ha encontrado cabida y permanencia dada la existencia de una serie de factores tales como el arraigo de patrones culturales, patriarcales y misóginos que, hasta hace relativamente poco tiempo, prevalecían en la sociedad.

 

Ante ello los sistemas de justicia han tenido que reaccionar, tratando de ajustar a sus ordenamientos jurídicos para enfrentar estos crímenes, que con frecuencia alcanzan niveles de complejidad y crueldad y que ponen en aprieto todo el aparato judicial, desde los recursos investigativos hasta las respuestas que emanan de la instrucción del proceso, las cuales parecerían no terminar de resarcir la sociedad.

 

Debemos apuntar que no se trata de una problemática creciente exclusivo en República Dominicana, sino que varios países latinoamericanos y hasta de otras latitudes, como España, comparten casuísticas similares que reflejan una grave descomposición social.

 

El común denominador de todos estos países donde la criminalidad de este tipo va en aumento constante, es la frecuencia con la que se producen, lo cual a la par que aterra, reta a la reestructuración de un marco legal y un sistema judicial que dote de un tratamiento jurídico singular de acuerdo a los elementos que configuran estos hechos.

 

A consecuencia del incuestionable aumento, en esta última década, del número de asesinatos de mujeres y los índices de impunidad que fluctúan en las estadísticas, algunos países han procedido a tipificarlos, en determinadas circunstancias, bajo la denominación de “femicidio” o “feminicidio” indicando como elemento para su configuración la ejecución del hecho por razón de género. Dentro de ellos podemos mencionar países como Chile, Costa Rica, México, Perú, El Salvador y Nicaragua.

 

La tipificación de este delito y otras adecuaciones al sistema judicial y al marco jurídico se relaciona no solo a la obligación de los Estados de adecuar sus legislaciones a los instrumentos internacionales sino al incremento anual del número de estas muertes, a la crueldad con que la que se producen y a la ausencia de tipos penales especiales para describir adecuadamente el asesinato de mujeres basado en razones de odio, desprecio, y relaciones asimétricas de poder entre hombres y mujeres; pudiendo, a nuestro entender, añadirse a esta tipificación, de manera expresa, aquellos que se cometen en contextos de violencia intrafamiliar y sexual.

 

En el caso de República Dominicana encontramos datos alarmantes tales como: un promedio anual de 102 asesinatos de mujeres; que un 61% de las mujeres víctimas de violencia de género dice haber sufrido violencia física y 40% violencia psicológica y que el 16% de las mujeres maltratadas exponen que sus hijos también eran golpeados por sus parejas o exparejas.

 

Estas cifras chocan con la realidad de un marco jurídico que no contempla un tipo penal para estos hechos y con un sistema de justicia penal que no cuenta con las herramientas efectivas para su prevención, persecución y/o penalización por lo que ha obligado a las instituciones del sistema a tener que maniobrar dentro de las limitaciones jurídicas y, en un intento de enfrentar la problemática, caracterizar los homicidios desde una perspectiva de género.

 

Precisamente son las particularidades jurídicas de estos hechos antijurídicos las que pretendemos abordar en este panel; para ello contamos con la grata presencia de personalidades que conocen del tema en cuestión, tenemos con nosotros a Soraya Lora (directora del Patronato de Ayuda a casos de mujeres maltratadas –PACAM–); Ricardo Rojas de León (Abogado Consultor) y Cristóbal Rodríguez (Abogado constitucionalista) .

 

Ellos tienen la tarea de conversar sobre este tema desde una perspectiva jurídica, tomando en consideración que al hablar de feminicidios, en el contexto actual que atraviesa nuestra nación, es sin dudas tocar una fibra sensible de la sociedad, la cual se ha visto inmersa en un diario acontecer plagado de hechos atroces y aberrantes que, lamentablemente, parecerían tener como principal víctima a la mujer dominicana.

 

Dr. Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo FINJUS

 

 

 

La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS), considera que el pedimento hecho al juez de la instrucción especial a los fines de otorgar una prórroga de 4 meses adicionales para el proceso de investigación en curso del caso ODEBRECHT obedece a una necesidad legítima de robustecer las pruebas a presentar y que, de ser así, permitirá obtener la presentación de una acusación que pueda concretizar resultados que hagan recuperar la confianza en el sistema de justicia por parte de la ciudadanía.

 

Al tratarse de un caso complejo, como fue declarado con anterioridad, nuestro ordenamiento procesal penal permite la ampliación de los plazos para concluir la investigación, atendiendo a lo que contemplan los artículos 150 y 370, vista su modificación en la Ley No. 10-15. En el referido artículo 150 es en donde la norma establece la posibilidad de requerir una prórroga para presentar la acusación y, combinado con el texto del artículo 370 numeral 3 parte in fine, se indica expresamente que dicha prórroga “puede ser de cuatro meses más[1].

 

En ese orden, este pedimento por parte del Ministerio Público responde a preceptos legales formales y no se encuentra fuera del espectro de nuestro ordenamiento jurídico. Además, cumple con una necesidad legítima del Ministerio Público de preparar una investigación que resulte eficiente ante los diversos obstáculos que presenta el caso.

 

Las razones que motivan este plazo adicional solicitado por el Procurador General de la República implican que la ciudadanía podrá conocer, en su debido momento, otros elementos que fortalecerán la investigación. Por lo que la justificación de dicho plazo deberá cumplir con las expectativas que ha generado todo este proceso para la población, específicamente en el plano político, social y jurídico.

 

Desde FINJUS, reiteramos la confianza que hemos expresado en otros momentos al Ministerio Público, siempre y cuando sus ejecutorias estén apegadas al imperio de la ley y al fortalecimiento de la institucionalidad. Por tanto, esperamos que la solicitud de prórroga para esta investigación se traduzca finalmente en un mensaje claro contra la corrupción y un respiro necesario para el sistema de justicia de nuestro país.

 

 

Dr. Servio Tulio Castaños G.

27 de enero del 2018.

 

[1] Ver Código Procesal Penal de la República Dominicana, modificado por la Ley No. 10-15. Artículo 370 numeral 3.

 

En el conversatorio participaron los jueces Rubén Darío Cruz Uceta y Rafael Armstrong Báez García, ambos del Distrito Nacional.

La actividad fue organizada por Finjus y contó con el apoyo de  la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).


Castaños Guzmán explicó que la idea del conversatorio surgió con la finalidad de que la población tenga una idea clara sobre la importancia que tienen los jueces de la ejecución de la pena en la sociedad.

“Tenemos que tener claro que los jueces de ejecución de la pena desempeñan un rol importante en la sociedad y en lo que respecta al Poder Judicial, ya que son quienes velan por el respeto a los derechos de los reclusos”, dijo el jurista.
Los jueces de ejecución de la pena tienen como finalidad velar para que los derechos de los reclusos no sean vulnerados y que el proceso que se les sigue se ejecute amparado en las leyes.

De su lado, el magistrado García definió ese rol como de vital importancia en los procesos que se le sigan a cualquier ciudadano, ya que, según dijo, garantiza el respeto a las personas que han sido sentenciadas a cumplir una condena.

Recordó que la idea de un juez de ejecución de pena surgió en Brasil, en el siglo pasado, como forma de proteger a los reclusos que estaban confinados en diferentes cárceles de esa nación sudamericana.

“Este es un rol muy importante en el desenvolvimiento de la aplicación de justicia en las cárceles dominicanas”, aseguró el magistrado durante su ponencia en la actividad.
En el encuentro participaron representantes de varias instituciones, tanto públicas como privadas, principalmente del Poder Judicial.

 

 

La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS) considera preocupante las acciones y declaraciones de algunos sectores o personas que pretenden limitar las facultades de orden estatal propias del Ministerio de Educación para realizar los procesos de reforma de primer orden dentro del sistema educativo nacional, los cuales son imprescindibles para el mejoramiento de la calidad educativa y el fortalecimiento de nuestras instituciones.

 

Como ha sido reseñado en la prensa nacional el centro de atención de algunos sectores es la Ordenanza No. 24-2017 que Reglamenta el Sistema Competitivo de Selección de Directores Regionales y Distritales, al que objetan, dando lugar a reclamos que terminan siendo obstáculos que podrían obstaculizar o incluso impedir los necesarios procesos de reforma. Cabe recordar que esta ordenanza es cónsona con las legislaciones que abordan la materia y, sobre todo, con los principios establecidos en el Pacto Nacional por la Reforma Educativa.

                       

El punto central de las objeciones se dirige a impedir que, tras los concursos de oposición que se realizarán para la escogencia de los directores regionales y/o distritales, el Ministerio de Educación escoja las ternas que establece el Reglamento para la selección final de los Directores Regionales y Distritales.

 

Los sectores que objetan el Reglamento se han concentrado en impugnar la selección de las ternas bajo el alegato de que este paso implica actos antijurídicos e ilegítimos por parte del Ministerio de Educación, como si lo que procurase este órgano fuera contrario a lo que establecen las leyes. Sorprende el argumento sobre todo porque es la primera vez que se realizarán concursos de oposición para la selección de los funcionarios que se encargarán de los puestos a seleccionar, a tono con los nuevos principios que orientan la función pública y las políticas educativas en el país. 

 

Debe saberse que los esquemas de designación que instituye la Ordenanza No. 24-2017 están adecuados al artículo 139 de la Ley Orgánica de Educación, la cual establece que “Los cargos administrativo-docentes y técnico-docentes de los diversos niveles del sistema educativo público serán servidos previos concursos de oposición, o por oposición y méritos profesionales[1]

 

De lo anterior puede colegirse que la norma prevé la existencia de un determinado método (el concurso de oposición). No obstante la Ley no indica un presupuesto normativo que limite las dimensiones formales a las cuales debiera ajustarse la utilización del referido método (la presentación de ternas) y, desde nuestra óptica, esta situación no deviene en una vulneración al principio de legalidad sino en una actuación necesaria de las potestades de la Administración.

 

Siguiendo con lo anterior, es importante destacar que tanto lo establecido en la Ordenanza No. 24-2017 como las actuaciones del Ministerio de Educación, han venido a garantizar la operatividad del texto legal. Si una norma no contiene presupuestos de ejecutoriedad ante la toma de decisiones de una medida de carácter estatal, corresponderá al órgano encargado suplir este vacío a través de sus actos formales, siempre y cuando ello no contravenga al ordenamiento jurídico de la nación.

 

Por tanto, desde FINJUS, instamos a todos los sectores preocupados por la educación dominicana a generar los consensos que fueron planteados en el Pacto Nacional por la Reforma Educativa, donde se estableció la necesidad de promover alianzas estratégicas en el sector educativo para incorporar las mejores prácticas al sistema y promover la excelencia en la formación docente.

 

Tal como ha establecido nuestro Tribunal Constitucional mediante sentencia TC/0100/13 de fecha 20 de junio de 2013, la seguridad jurídica –entre otras cosas–, “es la certeza que tienen los individuos que integran una sociedad acerca de cuáles son sus derechos y obligaciones, sin que el capricho, torpeza o la arbitrariedad de sus autoridades puedan causarles perjuicios.”

 

De manera que respaldamos las medidas adoptadas por los poderes públicos, cuya previsibilidad garantice la aplicación objetiva de la ley y, por tanto, permita fortalecer integralmente los principios que encarnan a todo Estado Social y Democrático de Derecho.

 

 

Dr. Servio Tulio Castaños G.

18 de enero del 2018.

 

[1] Ley Orgánica de Educación de la República Dominicana No. 66-97. Artículo 139. Subrayado nuestro.

SANTO DOMINGO. 16 de enero 2018-La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) propuso al alcalde David Collado un proyecto de seguridad ciudadana en el que participe el sector privado para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos del Distrito Nacional.

Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de FINJUS, indicó que la propuesta involucra a otras instituciones como Interior y Policía y las Fuerzas Armadas que permita crear un equipo de trabajo que permita diseñar política para garantizar la seguridad ciudadana.

“El objetivo en principio, obviamente esto es una hipótesis de trabajo, es presentar a las organizaciones empresariales, sociales y medios de comunicación las estrategias y planes que en la actualidad desarrolla el Ayuntamiento del Distrito Nacional y analizar los retos que implica la contribución del ayuntamiento a la mejoría de la seguridad en la ciudad de Santo Domingo”, dijo Castaños Guzmán.

Manifestó que algunos temas que han diseñado son los mecanismos de relación entre el cabildo y la comunidad, coordinación de trabajo conjunto con toros organismos que inciden en la seguridad ciudadana, programas del cabildo para fomentar la seguridad ciudadana y análisis de los retos del cabildo, entre otros.

Otro aspecto es reformular y fortalecer el papel de la Policía Municipal para que se más efectiva en el combate de la delincuencia y mejoría de la seguridad.

El vicepresidente ejecutivo de FINJUS habló luego de recibir un informe del cabildo del Distrito de manos del alcalde David Collado y lo principales ejecutivo de la entidad sobre los ingresos y gastos del 2017.

Saludó la transparencia con la que se ha manejado el cabildo en cuanto al manejo de los recursos y felicitó al alcalde Collado por crear los mecanismos de transparencia que pueden ser imitados por otras instituciones.

De su lado, el alcalde David Collado, dijo que su administración cree en la transparencia y en la ética, honrada y que por eso presentan a una institución como FINJUS un informe de los procesos internos sobre compra, ingresos y gastos durante el 2017.

“Y a la vez tratando de hacer una alianza entre FINJUS y la ciudad de Santo Domingo para trabajar temas en conjunto”

Fuente: Diario Libre

 

 

 

Contar con instituciones que protejan los derechos esenciales de los ciudadanos es una condición fundamental para el desarrollo socioeconómico de un país. Las instituciones fuertes y cumplimiento de las reglas de juego por todos es esencial para un verdadero Estado de Derecho en cualquier sociedad. El Estado de Derecho es esencial, ya que crea una sociedad más justa basada en la igualdad ante la ley, crítico para promover el desarrollo económico.

 

Contener los actos de violencia y preservar la integridad de las personas son elementos fundamentales para mantener un orden social en el que los seres humanos puedan prosperar. Es decir, la preservación de la vida es el primer pilar que cimenta el Estado de Derecho. En adición, el orden social precisa de la seguridad de los derechos de propiedad y del cumplimiento de los contratos como dos requisitos adicionales para la convivencia pacífica en sociedad.

 

Para poder contar con un Estado de Derecho que proteja los derechos esenciales de los ciudadanos, y mantenga el orden social necesario para la vida en sociedad, es preciso contar con un Poder Judicial que garantice un sistema de justicia que sea accesible, eficiente, imparcial e independiente.

 

En vista de que la independencia del Poder Judicial debe ser real y no un mero enunciado, el Poder Judicial debe contar con autonomía efectiva desde el punto de vista financiero. En consecuencia, en este estudio se analiza el presupuesto del Poder Judicial dominicano desde diferentes perspectivas. El análisis se nutre de las ponencias del foro “El Presupuesto del Poder Judicial”, organizado por la Coalición Acción por la Justicia y la Seguridad.

 

Entre los temas abordados en este documento es importante señalar: i) la normativa que rige la independencia presupuestaria del Poder Judicial y la elaboración del presupuesto de la Suprema Corte de Justicia; ii) el análisis histórico del presupuesto del Poder Judicial; iii) la necesidad de evaluar el desempeño del Poder Judicial por medio de indicadores de eficiencia; iv) las necesidades actuales del Poder Judicial para cumplir con su plan estratégico; y, v) la necesidad de considerar la revisión de las leyes que consignan partidas presupuestarias.

 

2.   Independencia Presupuestaria del Poder Judicial

 

La Constitución de República Dominicana establece que el país posee un gobierno civil, republicano, democrático y representativo, que se divide en Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Judicial. La misma Constitución establece la independencia de los tres poderes en el ejercicio de sus respectivas funciones.

 

En el Artículo 149, la Constitución es específica en lo relativo a la independencia presupuestaria del Poder Judicial. En el Párrafo I del Artículo 149, se establece que el “Poder Judicial goza de autonomía funcional, administrativa y presupuestaria.” Es decir, el Poder Judicial goza de la facultad de poder elaborar su presupuesto, así como para administrar los recursos que recibe.

 

Entre los acuerdos que surgieron a partir del denominado “Pacto por la Democracia” de 1994, se encontraban reformas al sistema electoral y al sistema de justicia. De ese proceso surge la Ley No. 46-97, promulgada el 18 de febrero de 1997, que busca reforzar la independencia financiera del Poder Judicial. Aunque la Constitución de 1994, vigente en ese momento, incluía la autonomía administrativa y presupuestaria en su Artículo 63, esta ley fue promulgada como una forma de fortalecer dicha autonomía, como lo establece en su considerando primero.

 

Posteriormente, en 2004, se promulga la Ley 194-04 para establecer, entre otros temas, el monto presupuestario que debe ser asignado al Poder Judicial. Dicha ley establece que:

 

“El Presupuesto del Poder Judicial (Suprema Corte de Justicia) y del Ministerio Público (Procuraduría General de la República), serán por lo menos un cuatro punto diez por ciento (4.10%) de los ingresos internos, incluyendo los ingresos adicionales y los recargos establecidos en el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos , y se distribuyen de la manera siguiente:

 

Un sesenta y cinco por ciento (65%) del cuatro punto diez (4.10%) corresponderá a la Suprema Corte de Justicia y un treinta y cinco por ciento (35%) del cuatro punto diez (4.10%) corresponderá al Ministerio Público.”

 

De lo anterior se desprende que el porcentaje que la Ley 194-04 establece para el presupuesto destinado a la Suprema Corte de Justicia será por lo menos el dos punto sesenta y seis por ciento (2.66%) de los ingresos internos de cada año. Para los fines de determinar el monto a ser destinado a la Suprema Corte de Justicia, este 2.66% es aplicado a los ingresos internos que integran el Fondo General; es decir, se excluyen aquellos fondos que tienen un destino específico.

 

3.   El proceso del Presupuesto del Poder Judicial

 

El presupuesto del Poder Judicial se elabora a partir de la base legal que establecen la Constitución y la Ley 46-97, en lo que respecta a la autonomía, y la Ley 194-04, en lo relacionado con el monto que debe ser destinado al presupuesto de la Suprema Corte de Justicia.

 

En adición a estas legislaciones, el proceso de la elaboración del presupuesto está normado por otras leyes. La Constitución de la República Dominicana del año 2010 creó el Consejo del Poder Judicial para que tuviera, entre otras funciones, la administración financiera y presupuestaria del Poder Judicial. Posteriormente, la Ley No. 28-11 o Ley Orgánica del Consejo del Poder Judicial, estableció las atribuciones administrativas de dicho consejo. En su Artículo 8, esta legislación establece que la primera función del Poder Judicial debe ser:

 

“Elaborar y remitir al Poder Ejecutivo la propuesta del presupuesto anual del Poder Judicial, en base a las cargas fijas y programas presentados por sus distintas dependencias, conforme las normas legales y reglamentarias correspondientes, a fin de que sea incorporado en el Presupuesto General del Estado.”

 

En la Figura No. 1 se presenta el esquema del proceso de elaboración del presupuesto.

Una vez elaborado el presupuesto del Poder Judicial, el mismo debe ser incorporado al Anteproyecto del Presupuesto General del Estado para el año al que corresponda. Así lo establece la Ley 194-04 en su Artículo 6, el cual también indica que debe ser remitido al Congreso Nacional por la Dirección General de Presupuesto.

 

 

El mismo Artículo 6 de la Ley 194-04 indica la condición bajo la cual podría ser modificado el porcentaje que debe ser destinado al presupuesto del Poder Judicial –el 2.66% del Fondo General. Dicha asignación solo puede ser modificada por el Poder Ejecutivo en el caso de que las estimaciones y situación económica del país determinen una merma o disminución de los ingresos. En la Gráfica No. 1 es posible apreciar que, desde la entrada en vigencia de la Ley 194-04 solo se ha producido una reducción en los ingresos del Fondo General en el año 2009. La reducción de ingresos de 2009 fue una consecuencia de la crisis financiera de 2008 que afectó a la economía mundial.

 

Gráfica No.  1

 

3.1. Análisis histórico del presupuesto del Poder Judicial

 

En esta sección damos una mirada a la evolución histórica del presupuesto del Poder Judicial, luego de haber visto la base legal que establece la autonomía presupuestaria del Poder Judicial, tanto en lo relativo a su elaboración como a su administración, así como la asignación presupuestaria establecida por ley.

 

En la Gráfica No.  2se muestra el gasto ejecutado por el Poder Judicial desde 1990 hasta el año 2015. En términos nominales, se ha incrementado sensiblemente en los últimos 25 años, al pasar de RD$31.1 millones a RD$5,222.2 millones, en términos nominales.

 

En los últimos 25 años, hay dos períodos en los cuales hubo un incremento notable del gasto ejecutado por el Poder Judicial, ambos relacionados con las legislaciones destinadas a fortalecer la autonomía de este poder y a otorgar un presupuesto específico. Entre los años 1996 y 1998 se produjo un incremento notable en el presupuesto ejecutado por el Poder Judicial. Fue en torno a ese periodo de tiempo en que se produjeron reformas importantes en dicho poder del Estado, entre ellas en la composición de la Suprema Corte de Justicia y la promulgación de la misma Ley 46-97; a raíz de estos hechos, el gasto creció 103.6% en el año 1997. Entre 1995 y 1998, el presupuesto del Poder Judicial creció 388%. Aún teniendo en cuenta la inflación, el crecimiento fue de 301%.

 

El otro momento en el cual aumentó el gasto ejecutado por la Suprema Corte de Justicia fue en los años 2005 y 2006, justo cuando inicia la implementación de la Ley 194-04, promulgada en 2004. Entre 2004 y 2006 el gasto se duplicó al crecer 107%.

 

Gráfica No.  2

 

En términos reales se observa la misma tendencia al crecimiento del gasto nominal ejecutado por el Poder Judicial, con excepción de los años 2002 y 2003, y 2010 y 2011.

 

Gráfica No.  3

 

3.1.1.     Participación del gasto del Poder Judicial dentro del gasto ejecutado por el Gobierno Central

 

¿Cuál es la participación del gasto ejecutado por el Poder Judicial en el gasto ejecutado por el Gobierno Central? En promedio, desde el año 1990 hasta el 2015, el gasto ejecutado por el Poder Judicial ha representado el 1.06% de lo ejecutado por el Gobierno Central. Desde el 1997 la participación en el gasto del Gobierno Central del Poder Judicial se incrementa, alcanzando un pico en el año 2006 y descendiendo desde entonces, tal como se verifica en la Gráfica No. 4.

 

Gráfica No.  4

 

Lo que indica este comportamiento es que el presupuesto destinado al Poder Judicial ha ido disminuyendo dentro del total del gasto del Gobierno Central. Desde el año 2006 a 2015, el gasto total del Gobierno Central se incrementó en 158%, casi 2.6 veces, mientras el gasto ejecutado por la Suprema Corte creció en 66%. La política pública, reflejada a través del presupuesto, ha mostrado que no ha sido una prioridad el incremento de las asignaciones al Poder Judicial para fomentar el fortalecimiento de la justicia y su independencia en el país.

 

3.2. Cumplimiento de la Ley 194-04

 

El mandato de la Ley 194-04 de asignar un 2.66% de los ingresos internos (del Fondo General) a la Suprema Corte de Justicia no ha sido cumplido, por lo que el Poder Judicial no ha administrado un presupuesto de acuerdo a lo establecido por ley. En la Gráfica No. 5 se aprecia el comportamiento del presupuesto que ha recibido la Suprema Corte de Justicia en comparación con lo que establece la Ley 194-04. En promedio, desde el 2004 a 2016, al Poder Judicial sólo se le ha asignado el 58.7% del presupuesto de gastos que le corresponde.

Gráfica No.  5

 

En la Gráfica No. 6 es posible apreciar la diferencia entre el 2.66% determinado por la Ley 194-04 y el porcentaje del Fondo General que ha sido asignado desde 2005, año en que inició la aplicación de la legislación. En el año 2006 fue cuando la asignación presupuestaria se acercó más al porcentaje establecido por ley. Desde entonces, el porcentaje asignado ha ido disminuyendo. Los  últimos cinco años, es decir desde 2012 a 2016, presentan la menor proporción del Fondo General para el Poder Judicial.

 

Gráfica No.  6

 

Los datos indican que la asignación presupuestaria a la Suprema Corte de Justicia ha estado lejos del monto del 2.66%, sobre todo en años recientes. En la Gráfica No. 7 se observa que en 2015, por ejemplo, la solicitud de fondos hecha por el Consejo del Poder Judicial ascendió a RD$10,178.6 millones, mientras que la asignación incluida en la ley de Presupuesto General del Estado fue de RD$5,222.2 millones, solo un 51.3% del total.

 

Gráfica No.  7

 

En resumen, es evidente que el porcentaje asignado al Poder Judicial no ha sido el que indica la legislación; al igual que se ha podido comprobar que la asignación incluida en el Presupuesto General del Estado ha sido inferior a la solicitada por el Consejo del Poder Judicial. Es necesario verificar si el Consejo del Poder Judicial ha sometido presupuestos que requieran asignaciones similares a la establecida por ley, o si ha elaborado presupuestos con requerimientos menores al 2.66%.

 

Desde la aplicación de la Ley 194-04, el porcentaje solicitado para el presupuesto del Poder Judicial ha sido menor al 2.66%, con excepción de los años 2007, 2008 y 2009. A partir de ese último año, el presupuesto solicitado como porcentaje de los ingresos presenta una tendencia a disminuir. Como se puede observar en la Gráfica No. 8, es a partir del año 2013 cuando aumentan los montos solicitados como porcentaje del Fondo General.

 

Gráfica No.  8

 

A partir de la anterior situación es preciso preguntarse si el 2.66% puede representar una cantidad de recursos superior a la que necesita el Poder Judicial en determinados años. En la actualidad, el Poder Judicial cuenta con un plan estratégico que incluye las necesidades de recursos. El plan no proporciona detalles sobre recursos necesarios, ya que no presenta al público las proyecciones de necesidades de infraestructura, equipos y contrataciones. Los requerimientos para poder ir cumpliendo con los objetivos del plan son incluidos anualmente en el plan operativo anual (POA). En una sección posterior son presentadas necesidades financieras que han sido dadas a conocer por el Poder Judicial, y el monto del presupuesto para 2017.

 

4.   ¿Cómo se distribuye el gasto del Poder Judicial?

 

La mayor parte del presupuesto del Poder Judicial es consumido por el gasto corriente, como es de esperarse en cualquier parte del planeta. Únicamente el 3.9% del presupuesto de 2015 fue destinado a gasto de capital, y solo el 1.1% fue invertido en edificaciones. El 85.3% del gasto de 2015 fue destinado a gasto de consumo: remuneraciones a empleados (69.4%) y compra de bienes y servicios (15.9%). Esas cifras son consistente con los resultados de años anteriores, como se aprecia en la Tabla No. 1.

 

Tabla No. 1

 

 

Gráfica No.  9

 

5.   Necesidades Financieras del Poder Judicial

 

El Poder Judicial posee un plan estratégico que abarca el quinquenio 2015-2019. El contenido del plan estratégico indica que el mismo fue desarrollado manteniendo una estructura lógica y coherencia interna. Los objetivos estratégicos del plan, así como sus objetivos específicos, están basados en un diagnóstico institucional que identificó los factores que deben ser asumidos o reformados para mejorar el servicio de la justicia. Esos objetivos están acompañados de líneas de acción, que indican el conjunto de acciones que deberá realizar el Poder Judicial para poder concretar los objetivos.

 

En sentido general, el plan estratégico del Poder Judicial dominicano presenta una metodología que identifica claramente las necesidades del sistema judicial, lo que representa un buen insumo para la posterior elaboración de presupuestos anuales que reflejen los requerimientos para cumplir con los objetivos estratégicos. A partir del plan estratégico del Poder Judicial, y como forma de hacer operativo dicho plan cada año, es elaborado un plan operativo anual (POA). Cada uno de los POA debe, consecuentemente, servir de base para el presupuesto de cada año.

 

De acuerdo al Consejo del Poder Judicial, a junio de 2016 no había podido ser cumplido el 43% de los proyectos contemplados en el POA del año[1]. Esto indica, por lo menos para 2016, que los recursos destinados a la Suprema Corte de Justicia pudieron ser mayores, de acuerdo al plan estratégico.

 

Los proyectos incluidos en el POA de 2016 son los siguientes:

 

1.     Continuación de la Modernización de la Jurisdicción Inmobiliaria

2.     Expansión del Modelo de Gestión del Despacho Judicial Penal a la totalidad de los distritos judiciales del país

3.     Instalación de nuevos Centros de Información y Orientación Ciudadana (CIOC) en los Palacios de Justicia

4.     Puesta en funcionamiento de nuevos Centros de Mediación Familiar

5.     Implementación  de Centros de Entrevistas a personas en condiciones de vulnerabilidad, víctimas o testigos de delitos (cámaras de Gessell)

6.     Actualización de la infraestructura tecnológica y automatización de los procesos y servicios judiciales

7.     Expansión del Sistema de Captura de Audio de las audiencias en los tribunales

8.     Fortalecimiento y automatización del Tribunal Superior Administrativo

9.     Planes de Descongestión y eficiencia de los tribunales

10.  Inventario Nacional de Expedientes Pendientes

11.  Digitalización de Expedientes de la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia

12.  Diseño e implementación del sistema de casillero judicial para las notificaciones y citaciones judiciales

 

Estos proyectos y programas, críticos para el fortalecimiento del sistema de justicia, lamentablemente quedarían pendientes para el futuro. De igual forma, quedaría pendiente la construcción, adecuación y/o ampliación de 22 tribunales y/o palacios de justicia en diferentes departamentos judiciales del país. En adición a esas necesidades para mejorar las edificaciones, el Poder Judicial requiere el nombramiento de 153 jueces y 276 servidores de apoyo a los tribunales, en adición a la designación de 117 Jueces de Paz.

 

Con el fin de atender las necesidades pendientes, para 2017 el Poder Judicial debió solicitar unos RD$14,329.06 millones[2]. Este monto representa un incremento de 155.6% sobre el presupuesto de 2016.

 

Gráfica No. 10

 

Tabla No. 2

 

6.   Gasto de los poderes judiciales de América Latina

 

¿Cómo se compara el gasto del Poder Judicial de República Dominicana con los países de América Latina? Para iniciar, es posible observar el gasto del Poder Judicial como porcentaje del PIB, para tener una idea del gasto como proporción de las economías de los países que son usados en la comparación. Como se observa en la Gráfica No. 11, República Dominicana ocupa uno de los últimos lugares en cuanto al presupuesto que ejecuta el Poder Judicial como proporción del PIB. El primer lugar lo ocupa Costa Rica, aunque es necesario aclarar que en ese país el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Órgano de Investigación Judicial reciben un presupuesto conjunto.  La República Dominicana se sitúa como uno de los dos países que menos presupuesto destina al Poder Judicial, sólo después de Payaguay.

Gráfica No. 11

 

6.1. Gasto per cápita del Poder Judicial en América Latina

 

A partir de la Gráfica No. 12 es posible observar que República Dominicana tiene uno de los gastos por habitante en el sistema judicial más bajos de toda América Latina. Aunque el gasto por habitante, que ronda los US$12 por persona, no está tan lejos de algunos países de Centroamérica, es importante notar que El Salvador destina tres veces más por persona para la provisión de justicia que República Dominicana. Del mismo modo, Panamá tiene un gasto por habitante que es 2.5 veces superior al del país.  De nuevo, la República Dominicana es uno de los países que ocupan una posición en la cola de países de la región.

 

Gráfica No.  12

 

Al comparar el gasto por habitante entre los años 2004 y 2015, es posible observar que República Dominicana incrementó su gasto en mayor proporción que el promedio de la región (Gráfica No. 13). Mientras el promedio de los países de América Latina aumentó 2.4 veces, el gasto per cápita en el país creció 3.0 veces. Ese crecimiento, sin embargo, no fue suficiente para evitar ser uno de los cuatro países de la región que menos presupuesto destinan para la provisión de justicia.

 

Gráfica No.  13

 

7.   Indicadores de la eficiencia del Poder Judicial

 

Toda institución que recibe recursos de los contribuyentes debe estar sujeta a evaluaciones sobre sus resultados. Es decir, es necesario que se evalúe qué tan eficiente es la institución en el uso de los fondos recaudados de los ciudadanos.  Como hemos sostenido en otras instancias, la solución a los problemas no sólo tiene que ver con mayores presupuestos, sino de cuán eficientemente se usan el dinero para brindar un servicio de calidad.

 

En esta sección son presentadas algunas métricas que proporcionan una visión de la forma cómo opera el sistema judicial dominicano. En algunos casos, se realiza una comparación con otros países de la región. Estos indicadores no pretenden constituir una lista exhaustiva, solo son presentados ejemplos de medidas que pueden ser empleadas, a partir de una línea de base, para ir monitoreando el desempeño del Poder Judicial hacia el futuro.

 

En primer lugar, es imprescindible tener una idea del costo por caso del sistema judicial dominicano, tal como muestra la Gráfica No. 14. En vista de que los casos constituyen el principal resultado de los procesos llevados a cabo por el Poder Judicial, cuánto cuesta cada caso debe ser una métrica esencial de eficiencia. En la medida en que en el futuro pueda ser incrementado el presupuesto que ejecuta la Suprema Corte de Justicia, este debe ser un indicador esencial. En adición a la realización de comparaciones intertemporales, es necesario contrastar este indicador con los países de América Latina.

 

Gráfica No.  14

 

7.1. Casos resueltos por juez

 

Las estadísticas internacionales mostraban que en 2011 República Dominicana tenía una tasa de casos resueltos por juez más alta que Argentina, Guatemala, Nicaragua y Uruguay, como se puede observar en la Gráfica No. 15. Todos estos países tenían en común un mayor gasto en presupuesto por juez, tal y como se observa en la Gráfica No. 16. Es decir, que en esa medida el sistema judicial dominicano mostraba más eficiencia.

 

Gráfica No.  15

 

Gráfica No. 16

 

Además de contar con un presupuesto más bajo que otros países, República Dominicana también tenía una tasa de jueces por habitante inferior al promedio de los países analizados, y entre los cinco países de menor proporción.  Como se observa en la Gráfica No. 17, República Dominicana contaba con 6 jueces por cada 100,000 habitantes, mientras que el promedio en la región era de casi 10 jueces por esa cantidad de habitantes.

 

Gráfica No. 17

 

7.2. Resolución de casos

 

Una métrica importante para ir descongestionando el sistema judicial dominicano es la tasa de resolución, que representa los casos salientes como porcentaje de los casos entrantes. A los fines de evitar la congestión del sistema judicial, lo ideal es que este indicador sea lo más cercano a cien por ciento en cada periodo de análisis, lo que indicaría que se resuelven todos los casos que entran al sistema de justicia. Como se puede observar en la Gráfica No. 18, al igual que con otros indicadores, esta métrica debe permitir realizar comparaciones intertemporales, a la vez que deben de publicarse comparaciones con otros países.

 

Gráfica No. 18

Mientras que una tasa de resolución del 92% para elevada en el contexto dominicano y regional, los casos resueltos del Poder Judicial son casos que llevan muchos años en los tribunales; los casos pueden durar 3, 5 y hasta 10 años entre las distintas instancias.  De esta manera, mientras la tasa de resolución parece elevada, la eficiencia del sistema se cuestiona cuando los casos salientes tienen que pasar por un via crucis para ser ventilados y resueltos.

En vista de que no es suficiente que los casos sean resueltos, es necesario verificar la calidad de las decisiones tomadas. Un indicador sugerido para estos fines es el número de casos entrantes a cortes de apelación sobre los casos entrantes totales, tal y como muestra la Gráfica No. 19. En la medida en que las decisiones no tengan que ser apeladas, el número de casos en cortes de apelación debe ser menor, en términos proporcionales. En síntesis, menores casos que se elevan a las cortes de apelación implican que las partes en conflicto aceptan en mayor medida las decisiones de las cortes, lo que refleja mejor calidad de las decisiones de los jueces.  En este sentido, la menor tasa de casos que van a cortes de apelación en la República Dominicana evidencia mejores sentencias de los jueces, que ahora están mucho mejor preparados por la labor que realiza la Escuela Nacional de la Magistratura.

 

Gráfica No. 19

 

7.3. Eficiencia en respeto a la propiedad y cumplimiento de contratos

El Doing Business, el estudio sobre clima de inversión que anualmente prepara el Banco Mundial, incluye indicadores de cumplimiento de contratos y de respeto a la propiedad. En ese sentido, la Gráfica No. 20 muestra el tiempo que toma en República Dominicana la resolución de una disputa legal comercial. Entre los países de América Latina, ocupa la tercera posición entre los países en los cuales menos tiempo toma resolver una disputa comercial.  

 

Gráfica No. 20

 

Con relación a los derechos de propiedad, el estudio Doing Business tiene un componente que  analiza el registro de propiedades. El componente de registro de propiedades del Doing Business puede ser monitoreado en sus diferentes métricas. Una de estas métricas es el número de procedimientos para registrar una propiedad en América Latina, que se incluye en la Gráfica No.  21.

 

Gráfica No. 21

 

Otro indicador incluido en el componente de registro de propiedades del Doing Business es el tiempo que toma registrar una propiedad. Tal como se observa en la Gráfica No.  22, la métrica refleja más días del promedio de América Latina para República Dominicana.

 

Gráfica No. 22

 

8.   Legislaciones que introducen restricciones al presupuesto general del estado

 

En República Dominicana existen diferentes compromisos contenidos en legislaciones que asignan una alícuota del presupuesto a instituciones determinadas. Es decir, distintas leyes incluyen provisiones de gasto público específico o pre-fijado, como porcentaje de alguna partida, para distintos estamentos del Estado.  En un ejercicio realizado en 2012 por CREES, fueron identificados 28 compromisos cuyos porcentajes y base de cálculo se listan en la Tabla No. 3.

 

Tabla No. 3

 

La asignación al Poder Judicial es parte de estos compromisos que comprometen los ingresos públicos y, por tanto, el gasto incluido cada año en la Ley General de Presupuesto del Estado. Estas políticas de asignaciones son, en importante medida, un reflejo de deficiencias institucionales que tratan de ser cubiertas por medio de legislaciones. En otros casos, son consecuencia de la expansión de las funciones del Estado sin la debida planificación con relación al origen de los fondos.

 

En sentido general, es necesaria una revisión de las leyes que crean compromisos en el gasto público, puesto que aumentan la presión sobre las finanzas públicas y restan flexibilidad a la ejecución presupuestaria según los requerimientos en momentos diferentes. Además de que aumentan el gasto público en renglones que no necesariamente son prioridad de las políticas públicas sanas que creen las condiciones para el progreso económico, político y social.  Como es de esperarse, la gran mayoría de estas asignaciones no se cumplen y se introducen dispensas en cada presupuesto del Estado.

 

En consecuencia, las legislaciones que crean estos compromisos de gasto son incumplidas año tras año. Para evitar esta práctica constante, es de rigor que se haga una revisión de todas las legislaciones que crean los compromisos de gasto que afectan el presupuesto del gobierno.  Las asignaciones preestablecidas por legislaciones para fines específicos representan debilidades institucionales y rigideces que cuestan más que los beneficios que podrían representar para la población. 

 

El gasto público debe de partir del principio de que este debe tener un fin determinado, para alcanzar objetivos particulares de políticas públicas. Cuando existen compromisos que no necesariamente están vinculados a objetivos prioritarios de política pública, la ley de presupuesto deja de tener el fin para la que es promulgada cada año. En consecuencia, esta práctica reduce la eficiencia en el uso de los recursos de los contribuyentes. 

 

Mientras estas asignaciones presupuestarias prefijadas de antemano en legislaciones aisladas deben ser eliminadas, no es menos cierto que la formulación y ejecución del Presupuesto General del Estado debe mejorarse sustancialmente para que refleje las prioridades de la República Dominicana. Una mayor asignación de recursos al Poder Judicial es crítico para avanzar en la protección de los derechos fundamentales a la vida, la libertad y las propiedades en la República Dominicana. Un buen sistema judicial que garantice el cumplimiento de los contratos y dirima las diferencias eficientemente entre distintos miembros de la sociedad son elementales para el fortalecimiento institucional y el progreso económico, social y político en cualquier sociedad.

 

9.   Propuesta para incrementar el presupuesto del Poder Judicial

 

¿Es posible incrementar el presupuesto del Poder Judicial a los fines de que queden cubiertas las necesidades identificadas y planteadas en su plan estratégico? La respuesta es que si se desea mejorar el sistema de justicia es posible asignar recursos de los contribuyentes que en la actualidad son empleados de forma ineficiente por el Estado. Es ampliamente manejado por la opinión pública que los recursos que administra el gobierno no son priorizados para obtener los mejores resultados de acuerdo a prioridades de políticas públicas. Estos recursos son malgastados por duplicidad de funciones en la administración pública, uso discrecional de recursos en actividades clientelistas y en corrupción. En esta sección proponemos formas de reasignar recursos de los contribuyentes al sistema de justicia, a los fines de aumentar su independencia y eficiencia, y garantizar los derechos de los ciudadanos.

 

Las prestaciones de asistencia social que administra cada año el Congreso Nacional son fondos no relacionados con la naturaleza del Poder Legislativo. Ese fondo representa una asignación de recursos cuyo fin está desligado de las funciones del Congreso, que son la elaborar y aprobar las leyes de la nación. La propia estructura del Estado contempla instancias especializadas para la administración de recursos destinados a la asistencia social, que parten de una base de identificación de necesidades. Según el Proyecto de Ley de Presupuesto 2017, el fondo social del próximo año llegaría a los RD$ 1,290 millones, repartidos entre la Cámara de Diputados y el Senado en un 68.6% y 31.4%, respectivamente. Esos recursos podrían ser destinados al Poder Judicial quien, mediante una administración de justicia más eficiente, podría tener un impacto mayor en la sociedad en su conjunto.

 

En el Proyecto de Ley de Presupuesto 2017 se incluyen RD$98,029 millones destinados al gasto de capital, lo que representa RD$20,233 millones más que lo presupuestado en 2016. De esos RD$98,029 millones, RD$3,000 millones pueden reasignarse al Poder Judicial para ser ejecutados como gastos de capital y cubrir sus requerimientos de nuevas obras de infraestructura y mejoramiento de las actuales.

 

En adición, el Poder Judicial podría disponer de unos RD$2,000 millones adicionales que pudieran ser traspasados de gastos corrientes del Poder Ejecutivo. En este sentido, corrigiendo duplicidad de funciones entre instituciones y empleados públicos que actualmente existen. Un ejemplo de esto es la existencia de al menos 6 instituciones dedicadas a la organización del transito en el país: La Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET), la Oficina Técnica de Transporte Terrestre (OTTT), la Dirección General de Tránsito Terrestre (DGTT), la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), el Fondo de Desarrollo del Transporte Terrestre, y el Consejo de Administración y Regulación de Taxis.

 

Con la identificación y reasignación de recursos propuesta, sería posible asignar al menos RD$6,000 millones adicionales en un ejercicio fiscal al Poder Judicial.

 

10.        Conclusiones

 

A partir de los diferentes análisis presentados, concluimos que es imprescindible fortalecer la autonomía presupuestaria del Poder Judicial, así como incrementar la dotación de recursos al sistema judicial para que puede cumplir con su rol en la sociedad.  

 

Las principales conclusiones que se desprenden de los análisis, datos y evidencias presentadas en este documento son las siguientes:

 

  1. Existe una base legal suficiente para garantizar la autonomía presupuestaria del Poder Judicial de la República Dominicana, y el Consejo del Poder Judicial está facultado para solicitar el presupuesto del Poder Judicial para que sea remitido al Congreso por el Poder Ejecutivo.

 

  1. El Poder Judicial no recibe el presupuesto solicitado, pero este poder del Estado no siempre solicita el 2.66% de los ingresos que indica la Ley 194-04.

 

  1. Los recursos asignados al Poder Judicial no son suficientes, en la actualidad, para cubrir las necesidades del sistema de justicia.

 

  1. Mayores asignaciones presupuestarias deben realizarse con aumentos verificables de desempeño, lo que implicaría comparar el desempeño del Poder Judicial con sus pares internacionales.

 

  1. Las asignaciones de presupuestos deben hacerse de acuerdo a las necesidades de los diferentes poderes y no por legislaciones, para así evitar rigideces presupuestarias que perjudiquen las finanzas públicas.

 

  1. Es posible reasignar al Poder Judicial al menos RD$6,000 millones del Presupuesto General del Estado que actualmente están presupuestado para otros destinos menos eficientes.

 


[1] Fulcar Pérez, Cristiana. 2016 Presupuesto del Poder Judicial. (Presentación de PowerPoint)

[2] Fulcar Pérez, Cristiana. 2016 Presupuesto del Poder Judicial. (Presentación de PowerPoint)

Al celebrarse el 7 de enero de cada año el día del Poder Judicial, la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS) desea llamar la atención a la sociedad dominicana sobre algunos elementos que deseamos aportar para enriquecer sus análisis sobre la situación actual y perspectivas de ese importante órgano del sistema de justicia y de la democracia dominicana.

 

El Poder Judicial estuvo permanentemente en 2017 en el centro de los focos de atención de los medios de comunicación y la sociedad en sentido amplio. Nuevos y más complejos casos judiciales se abrieron el año pasado, lo que estuvo acompañado de una ola de reclamos sociales contra la corrupción y la impunidad que se extendieron por todo el país y que se reflejaron en variadas formas de expresión. Las graves distorsiones y deficiencias del sistema político dominicano, se manifiestan en las debilidades de sus leyes, la ineficiencia de los órganos de control o en la desidia cómplice de funcionarios comprometidos con el clientelismo y la corrupción, terminando en los tribunales del país, lo que representa una alta responsabilidad para la judicatura nacional.

 

Por ello, todas las acciones que contribuyan al mejoramiento de las capacidades del Poder Judicial y de las demás instancias del sistema de justicia, serán de gran interés social y sobre todo en aquellas que refuercen su independencia o consoliden sus capacidades para producir respuestas eficaces a la conflictividad social y garantizar el sistema de consecuencias contra la corrupción y las distintas formas de la criminalidad.

 

Como una de las columnas fundamentales de la democracia dominicana, el Poder Judicial es parte del Consejo Nacional de la Magistratura, encargado de la conformación y renovación de las Altas Cortes, incluyendo la propia Suprema Corte de Justicia. Nos preocupa mucho que la representación del Poder Judicial recaiga en la actualidad en dos miembros de esa Corte que no provienen de la carrera judicial. Apoyamos la demanda de muchos miembros de la judicatura en el sentido de que dado que el Presidente de la Corte es un miembro pleno de ese Consejo, el segundo representante del Poder Judicial, que funge como su Secretario, debe ser escogido entre los jueces de carrera que conforman el 75 por ciento de la Suprema Corte. Este hecho constituye una distorsión que debe ser corregida, por ser un riesgo para la independencia del Poder Judicial como por limitar las capacidades de ponderación, análisis y visión plural en el Consejo Nacional de la Magistratura, especialmente al momento de elegir a los miembros de esa la Suprema Corte de Justicia.

 

Esta situación se evidenció a mediados de 2017, cuando fueron electos cuatro magistrados para llenar las vacantes en la Suprema Corte de Justicia. Aplaudimos que el Consejo Nacional de la Magistratura se ciñera a las leyes al elegir a tres miembros de la carrera judicial, respetando la proporción del 75 por ciento constitucional. Sin embargo, lamentamos que el Consejo Nacional de la Magistratura escogiera nuevamente a un miembro del Ministerio Público para llenar una vacante en el máximo órgano del Poder Judicial, dejando de lado a juristas y académicos provenientes del ejercicio privado que hubieran enriquecido la visión jurisprudencial de ese alto órgano.

 

Con relación a otros elementos de la independencia de la judicatura y para resguardar la integridad del Poder Judicial, valoramos positivamente la reorganización de la Inspectoría del Poder Judicial, concebido como un mecanismo profesional que se ha comprometido a respetar las competencias que le asigna la Ley de Carrera Judicial. Su labor en 2017 fue muy reveladora y permitió al Consejo del Poder Judicial desarrollar una serie de procesos disciplinarios para determinar faltas a la integridad en magistrados y personal administrativo. Nos identificamos con las posiciones que plantean con claridad que debe ser una meta a corto plazo del Poder Judicial adecuar estos procesos de investigación y los disciplinarios derivados de ellos, a la tutela judicial efectiva y a lo establecido en el principio constitucional que enarbola el artículo 69 de nuestra Constitución: el debido proceso de ley.

 

Las reformas iniciadas en 1994 con el reconocimiento de las potestades del Poder Judicial en el marco constitucional, dirigidas a crear las bases de su independencia y autonomía siguen cada día cuestionadas pese a la reiteración de sus capacidades en la reforma constitucional del 2010. Como se ha comprobado en otros procesos en países similares al nuestro, no bastan ni las buenas intenciones ni los cambios normativos, si no van acompañados de políticas públicas adoptadas democráticamente y con la participación activa de la sociedad.

 

La falta de recursos y políticas estatales han impedido la acción concertada del Poder Judicial con otros estamentos del sistema de justicia. Cada día es más notoria la inobservancia por parte de los Poderes Ejecutivo y Legislativo en la aplicación de la ley de Autonomía Presupuestaria del Poder Judicial y el Ministerio Público, que mantiene a las principales instituciones del sistema de justicia en una situación de precariedad para el desarrollo de políticas públicas que aseguren la política criminal del Estado y las medidas que facilitan el acceso, eficiencia y gratuidad de la justicia como ordena la Constitución. En este mismo aspecto exhortamos a los poderes públicos a atender las necesidades de la Oficina Nacional de la Defensa Pública, que viene realizando una labor extraordinaria para garantizar los derechos de los ciudadanos, especialmente en el acceso a la justicia y a una defensa técnica de gran calidad.

 

2017 no ha cambiado en lo sustancial la percepción que compartimos a propósito de los avances del año anterior. El sistema de justicia no mostró la eficiencia que la ciudadanía espera para enfrentar la corrupción, el tráfico de influencias o el crimen organizado trasnacional. La sociedad no concentra su crítica en el Poder Judicial, ya que sabe que si la calidad de las investigaciones criminales o de la acusación no es adecuada el proceso terminará sin establecer las consecuencias que las leyes prescriben. Pero hemos visto con preocupación, que una nueva institución de la justicia penal como lo es el Juez de Ejecución de la pena, se ha visto gravemente afectada por actos de algunos magistrados que ya fueron condenados por los propios órganos del Poder Judicial al considerarlas lesivas a la moral y las leyes.

 

FINJUS está comprometida a aportar en este 2018 nuevos datos y perspectivas sobre algunos de los aspectos claves que afectan la eficiencia, eficacia y acceso a la justicia, especialmente en el área penal, producto de estudios e investigaciones que podrían ayudar a los órganos competentes a definir políticas, planes y programas orientados a corregir y superar deficiencias en el sistema de justicia. Estamos seguros que tanto el Poder Judicial, a través de sus órganos jerárquicos, así como la Procuraduría General de la República, la Oficina Nacional de la Defensa Pública y la Policía Nacional, harán uso de estos nuevos elementos para que desde sus diferentes competencias y acciones se coordinen para dar como resultado una justicia pronta y eficaz.

 

 

5 de enero de 2018

 

Al finalizar 2017 la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS) desea compartir con la ciudadanía y sus organizaciones algunas reflexiones sobre el balance institucional que hemos realizado, dirigido a extraer lecciones que nos permitan avanzar en la superación de algunos de los agudos problemas que arrastramos desde hace décadas.

 

De dicho análisis se derivan asimismo los grandes retos para el 2018 que consideramos que deben ser enfrentados tanto por el Estado como por la sociedad, de manera que alcancemos un país más seguro, con una justicia más accesible, efectiva y eficiente en el castigo a la criminalidad organizada y sobre todo en el marco de una sociedad con mejores controles institucionales para prevenir la corrupción y la impunidad.

 

Los grandes retos que destacamos son los siguientes:

 

PRIMERO: Es urgente la modificación sustancial de la Ley  de Compras y Contrataciones Públicas, que fortalezca el sistema nacional en esta materia. Los estudios y diagnósticos recientes, tanto a nivel nacional como internacional, indican que mientras no se cambie esta legislación, el país seguirá pagado un alto costo de deterioro de su imagen internacional como no competitivo y que carece de la capacidad para controlar, investigar y castigar la corrupción pública que sostiene el modelo político clientelista.

 

Las debilidades, vacios y distorsiones que existen en la Ley de Compras y Contrataciones Públicas estimulan la corrupción público-privada y dificultan la creación de una cultura de transparencia y gestión eficiente de los recursos públicos. Detrás de cada escándalo judicial la ciudadanía ha visto que existe una violación flagrante de las normas que deberían regular los mecanismos de control, supervisión e investigación de los actos de la administración pública en sus diferentes vertientes.

 

SEGUNDO: Es imprescindible que en 2018 en el país se produzca un cambio sustancial en la efectividad del sistema de justicia para investigar, acusar y condenar los casos criminales más importantes, en especial los que están vinculados con el crimen organizado, en sus diferentes modalidades de narcotráfico, corrupción y otros elementos que ponen en peligro la seguridad jurídica, la convivencia pacífica y el desarrollo económico y social del país. Es esencial que los casos emblemáticos, tales como Odebrecht, CORDE, CEA y la OMSA, entre otros, sean juzgados apegados al debido proceso pero con el resultado de que los responsables reciban las penas que las leyes establecen.

 

TERCERO: es urgente que el nuevo Código Penal sea aprobado en el Congreso de la República y se alcance una solución satisfactoria al tema de la interrupción del embarazo en base a las causales establecidas, de manera que la sociedad cuente con una ley moderna que permita tipificar una serie de nuevos delitos que hoy permanecen impunes y sus responsables reciban las penas correspondientes.

 

CUARTO: Es impostergable que la seguridad ciudadana sea reforzada mediante la adopción de un nuevo Plan Nacional de Seguridad, que permita fortalecer la Policía Nacional y convertirla en el órgano responsable de prevenir e investigar la criminalidad, con  profesionalidad, integridad y acorde con los mandatos de su nueva Ley Orgánica. Este reto será superado en la medida en que los programas de mejora y reorganización de la Policía se incrementen y se realicen todas las evaluaciones, depuraciones y ajustes que son necesarios para que este órgano recupere la confianza plena de la sociedad.

 

QUINTO: Se requiere urgentemente que, en base a un gran consenso con la participación de todos los sectores, en el 2018 se aprueben las nuevas Leyes de Partidos y Agrupaciones Políticas y del Régimen Electoral, debido a que ellas influyen de manera decisiva en la transparencia, confiabilidad y el juego limpio que deben sostener nuestro régimen democrático.

 

SEXTO: Un gran reto para el 2018 es que el Poder Judicial realice todos los cambios y reformas que fueron adoptadas en la Cumbre Judicial de finales del 2016, para que la independencia interna y externa de la judicatura sean fortalecidas y la judicatura se convierta en un verdadero contrapeso del Poder mediante sus decisiones. En este mismo orden es preciso que el Ministerio Público refuerce su profesionalidad, su acción independiente en lo funcional y su capacidad de realizar acusaciones de calidad, sin temores ni condicionamientos. 

 

 

2018 llega cargado de grandes retos y oportunidades. Si el Estado y la sociedad se organizan y coordinan para superar estos retos, la República Dominicana en la que viviremos al final del 2018 estará más cerca del ideal de nuestro ordenamiento constitucional y legal, en beneficio de la consolidación institucional del Estado y el desarrollo social y económico de todos.

 

Dr. Servio Tulio Castaños G.

27 de diciembre del 2017.

 

 

La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS) considera que la Resolución 003/2017 emitida por la Junta Central Electoral (JCE), que regula un mecanismo administrativo para la asignación de apellidos a niños, niñas y adolescentes declarados judicialmente en estado de abandono por filiación desconocida, es una iniciativa loable para la protección especial de las personas menores de edad. Esta normativa también busca proveer de apellidos a las personas adultas que, inscritas ya en el registro civil, carecen de apellidos por carecer de una filiación conocida.

 

En diferentes ocasiones FINJUS resaltó que, pese a que la JCE estuviera facultada constitucionalmente para emitir reglamentos que actualizaran el ordenamiento jurídico dominicano, este órgano se resistiera a hacerlo argumentando que con ello invadía las competencias normativas que correspondían al Poder Legislativo. Objeciones de este tipo no son válidas a la luz de la Constitución de 2010, por lo que a pocos días de su proclamación FINJUS advertía que “es evidente que ya no será posible alegar que la facultad reglamentaria de JCE es de carácter complementario, porque las nuevas disposiciones constitucionales le otorgan una capacidad de reglamentación autónoma en los asuntos de su competencia. Ello supone que la JCE no necesitara de la previa habilitación legislativa para reglamentar […] asuntos cuya competencia le ha sido expresamente atribuida desde la Constitución”.

 

Preciso es agregar que el propio Tribunal Constitucional ha sostenido expresamente en la ratio descidendi de la sentencia 305-14 que la JCE es el órgano superior del registro civil y la cédula de identidad y electoral y, por lo tanto, la facultad reglamentaria de que se encuentra investido por la Constitución, “no se limita a la regulación electoral y a los mecanismos de participación, sino que también abarca al registro civil, así como la cédula de identidad y electoral. Se trata, en consecuencia, de instrumentos imprescindibles para que pueda cumplir con sus cometidos. Los reglamentos que adopta pasan a formar parte del régimen normativo propio y actualizan el ordenamiento jurídico estatal generando derechos y obligaciones”. Este precedente despeja cualquier duda acerca de la potestad reglamentaria que compete a la JCE en relación al registro civil.

 

Al analizar la Resolución 003/2017 de la JCE se observa que el objetivo fundamental de la medida es revertir la situación de desprotección que atraviesa la persona que carece de apellidos, en cuanto se le dificulta el ejercicio pleno de ciertos derechos fundamentales. La propia JCE ha planteado que el documento de identidad de una persona registrada sin apellidos es “cuestionado y no puede ser utilizado en el ejercicio de los Derechos Fundamentales que le asisten como persona, dificultándole el ejercicio de sus derechos civiles y políticos, como serian entre otros, acceso al sistema educativo, de salud pública, deporte, pasaporte, licencia de conducir, apertura de cuentas bancarias”, entre otros aspectos que implicarían graves limitaciones al desenvolvimiento normal de la vida en sociedad.

 

Se alega que la Resolución No. 3-17 es nula por no haberse realizado la consulta previa a la ciudadanía, que prevén tanto la Ley de Acceso la Información Pública (Ley No. 200-04) como la Ley de Derechos de las Personas en su Relación con la Administración y de Procedimiento Administrativo (Ley No. 107-13). Sin embargo, un análisis riguroso de la iniciativa de la JCE permite evidenciar que no era aplicable en la especie la obligación jurídica de la  consulta previa porque sus efectos son a lo interno de la administración del registro civil y no afecta negativamente derechos ni intereses legítimos de la ciudadanía, es decir, no establece reglas que deban ser cumplidas por los administrados sino que se limita a trazar pautas a seguir a lo interno de la administración. Esta resolución no afecta derecho alguno, sino que al contrario instituye un mecanismo administrativo que favorece la protección jurídica de las personas en estado de abandono, especialmente los niños,  al amparo del mandato general que el artículo 68 de la Constitución impone a todos los poderes públicos de garantizar “la efectividad de los derechos fundamentales”. Aún así, valoramos como positivo la apertura que ha exhibido la JCE al disponer la publicación de esta resolución para recibir observaciones de la sociedad en general.

 

Se ha planteado asimismo que la Resolución 003/2017 de la JCE entra en contradicción con disposiciones del Código de Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes, en lo que respecta al procedimiento que debe seguirse en las situaciones de abandono y las competencias que corresponden al Consejo Nacional de la Niñez (CONANI). Sin embargo, al estudiar conjuntamente dichas leyes y la referida resolución no encontramos contradicción alguna, pues el mecanismo de asignación de los apellidos habrá de operar con posterioridad a la declaratoria judicial de abandono, y no existe interferencia alguna con las atribuciones que el artículo 132 de la Ley No. 136-03 asigna al CONANI para realizar las investigaciones de abandono de menores e impulsar la declaratoria judicial de abandono por filiación desconocida.

 

Otro de los alegatos es que la Resolución 003/2017 de la JCE contraviene las facultades que la Ley No. 659 de 1944 atribuye a los Oficiales del Estado Civil, pero en nuestro análisis no encontramos contradicción sino complementariedad, en tanto que la medida administrativa que adopta la JCE responde al nuevo régimen constitucional y convencional de la identidad personal, al brindar protección jurídica a quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad por abandono sin filiación parental conocida y perfeccionar el registro civil con la implementación de una política pública que actualiza el ordenamiento jurídico nacional acorde a las competencias que en la gestión del Registro Civil le atribuye a la JCE la Constitución de la República.

 

Necesario es destacar que, a nivel internacional, en el derecho comparado se ha abordado la problemática de las personas abandonadas sin identidad en sentido similar a la normativa de la JCE. Así, cuando no se conoce al padre ni la madre, y dado que ningún niño o la niña deben carecer de nombres y apellidos, será menester asignarle uno oficiosamente. De ahí que suela disponerse que los oficiales del registro civil adjudiquen un nombre y apellido comunes a los niños abandonados cuya filiación no pueda ser determinada. Esta salida es, en líneas generales, adoptada en múltiples países cercanos a nuestra tradición jurídica, aunque pueden advertirse algunas diferencias de detalle, por lo que es válido que la JCE explore las opciones posibles en una deliberación más abierta con la sociedad dominicana.

 

FINJUS reconoce que al adoptar esta Resolución 003/2017, que regula un mecanismo administrativo para la asignación de apellidos a niños, niñas y adolescentes declarados en estado de abandono por filiación desconocida, el Estado dominicano está dando un paso de avance en el cumplimiento de su misión fundamental, que no es otra que garantizar los derechos fundamentales de todas las personas en un marco de apego a las leyes, los tratados internacionales suscritos por el Estado y la Constitución de la República.

 

Es conocido que el contenido de esta Resolución está íntimamente vinculado con temas muy sensibles de la agenda nacional, sobre los cuales existe mucha atención e interés en todos los sectores nacionales. Abogamos porque el tratamiento que continuará teniendo este tema se base en el respeto de la dignidad humana y las medidas especiales que deber ser adoptadas para evitar la vulnerabilidad y la exclusión de social, en el ejercicio pleno de las potestades constitucionales de los órganos públicos involucrados y con un mayor nivel de apertura a la participación de todas las instituciones o personas que muestren su deseo de aportar en este delicado tema. El país, con esta decisión de la Junta Central Electoral, da un nuevo paso para ser reconocido en la comunidad internacional como un Estado comprometido con la vigencia y respeto plenos de los derechos fundamentales, lo que sin dudas vendrá a contribuir a despegar cualquier duda al respecto.  

 

 

Dr. Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo de la FINJUS

 

1º de enero de 2018

 

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