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En ocasión de la celebración este 25 de noviembre del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS), se une a todos los sectores que por diferentes vías han mostrado su alta preocupación por la notoria ineficacia de gran parte de las políticas públicas implementadas en el país en los últimos años para prevenir y castigar los actuales niveles de violencia contra la mujer.

 

Se ha resaltado que la violencia contra la mujer representa uno de los puntos más oscuros en el análisis de cualquier sociedad moderna y significa la prevalencia de una cultura que reproduce la exclusión, la desigualdad y la barbarie en todos los ambientes de la convivencia  humana. Penosamente la República Dominicana continúa destacándose como uno de los lugares más peligrosos para ser mujer y donde son más inefectivas las políticas y programas sociales y estatales para superar estas formas de ignominia.

 

El análisis de esta problemática en la actualidad arroja la necesidad de que en un esfuerzo conjunto la sociedad se aboque a una reflexión seria y sistemática sobre sus causas, consecuencias y factores que aumentan el riesgo para las mujeres de ser víctimas y vivir en un estado de opresión y violencia. Al mismo tiempo que permita al Estado el diseño, ejecución y sostenimiento de políticas públicas coordinadas, responsables y exitosas, que no dejen dudas sobre su compromiso en esta materia y que se manifiesta asignando los recursos suficientes a tales fines y enfocando la acción desde una perspectiva integral.

 

Ya no bastan las declaraciones oficiales ni las actividades propias de esta fecha conmemorativa, porque el grito de desesperación y desamparo no proviene solo de las mujeres agredidas, humilladas y ultimadas, sino también de las familias, especialmente de los niños, niñas y adolescentes, que resultan dañadas colateralmente y que quedan en el abandono, por la falta de políticas de asistencia adecuadas. 

 

A la ineficiencia de los operadores del sistema de asistencia, protección y  justicia se le agregan otras debilidades funcionales de las cuales resaltan la inacción, la indiferencia, las políticas y procedimientos contradictorios de las instituciones encargadas de proteger a las mujeres víctimas de violencia. Un penoso ejemplo de ello son los acuerdos judiciales que se arriban con los victimarios, a partir de criterios de oportunidad, aun cuando existen antecedentes gravísimos en este aspecto. Al mismo tiempo son notorias la falta de personal especializado para la atención de las víctimas, la dispersión de los sistemas de registro, monitoreo y seguimiento de casos y, muy especialmente, la falta de coordinación interinstitucional en los objetivos y enfoques para abordar esta problemática.

 

De los datos estadísticos, las informaciones oficiales que ha ofrecido la Procuraduría General de la República refieren un descenso del 25 % en el número de feminicidios en el 2019, alcanzando la cifra de 62 hechos de esta naturaleza al 10 de noviembre del año en curso, lo cual contrasta, por ejemplo, con la valoración de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) que posiciona a la República Dominicana en el tope de países latinoamericanos con más incidencia de casos de feminicidios.

 

La violencia de género debe afrontarse desde una perspectiva dual; en primer orden, corresponde a un potencial hecho punible, y, por otro lado, se trata del resultado de patrones socio-culturales que devienen de conductas normalizadas históricamente en sociedades como la nuestra.

 

Con relación a la tipificación del delito, es preciso recalcar que el ordenamiento jurídico dominicano no ha adoptado este tipo penal detallando los elementos constitutivos del mismo. De ello vale puntualizar que en torno al debate respecto de si se mata a la mujer solo por ser mujer, debe recordarse que los hechos que circundan al delito presentan características comunes las cuales están fundadas en una cultura de violencia y discriminación basada en el género” que “tiene sus raíces en conceptos referentes a la inferioridad y subordinación de las mujeres[1]; en ese sentido corresponde visibilizar la expresión extrema y ulterior de violencia que resulta de la posición de subordinación, marginalidad y riesgo en el cual se encuentran las mujeres de manera claramente diferenciada de lo que respecta al homicidio.

 

Esto justifica la necesidad de una actuación conjunta por parte de los poderes públicos por la cantidad de entidades que han de tomar acciones enfocadas a trabajar para erradicar esta problemática, que finalmente permitan pasar de la palabra al hecho, diseñando estrategias, espacios y políticas coordinadas en virtud de ejes transversales que hayan sido especialmente definidos al efecto.

 

Desde FINJUS exhortamos a que sean repensados todos los mecanismos implementados hasta la fecha en pos de la eliminación de la violencia contra la mujer en razón de que estos hechos continúan ocurriendo de manera desproporcionada y con una tendencia que no apunta necesariamente a su erradicación.

 

Creemos que es el momento de ir más allá de los discursos y proclamas. La sociedad dominicana está cada vez más consciente de que no basta pregonar las buenas intenciones en esta materia, pues el luto, la desesperanza y la agonía crecen sin consecuencias. Es el momento de que al mando de las políticas y programas en este terreno se coloquen la inteligencia y el diálogo, la voluntad de cambiar estos nefastos patrones culturales de opresión y maltrato, que den como resultados círculos virtuosos de reflexión, acción y control en los órganos oficiales y sociales para superar esta pesada herencia de muerte y luto y se obtengan logros en la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer

  

Servio Tulio Castaños Guzmán

25 de noviembre 2019

 

[1] Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio).


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 Santo Domingo, 21 de noviembre de 2019

 

Culmina con éxito la II Jornada Anual de Derecho Administrativo JADA 2019- Esta jornada representa un espacio de reflexión académica sobre los desafíos que enfrenta el derecho administrativo a escala global, en esta ocasión teniendo como referencia las tendencias actuales de la regulación económica. La actividad forma parte de las iniciativas que la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS) y la Asociación Dominicana de Derecho Administrativo (ADDA) realizan para una mayor difusión del derecho administrativo en el país.

 

El evento fue realizado los días 20 y 21 de noviembre de 2019, en el Hotel Jaragua de esta ciudad de Santo Domingo.

 

Agradecimiento especial a nuestros patrocinadores:

 


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De acuerdo con el decreto presidencial No. 121-13, en su artículo dos, Las Mesas Locales de Seguridad, Ciudadanía y Género son espacios de diálogo cuya misión fundamental es la de propiciar y gestionar la ejecución de las políticas públicas y los programas sobre prevención de violencia y criminalidad, que a su vez fomenta la convivencia pacífica entre habitantes de las comunidades definidas en sus planos de trabajo.

 


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Invitamos Featured


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16 de octubre 2019.- El alcalde David Collado entregó ayer a la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), por tercer año consecutivo, un informe de la gestión en la Alcaldía del Distrito Nacional y los contratos de la recogida de basura firmados en la presente administración.

Collado destacó que la acción es una muestra del compromiso que tiene su administración con la transparencia, eje fundamental de la actual gestión y de todo el equipo que lo acompaña. El director de la Finjus Servio Tulio Castaños, destacó la transformación que ha tenido la ciudad de Santo Domingo en los últimos tres años, a pesar que el cabildo apenas recibe el 40% de la asignación presupuestaria que le corresponde.

Castaños atribuyó estos logros al modelo de transparencia que el alcalde David Collado ha impuesto en la administración de la ciudad y manifestó que el mismo debe tomarse como plan piloto para llevarlo a otras alcaldías.

Añadió que la sola renegociación de los contratos de basura que ha logrado Collado en el ADN merece el reconocimiento, pero que además de esto, ha recuperado los cementerios, mercados, parques y ha levantado obras de singular importancia.

Mientras que Collado añadió que desde el primer día al frente del cabildo, ha trabajado en hacer la diferencia convirtiendo la transparencia y el ahorro en una práctica presente en todos los aspectos administrativos y financieros. “Transparencia significa el respeto a los recursos de la gente y a sus derechos como ciudadanos. Como servidores públicos tenemos el deber de actuar con transparencia y gestionar con eficiencia; no es un misterio para nadie que nos toca trabajar mucho con muy pocos recursos.
Esta visión de administrar diferente nos ha permitido invertir lo que ahorramos en los aspectos que hacen la ciudad que quiere la gente: recuperación de espacios públicos y mejora en los servicios”, explicó.

Collado visitó a la Finjus en compañía de la secretaria del cabildo, Biviana Riveiro; la gerente financiera, Jacqueline Mor; Administrativa; Janery Then; Patricia Mejía y la tesorera, Pastora Méndez.

“Desde el principio quise hacer las cosas de manera diferente; y por eso he insistido en que la administración incorpore las buenas prácticas de gestión nacionales e internacionales”, concluyó Collado

 

Fuente: El caribe


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  • Objetivo:

Estudiar el Derecho Procesal como una rama independiente del derecho. Examinar los elementos comunes de la técnica procesal en todas sus dimensiones sustantivas. Comparar la “homogeneidad” y la “diversidad” procesal para poner en tela de juicio la necesidad de configuración de un diseño procesal particular para cada disciplina sustantiva. 

 

Un elemento a destacar, es que este diplomado tiene un concepto innovador porque es el primero en el país sobre “derecho procesal” puro.

 

  • Ejes temáticos:
  • Administración y valoración de la prueba
  • Cuestiones incidentales
  • Medidas provisionales y urgentes
  • Régimen de recursos
  • Vías de ejecución

 

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Media

 

En nombre de la Fundación Institucionalidad y Justicia, (FINJUS), agradezco al Pleno de la Junta Central Electoral —en la persona de su presidente, Julio César Castaños Guzmán— la invitación que nos ha extendido para formar parte de esta misión de observación electoral internacional de cara al desarrollo de las elecciones primarias simultáneas que serán celebradas en el día de mañana.

 

Para la jornada de hoy se nos ha requerido presentar algunas consideraciones con relación al impacto de la judicialización del proceso electoral. Ciertamente, de los fenómenos más importantes durante los gobiernos de la última década del siglo 20 y la primera de este siglo 21 destaca la relevancia que ha ido concentrando la intervención de carácter decisorio de los órganos jurisdiccionales en el ámbito político.

 

Esta tendencia de acudir a los tribunales para determinar cuestiones de la esfera política se ha visto apoyada en la reivindicación de aspectos inherentes a los fines mismos del Estado y al orden democrático tales como la libertad de expresión, el derecho de asociarse y a formar partidos políticos, la igualdad de derechos, los límites financieros de campañas electorales, etc.; todo esto conforma la amplia gama de derechos políticos y derechos fundamentales contenidos en los textos constitucionales contemporáneos.

 

De lo que se trata entonces es de someter a la razón los presupuestos institucionales de los partidos políticos, de dotarles de herramientas que permitan garantizar el catálogo de derechos que le asisten en su interacción con los organismos estatales, así también como de asegurar la resolución de las diversas controversias que pueden surgir en el entramado político. Todo esto propugna la salvaguarda de los derechos electorales y el mantenimiento de un clima de convivencia y seguridad jurídica frente a los disturbios e irregularidades que pudiesen suscitarse en el marco de un torneo electivo.

 

  1. Aspectos generales

 

A modo de indicaciones generales, entendemos que la judicialización del proceso electoral representa sino el nudo crítico, al menos uno de los aspectos más espinosos de todo el amplio contenido de la justicia electoral. Y es que esto se erige como el escenario idóneo para dirimir los conflictos propios del orden social y político que se generan en procesos tan particulares como las elecciones en el marco de un Estado democrático y de derecho.

 

En ello —la justicia electoral— se percibe el control del poder político que puede irradiar diferentes ámbitos, ya sea el de la administración pública, el legislativo o de organismos de carácter autónomo reconocidos constitucionalmente, como lo son los partidos políticos, así como también la competencia de actuación de los organismos estatales, tal es el caso de la Junta Central Electoral, en su calidad de órgano rector de los procesos electivos.

 

A pesar de que la tendencia global apunta a la judicialización de estos temas, que eran relegados a un cerrado espectro político, todavía algunos sectores de la academia continúan escépticos y optan por argumentos clásicos como el de Carl Schmitt, en donde lo político se debe seguir decidiendo dentro de la misma política; para ello se fundamentan en las diversas dificultades que acarrea trasladar el conflicto a sede judicial y la aglutinación de estos en los órganos del sistema de justicia provocando una congestión del mismo. 

 

Si bien estos aspectos han de ser atendidos a manera de retos institucionales en pro de la mejora de la justicia electoral, debe reconocerse que, lejos de volver a esta doctrina clásica, esta materia ha cobrado más fuerza y sentido. Tal como plantea José de Jesús Orozco, 

 

[…] la existencia de los tribunales electorales se ha traducido en mayor o menor medida en un factor importante para los procesos de transición y consolidación democrática en varios de los países de la región, además de considerarse una de las aportaciones más importantes de América Latina a la ciencia política y al derecho electoral[1]. 

 

La judicialización del proceso electoral ha tenido un impacto significativo para los regímenes democráticos de nuestros países en tanto ha provocado que la tutela del tema electoral sea derivado a la estructura de los sistemas de justicia, esto se traduce en apoyo y estabilidad al sistema político, especialmente en situaciones de constantes cambios en las leyes electorales, pues la justicia electoral se establece como árbitro actuante por encima de las disputas partidistas.

 

 

  1. Judicialización del proceso electoral. Experiencia comparada.

 

La región latinoamericana históricamente ha sido marcada por la tentación de un presidente o de las oligarquías de retener el poder. Este factor común resulta indispensable para entender la lógica de la política de nuestros países, lo cual, aunado al lento desarrollo de las instituciones, especialmente la difícil escalada hacia la consecución del equilibrio entre los poderes, ha hecho necesario que se piense en trasladar de la esfera puramente política los diversos conflictos que surgen en el marco de la celebración de elecciones.

 

Un ejemplo interesante de cómo se inserta en el andamiaje jurídico la idea de una justicia electoral es la denominada "tesis de la incompetencia de origen" planteada por el jurista mexicano José María Iglesias en el último tercio del siglo 19 partiendo de que en las dos primeras leyes de amparo de ese país no se contemplaba explícitamente los derechos de naturaleza política dentro de los derechos protegidos ni mucho menos un procedimiento judicial para ello; sobre esto apuntó que, si el amparo cabía contra todos los actos de autoridad incompetente, procedía por lo mismo contra los actos de las falsas o ilegítimas autoridades que habían sido llevadas al poder sin contar con el voto popular o que resultaron electas infringiendo las bases electorales del ordenamiento jurídico.   

 

La evolución de esta materia en la región ha permitido que se conciba como determinante el rol de un organismo específico con carácter profesional y autónomo para la gestión del proceso electoral, lo cual ha contribuido significativamente a la consolidación de la democracia. En ese sentido, el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA), a modo de unificación de criterios, plantea que la justicia electoral debe proveer los medios y mecanismos para garantizar que cada acción, procedimiento y decisión relacionada con el proceso electoral se acoja al marco jurídico; de igual forma que proteja y/o restablezca los derechos electorales; y que otorgue una vía de impugnación efectiva.

 

Con relación a la estructura organizativa, es preciso recordar que cada país escoge su propio diseño institucional de organismo electoral; existiendo distintos modelos en virtud de sus funciones administrativa y jurisdiccional. En Latinoamérica encontramos distintos modelos: los que ubican el órgano electoral como una rama especializada a lo interno del Poder Judicial[2]; los que lo insertan en la jurisdicción contenciosa-administrativa[3]; y los que le asignan esa tarea jurisdiccional al mismo órgano encargado de la gestión-administración electoral[4].

 

Sin embargo, es preciso destacar que el gran impulso que ha tenido la justicia electoral en la región ha provocado que la doctrina vaya sentando las bases teóricas para pasar, de un órgano con funciones mixtas, administrativas y contenciosas, a otro que cada vez está más separado del que juzga.

 

 

  • La judicialización del proceso electoral en República Dominicana. Tribunal Constitucional y Tribunal Superior Electoral.

 

 La jurisdicción electoral surgió en República Dominicana a partir la proclamación de la Constitución del 6 de noviembre de 1844, la cual instituyó los colegios electorales como órganos encargados de organizar y garantizar el ejercicio de sufragio por hombres y mujeres en capacidad para ejercerlo[5]. De manera que, las bases de la justicia electoral en el país datan de un largo tiempo.

 

Con la reforma constitucional del 2010 se generaron cambios significativos en el esquema de administración de justicia tradicional en la República Dominicana, con ella se propició la descentralización[6] de la función jurisdiccional del Estado, a través de la creación de dos órganos “extrapoderes” altamente especializados y políticamente sensibles, como son el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral. El primero encabeza la defensa jurisdiccional de la Constitución y la protección de los derechos fundamentales y el segundo es responsable de la resolución de los conflictos políticos y electorales.

 

Antes del 2010 la Junta Central Electoral, tenía a cargo la administración de la justicia contenciosa electoral, y posteriormente a través de su Cámara Contenciosa se judicializaban los conflictos de índoles electoral; la judicialización de los procesos electorales estaba a cargo de un órgano con funciones mixtas, administrativas y contenciosas. Es decir, coincidían en el mismo órgano la administración y conducción de los procesos electorales y la función contenciosa electoral.

 

Sin lugar a dudas, el cambio constitucional efectuado en el año 2010, replanteó toda la estructura institucional del sistema electoral en la República Dominicana, pues gran parte de la función contenciosa electoral le fue sustraída a la JCE para serle atribuida al Tribunal Superior Electoral (TSE) en  calidad de órgano de máxima autoridad en materia electoral.  

 

De esta manera, y a partir de entonces, la tarea de organizar y administrar las elecciones corresponde única y exclusivamente a la Junta Central Electoral, en tanto que la función jurisdiccional quedó reservada, en última ratio, al Tribunal Superior Electoral, dejando en primera instancia a las juntas electorales.

 

El TSE conforme al artículo 214 de la Constitución se configura como el “órgano [jurisdiccional] competente para juzgar y decidir con carácter definitivo sobre los asuntos contencioso interno de los partidos políticos, agrupaciones, movimientos políticos o entre éstos”. Sus decisiones no son objeto de recurso alguno, y pueden solo ser revisadas por el Tribunal Constitucional cuando la misma sea manifiestamente contraria a la Constitución. En la especie, la Constitución delimitó con cuidado las competencias de los órganos autónomos para garantizar y evitar confusiones, duplicidades de esfuerzos y la desnaturalización de la función primigenia de estos entes jurisdiccionales especializados en su materia.

 

En cuanto a la competencia del TSE como órgano jurisdiccional, la Ley No. 29-11, Orgánica del Tribunal Superior Electoral establece que le corresponde resolver en forma definitiva la judicialización de los conflictos internos que se produjeren en los partidos y organizaciones políticas reconocidos o entre éstos.

 

En ese mismo orden, el artículo 13 de la Ley No. 29-11, le atribuye conocer en instancia única: los recursos de apelación a las decisiones adoptadas por las Juntas Electorales, conocer de las impugnaciones y recusaciones de los miembros de las Juntas Electorales.

 

De igual manera le corresponde decidir respecto de los recursos de revisión contra sus propias decisiones cuando concurran las condiciones establecidas por el derecho común. Ordenar la celebración de nuevas elecciones cuando hubieren sido anuladas, las que se hayan celebrado en determinados colegios electorales, siempre que la votación en éstos sea susceptible de afectar el resultado de la elección.; conocer de los conflictos surgidos a raíz de la celebración de plebiscitos, referéndums y otras acciones procesales.

 

Aunque el TSE es de reciente creación y funcionamiento, refleja un incremento importante de procesos judiciales en esta materia. La judicialización de los asuntos políticos ha ido alcanzando ámbitos cada vez más diversos. Una mirada rápida de la labor del TSE permite advertir como este se ha ido erigiendo en un árbitro cada vez más importante para resolver conflictos que afectan a la dinámica de los partidos.

 

De ahí que le ha correspondido decidir en relación a la aplicación del régimen disciplinario partidario (para garantizar el debido proceso), el cumplimento de los procedimientos estatutarios para la realización de las asambleas, al régimen de impugnación y apelación de candidaturas a cargos de elección popular, proceso que tiene lugar en el período preelectoral y que procura garantizar el derecho a ser elegible de los miembros y dirigentes de los diferentes partidos políticos que han participado en las convenciones internas de sus respectivas agrupaciones, garantizando con esto el respeto a los derechos adquiridos de los candidatos.

 

De igual manera la justicia electoral ha decidido sobre la anulación de artículos contenidos en los estatutos de los partidos políticos que se alegan son contrarios a la Constitución, que, por tanto, violan derechos políticos de su militancia y dirigencia. También se han judicializado procesos electorales internos donde este órgano ha ordenado la anulación de asambleas y su repetición una vez detectados fallos procedimentales. Asimismo, ha declarado nulas expulsiones de miembros o aprobado aquellas en las que se ha respetado el debido proceso.

 

Todo lo anterior pone en evidencia que, la judicialización de los asuntos en la  jurisdicción especializada en materia electoral, ha venido consolidándose, creando un impacto en la cultura institucional de los actores políticos, pues se forja la idea del respeto de los derechos políticos electorales de los ciudadanos y sienta las bases para que los partidos políticos estén prestos a observar y actuar de conformidad a la Constitución y las leyes en sus actuaciones.

 

Con relación al contenido constitucional debe resaltarse que resulta de imperiosa necesidad que el régimen normativo de los órganos electorales, especialmente la jurisdicción especializada, sea una expresión nítida del diseño plasmado en la Constitución. Y es que se han generado asuntos que, por su naturaleza constitucional, corresponden ser ventilados en la sede jurisdiccional especializada en materia electoral por ser la competencia idónea para ello; sin embargo han sido remitidos a otras instancias por vacíos o contradicciones legislativas observables en las normas que rigen los propios órganos electorales.

Ejemplo de ello podemos mencionar el conflicto de competencia evidenciado en un proceso reciente en el cual el Tribunal Superior Electoral (TSE) derivó una acción de amparo por tener como objeto la resolución de la Junta Central Electoral (JCE) que eliminó el arrastre en 26 provincias y lo mantuvo en las cinco restante y el Distrito Nacional. Sobre esto, el TSE se apegó al criterio sostenido por el Tribunal Constitucional que, mediante las sentencias 0282/17 y 0624/18, indicó que, en principio, las actuaciones y omisiones administrativas de los órganos constitucionales del Estado contrarios al ordenamiento jurídico deberán ser controlados por ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA).

 

Sin perjuicio de que entendemos que el TSE debía actuar en apego al órgano máximo de interpretación constitucional y que el razonamiento del TC que condujo a este criterio obedece a la ausencia de una adecuada delimitación de competencia del órgano especializado, es preciso advertir que la transferencia al TSA de las contestaciones que surjan contra los actos y decisiones de la JCE, en materia electoral, diluye la función específica que le asigna la Constitución al Tribunal Superior Electoral; es por ello que resulta necesario que el legislador pondere una eventual reforma a la ley 29-11 orgánica de este tribunal especializado.

 

Desde la Fundación Institucionalidad y Justicia, INC (FINJUS) se propuso que en una eventual reforma a la ley orgánica del TSE se incluyera en sus funciones, de manera expresa, la facultad de conocer de las contestaciones o diferendos que surjan contra los actos y decisiones de la JCE en materia electoral. Esto así pues la exclusión de la jurisdicción electoral como la vía natural e idónea para conocer de los diferendos relativos a la actuación del órgano rector, máxime cuando se ven envueltos derechos fundamentales, termina por alterar la esencia de la jurisdicción especializada desnaturalizando la función primigenia de este entes extra poder.

 

  1. Consideraciones finales. Retos para la consolidación de la justicia electoral en República Dominicana.

 

Sin lugar a dudas, la judicialización es una herramienta que permite el control de la legalidad de las actuaciones de los organismos partidarios por parte del órgano especializado en justicia electoral, lo que garantiza, en consecuencia, el derecho fundamental de acceso a la justicia como expresión política-electoral de la pluralidad de identidades e intereses que confluyen en toda sociedad democrática.

 

Tomando como base la importancia e impacto innegable que representa la judicialización del proceso electoral, es fundamental indicar algunos de los desafíos pendientes en el marco de la consolidación de la justicia electoral. Debe recordarse que la misma incertidumbre que, a lo largo de los años, han generado los procesos electorales en el país invita a continuar perfeccionando estos temas.

 

Ciertamente para cualquier los órganos de naturaleza electoral, especialmente aquellos que ostentan el control jurisdiccional, implica un gran reto vigilar y dirimir con suma atención los conflictos nacidos en el seno de las elecciones o a raíz de diferendos entre las diferentes organizaciones políticas existentes. Por ello, resulta un hecho incontrovertible que, a pesar de los esfuerzos realizados para fortalecer la justicia electoral y del contenido constitucional, siguen estando latentes las debilidades encontradas en esta dimensión especial del sistema de justicia dominicano.

 

En primer lugar, las mismas problemáticas observadas en el marco del sistema de justicia en sentido amplio, pueden ser –en mayor o menor medida– aquellas que le son inherentes a la justicia electoral: acceso, transparencia, carga de trabajo jurisdiccional y administrativo, eficiencia y evaluación permanente de los órganos.

 

Todo lo anterior tiene que ver con un aspecto muy importante del Estado social y democrático de derecho: la democratización de las instituciones y las decisiones sobre los órganos que componen nuestro sistema político. En el marco de la judicialización de los procesos electorales, se evidencian dos aspectos neurálgicos: el cumplimiento efectivo de la norma y la adecuación de los órganos públicos electorales a dicha normatividad; esto adquiere un matiz más sensible, tomando en consideración que, de cara al proceso eleccionario que concluirá en 2020, estamos estrenando dos legislaciones que constituyen un nuevo régimen electoral y partidario.

 

Partiendo del supuesto de que resulta un desafío ineludible el apego irrestricto a las configuraciones legales vigentes, esto es el cumplimiento del principio de legalidad, hacemos eco de las palabras del profesor Hurtado Pozo, “Los textos legales contienen, por tanto, mandatos del órgano constitucionalmente competente para dictarlos. En sus fundamentos, el principio de legalidad supone la claridad y la precisión de la ley[7].” Para el desarrollo pleno de la justicia electoral se necesita, además de instituciones y normas, actores dispuestos a cumplir y colaborar con el cumplimiento de las mismas.

 

 “No es concebible la existencia de un proceso electoral que merezca la denominación de tal sin la presencia de normas previas que lo regulen[8].” En ese sentido, existiendo las normas y generando la previsibilidad derivada de la naturaleza de éstas, de lo que se trata es de dar fiel y efectivo cumplimiento de cada articulado, tanto por parte de los organismos electorales, como de los partidos y la ciudadanía.

 

En otro orden, debe garantizarse la independencia absoluta de los órganos de resolución de conflictos electorales, logrando así que éstos se encuentren adheridos a un clima de total independencia, lo que implicaría resaltar una discusión en torno a la evaluación de los miembros de estos órganos y evitar a toda costa la injerencia de la política partidaria a lo interno de ellos.

 

En resumen, los desafíos que tiene el Estado dominicano de cara a consolidar el sistema de justicia electoral se concentran en la necesidad de: fortalecer los mecanismos de transparencia electorales; garantizar el correcto funcionamiento de las herramientas de sistematización del sufragio; fortalecer los procedimientos electorales; utilizar mecanismos de seguridad y tecnificación de la justicia electoral en el marco de una nueva cultura política e institucional; y profesionalizar de manera absoluta los organismos electorales en el país.

 

Señoras y señores.

 

La consolidación de la justicia electoral requiere de instituciones sólidas y, por tanto, de un compromiso absoluto de responsabilidad por parte de quienes la componen; esto debe traducirse en lograr que los actores electorales (partidos, movimientos y agrupaciones políticas) y los órganos electorales enmarquen su accionar de conformidad a sus funciones y diseño constitucional.

 

De manera general, consideramos que en materia electoral aún hay mucho por trabajar, especialmente lo concerniente a lo que los doctrinarios denominan una separación entre la democracia procedimental y la democracia para los ciudadanos, pues, al final, lo que debe buscarse es dar resultados más acordes a lograr la traducción fidedigna de la decisión de la ciudadanía.

 

Es un gran desafío para la sociedad dominicana fortalecer cada uno de los aspectos que dotan de operatividad a la democracia. Los órganos electorales y su funcionamiento a plenitud requieren de grandes esfuerzos conjuntos y consensuados para alcanzar la consolidación de nuestro sistema democrático.

 

Muchas gracias.

 

Dr. Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo FINJUS

5 de octubre 2019

 

 

[1] OROZCO H., Jesús. El contencioso electoral, la calificación electoral. En: Tratado de derecho electoral comparado de América Latina. Dieter Nohlen, Daniel Zovatto, Jesús Orozco y José Thompson (compiladores). México. IIDH. Universidad de Hildelberg. IDEA internacional, TEPJF, IFE, y Fondo de Cultura Economista. 2007. P. 1152.

[2] Argentina, Brasil, México, Paraguay, Venezuela y  República Dominicana

[3] Colombia y Nicaragua

[4] Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá y Uruguay.

[5] OBSERVATORIO JUDICIAL DOMINICANO. Justicia Electoral en República Dominicana. [En línea] [consulta en fecha: 14 de enero del 2018]. Disponible en: http://www.ojd.org.do/index.php/joomlaorg

[6] Antes del 2010, la Junta Central Electoral, tenía a cargo la administración de la justicia contenciosa electoral.

[7] HURTADO P., José. El principio de legalidad, la relación de causalidad y la culpabilidad: reflexiones sobre la dogmática penal. Revista Penal de Suiza. Universidad de Fribourg. 1987. Pp. 23-56.

[8] URRUTY N., Carlos A. La importancia de los organismos electorales. Revista de Derecho Electoral del Tribunal Supremo de Elecciones de Uruguay. 2007. Pp. 1-26.


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II Jornada de Derecho Administrativo

Tendencias Actuales de la Regulación Económica

 

20 - 21 de noviembre 2019

Renaissance Santo Domingo Jaragua Hotel & Casino

 

Inversión US $ 200 / Pre - venta US $ 175 (hasta 20 de octubre)

  

La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS) y la Asociación Dominicana de Derecho Administrativo (ADDA) organizan la II Jornada Anual de Derecho Administrativo (JADA). En esta ocasión con el tema: “Tendencias actuales de la regulación económica”, que serán celebradas los días 20 y 21 de noviembre del año 2019, en el Renaissance Santo Domingo Jaragua Hotel & Casino, de esta ciudad. 

 

El objetivo de estas Jornadas es promover el debate de las más novedosas tendencias del Derecho de la Regulación Económica desde una óptica comparada, presentadas por los juristas expertos más destacados en la materia en Iberoamérica y el país.  Estos expertos han sido, en sus respectivos países, responsables de los avances del derecho administrativo económico en los planos académico y profesional.

 

Temas a desarrollar en los paneles:

 

·         Telecomunicaciones

·         Combustibles

·         Banca

·         Mercado de Valores

·         Competencia

·         Mercados Financieros

·         Energía

·         Consumo

 

PARA FINES DE REGISTRO E INSCRIPCION

 

Completar formulario de registro anexo.

 

Modalidades de pago: Efectivo, cheque, tarjeta de crédito, transferencia y/o depósito bancario.  Número de cuenta para fines de pago:  054-62605-3, cuenta corriente del Banco Popular. 

 

Informaciones importantes para participantes a través de instituciones:

 

  1. Interesados en participar a través de empresa que labora, enviar CARTA FORMAL (carta compromiso) donde se notifica que se hará cargo del pago del participante.
  2. La oficina o empresa contratante deberá remitir ORDEN DE COMPRA, con el compromiso asumido del pago de la participación de su empleado en el seminario, diplomado o programa educativo.
  3. Adicional, solicitamos remitir un correo los datos de la persona de Recursos Humanos y Finanzas que serán responsables de completar la participación del interesado y asegurarse del saldo del programa antes de concluir el mismo, en caso de que aplique.

 

Reiterándome a sus órdenes, para mayor información e inscripción.

  Para reservacion e Inscripcion y otras Informaciones

|Sugely Suazo | Asistente Educación Continuada||Tel: 809.227.3250 ext. 240| Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.|

|Gustavo Mejía Ricart, esq. Abraham Lincoln, Torre Piantini, 8tvo. piso |

 

Inscribete Aqui Ya!!  

 

Modalidades de pago : efectivo, cheque, tarjeta de crédito, transferencia y / o depósito bancario. Número de cuenta para multas de pago: 054-62605-3, cuenta corriente del Banco Popular. Si realiza depósito o transferencia bancaria , favor enviar copia por esta vía. Dentro de las modalidades, está la opción de pagos fraccionados en tres cuotas.

 

Para multas de reservación e incripción, favor completar el formulario  

 

 


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Media

Con la celebración de las elecciones primarias en el marco de la nueva ley de partidos políticos, la sociedad dominicana está viviendo una nueva experiencia democrática. El éxito de estas primarias es crucial para fortalecer los partidos políticos, la democracia y la gobernabilidad.

 

Además de las elecciones primarias, las elecciones congresuales y municipales a celebrarse en febrero de 2020 y las presidenciales de mayo de ese mismo año representan un reto muy importante para la sociedad dominicana y en particular para los partidos políticos y los órganos electorales.

 

Esta es una gran oportunidad para mostrar al mundo una vez más la madurez y el compromiso de los actores políticos e institucionales con la democracia y el respeto a la voluntad popular en un clima de paz.

 

La sociedad observa con gran esperanza los esfuerzos que ha desplegado la Junta Central Electoral para ofrecer las garantías de que el respeto a la soberanía del pueblo dominicano, expresado en el voto ciudadano, será la máxima prioridad de ese órgano  y que velará por la transparencia y la calidad del proceso electoral.

 

Para ello la JCE ha calendarizado todos sus pasos con suficiente antelación y ha adoptado las medidas necesarias para disponer de los recursos, los equipos y los responsables de cada una de las etapas del proceso, de forma que se logren los objetivos propuestos.  Asimismo ha mantenido una comunicación estrecha con los distintos partidos, consultándoles oportunamente sobre sus iniciativas, y otorgándole los plazos que han requerido para que esas agrupaciones sientan protegidos sus legítimos intereses, al tiempo que la sociedad recibe la seguridad de que el  interés superior de la democracia dominicana está salvaguardado.

 

La primera gran prueba que tiene ante sí el sistema electoral lo constituye la jornada de las elecciones primarias de los dos principales partidos políticos, pautada para el domingo 6 de octubre. La sociedad dominicana ha estado concentrada en observar con mucha atención las resoluciones y medidas que ha adoptado la Junta Central Electoral, entendiendo que la calidad de las acciones emprendidas por los actores del sistema influirá en la estabilidad política y social, la gobernabilidad y el clima de negocios e inversión en el país en los próximos meses o años.

 

Luego de años de estar arrastrando la falta de modernización y adecuación de las leyes de esos órganos y enfrentando prácticas destinadas a burlar o menoscabar la voluntad popular, arribamos a estas elecciones con las leyes del régimen electoral  y de los partidos aprobadas y en proceso de implementación. En ese camino, se han elaborado algunos de los reglamentos que ordenan esas leyes y la tarea de socialización de su contenido se ha incrementado en las últimas semanas.

 

Cualquier iniciativa dirigida a difundir mensajes de duda o incredulidad sobre la idoneidad de los órganos electorales, sobre los medios, dispositivos o estructuras organizativas que se han construido, constituye una amenaza directa a la democracia dominicana y debe ser vista como una acción que en última instancia está destinada a repetir las prácticas arcaicas que se presentan ante cada coyuntura histórica, creando un ambiente de inseguridad y desconfianza que en nada favorece el desarrollo de nuestra democracia y el fortalecimiento de sus instituciones.

 

Los órganos del sistema electoral dominicano, especialmente la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral, han dado muestra de que están comprometidas con trabajar en apego a la legalidad, el debido proceso, la razonabilidad y otros  principios constitucionales. Expresamos nuestro apoyo a su esfuerzo y les exhortamos a mantener abiertos todos los canales de comunicación hacia la sociedad, para que sea la propia ciudadanía y sus instituciones representativas quienes puedan dar sostenibilidad a la labor que realicen.

 

 

Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo FINJUS

 

29 de septiembre, 2019

 


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