La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) felicitó al alcalde David Collado tras la presentación de los documentos contentivos de la gestión en la Alcaldía del Distrito Nacional, en el pasado año 2018.

En presencia de su equipo técnico y la representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Pura Hernández, y la doctora Milagros Ortiz Bosch, Collado entregó al presidente de Finjus, Rafael del Toro Gómez, y al vicepresidente ejecutivo, Servicio Tulio Castaños Guzmán, el expediente formal que refleja la transparencia con que se manejaron los recursos de la Alcaldía.

Castaños Guzmán destacó la gestión que ha logrado el alcalde Collado y reconoció el trabajo de todo el equipo que acompaña esta gestión.

Agregó que Collado se encuentra entre los líderes políticos que son ejemplo en la administración pública, porque sus informes de cómo se ha manejado esta institución evidencian la transparencia.

“Cuando en realidad existe la voluntad de hacer un buen trabajo las cosas se logran, porque Collado ha logrado un trabajo de relevancia en la recuperación de espacios públicos, electrificar muchos de nuestros barrios, que estaban en condiciones de riesgos en materia de seguridad, los cementerios, en el manejo de la basura, renegociar contratos, que ha garantizado a la Alcaldía un aumento en las recaudaciones”, señaló Castaños Guzmán, quien precisó que Collado ha impulsado todas estas obras, pese a que el presupuesto de la ciudad de Santo Domingo es inferior al que ejecutan ciudades de la misma dimensión en otros países del área.

Observó que el modelo de gestión de Collado debería utilizarse como un proyecto piloto para extenderlo a otros cabildos de las distintas provincias, como forma de fortalecer los gobiernos municipales.

Destacó además la presencia de la representante del PNUD que ha venido asistiendo a la Alcaldía en todo lo que se ha hecho.

“Finjus vela siempre por el manejo correcto de las compras y licitaciones públicas, y Collado tuvo la visión de frente a una serie de debilidades en esta materia, apoyarse en el PNUD. Invitamos a que otras instituciones se apoyen en esto y tomen como ejemplo los resultados que hasta ahora se están viendo” concluyó.

Collado expresó que por tercera vez visita la Finjus para entregarle un informe de su gestión, porque en el ADN no hay nada que esconder.

 

Fuente: Listín Diario

SANTO DOMINGO.- 31 de enero de 2019- La Embajada de Italia junto con la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), organizó este viernes el conversatorio “La importancia de los Think Tanks”, con la participación de los centros de pensamiento de la República Dominicana, representantes de las universidades, así como diplomáticos europeos.

En una nota de prensa, el objetivo de esta iniciativa fue resaltar el trabajo crítico realizado en los  Think Tanks  o centros de pensamiento. El encuentro formó parte de más de 100 reuniones simultáneas que se realizaron en más de 80 países y 300 instituciones alrededor del mundo.

El Diálogo Sobre la Importancia de los  Think Tanks  es Organizado anualmente por el Centro “Think Tanks y Programa de las sociedades civiles”, el cual sea SE Encuentra en la Universidad de Pensilvania.

El embajador de Italia, Andrea Canepari, resaltó la importancia de estos centros para los tomadores de decisiones y la opinión pública mediante la elaboración de respuestas a problemas actuales.

Todos los participantes en sus centros de pensamiento y de acuerdo en la importancia de estas reuniones, para intercambiar ideas. También se ha resaltado lo importante que es para la democracia.

La actividad estuvo moderada por el embajador de Italia, Andrea Canepari, además de la participación Marco Herrera, director ejecutivo de Funglode; Nathanael Concepción, director del Observatorio Político Dominicano (OPD-Funglode); Servio Tulio Castaños vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS); Ernesto Selman, vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES); Iván Ogando, director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO); Jatzel Román, analista del Centro de Análisis para Políticas Públicas (CAPP).

 

Fuente: El Caribe

Santo Domingo, DN- 30 de enero de 2019- La Asociación Nacional de Empresarios Juveniles (ANJE) y la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) renovaron su acuerdo de colaboración institucional donde conviene en mantener los espacios de reflexión y la elaboración de propuestas para aportar al progreso de la democracia, la salvaguarda de la seguridad ciudadana, la promoción de la transparencia y la creación de mecanismos de participación para la ciudadanía en esos procesos.

 

El presidente de ANJE, Guillermo Julián Jiménez , dijo entonces “Acuerdo con ANE está comprometido con el fortalecimiento institucional y el cumplimiento del marco legal, por lo que tenemos nuestra relación con FINJUS, una organización con los principios compartimos, las oportunidades para Proponer investigaciones, políticas públicas y legislaciones que contribuyan con el mejoramiento del clima de negocios ”.

 

De Su Lado, el vicepresidente ejecutivo de FINJUS, Servio Tulio Castaños Guzmán , Comparte esta Visión y Expreso Justo Despues de sacrificar las exigencias el Acuerdo Que “ con la Renovación de Este convenio se procura aunar: esfuerzos tendentes un PROMOVER INICIATIVAS Y: acciones en el marco del Proceso de La reforma y modernización del sistema de justicia, la seguridad ciudadana y el fortalecimiento institucional del Estado Democrático de Derecho ”.


Con este acuerdo, las instituciones suscribientes pretenden continuar los esfuerzos para profundizar sobre las soluciones a los problemas preocupantes a la inseguridad ciudadana , con especial atención a su impacto en el clima de negocios. También se comprometen a desplegar los esfuerzos que contribuyan a mejorar la calidad del ejercicio de los profesionales del derecho, los actores del sistema de justicia, las relaciones vinculadas a la seguridad pública y la ciudadanía en general.

 

Para los fines indicados, ANJE y FINJUS se deben promover, coordinar y patrocinar programas educativos, de difusión, proyectos, investigaciones y cualquier otro medio que se juzgue conveniente a los usos de este acuerdo ”, cita la base del acuerdo.

 

El acuerdo que en esta ocasión se renueva está con la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y los planes de trabajo de ambas instituciones.

 

 

 

 

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IX  Jornada Derecho Administrativo y Publico General, La Administración Pública en el Estado Social y Democrático de Derecho

 

CONTENIDO

 

 

Media

De cara a los próximos comicios generales a ser celebradas en 2020, la agenda electoral de la Junta Central Electoral y los partidos, agrupaciones y movimientos políticos gira en torno a la escogencia interna de los candidatos a cargos de elección popular según sea la modalidad escogida por cada entidad.  

 

Alianza País y Opción Democrática, ambos partidos minoritarios, realizaron una solicitud formal ante el pleno de la Junta Central Electoral (JCE) mediante la cual escogían la modalidad de escogencia interna por primarias, siempre y cuando fueren ambos partidos en una coalición; todo ello aprovechando el requerimiento de la JCE de que todos los partidos decidieran y le participaran el método por el que elegirían sus candidatos de entre las diversas modalidades contempladas en la Ley 33-18.

 

Mediante esta solicitud los referidos partidos políticos buscan celebrar primarias abiertas conjuntas, con candidatos propios, previamente escogidos internamente según sus propios estatutos, y así convertirse en precandidatos para dichas primarias.

 

Entendemos factible la propuesta de los partidos minoritarios para la conformación de una coalición electoral de cara a la celebración de las primarias simultáneas a ser celebradas el 6 de octubre del presente año.

 

A estos fines, es importante destacar que la coalición es un método recogido en la ley de Régimen Electoral número 275-97, en los artículos 62, 63 y 64, que establece que los partidos políticos reconocidos y una vez constituidos, pueden coaligarse, mediante el procedimiento establecido en la normativa precitada, conjuntamente a los reglamentos[1] dictados por el órgano rector del proceso electoral.

 

Por su parte, la Ley No. 33-18 sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Político, no introdujo modificaciones respecto a la modalidad de vinculación de los partidos mediante la figura coaliciones. En este tenor, no observamos incompatibilidad manifiesta entre la Ley Electoral y la Ley de Partidos que pudiese impedir la vinculación partidaria mediante fuerzas coaligadas.

 

Es preciso resaltar que, en el reglamento para la aplicación de la ley 33-18 de partidos, agrupaciones y movimientos políticos sobre la celebración de primarias simultáneas en el año 2019, emitido por la Junta Central Electoral luego de haberse recibido la solicitud relativa a primarias de la posible coalición entre Alianza País y Opción Democrática, no fue abordada la posibilidad de la celebración de esta modalidad de escogencia interna ante una coalición partidaria.

 

En esta línea argumental, consideramos corresponde al pleno de la Junta Central Electoral pronunciarse con relación a la petición realizada por los partidos minoritarios coaligados[2] en el mes de diciembre del año 2018, respecto a la forma de participación en las primarias de esta coalición de partidos y, en consecuencia, avalar las vías apropiadas para que estas entidades ejerciten su rol de canal representativo en un marco institucional y en un contexto signado por la ley de partidos políticos, indispensable para garantizar la representación en una democracia pluralista.

 

Las experiencias en otros países ilustran que la conformación en esta fase de una coalición entre los partidos minoritarios es un ejercicio de madurez política de sus representantes, pues, la misma es un elemento conglutinante que atenúa los problemas de un sistema de partidos quebrantado frente a la sociedad por las luchas de las cúpulas partidarias. Desde FINJUS entendemos que, en sistemas políticos con desigualdades tan marcadas como el nuestro, optar por modalidades de vínculos entre partidos minoritarios podría ser beneficioso y saludable para la democracia pues desalienta la fragmentación y disminuye los conflictos generados por las disputas por el liderazgo entre fuerzas políticas.

 

Dr. Servio Tulio Castaños

9 de enero 2019

 

[1] Ver Reglamento sobre fusiones, alianzas o coaliciones.

[2] Opción Democrática y Alianza País.

En ocasión de la celebración del Día del Poder Judicial, desde FINJUS deseamos compartir nuestras reflexiones para un balance del sistema de justicia en el 2018 y aportar al análisis de sus retos desde la perspectiva de la sociedad.

 El Poder Judicial es la institución encargada de aplicar las reglas que rigen las demás instituciones; por ello su rol es central en el Estado de Derecho. Por eso al hacer un balance general del sector debemos tomar en cuenta ciertos indicadores de confianza, para medir la calidad y eficiencia del sistema de justicia en 2018. Extendemos nuestro análisis al Ministerio Público, enfocando los principios que rigen su actuación legítima, en un marco de responsabilidad y búsqueda de la eficiencia y como ente director de la política del Estado contra la criminalidad y representante de los intereses de la sociedad. Dedicamos espacio a la labor de la Defensa Pública, órgano esencial en el sistema de justicia penal.

 

  1. Poder Judicial.

 

La FINJUS ha expresado en muchas ocasiones su preocupación en torno a la persistencia de problemas del sistema de justicia que fueron planteados al iniciar la ola de reformas del 1997. Reconocemos las mejoras en la calidad del servicio judicial y en los aspectos infraestructurales, tecnológicos y operativos, tal como fueron planteados en la Cumbre Judicial Nacional.

 

Ha sido un proceso complejo y tortuoso el que ha recorrido el Poder Judicial para encarar la superación de antiguos obstáculos que han identificado las organizaciones sociales y analistas, como son la injerencia de la política partidaria en el sistema y las debilidades en el manejo interno de los conflictos internos. En este aspecto percibimos un mayor empoderamiento de la ciudadanía en su observación de los temas cruciales de este Poder y en su compromiso de incidir de cerca en la toma de decisiones públicas y la gestión de las instituciones estatales.

 

Desde el punto de vista jurídico y político la independencia del Poder Judicial no depende de sí misma. Siendo un poder contra mayoritario, que se configura a través del ejercicio de las facultades de otros poderes, es decir, por democracia indirecta, es importante identificar sus vulnerabilidades y que los actores políticos y la sociedad civil puedan generar compromisos para su fortalecimiento permanente. Por eso llamamos a proteger al Poder Judicial de los ciclos y conflictos electorales.

 

En 2018 quedó evidenciado que la discusión sobre el presupuesto del Poder Judicial no puede postergarse más. Hemos reiterado que es un mandato constitucional que al Poder Judicial se le destinen los recursos que dispone la ley. No deben existir leyes que no se cumplen año tras año sin considerar el daño que producen a la independencia de ese órgano del Estado, sin medios  para alcanzar sus metas de crecimiento y eficiencia en los servicios.

 

Valoramos la adopción de importantes decisiones para reforzar la gobernabilidad interna, tal como lo reconoció la Cumbre Judicial. Deben continuarse las tareas pendientes y emitir los reglamentos que reflejen los consensos internos y acometer adecuadamente la ejecución y aplicación de los mismos. Destacamos la trascendencia de que en algunas áreas, como el sistema de inspectoría y seguimiento, a cargo del Consejo del Poder Judicial, se hayan producido innovaciones que expresan más claramente la voluntad de generar nuevas prácticas. Las actividades realizadas para dar cuenta de los avances de la ejecución de los acuerdos de la Cumbre Judicial son también elementos muy positivos en ese camino.

 

Quedan pendientes como retos el mejoramiento de los niveles de la mora judicial en áreas claves como la justicia penal, civil y laboral. Asimismo continuar con la depuración de algunas áreas, como la Jurisdicción Inmobiliaria, donde persisten las irregularidades y prácticas dolosas, según los medios.

 

Consideramos que los puntos anteriores plantean la urgencia que tiene el Poder Judicial de rescatar la confianza de la ciudadanía, ya que de acuerdo al índice que recoge el Latinobarómetro 2018 en este aspecto es de apenas 21%, por encima del Congreso Nacional con 20% y el Poder Ejecutivo con el 22%. En esta misma dirección se señala que es imprescindible que la acción jurisdiccional conduzca al establecimiento de sanciones penales en los casos de fraude y corrupción en curso, siempre con el mayor apego a las garantías del debido proceso.

 

Uno de los mayores retos que el sistema de justicia enfrentará en los próximos días tiene como marco el Consejo Nacional de la Magistratura. FINJUS, haciéndose eco del clamor de la sociedad y sus organizaciones representativas, reclama que el proceso de evaluación de 12 miembros de la Suprema Corte de Justicia que manda la Constitución y la Ley se realice asumiendo todas las garantías y profesionalidad requeridas. Producto de esa evaluación, la eventual designación de nuevos miembros de esa alta corte deberá apegarse a la Constitución, las leyes y los reglamentos. A la luz de las necesidades de un mejor servicio de justicia, más imparcial, eficiente e independiente, la ciudadanía debe unirse para reclamar al Consejo Nacional de la Magistratura que tome sus decisiones con un sentido de Nación, cerrando toda posibilidad de beneficiar intereses particulares de cualquier tipo.

 

  1. Ministerio Público.

 

A lo largo del 2018, el Ministerio Público tuvo que lidiar con hechos que marcaron significativamente su labor. Por un lado, al igual que sus homólogos de la región, hizo frente al proceso ODEBRECHT, que es una consecuencia de la operación “Lava Jato” iniciada en Brasil en marzo de 2014.

 

Otro tanto ocurrió con temas de especial interés social, como los casos que por su naturaleza especialmente violenta, perversa o corrupta, generan demandas de sanciones “ejemplares”. En lo institucional, hizo frente al concurso interno para la promoción de los titulares de diversas Fiscalías y Direcciones de dicho órgano. Y fue el año en que la temática de la violencia de género se situó en el centro de su agenda, convirtiéndose en un tema clave para este balance.

 

En ese sentido, tal como ha sido manejado el caso Odebrecht y otros casos de corrupción de alto interés de la ciudadanía, confiamos en que el Ministerio Público podrá tener una reflexión permanente sobre su estrategia de lucha contra la criminalidad y observar si sus recursos se dirigen hacia los puntos más sensibles o si se mantiene la dicotomía entre las demandas sociales y el enfoque puramente estatal. Esta disyuntiva afecta a los modelos que usan para enfrentar temas sensibles, como la violencia de género y el sistema penitenciario, donde las percepciones sociales a veces chocan con las prioridades institucionales.

 

En el marco del perfeccionamiento de los miembros del Ministerio Público un elemento central es el de la formación de sus aspirantes y su actualización permanente, donde se refleja una gran labor desde la Escuela Nacional del Ministerio Público. Sigue pendiente la discusión sobre cómo consolidar los mecanismos institucionales para eliminar la percepción de que existe cierto grado de subjetividad en la escogencia de los que finalmente recibirán formación en ella.

 

Una segunda cuestión que el Ministerio Público debe tener presente de cara al 2019, es la percepción de la ciudadanía sobre la ética de sus miembros. Este elemento no radica solamente en la construcción de una imagen institucional, sino en cómo la sociedad percibe los actos de sus miembros en las comunidades donde actúa, para erradicar la creencia de que algunas de sus acciones reflejan la influencia de cúpulas políticas o intereses particulares. Incrementar la confianza ciudadana es la base de la relación de los fiscales y la sociedad.

 

Finalmente, quizás el reto más significativo para el Ministerio Público, no sólo  en 2019 sino desde su creación misma, es alcanzar una real independencia funcional frente a los Poderes del Estado, sobre todo del Poder Ejecutivo, haciendo valer la intención de que subyace al artículo 171 de la Constitución, que lo estructura de manera autónoma. Como el tema nos preocupa, desde FINJUS hemos invitado a la reflexión sobre si la designación del Procurador General de la República debe seguir siendo una atribución absolutamente potestativa del Ejecutivo, en aras de una mayor independencia y autonomía. Sería altamente saludable para nuestro régimen jurídico que en su elección se introduzcan ciertos parámetros de equilibrio, para convertir al Ministerio Público en un verdadero órgano extra poder, como en cierto modo ya lo bosquejó el Tribunal Constitucional en el precedente TC/0001/15.

 

  • Oficina Nacional de la Defensa Pública

 

Pese a la importante labor que realiza la Defensa Pública dentro del sistema de justicia penal, reconocida por todos los medios y sectores sociales, en 2018 fue afectada por las precariedades derivadas del poco apoyo presupuestario de parte de los poderes Legislativo y Ejecutivo.

 

En 2018 la Defensa Pública tuvo a su cargo el 71% de todos los casos penales, evitando el colapso del sistema penal, abrumado por la mora judicial, la sobrecarga de los centros penitenciarios por el abuso de la medida de privación de libertad y la indefensión de la mayoría de los imputados. Persiste la necesidad del nombramiento de más de 200 defensores que se requieren para un servicio de calidad y la apertura de por lo menos 9 oficinas adicionales en algunos distritos judiciales. Es importante resaltar y reconocer el proceso de fortalecimiento institucional de la Defensa Pública, que ha renovado su Dirección, muestra de la vitalidad de su gestión en los últimos años.

 

7 de enero del 2019

La discusión sobre la conveniencia o no de suscribir el Pacto Mundial sobre Migración o la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes ha acaparado la atención de los medios de comunicación y redes sociales dominicanos, en un ambiente en que ha predominado la falta de información clara y oportuna sobre su contenido o las implicaciones futuras de dicho instrumento internacional para nuestro país.

 

Nos preocupa que la discusión sobre el contenido del borrador del Pacto ha llegado tarde y no ha estado acompañada por los procesos de consulta que requiere este espinoso tema. Para algunos la adopción de este Pacto es una necesidad para adecuar los flujos migratorios a la realidad de la globalización  mundial y entre quienes se oponen al mismo prevalece la idea de que este documento nos obligará a cambiar nuestras políticas migratorias y afectará la soberanía nacional.

 

La verdad es que la sociedad dominicana, como en otros temas de alta sensibilidad social, política y económica, no tiene la información adecuada para forjarse un juicio definitivo sobre el borrador de Pacto en la actualidad, sencillamente porque ni el Estado dominicano ni otros mecanismos sociales tomaron las iniciativas adecuadas para asegurar su discusión organizada. Nos preocupa que lo que eventualmente apoyemos o dejemos de aprobar se base en criterios que no tengan como prioridad nuestro interés nacional, y n o sea el producto de un análisis ponderado, pausado y serio.

 

El país perdería si las decisiones que se adopten en definitiva reflejan solamente intereses políticos coyunturales, sin importar su color partidario o ubicación ideológica, o el afán de posicionarse ante eventos futuros. El Estado dominicano, ante temas controversiales y que han polarizado a la sociedad, como es el caso del Pacto en discusión, debe partir de la búsqueda de un consenso maduro, responsable y sincero de todos los sectores que intervienen en esta discusión, de forma que la decisión que se adopte sirva como un punto de apoyo en el proceso de fortalecimiento de las instituciones nacionales en este tema de las migraciones.

 

Desde FINJUS hemos manifestado reiteradamente nuestra preocupación por la debilidad y fragilidad institucional de las instituciones que tienen a su cargo el complejo sistema de regulación y control migratorio, lo que incluye la adopción de políticas, planes y programas relacionados con la migración hacia y desde nuestro país.

 

FINJUS exhorta a las instituciones responsables de definir y adoptar las decisiones relacionadas con el Pacto Mundial sobre Migración o la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes, que redoblen su capacidad de comunicación sobre el particular, de manera que tanto desde el Estado como desde la sociedad, aumentemos nuestra capacidad para seguir enfrentando el tema migratorio con responsabilidad y visión de futuro.

 

 

Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo FINJUS

 

3 de diciembre, 2018

El acto fue celebrado en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), el pasado martes 27 de noviembre.

El libro es una recopilación de artículos sobre temas constitucionales, jurídicos e institucionales publicados en diferentes medios impresos y digitales, que abordan diversas temáticas, tales como “Las Características de la Constitución de 1963 y Las implicaciones del Golpe de Estado a Juan Bosch”; “La Reforma Procesal Penal”, “El Espionaje y las Cámaras Ocultas en el Ejercicio Periodístico”, así como comentarios a sentencias relevantes del Tribunal Constitucional entre, otros.

La obra también incluye un trabajo inédito titulado “La Discriminación en el Ordenamiento Jurídico”, en el cual se desarrolla una perspectiva histórica del principio de igualdad y no discriminación, así como un análisis de su naturaleza jurídica, su fundamento constitucional y legal, y la jurisprudencia nacional e internacional sobre el tema.

El libro está prologado por el catedrático y doctrinario español-dominicano, doctor Marcos Massó Garrote, director del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional y, cuenta con comentarios del doctor Servio Tulio Castaños Guzmán y el magistrado Rafael Ciprián Lora, juez de la Corte de Apelación Laboral del Distrito Nacional.

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