Agradezco la invitación a participar en este extraordinario evento, especialmente por la oportunidad de compartir con organizaciones de todo el continente y conocer sus experiencias en el análisis de problemas vitales para la transparencia y la gobernabilidad de nuestros países.

Para la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS) la corrupción se ha convertido en la peor amenaza al régimen democrático y al desarrollo integral de nuestros pueblos, por los daños que genera en el plano de las inversiones y el desarrollo económico como en la realización de los derechos fundamentales, el incremento de la desconfianza de la ciudadanía en el sistema político y el fomento de alternativas lesivas para el bienestar y el futuro de los pueblos.

FINJUS ha abordado sistemáticamente estos temas de cara a la sociedad dominicana, con el sentido de la responsabilidad que nos ha caracterizado en estos 27 años de vida institucional, tratando de combinar de forma creativa las tareas de incidencia hacia los poderes públicos con el trabajo de crear un centro para la producción de pensamiento socio-jurídico, concentrándonos en la reforma de las instituciones democráticas, en especial del sistema de justicia y el desarrollo de la libre empresa en el marco de la construcción del Estado Social y Democrático de Derecho.

Ante la gama de situaciones que dificultan nuestro tránsito al desarrollo social integral, FINJUS ha tratado de contribuir en la promoción de mecanismos legales que transparenten la gestión pública y faciliten el mejor uso de los recursos, el adecuado funcionamiento de las entidades estatales en el marco de los principios de probidad pública, transparencia y la obligación de rendición de cuentas, así como el reconocimiento del derecho de los ciudadanos de fiscalizar las medidas estatales y las políticas públicas. 

“La corrupción prospera donde la transparencia, la rendición de cuentas y la participación activa de los servidores públicos y de la ciudadanía son débiles, donde no hay responsables claros de la ejecución ordenada y eficiente de los procesos, donde la impunidad es alta y donde la toma de decisiones públicas se ha visto comprometida por conflictos de intereses y la interferencia política. Por el contrario, un fortalecimiento permanente de los sistemas de control interno y de administración de riesgos puede prevenir y desalentar la corrupción.” [1]

Para promover esta visión, en América Latina se han generado importantes iniciativas innovadoras, que hemos tratado de replicar en nuestro país, con las limitaciones propias de nuestras culturas jurídica y política, pero aprovechando las últimas reformas que se han adoptado tanto en el plano constitucional como legal, que propician la participación social en las tareas del control, el seguimiento y la rendición de cuentas por parte de las organizaciones estatales, lo que repercute en la calidad de la democracia y la gobernabilidad y fomenta  la colaboración con el Estado para las reformas del marco normativo, los programas sociales y la implementación de políticas públicas.

En los últimos años varias organizaciones de la sociedad civil se han comprometido con apoyar al Estado en el diseño y seguimiento de las políticas públicas, en temas puntuales como la mejora del acceso y la calidad de los servicios a los usuarios en las áreas de la educación y salud, entre otros. Estos programas se han focalizado en los niveles local, regional y nacional. Tal ha sido el caso  de la Iniciativa Dominicana por una Educación de Calidad (IDEC) y la Iniciativa Participativa Anticorrupción (IPAC), que han aglutinado múltiples sectores sociales y estatales en base al interés común de producir reformas significativas. De estas experiencias dedicaremos algunas líneas a esta última Iniciativa, en la que intervenimos.

El IPAC reunió a diferentes instancias del Poder Ejecutivo, el sector empresarial y ONGs, con el acompañamiento de las 8 principales agencias de la cooperación internacional en el país con la finalidad de reducir los niveles de corrupción, elevar la integridad institucional en la administración y mejorar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión y prestación de servicios públicos a la población.

La metodología de trabajo de la IPAC se basó en la organización de mesas temáticas y sectoriales, para el análisis, debate y proposición de acciones en temas sectoriales (Agua, Energía, Salud, Educación e Infraestructura) y transversales (Contrataciones y Adquisiciones, Servicio Civil, Gestión Financiera, Acceso a Información y Organismos de Control) del sector público y de importancia nacional.

Las mesas de trabajo se reunieron durante varias semanas y presentaron más de 50 propuestas concretas de implementación, muchas de las cuales fueron acogidas y convertidas en realidad, tanto en el plano normativo, organizaciones u operativo. La experiencia fue novedosa, retadora y movió el interés de múltiples sectores, quienes sintieron que estas iniciativas podían convertirse en un modelo de acción propositiva adecuada y generó entusiasmo moderado en la sociedad civil y algunos órganos públicos.

Dentro de los órganos del Ejecutivo que más impacto tuvo el IPAC destacamos a la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, que percibió en el IPAC una oportunidad de cambios. Desde el 2012 la Dirección ha estado implementando una gestión por resultados, basada en los compromisos asumidos por el Gobierno en la Mesa 1 que significó un proceso de reforma y modernización institucional para desarrollar sus capacidades como Órgano Rector del Sistema Nacional de Compras Públicas, que incluían:

Una Reforma de su estructura organizativa, el desarrollo de un centro de servicios para atender la demanda de información y control de las operaciones de las compras y contrataciones; la readecuación de la infraestructura; el desarrollo tecnológico y la creación del Portal Transaccional. Junto a lo anterior se implementó un nuevo modelo de Gestión del desempeño institucional y el Diseño e implementación de la Estrategia de comunicación interna y externa.

El impacto que estas medidas han tenido en la Dirección y Compras y Contrataciones ha sido más que evidente. Miles de nuevos proveedores del Estado fueron registrados, existen mejores transacciones y hay un incremento de la transparencia en general y mayor participación en estos procesos de sectores anteriormente excluidos, como las Mipymes y las mujeres.

Sin embargo, pese a los grandes esfuerzos y alto compromiso de sus responsables, esta Dirección no ha podido jugar su rol de Órgano Rector del sistema de compras y contrataciones del Estado, porque en sentido general este sistema está condicionado y atado a las formas atrasadas de hacer política que predominan en la sociedad dominicana, especialmente del estímulo del clientelismo y el fomento de la corrupción desde los partidos políticos, que no cuentan con una normativa que les regule en base a principios democráticos modernos, como los que recoge la Constitución reformada del 2010.

La República Dominicana vive un periodo de alta intranquilidad y desasosiego, como el preludio de las tormentas. Hemos sufrido los embates del crimen organizado transnacional, la infiltración de sus influencias en las instituciones nacionales y la aparición en territorio nacional de una serie de tipos y acciones criminales inéditas en nuestro medio.

Como telón de fondo se encuentra la crisis de las instituciones democráticas, la incapacidad de autorregulación de los partidos y la ausencia de un sistema de consecuencias eficiente y oportuno, cuyo punto de partida debe ser una judicatura independiente y un ministerio público con suficiente autonomía e inamovilidad como para controlar al poder político sin miramientos, pero en el marco del debido proceso que garantiza la democracia.

El tiempo apremia para esta ponencia, pero queremos concluir con una idea central: La corrupción es un mal que debe ser enfrentado con voluntad política, buenas leyes y prácticas eficientes y activa vigilancia de la sociedad para superar los obstáculos institucionales que de ella se derivan. Solo en el marco de la democracia y con la colaboración y coordinación activa entre Estado y Sociedad, podremos diseñar e implementar propuestas reales para sustentar una nueva cultura de transparencia y rendición de cuentas.

En ese marco es que la reflexión socio-jurídica deja de ser un fin en sí mismo para convertirse en el camino de una praxis de cambio y renovación social.

Muchas gracias….

19 de octubre, 2017

[1] OEA. Guía para Implementar un Programa de Promoción de la Integridad y Prevención de la Corrupción. 2013.