Exposición del Dr. Servio Tulio Castaños, Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS)

Saludamos la iniciativa del Consejo para la Seguridad de Santiago (COSESA) de convocar este Congreso sobre SEGURIDAD CIUDADANA: “Hacia un Santiago Seguro, que hoy nos ocupa. Apreciamos, especialmente, el marcado interés que se tiene de sentar una base sólida a partir de la cual se proponga un plan nacional de seguridad que sea cónsono con la grave realidad delictiva que actualmente nos arropa, de tal manera que, con las ideas que hoy surjan o se desarrollen, se dote de eficacia la labor de investigar y perseguir la criminalidad.

Consideramos que si hoy día existe un fenómeno social que preocupe especialmente a los dominicanos y dominicanas, es sin dudas el tema de la seguridad ciudadana, pues se trata de un elemento de vital importancia para el desarrollo de cualquier nación. De hecho, podemos afirmar que nos encontramos en un estado de inseguridad ciudadana alarmante que amerita, de manera prioritaria, la superación inmediata de las condiciones que producen los altos índices de inseguridad, criminalidad y violencia que se registran.

Vale destacar que nuestra inquietud por este tema no responde a una moda ni mucho menos a alimentar la atención mediática, sino que de lo que se trata es de promover la creación o ejecución de estrategias y programas que confronten y reduzcan esta problemática de inseguridad que crece desmesuradamente erigiéndose como uno de los grandes factores de riesgo para el régimen democrático, el desarrollo institucional y el crecimiento económico del país.

En este marco entendemos conveniente considerar a fondo la importancia que reviste el tema de seguridad ciudadana en toda su amplitud para la consolidación de un Estado Social y Democrático de Derecho tal y como lo concibe nuestra Carta Magna.

Esto así pues la materialización, desarrollo y disfrute del catálogo de derechos fundamentales preceptuados constitucionalmente depende en gran medida de la efectividad de las políticas orientadas a la disminución razonable de este factor de riesgo.

Antes de ahondar sobre el enfoque de derecho de esta temática, es preciso recordar que la seguridad ciudadana comprende una acción estatal que se nutre o debe nutrirse de una colaboración activa de quienes sufren en directo las consecuencias producidas por el aumento de la delincuencia, o sea de la ciudadanía en general, siendo relevante también el apoyo expreso que provenga de otras organizaciones, incluyendo, las empresas del sector privado.

En ese sentido, estamos llamados a realizar una labor en conjunto aunando esfuerzos para realizar una planificación contentiva de estrategias puntuales y viables que permitan la consecución de un proceso efectivo de seguridad ciudadana que, en palabras de la Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), no es más que lograr establecer, fortalecer y proteger el orden civil democrático, eliminando las amenazas de violencia en la población y permitiendo una coexistencia segura y pacífica.  

La referida planificación debe partir desde la concepción de la seguridad ciudadana como base del Estado Social y Democrático de Derecho; presupuesto este que se erige como eje transversal de todo el ordenamiento jurídico y constitucional dominicano.

Desde esta perspectiva, la seguridad ciudadana debe considerarse desde un enfoque de derecho y garantías enmarcado en los preceptos fundamentales del derecho a la vida, a la libertad y la seguridad de cada persona y, por otro lado, en el deber del Estado de realizar su mayor esfuerzo en la salvaguarda de la integridad física de todos sus ciudadanos.

A partir de esta lógica jurídica propia del Estado Social y Democrático de Derecho que construimos podemos visibilizar como el fortalecimiento de la seguridad ciudadana se traduce en la creación de un clima propicio para el florecimiento de los negocios y la convivencia pacífica y las relaciones armónicas entre las personas y grupos [solo por mencionar algunos efectos directos]; todo lo cual justifica el surgimiento de espacios como este donde se hace manifiesta la preocupación y el interés de todos los sectores nacionales en que sean controlados los niveles de inseguridad que, en la actualidad, se perciben desbordados.

Queremos hacer énfasis de que esta percepción es coherente con las estadísticas que arrojan los estudios e informes recientes sobre el tema y, además, es consecuente con el constante bombardeo al que estamos expuestos a través de los medios de comunicación que a diario nos presentan las mil y una formas de actividades delictivas que se comenten. Todo esto plantea un escenario ante el cual el enfoque de derecho, referido anteriormente, palidece reduciéndose a un simple ideal o a una utopía.

¿Dónde está el eslabón perdido o dónde se encuentra desencajado el sistema?

Estas podrían ser de las cuestionantes a ser ponderadas en la realización de una planificación de seguridad ciudadana.

A modo de respuesta, podríamos apuntar que si la inseguridad se ha adueñado de las calles y se percibe como una amenaza en los hogares dominicanos es porque está íntimamente ligada con las debilidades institucionales que arrastramos, así como también de la falta de expresión de voluntad política para hacer los cambios necesarios y enfrentar las raíces del problema.

Por otro lado destacamos y ponemos sobre la mesa de debate la incidencia que tiene en la consecución de políticas efectivas en este tema, la falta de confianza de la población en las instituciones y actores que están llamados a velar por la Seguridad Ciudadana del país. Sin lugar a dudas, esto va en detrimento del papel que deben desempeñar estas instituciones en la reducción real de la criminalidad.

Tal y como lo precisa el PNUD, la seguridad ciudadana es un “bien público” y como tal, corresponde al Estado Dominicano la obligación de garantizarla a todas las personas, físicas o jurídicas, que se encuentren en su territorio. Sin embargo, la capacidad de los Estados en América Latina, incluyendo la República Dominicana, no ha estado a la altura del desafío de la inseguridad: la corrupción y la impunidad, así como la falta de proporcionalidad en las sanciones, han mermado su efectividad y legitimidad^{. [1]}

Desde la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) hemos planteado que no existen soluciones mágicas para el combate contra la delincuencia y que es deber de toda la sociedad dar un seguimiento estricto al tema de la seguridad ciudadana, así como de los planes y programas que se elaboran para mejorarla y que el éxito en esta lucha solo vendrá de la mano con la colaboración y coordinación de los actores que han decidido trabajar en este sentido.

Entendemos que por la complejidad de este tema debe ser  abordado con una perspectiva integral, multidimensional, interdisciplinaria e interinstitucional, resultando improductivo enfrentarlo desde políticas públicas aisladas, las cuales potencian los efectos corrosivos del populismo, al obviar otros elementos que también generan inseguridad y surgen o se hacen visibles en el diálogo conjunto.

Afirmamos que es impostergable la elaboración de un plan nacional de seguridad ciudadana efectivo, que aborde las estrategias a seguir para la elaboración de un conjunto de políticas integrales entre las que se podrían mencionar: medidas preventivas, reformas legales, fortalecimiento institucional, adecuada inversión pública en programas sociales, replanteamiento de las relaciones Estado-comunidades y el compromiso firme de una voluntad política amplia y sostenida.

Por otro lado, queremos hacer hincapié en la importancia que tiene que este conjunto de acciones descanse en sistemas de estadísticas e informaciones actualizadas, así como en la definición de estrategias de intervención social con carácter moderno a los fines de que estas resulten eficaces.

Esta nueva forma de enfocar la inseguridad apuesta a la realización de acciones a escala local, que permitan a los municipios y regiones articular estrategias que complementen los programas nacionales dirigidos por los órganos e instituciones centrales del Estado.

Los expertos en materia de seguridad ciudadana, ya sean juristas, sociólogos, criminólogos u otros cientistas sociales especialistas en la materia, han estado siempre de acuerdo en que el crecimiento de las condiciones de inseguridad de cualquier país, se traduce en una vulneración inmediata a la seguridad jurídica. Esta es una de las tantas razones por las cuales creemos que uno de los ejes fundamentales de las políticas públicas debe ser el de fortalecer el clima de seguridad y revertir las tendencias negativas que se registran.

De igual manera, es importante resaltar la relevancia de seguir apoyando las reformas institucionales encaminadas a fortalecer estamentos como la Policía Nacional, que es una pieza clave para la superación de muchos de los desafíos en materia de Seguridad Ciudadana. Queda claro que sin una Policía Nacional profesional, cercana a las comunidades y a los sectores a los que sirve, con buenos y adecuados recursos para realizar sus labores, muy poca esperanza podemos tener un futuro seguro para este país.

Tenemos que potenciar la labor positiva, el espíritu de sacrificio y las buenas intenciones que tienen muchos policías honrados y trabajadores, mientras se continúa con los planes de profesionalización, evaluación profunda de sus filas, se mejoran sus programas de capacitación y se atienden las graves limitaciones y carencias en que se desarrollan sus labores. Hemos apoyado sistemáticamente la elaboración, adopción e implementación del plan estratégico 2016-2020 que está en marcha en la actualidad, y consideramos que la nueva Dirección General de la Policía Nacional está en las mejores condiciones en la historia de hacer realidad el sueño de convertir al órgano policial, tras 80 años de existencia, en un moderno mecanismo con alta eficiencia y renovada confianza de la ciudadanía en sus acciones. Debemos ayudar a la Policía Nacional para que sean los verdaderos protagonistas de la seguridad ciudadana que ellos mismos siempre han querido ser.

Es importante asimismo que en este contexto llamemos la atención de la opinión pública y de las autoridades de los poderes públicos sobre la necesidad de adoptar una moderna Ley Orgánica del Ministerio de Interior y Policía, que juegue el rol constitucional de ser el ejecutor y garante de la voluntad popular y el poder civil expresado democráticamente en el Poder Ejecutivo, como órgano responsable de coordinar las políticas y programas de seguridad ciudadana en todo el país, con todas las implicaciones que de ello se derivan.

Aprovecho también este contexto para llamar la atención en la ponderación y consideración, por parte de los sectores que intervienen  en la materia, del proyecto de ley de seguridad privada el cual, actualmente, se conoce en nuestras instancias legislativas; esto a los fines de potenciar los efectos que esta pieza legislativa pueda surtir en este amplio espectro de políticas a favor de la Seguridad Ciudadana. Es preocupante que este sector estratégico en la salvaguarda de la vida y los bienes de los ciudadanos y empresas que contratan este servicio sea revestido con las regulaciones modernas que sean necesarias, para que la prevención y protección que ofrecen tenga el máximo de profesionalidad, calidad e idoneidad en su ejercicio.

En suma, entendemos que el desarrollo social y económico es un elemento clave para garantizar un clima en el que la población se sienta segura y donde la falta de oportunidades no vulnere el derecho de la ciudadanía a una vida plena. Apostamos a la creación de espacios de confianza entre los agentes y órganos estatales que definen y aprueban políticas públicas y quienes están encargados de preservar el orden.

Las iniciativas que surjan y las que ya existan deben articularse y, posteriormente, ejecutarse en los diferentes niveles: local, regional y nacional. Asimismo deben estar presentes en los planes sectoriales específicos, detectando las oportunidades de cambio vinculadas con los servicios sociales y las políticas de inclusión que actualmente se desarrollan en distintos estamentos y/o entes como son el Ministerio Público, la Policía Nacional, los actores de justicia, entre otros.

Espacios como estos pueden dar respuestas y trazar estrategias que resulten eficaces en la búsqueda de un estado óptimo de Seguridad Ciudadana. Cada país posee sus particularidades sociales, económicas, culturales y políticas y es por ello que corresponde a los estamentos estatales, con el apoyo y participación de las organizaciones ciudadanas de todo tipo, la misión de diseñar un plan de seguridad ciudadana adecuado a las necesidades propias de cada nación y ajustados a los recursos disponibles o posibles para que esta planificación devenga en una ejecución viable.

Nos reiteramos a las órdenes de este Consejo para la Seguridad de Santiago (COSESA), para apoyarles en todo lo que nos sea posible, en su loable empeño de afianzar la seguridad ciudadana en esta región, desde una perspectiva inclusiva, multidimensional, participativa y sobre todo, creando alianzas estratégicas y tendiendo puentes de trabajo y colaboración con las autoridades públicas concernidas. Cuenten con FINJUS en esta tarea que es de todos.

Pasen muy buenos días.

Dr. Servio Tulio Castaños G.

Vicepresidente Ejecutivo FINJUS