Conferencia anticorrupción en América Latina y el Caribe

 Buenas prácticas en la investigación y enjuiciamiento de casos de corrupción

 Prácticas que mejoran la cadena de custodia de la prueba. La cadena de custodia conlleva proteger y analizar minuciosamente todos aquellos indicios relacionados con el delito. Desde el momento de su localización, es decir, desde que se entra en contacto con ellos, inicia automáticamente un procedimiento controlado de valoración y análisis con el fin de evitar que su contenido se contamine o se vicie.

 Dada la importancia que representa evitar que dicho material probatorio se destruya, en cada fase que se lleve a cabo debe velarse porque el mismo no se altere. Podemos señalar diversas ideas que nos permiten mejorar estas prácticas durante todas las fases que comprende, dígase: ubicación, recolección, embalaje y traslado, su conservación debe mantenerse hasta tanto sea presentado ante el tribunal correspondiente y/o haya sido objeto de estudio por el dictamen pericial o de experticia correspondiente.

 Es altamente importante que entendamos la extrema cautela que significa este proceso. Estamos frente a la custodia de las evidencias que son las piezas probatorias personalis de cada caso a tratarse. Desde el momento en que se realiza la extracción o recolección de datos, se transporta la información y se preserva con el motivo de que pueda llevar a cabo su cometido, actúa aquí una función de protectio, una acción de defender y refugiar el material a toda costa.

 Tomando en cuenta que la cadena de custodia inicia desde el momento en que se hace formal decomiso de evidencia en cualquier lugar que se descubran o encuentren componentes probatorios, hay varios puntos que debemos tomar en cuenta para hacer de este procese una práctica más satisfactoria y fructífera, a saber:

 Dotar de la vigilancia adecuada y acceso pertinente y restringido a cada escena. Usualmente se tiene la costumbre de que el protocolo que se aplica para preservar los elementos de los posibles hechos delictivos es vulnerado por residentes de la misma zona. Acá la integridad de la prueba es lo primordial, tan solo una hebra de cabello de una persona que no debía estar en la escena y que por estar indagando lo que pasó, estaba, podría revertir y cambiar drásticamente el curso de la investigación.

 En este tenor, hay varias teorías de recolección de material probatorio que nos enseñan la importancia de la legalidad procesal en todas las fases de la investigación, siendo la Teoría del Árbol Envenenado una de las más estudiadas. Así las cosas, en todo momento las pruebas deben recolectarse contando con las motivaciones legales pertinentes y en compañía de los fiscales, peritos, cuerpos policías o de salubridad (según el caso) y demás actores que la ley indica, prestando atención a la naturaleza de cada procedimiento.

 Una fase importante que es menester que se señale es el embalaje. En muchas ocasiones por un mal etiquetado se desecha material relevante de la investigación. Por esta razón, el rotulado, el sellado y el etiquetado debe colocarse con mucha precaución y cautela, permitiendo así que su identificación a simple vista no resulte compleja.

 Por último, sobre este aspecto, los videos e imágenes también son relevantes en la cadena. El porqué de su indicación en esta disertación recae en que, en una era digital como la que nos encontramos, su tratamiento debe ser acorde a la sofisticación que sus componentes y características presentan. Por el mismo aspecto de la digitalización se abre la brecha de que sea de fácil manipulación, por lo cual el personal que se encargue de su tratamiento debe ser de extremo cuidado cumpliendo al máximo con todas las garantías que se exigen para su formal presentación ante un juez competente.

 Prácticas exitosas para la protección de testigos y colaboradores con la investigación. Los testigos y colaboradores de la investigación son una fuente probatoria de gran valor. Tal es su importancia que hasta se clasifican atendiendo al testimonio que puede ofrecer; así sea de oídas o escucha, de vista, de presencia, entre otros. Con mayor frecuencia las organizaciones criminales se tornan más fuertes y diversas, motivo por el cual deben gestionarse fuentes que contrarresten cada una de sus modalidades.

 Particularmente, por la delicada posición en la que se encuentra la figura de un testigo, sus prácticas de intimidación suelen estar dirigidas a esta figura con el motivo de desviar la posible carga probatoria que pueda aportar en el proceso. Como entes de justicia, los testigos necesitan tener la suficiente confianza y protección de que su integridad esté asegurada antes, durante y después del proceso. No es una tarea de un único tiempo, su constancia debe preservarse porque incluso luego de finalizado el enjuiciamiento pueden presentarse represalias contra él.

 Las soluciones en esta materia no son fáciles, pero tampoco imposibles. Los protocolos de protección a testigos deben tomar en cuenta, a mi consideración, tres elementos esenciales para propiciar una salvaguarda eficaz de estos, a saber:

 Integridad física y mental.

1. Derechos humanos
2. Colaboración

 Todo testigo debe sentirse en la suficiente libertad de cooperar procesalmente sin sufrir intimidaciones, amenazas o represalias. Su integridad física y mental puede ser vulnerada, por lo que deben tomarse acciones claves para preservarlas. Por ejemplo, vemos que se aplican medidas como el cambio de identidad y cambio de residencia, pero de qué vale que dichos cambios se apliquen cuando durante el proceso se dejan brechas o rastros que permiten fácilmente dar con el nuevo paradero del protegido. Por esta razón, debemos repensar un sistema de códigos que proporcione una seguridad compleja de descifrar.

 Otro escenario que hay que destacar es que en varias circunstancias a las víctimas no le es proporcionada la escolta policial diligente para su protección, ni le es contralada la exposición que puede tener, sobre todo en espacios públicos. Esta falla sistemática facilita que cualquier amenaza se preste a hacerle daño. Una vez una persona es catalogada como tal, sobre todo tomando en cuenta el nivel de aportación que su testimonio represente, debe contar con los aspectos suficientes para garantizar su seguridad.

 Así por igual, y con este señalamiento concluyo este apartado, los derechos humanos que posee cada testigo, sobre todo una vez situados en esta fase procesal, deben ser observados con especial trato. Estos derechos se expanden tanto vertical como horizontalmente, incluyendo sus parientes, derecho a negación, no autoincriminación, secreto profesional, entre otros. No debemos permitir que bajo el entendido de que puede colaborar con el proceso se vulneren sus garantías y libertades. Si bien por el mero hecho de ser un testigo tiene deberes, no es menos cierto que es objeto de derechos que en toda fase del proceso deben ser ponderados.

 Prácticas para agilizar la investigación de casos. La agilización investigativa de casos es un reto que persiste. Este es un tema que desde siempre se ha presentado como una dificultad a enfrentar no solo en la justicia dominicana, sino también a categoría internacional. A nivel procesal, para llevar un buen curso de la investigación se toman en cuenta elementos como la construcción circunstancial, toma de datos y protocolos especiales a seguir dependiendo la casuística perseguida. Sin embargo, donde reside el mayor reto está en llevar un ritmo cónsono a los preceptos legales establecidos, destacando de ello los plazos procesales que guían la investigación.

 A este respecto, dos cuestiones que por igual son fuentes de dilaciones investigativas primordiales, son los procesos burocráticos en el curso del caso y la sobrecarga de trabajo de los órganos de respuesta, tanto los encargados de la justicia como de aquellos persecutores de la criminalidad. En este tenor, deben evaluarse prácticas que introduzcan criterios de flexibilidad y de racionalización procesal para lograr una mejor diligencia, control y seguimiento de los procesos. Hay que eliminar líneas que sólo demoran las investigaciones y no proveen algún valor a la investigación. Aquí la tarea es aportar para que los procesos sean más expeditos, pero sin dejar de lado su legalidad, tal cual lo establece nuestra Constitución y demás leyes.

 Prácticas para la protección física y jurídica reforzada a personas que imparten justicia en casos de corrupción. Con este apartado se manifiesta una situación muy similar y peculiar con relación a la protección de los testigos. En supuestos de corrupción, quienes se encargan de impartir justicia se enfrentan a uno de los mayores retos de la criminalidad organizada por la complejidad y gravedad tanto del tipo penal como de la conducta que se busca reprochar.

 Definitivamente, estas prácticas de protección se extrapolan tanto en lo ético de la profesión como en lo legal del proceso. A la vez que se busca proteger la integridad física de estos actores de la justicia, se debe evitar que estos mismos a lo interno incurran en prácticas que debiliten la administración de justicia, manteniendo su objetividad en todo momento.

 Es fundamental tomar en cuenta que para fortalecer las estrategias que protegen la integridad física de los actores de justicia hay que evaluar la autorregulación del sistema y su capacidad de respuesta a los conflictos de corrupción y, en base a esto, formular, implementar y evaluar políticas que mantengan al margen de la discrecionalidad y el sentido de responsabilidad de las actuaciones que realizan.

 Las medidas a implementar en esta materia podrían ser resumidas en los siguientes criterios:

 Evaluación particular de los casos llevados.

• Análisis sobre la exposición de los actores de justicia a medios que pudiesen representar vulnerabilidad a su integridad.
• Organizar estratégicamente la distribución de cuerpos que, con carácter profesional y permanente, se encarguen de la protección y garantía de la seguridad de estos en el ejercicio de sus funciones.
• Tomar en cuenta la relevancia probatoria que se obtiene por medio de los resultados de auditorías eficientes. Debe conformarse una planificación oportuna que permita aportar evidencias con las cuales los órganos encargados de la persecución criminal ofrezcan una valoración real y apegada a los mandatos legales frente a aquellos encargados de impartir la justicia.

 Finalmente, quienes realizan la función de justicia, si bien no se encuentran por arriba de las demás personas que forman parte del proceso, son determinantes para la resolución de los conflictos, ejercicio que repercute en la realidad material del ordenamiento jurídico. Desde luego no se trata de suponer que por el mero hecho de ser un caso de corrupción ello supone una amenaza directa. Se trata de que, más allá de estos postulados, hay que evaluar cómo se multiplica la violencia en los colectivos y qué protocolo debe tomarse para la protección de los juzgadores y demás entes que llevan la justicia. Este tema configura una casuística que debe ser analizada y estudiada con mucho detenimiento, pues es un problema que persiste tanto de forma directa como indirecta.

Dr. Servio Tulio Castaños

Vicepresidente Ejecutivo FINJUS

FINJUS señala el dialogo entre ambos países como solución para la situación fronteriza

La construcción de un canal en el Río Masacre, con el objetivo de dirigir fuentes de agua hacia Haití, provocó que, entre otras medidas, la República Dominicana cerrara su frontera con el vecino país. Dicha situación ha creado tensión en las relaciones diplomáticas de ambos Estados, disponiendo que los cierres fronterizos se mantendrán hasta tanto se suspenda la construcción del canal y se llegue a un acuerdo amigable entre ambas naciones.

El tema de las aguas transfronterizas del río es regido por lo señalado en el Tratado de Paz, Amistad y Arbitraje de 1929 firmado por ambos países. En el artículo 10, con motivo a los ríos que nacen en el territorio de un Estado y corren por el territorio del otro o sirven de límites, el mismo establece que ambas partes se comprometen a no hacer ni consentir de manera unilateral ninguna obra susceptible de mudar la corriente de aquellas o de alterar el producto de las fuentes de estas.

En este sentido, la República Dominicana se mantiene abierta a buscar una solución equitativa e igualitaria para ambos territorios. Sin embargo, producto del desorden del gobierno central haitiano en relación con las bandas y grupos armados que pretenden hacer resistencia, ha sido imposible dar con medidas que permitan establecer un control armonioso para remediar esta confrontación.

La administración de estas fuentes acuíferas es de vital importancia, sobre todo para mantener el riego de las tierras y demás fines agrícolas e industriales. Por esta razón, siempre apegados al marco de la legalidad y la razonabilidad, debe suministrarse un uso de sustancial proporcionalidad para que los trabajos que deriven de estas fuentes no vulneren los derechos de los ciudadanos que residen en ambas naciones, ni que viole los límites y acuerdos fronterizos suscritos por ambos territorios.

A tal efecto, es imprescindible que se realice un estudio medioambiental sobre el impacto que la construcción de dicho canal podría ocasionar. Además de ser un deber y derecho constitucionalmente protegido, dentro de las agendas de desarrollo y sostenibilidad de cada Estado se encuentra presente promover un ambiente sano y seguro, analizando con especial cautela las consecuencias que dieren lugar la realización de cualquier trabajo que involucre la salvaguarda de los entornos naturales.

Es crucial que se ejecute un plan de gestión ambiental que reconozca y pondere las repercusiones que dicho proyecto tendría en la salud y la calidad de vida de los posibles afectados inmediatos que residen en la proximidad de la zona, en conjunto con los efectos terrestres, vegetales y animales que pudiesen suceder.

La FINJUS considera que el dialogo es la salida para que esta situación pueda llegar a un arreglo. Tanto Haití como la República Dominicana deben priorizar en sus agendas la conformación de mesas de dialogo para contrarrestar la tensión ocasionada y establecer medidas que permitan continuar las relaciones y el desarrollo equilibrado de ambos Estados. Es menester que en todo momento sea la legalidad de las actuaciones la que esté presente, dejando así de lado demás intereses no jurídicos e irrazonables que se puedan manifestar.   

Dr. Servio Tulio Castaños G.

Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS,

21 de septiembre del 2023.

El Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS, Dr. Servio Tulio Castaños, realizó una visita al Lic. Ricardo De los Santos, Presidente del Senado de la República, para entregarle un documento con sugerencias sobre la Agenda Legislativa Priorizada en esta nueva legislatura. La visita se realizó hoy martes 12 de septiembre de 2023.

El Lic. De Los Santos agradeció la entrega del documento y ponderó la importancia de su contenido, que establece los proyectos de leyes que tienen un gran impacto para fortalecer las reformas institucionales que requiere el país y consolidar el rol del Poder Legislativo en el marco de nuestro sistema democrático.

Acceda al documento en www.finjus.org.do

https://lainformacion.com.do/opinion/editoriales/reforma-policial-en-proceso

Seguridad Ciudadana: Policía Nacional .

4 Septiembre 2023

Ver video de presentacion 

El Doctor Namphi Rodríguez, entregó a  Servio Tulio Castaños, Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS, su obra “Diccionario de Jurisprudencia Constitucional”, prologada por el Mag. Milton Ray Guevara, Presidente del Tribunal Constitucional.  A su vez le invitó a participar en el acto de puesta en circulación de dicha obra del dia 12 de septiembre, a las 7:00 p.m. en APEC.

El Tribunal Superior Electoral (TSE) y la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), suscribieron un Acuerdo de Cooperación, a través del cual desarrollarán estudios e Informes técnicos sobre aspectos electorales; violencia política y acceso a la justicia electoral.

Ambas instituciones impulsarán acciones vinculadas a la gobernabilidad; transparencia y ética. Así quedó establecido en un convenio firmado por el presidente del Tribunal, Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo y el vicepresidente ejecutivo de Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán.

Mediante el Acuerdo, ambas entidades se comprometen al desarrollo de proyectos formativos y de sensibilización, entre ellos conferencias; jornadas para ciudadanos; grupos organizados y sociedad en general.
www.finjus.org.do @tselectoral_rd

A la luz de los aprestos electorales que se despliegan en todo el país, la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS) expresa su alta preocupación por los efectos negativos que arrastra el fenómeno del clientelismo político, especialmente para nuestro modelo de democracia y las relaciones políticas que en este sistema se establecen.

Nuestro sistema electoral está diseñado como un mecanismo que propicia el derecho a la libre asociación y participación política de la ciudadanía, para lo cual debe contar con herramientas eficientes que promuevan su fortalecimiento. El desarrollo social y político de una nación amerita de una participación social y políticamente estable. El sistema político, así como las políticas públicas imperantes, deben ser el resultado de una visión coherente y razonable dirigida a equilibrar las demandas urgentes del presente con las tareas y retos que plantea la democracia para su estabilidad a largo plazo.

El clientelismo político tiene múltiples definiciones y su conceptualización inadecuada puede dar lugar a encubrir una triste realidad que empobrece nuestra democracia. Existe suficiente acuerdo, sin embargo, para caracterizarla como una práctica por medio de la cual una persona que ostenta una posición de poder concede beneficios o privilegios a otra con el fin de obtener su favor o apoyo político en el marco de unas elecciones.

Este fenómeno denota una compleja relación que se observa incluso en los regímenes más democráticos. Es una modalidad que favorece el predominio de la corrupción política, pues garantiza el intercambio de bienes y servicios de una parte, a cambio del apoyo político de otra. Se constituye en la forma predominante de la práctica política de determinados agrupamientos o líderes, para obtener respaldo electoral, para lo cual el clientelismo se disfraza para presentarse como un método alterno de sumisión.

El clientelismo se constituye de este modo en un fenómeno que desnaturaliza la esencia de la democracia. El uso de los recursos como una práctica informal, lacera la libertad de los votantes bajo el supuesto de que la elección popular ya no es más el producto de un análisis transparente y recíproco en búsqueda de una gobernabilidad eficiente, sino que es el fruto de favores, donde poco importa el bienestar social, el debate sano de ideas y la promoción de un pluralismo político autónomo y diverso.

Cuando el clientelismo se convierte en la forma preferida del sistema político para relacionarse con la sociedad, su nocividad va en aumento. Al no estar regulada legalmente, crea un ambiente hostil que impide que la ciudadanía privilegie con su voto a los líderes políticos por sus méritos o aptitudes, pues estos elementos se convierten en irrelevantes, dado que su fortaleza se deriva de las dádivas prometidas. Recordemos que es fundamental que el ejercicio democrático sea sano, justo y equitativo, que impida la consolidación de la falsa creencia de que el poder debe recaer en quien más tiene para ofrecer.

Ciertamente, en todo proceso electoral se hace necesario el apoyo económico, social y político de la ciudadanía, pero ese apoyo debe obtenerse por medio del establecimiento de relaciones formales como consecuencia de un amplio ejercicio pluralista. No obstante, la democracia queda lesionada desde el momento en que las vinculaciones son establecidas en base a ofertas, como si el voto fuese una subasta donde se lo gana el mejor postor y quien más beneficios personales ofrezca.

La idea central del modelo democrático es la idea de que, en toda contienda, los derechos de quienes intervienen, sin importar su condición, se encuentran en igualdad de condiciones, así sea antes o después de realizarse el proceso electoral. Sin embargo, con prácticas como el clientelismo se generan preferencias que a la larga ocasionan que un grupo de individuos sea atendido en base a sus propios intereses, mientras que otro resulta desfavorecido dando origen a un problema colectivo que perjudica el ejercicio político. Con este sistema se constituye una plataforma cada vez menos abierta a ofrecer oportunidades para el desarrollo personal y social.

La FINJUS llama a las autoridades estatales, a los partidos y agrupaciones políticas y a la sociedad dominicana a reflexionar profundamente sobre los efectos nocivos que representa el clientelismo político para el fortalecimiento de nuestro sistema democrático y la necesidad de que, en base a los marcos legales vigentes, se frene su expansión en este proceso electoral.

Debemos promover un marco plural y representativo con reglas claras y justas, que declare socialmente inaceptable este tipo de prácticas. No debemos poner en riesgo la transparencia, la legitimidad y el debate amplio de las ideas, en un ambiente de pluralismo político. No se trata de vulnerar el derecho a la libre elección, asociación y participación política, sino de desincentivar las actuaciones antidemocráticas que atenten contra el bienestar e igualdad de los ciudadanos y nuestras instituciones.

Dr. Servio Tulio Castaños G.

9 de agosto del 2023

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FINJUS advierte transfuguismo político debilita el sistema de partidos de la República Dominicana Para la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS) son motivo de preocupación los efectos que podrían derivarse del transfuguismo político en nuestro sistema electoral, analizados desde la perspectiva de la necesidad de fortalecer los mecanismos que propician los derechos a elegir y ser elegidos consagrados en la Constitución y las leyes, lo mismo que para elevar la calidad de la representación política que se encarna en el Poder Legislativo y el sistema municipal.

Cada persona tiene derecho a ejercer una participación política estable y activa. Esta es una condición sine qua non del desarrollo social y político de una nación. En el marco de una sociedad democrática, esa participación debe ser coherente con la visión del sistema político imperante y el contenido y alcance de los actos de los órganos estatales, los partidos políticos y las normas que los regulan.

La sociedad dominicana ha expresado de manera clara en las últimas décadas que aspira a vivir en el marco de un sistema democrático plural, representativo, transparente y basado en reglas claras y justas. Por ello no es de extrañar que los partidos políticos, concentren tanto interés y atención de la sociedad y los medios de comunicación, porque son ellos las plataformas donde los individuos se agrupan en base a sus preferencias e ideas. Como acertadamente planteó Hans Kelsen, una democracia realista es aquella donde la presencia de partidos políticos es imprescindible.

Nuestra Constitución reconoce la participación política como un derecho fundamental, mismo que el Estado debe garantizar y promover de manera equilibrada, razonable e igualitaria. El pluralismo político resulta aquí de gran relevancia, pues es el principio y valor fundamental de la democracia, y conlleva la existencia de una gran diversidad ideológica que debe ser respetada dentro de límites razonables y proporcionales establecidos por las leyes. Resulta imprescindible que sea también reconocido el derecho de cada ciudadano de modificar sus posiciones e incluso tener la posibilidad de cambiar sus preferencias partidarias.

No obstante, se cierne sobre la democracia dominicana el peligro del transfuguismo político, entendido como el acto mediante el cual un miembro de una agrupación política se desliga de ella y emigra a otra. Desde un enfoque meramente individual, parecería ser un derecho fundamental garantizado constitucionalmente, cónsono con la expresión de la libérrima voluntad de asociación y pertenencia política sin más limitaciones que las impuestas por las leyes. Sin embargo, creemos que el transfuguismo desenfrenado podría convertirse en un pesado lastre para la democracia dominicana porque pone en cuestionamiento y desvirtúa valores y principios cardinales que son inherentes a la formación de los partidos y a los cuales deben ajustarse en su pretensión de ser representantes de la voluntad de sus afiliados. Cuando un representante político decide de manera abrupta y casi siempre intempestiva abandonar las filas de su militancia, deja a un lado los deberes de fidelidad, tolerancia y continuidad que lo unen con sus seguidores.

 En otras palabras, los representantes elegidos de cada afiliación política encarnan los intereses de sus electores y por ende su voluntad. Por ello, sin distinción de la noción que se utilice, el transfuguismo refleja una idea sesgada de vida democrática, porque no demuestran consistencia con lo que promueven. Como consecuencia directa de este planteamiento se eleva el desinterés y la desconfianza de los ciudadanos, pues distorsiona el sentido de la participación de los ciudadanos en las elecciones, desde el momento en que su representante abandona las ideas que fueron la base de su triunfo. Existe una franca diferenciación entre la libertad política de una persona para afiliarse a un determinado partido y por el otro lado su libertad de abandonar las filas de la agrupación que lo elevó a una determinada posición.

 Aunque popularmente este hecho se asocia a la traición, más bien lo vemos como una manifestación de la disidencia política, con el inconveniente de que origina un desbalance a nivel democrático y constitucional. Este tema origina uno de los debates más acalorados en materia política y electoral.

 La defensa de los intereses de los ciudadanos que representan deberían ser la base para afianzar la confianza y la legitimidad popular. El transfuguismo atenta contra el pluralismo político. Si aceptamos que la diversidad ideológica y política es uno de los fundamentos de una sociedad democrática, ¿dónde quedan sus valores cuando algunos representantes que estaban en una bancada de forma abrupta pasan a ser parte de las filas contrarias? La idea del debate democrático, de la conquista de las simpatías y del predominio de las mejores posiciones se derrumba con cada tránsfuga.

Desde FINJUS llamamos a la sociedad a mantener su atención a este fenómeno que daña la democracia y a elevar la voz para que los órganos competentes adopten las regulaciones que sean adecuadas para que la conducta ética y política de los partidos políticos y sus integrantes sea coherente con los valores democráticos que la sociedad dominicana ha pregonado en las últimas décadas.

La solución no reside en vulnerar el derecho a la participación política, sino que, dentro de marcos razonables y proporcionales, se establezcan los límites lógicos que desestimulen el transfuguismo, a fin de salvaguardar los principios constitucionales y democráticos vitales que hoy están en riesgo, como el pluralismo político, la tolerancia, la transparencia y la certeza.

Dr. Servio Tulio Castaños G. 31 de julio del 2023

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