Señor Presidente de la República, Lic. Luis Abinader Corona
Distinguidos Representantes de Organismos Internacionales
Distinguidos Expertos Internacionales invitados
Señoras y Señores:
El Grupo de Trabajo se siente complacido de dar la bienvenida a todos los presentes a este memorable evento, especialmente a los distinguidos expertos internacionales que han aceptado nuestra invitación de compartir sus experiencias y sabias lecciones en la profesionalización y transformación de la Policía en sus respectivos países.
Los miembros de este Grupo de Trabajo, fuimos convocados por el Presidente de la República a principios de abril, para unir nuestras voluntades para apuntalar una de las instituciones claves en el mantenimiento de la seguridad ciudadana y la persecución del crimen y el delito, que es la Policía Nacional.
Seguramente que todos percibimos que la sociedad dominicana sufre por la estela de dolor, frustración, miedo e impotencia ante luctuosos acontecimientos que se suceden y por la sensación de falta de control que se respira en todos los sectores sociales, sin distinciones ni exclusiones.
Es este contexto que motiva el decreto 211-21, que nos crea y encomienda la misión de contribuir en los procesos de cambio en la institución policial, y aportar en la redefinición del perfil del nuevo agente policial; recomendar acciones legales para el fortalecimiento de la Policía; promover la aprobación de los reglamentos pendientes; proponer cambios en los sistemas de remuneración, retiro y aspectos relacionados; así como formular recomendaciones al régimen de sanciones interno y dar seguimiento a los procesos sancionadores a agentes policiales que se encontraren inconclusos.
En pocas palabras, Señor Presidente, Ud. nos comisionó para aportar sugerencias y propuestas realistas y bien fundamentadas que faciliten los cambios que la institución policial requiere con carácter de urgencia, para hacer eficiente su labor cotidiana, reconstruir sus relaciones con la sociedad y ganar la confianza social, especialmente en estos momentos de tribulaciones.
El Grupo de Trabajo se siente confiado que la tarea encomendada tiene altas probabilidades de ser coronada por el éxito, atendiendo al interés que ha despertado en amplios sectores sociales, pero principalmente convencidos en la sinceridad y la voluntad política que está transmitiendo el Presidente de la República para producir cambios positivos, constructivos, realistas y sostenibles en el cuerpo policial que contribuyan a consolidar su labor y mejorar la seguridad y la confianza ciudadanas. Ud. lo ha expresado de manera clara y diáfana en las últimas semanas: El proceso de la reforma policial es imparable, va con buen ritmo y se toman todas las medidas adecuadas para este propósito.
El Grupo de Trabajo ha recurrido, en estos seis meses de trabajo, a las instituciones del Estado relacionadas con la seguridad ciudadana y la transparencia, para que en el marco de las atribuciones que estipulan la constitución y las leyes nos asistan, de forma que nuestras recomendaciones se ajusten a la legalidad.
En este camino no ha habido espacio para el desánimo. Desde el primer momento nos conformamos como una Fuerza de Tarea, definiendo la estructura, objetivos operativos y cronograma de acción. Desde el primer día establecimos una relación fluida y consistente con el Ministro de Interior y Policía y su equipo técnico, y la Dirección General de la Policía Nacional.
Procedimos a solicitar la información de los cambios estructurales, políticas y disposiciones en la Policia, para conocer el alcance y límites de las reformas realizadas desde la aprobación de la Ley Orgánica de la Policia Nacional y determinar las prioridades a profundizar en lo normativo, reglamentario, estructura operativa, políticas organizacionales y uso de la tecnología de la información.
Comprendiendo que esta reforma policial no puede ser solamente una tarea local, recabamos la colaboración de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODOC), quienes gentilmente aceptaron nuestra invitación de venir al país y realizar una evaluación diagnóstica de las necesidades y mejora de la función policial, completada a finales de mayo y que fue dada a conocer a la sociedad a inicios de julio pasado.
Asimismo solicitamos a la Cámara de Cuentas la realización de una auditoría externa de la Policía Nacional sobre la gestión y procedimientos de su control interno, la cual se encuentra en la fase de análisis de los datos y de la producción del Informe de Auditoría.
Asimismo solicitamos al Ministerio de Administración Pública una ponderación de los sistemas y políticas salariales vigentes en la Policía, para determinar las distorsiones que existen y aportar sugerencias para corregirlas apegados a la normativa vigente. El MAP ya está procesando la documentación pertinente facilitada por la Dirección General de la Policía.
Conocimos el estado de la elaboración de los reglamentos que ordena la Ley Orgánica de la Policía y hemos completado o elaborado aquellos que están pendientes. Hemos remitido al Consejo Superior Policial, 15 reglamentos depurados para que sean considerados, como ordena la Ley, como es el caso del reglamento general de la Policia Nacional, el que regula el uso de la fuerza por parte de los agentes policiales y el de la evaluación del desempeño en sus funciones.
Sobre el tema del régimen sancionador y la revisión de los casos pendientes de los agentes policiales sometidos por faltas graves, propusimos la creación de los Comités Independientes que contempla la Ley Policial, para hacer esta tarea.
Es importante que la sociedad dominicana conozca que los tres subgrupos que conforman el Grupo de Trabajo ha dedicado muchas horas a la observación, análisis y ponderación de las necesidades en las áreas de reforma legal, capital humano y estructura, desarrollo organizacional, capacitación y soporte tecnológico.
Tenemos la convicción de que estaremos en condiciones de entregar muy pronto nuestras recomendaciones al Presidente de la República y apreciamos que algunas de las ellas pueden ser de aplicación inmediata, como las relacionadas con los procesos de evaluación de los miembros de la Policia Nacional y la depuración de quienes no llenan el perfil que recomienda la Ley.
Es urgente también que el presupuesto general de la institución policial sea adecuado para implementar las transformaciones sugeridas, especialmente en los procesos y programas de reclutamiento, selección y formación que son imprescindibles en la profesionalización del cuerpo policial.
En lo inmediato, el Grupo de Trabajo se aboca a celebrar 4 talleres regionales con representantes de organizaciones sociales para recoger sus preocupaciones y sugerencias, pero principalmente para crear la conciencia de que la reforma policial solo es posible cuando la ciudadanía la apoya y contribuye a su implementación.
La experiencia nos ha enseñado que todos los intentos de reforma policial en el pasado se caracterizaron porque la sociedad estuvo ausente en esos procesos; que no fue consultada y mucho menos hubo espacios para desarrollar nuevas prácticas en coordinación con el tejido social. Mientras persista la lejanía y la separación entre la policía y la sociedad y viceversa, no habrá una mejora de la seguridad y la confianza. Y sobre todo, la sociedad debe mantener constante su demanda de cambios en la fuerza policial y en todos los estamentos vinculados con la seguridad ciudadana.
El Presidente de la República ha expresado claramente que no hay vuelta atrás en esta reforma ni habrá parches. El país está en el momento justo de realizar estos cambios, con inteligencia, paciencia, madurez y sobre todo con energía.
Seguramente que al final de nuestra misión faltará uno que otro aspecto, si tomamos en cuenta que nuestras carencias en materia de seguridad son grandes y su tamaño es casi el mismo que el de nuestra historia. Pero seguramente, Señor Presidente y distinguidos invitados, que esto nunca será más grande que la decisión del pueblo dominicano de vivir en paz, de alcanzar el progreso económico y social y ser ejemplo y modelo para otros pueblos y naciones, en una época atormentada por las pasiones e intereses particulares y habitada por monstruos como la corrupción, el crimen organizado y la desigualdad social.
Que este Seminario Internacional sea fructífero y podamos concluir llenando las grandes expectativas de cambio que tiene la sociedad dominicana.
Muchas gracias
8 de octubre de 2021
Palabras de apertura del Dr. Servio Tulio Castaños,
ANJE, junto a FINJUS y con el auspicio de USAID, compartieron los resultados de la tercera edición del estudio sobre los efectos de la inseguridad en el clima de negocios e inversiones.
SANTO DOMINGO. - La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) presentó la tercera edición del estudio “Reflejo de la Inseguridad Ciudadana en el Clima de Negocios”, el cual se produjo con la colaboración de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) y el auspicio de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
Durante el encuentro de presentación de los resultados del estudio, el cual fue realizado en el Salón Empresarial de la Torre AIRD, la presidenta de la Asociación, Susana Martínez Nadal, explicó que “con esta nueva edición afianzamos nuestro compromiso con proporcionar datos actualizados sobre el estado de la seguridad en el país desde el punto de vista del empresariado, así como, la carga económica que representa la inversión en prevención y cómo esto afecta el clima de negocios”. Agregó que los aportes de ANJE, FINJUS y USAID, con este estudio, coinciden con la Ley 1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, cuyo objetivo 1.2.2 llama a “Construir un clima de seguridad ciudadana, basado en el combate a las múltiples causas que originan la delincuencia, el crimen organizado y la violencia en la convivencia social, incluyendo la violencia contra la mujer, niños, niñas y adolescentes, mediante la articulación eficiente de las políticas de prevención, persecución y sanción”.
De igual modo,
Rebecca Latorraca Directora Regional de USAID, reconoció la importancia del involucramiento del sector privado en el diseño de políticas de seguridad ciudadana. Destacó que “solo podemos hablar de progreso real en materia social y de seguridad cuando las empresas y los individuos trabajan de la mano con la juventud, la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales e instituciones del Estado dominicano para reducir las tasas de criminalidad y violencia, lo cual reduce la capacidad de que este hermoso país crezca más fuerte”.
Asimismo, Servio Tulio Castaños, vicepresidente ejecutivo de FINJUS agregó que: “Nuestra esperanza es esta nueva edición del Estudio-Diagnóstico del impacto de la Inseguridad Ciudadana en el clima de negocios empresarial que presenta ANJE contribuya a facilitar las estrategias que fomenten la coordinación de las instituciones públicas en este aspecto, en comunicación con la sociedad, produciendo una sinergia que favorecerá la acción conjunta de las organizaciones, de la mano con las empresas, los entes de servicio social y las entidades comunitarias”.
La metodología de levantamiento de información de esta tercera edición se realizó a través de i un cuestionario dirigido por Gallup República Dominicana, respecto del cual se recopiló información durante los meses de junio - agosto del 2021, y que fue dirigido a altos ejecutivos y dueños de 555 empresas, en todas las regiones del país, según la distribución del Directorio de Empresas y Establecimientos de la República Dominicana, los directorios de ANJE, CONEP, AIRD, ADOZONA y AMCHAMDR.
Entre los resultados más relevantes, el Estudio reveló que el 79 % de los encuestados consideraron que la inseguridad representa una amenaza para el crecimiento de sus empresas; mientras el 75 % declaró tener poca o ninguna confianza en la Policía Nacional. Adicionalmente, un 95 % considera importante que se reforme esta institución para hacer frente a la inseguridad que enfrenta el país. Además, sugieren que enfrentar la corrupción en los diferentes niveles policiales, mejorar los salarios a integrantes, y, sobre todo, hacer un proceso de reclutamiento más robusto y exhaustivo, son las principales medidas que debe implementar el organismo, según la opinión de los encuestados.
Por otro lado, los delincuentes comunes son considerados como la principal amenaza por siete de cada diez de los consultados, seguido de los delitos cibernéticos. Mientras, los hurtos o robos se mantienen como las principales preocupaciones de los consultados con un 78 %, seguido por estafas y delitos cibernéticos, con 38 % y 36 % respectivamente. De ahí que la principal medida tomada por el 85 % de los consultados por temor a la delincuencia, ha sido instalar alarmas de seguridad, cámaras, y cercas eléctricas; mientras que en segundo lugar lo ha sido planear rutas alternas (43 %), reducir el horario de operación de la empresa (43 %), y aumentar los servicios de seguridad privada (21 %).
De igual modo, “Robos” se destaca como el principal delito cometido por empleados de las empresas con un 86 %, seguido por “fraude” y “espionaje industrial” con un 37 % y 10 % respectivamente, mientras que el 40 % considera que el clima de negocios es “regular” y el 38 % lo califica como bueno o muy buenos. Además, a pesar de que el 51 % tiene esperanza en que habrá mejoras en cuanto a la situación económica, el 48 % en el clima de inversiones, el 41 % el desempleo, el 37 % en la estabilidad democrática; el 78 % considera que la inseguridad ciudadana seguirá igual o empeorará. Por último, nueve de cada diez empresas le atribuyen algo o mucha influencia a la inseguridad ciudadana en el clima de negocios.
En el marco de este encuentro se desarrolló el panel “La inseguridad ciudadana y su impacto en el clima de negocios”, liderado por Ángela Jáquez, viceministra de seguridad preventiva en gobiernos provinciales; Servio Tulio Castaños, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia; Carolina Ramírez, especialista en seguridad, y moderado por Sol Disla, directora ejecutiva de ANJE.
Cabe destacar que, a través de esta herramienta, los jóvenes empresarios logran medir la incidencia de las debilidades en materia de seguridad pública en el funcionamiento de los negocios. El Estudio ofrece una idea clara de las perspectivas de expansión, los riesgos de inversión, los costos que los empresarios soportan para implementar tecnología y sistemas de seguridad y las pérdidas acaecidas por causa del inventario o dinero en efectivo sustraído.
Click para bajar :
MENSAJE DE SERVIO TULIO CASTAÑOS GUZMÁN
Informe Seguridad Ciudadana 2021 _ Digital
ANJE - Carta de Agradecimiento Servio Tulio Castanos
Los datos aportados por Diario Libre acerca de la distracción de más de RD$ 2,650 millones de pesos por concepto de la exoneración de impuestos de 1,148 vehículos a algunos diputados y senadores en los últimos 11 años, refleja con dramatismo cómo la distorsiones y la falta de mecanismos racionales de control y fiscalización dificultan al Estado dominicano para el ejercicio de un rol efectivo para el desarrollo y la consolidación de la democracia.
En el marco de un país que ha confrontado gravísimos problemas económicos y sociales, resulta inconsecuente que un grupo mayoritario de legisladores hayan convertido una norma que en su origen estaba destinada a facilitar el trabajo legislativo, en un mecanismo reprobable que en definitiva ha beneficiado a sectores ajenos al Congreso que cuentan con capacidad para cumplir con sus obligaciones impositivas al adquirir un vehículo de lujo.
Aunque es cierto que la ley permite el traspaso de los certificados de exoneración por parte de los legisladores, el Estado debió corregir la distorsión de su venta a terceros, y que lamentablemente causa irritación en muchos sectores que la perciben como un privilegio, con el consecuente daño de la imagen del Congreso y el desánimo de la población.
Queda claro que el modelo creado y aprobado por los propios legisladores ha demostrado ser inequitativo, irracional e ineficiente desde el punto de vista de la sociedad y del Estado. Para algunos analistas e instituciones, el sistema de asignar dos exoneraciones en el periodo legislativo no es propio ni aceptable en una sociedad democrática.
Este nuevo episodio de críticas sobre el Poder Legislativo debe llamar a la reflexión a todos los legisladores, para iniciar el camino de la reforma profunda de algunos mecanismos institucionales y controles que garantizan las distorsiones señaladas y otras acciones que, como hemos manifestado recurrentemente, desnaturalizan la esencia de la función legislativa (casos Barrilito, Cofrecito y ayudas sociales). Estamos en el momento justo de promover esos cambios para beneficio del Congreso y del país.
Servio Tulio Castaños Guzmán
Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS
27 de septiembre de 2021
El Ministerio de Turismo puso en marcha este viernes el Observatorio de Buenas Prácticas con lo que busca transparentar y eficientizar la contratación de agencias y promoción del país en los diferentes mercados internacionales.
Al hacer el anuncio, el ministro de Turismo, David Collado, dijo que el Observatorio de Buenas Prácticas es un ente que viabiliza la transparencia de las acciones a ser realizadas en el concurso de la contratación de las agencias a ser utilizadas para impulsar el sector turístico en el exterior a través de iniciativas de mercado y promoción.
El funcionario dejó en claro
que la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones, establece que los procesos a ser realizados para compras, tanto nacionales, como internacionales, no incluyen algunos bienes y servicios a ser adquiridos en el exterior, para ser utilizados fuera del territorio nacional, tal es el caso de los contratos de publicidad.
Dijo que como un ejercicio de transparencia, el Observatorio, integrado por representantes de las universidades, las iglesias,
la sociedad civil y los empresarios, tendrá la responsabilidad de selecciónale mediante concursos las agencias que trabajarán en la promoción del turismo dominicano en los diferentes mercados emisores.
“República Dominicana cuenta con 75 millones de dólares al año para promocionar el país en el mercado internacional y por más de 16 años se estuvo trabajando con las mismas agencias de promoción internacional sin un proceso de licitación, por lo que, esos contratos fueron rescindidos y en lo adelante se manejará a través del Observatorio de Buenas Prácticas, donde participan empresarios, sociedad civil, iglesias y universidades”, expresó Collado.
Asimismo, vía la plataforma zoom, el secretario general de la Organización Mundial de Turismo, Zurab Pololikashvili, felicitó al ministro Collado y la por la iniciativa, ya que constituye un gran paso para la transparencia en la sección de aliados y proveedores de servicio del sector.
Dijo, además, que la creación del Observatorio de Buenas Practicas fortalece el liderazgo que tiene República Dominicana en el turismo a nivel mundial.
Agregó que el Observatorio de Buenas Prácticas, sirve para fomentar la confianza de la población en el uso de los recursos del Estado y da oportunidad de igualdad a los sectores públicos, privados y sociedad civil que participa en este proceso.
“ En ninguna parte del mundo había visto que el sector bancario apoyara tanto a la industria turística, lo cual es importante para el desarrollo sostenible de un pais” expresó Zurab Pololikashvili.
Jacqueline Mora, viceministra técnica del MITUR, explicó todo el proceso que se estará ejecutando en el observatorio y que estará compuesto por un comité ejecutivo, comité técnico, observadores universitarios, profesionales.
Expresó que el esquema del observatorio ya fue definido con lo que se refiere al requerimiento y/o solicitudes, así como, los términos de referencia preliminares, y que en la semana del 20-24 de septiembre se realizará la primera reunión del comité técnico, la semana siguiente se iniciará el proceso de revisión jurídica y luego del 4 al 8 de octubre el viceministerio Administrativo y Comité Compras darán los pasos para proceder al proceso de compras.
El mismo iniciará el 11 de octubre, con un mes, para que todos los proponentes puedan enviar sus propuestas y realizar sus preguntas y el 13 de noviembre se reúne el comité técnico para revisar y ver todos los cumplimientos técnicos, para llevar su presentación el 22 de noviembre al Comité Ejecutivo y el 3 de diciembre ya se tendrían los nuevos aliados.
El observatorio de Buenas Prácticas está integrado por: Ministerio de Turismo (MITUR), Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), Banco Popular, CCN, Cervecería Nacional Dominicanas, Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), FINJUS, ASONAHORES, INTEC, PUCMM, APEC, UNIBE, UNPHU y OMT.
Dirección Comunicaciones
17 septiembre 2021
Momentos de la reunión sostenida entre la delegación de congresistas de los Estados Unidos y miembros del Consejo de Directores de FINJUS para intercambiar sobre aspectos de la realidad institucional y el fortalecimiento de la democracia en nuestro país. La delegación estadounidense fue encabezada por el Hon. Albio Sires, Jefe del Comité de Relaciones con el Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes, e incluyó a los Hon. Mark Green y Adriano Espaillat. Le acompañaron Robert W. Thomas, Chargé d’Affaires de la Embajada de los Estados Unidos y Rebecca Latorraca, Directora de USAID. Por FINJUS estuvieron presentes los miembros del Consejo de Directores, Sra. Elena Viyella de Paliza, Anyarlene Bergés y Rafael Izquierdo, así como Servio Tulio Castaños, Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS.
FINJUS EXPRESA PREOCUPACION POR UN POSIBLE AUMENTO DE LA DELINCUENCIA POR LA APERTURA DEL PAÍS Y LOS PROBLEMAS ECONOMICOS QUE PREVALECEN
Los medios de comunicación reportan en los últimos días el aumento de la percepción de inseguridad y la ocurrencia de actos delictivos en diferentes sectores del Distrito Nacional y otros puntos del país, especialmente del raterismo y hurtos vinculados con motoristas que se desplazan por las vías públicas. Para FINJUS estos hechos deben ser cuidadosamente monitoreados por las autoridades vinculadas a la seguridad ciudadana porque existen señales de que con el fin de las medidas de restricción podrían subir los actos delictivos en todo el país.
Aunque la inseguridad se viene arrastrando desde hace varios años, en la actualidad la sociedad dominicana se siente muy preocupada por esta percepción de inseguridad porque se produce en el marco de los efectos económicos y sociales derivados de la pandemia mundial por Covid-19. Aunque todos recordamos que a lo largo del 2019 vivimos olas de vandalismo y delincuencia común que llamaron la atención incluso a los medios de comunicación, en este momento produce indignación en la forma abierta como estos delincuentes han actuado.
La pandemia por Covid-19 ha transformado muchos aspectos de la vida cotidiana de las personas y ha cambiado las rutinas de trabajo y ocio, sobre todo después de permanecer más de un año en medio de medidas estrictas de confinamiento para limitar el contagio. En ese período también cambiaron los eslabones de la cadena criminal, dando como resultado que entre marzo de 2020 y junio de 2021 hubo un ligero descenso de raterismo, hurtos y arrebatos en las vías públicas.
Sin embargo la violencia intrafamiliar y los conflictos convivenciales aumentaron, lo que es coherente con lo ocurrido alrededor del mundo, como ha planteado un estudio reciente de la Universidad de Utrecht en los Países Bajos que en ese periodo en 27 ciudades de 23 países la delincuencia bajo en un 46 por ciento en robos y hurtos.
En nuestro país observamos que inmediatamente fue levantado el toque de queda se ha producido un relajamiento del control policial sobre algunas zonas, lo que parece estar relacionado con un incremento del fenómeno de pandillas de motoristas asaltando en las calles de barrios populares y de clase media, sobre todo en el Distrito Nacional. Hechos parecidos se registraron por ejemplo en New York, especialmente en la zona del Alto Manhattan, donde ha habido un recrudecimiento de la violencia, los tiroteos y los asaltos en la vía pública luego del levantamiento de las restricciones a la circulación.
Aunque estos fenómenos tienen que ser estudiados más profundamente todo parecería indicar que en el período post-covid habrá un aumento de la violencia y la criminalidad en la región latinoamericana, como efecto del desempleo y la deserción escolar. Afortunadamente el pronóstico para el desarrollo económico del país es mucho más favorable que en el resto de la región, dando lugar a mejores oportunidades para que el Estado siga avanzando en la creación de políticas públicas en seguridad ciudadana y combate de la criminalidad que sirvan de base a los programas de prevención del delito.
Es urgente que las autoridades dispongan el aumento de los controles y patrullaje policial en las zonas donde se han cometido frecuentemente los delitos de raterismo señalados y se establezcan mecanismos de comunicación adecuados para orientar a la ciudadanía sobre este fenómeno.
Queda pendiente un estudio más profundo para determinar la relación entre pandemia y criminalidad, que permita establecer cómo estas variables interactúan y cómo pueden establecerse estrategias policiales y de seguridad ciudadana más efectivas para prevenir estos desafueros y actos vandálicos, en un marco de respeto a la legalidad y con el apoyo de la ciudadanía.
Servio Tulio Castaños Guzmán
Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS
6 de septiembre, 2021
Presidente del Consejo de Directores de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS) Rafael del Toro Gómez y demás miembros del Consejo de Directores de la entidad, Anyarlene Bergés, Rafael Ernesto Izquierdo, Omar Victoria, Andrés Bobadilla y Servio Tulio Castaños, realizan visita al Presidente de la República Lic. Luis Abinader, donde intercambiaron impresiones sobre temas institucionales.
27 de agosto de 2021.- La comisión bicameral que estudia varias propuestas de ley de extinción de dominio y la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) celebraron el taller “Desafíos de la ley de extinción de dominio en la República Dominicana”.
El taller, realizado en el marco del “Programa de acción de la sociedad civil por la seguridad y la justicia”, contó con la presencia de senadores y diputados, consultores nacionales y el consultor internacional en materia de extinción de dominio Marko Magdic, quien dictó una charla magistral en donde resaltó la importancia de que la República Dominicana cuente con la referida legislación, como una forma eficaz de enfrentar la corrupción y el crimen organizado en sus diferentes modalidades.
Al tomar el turno de cierre de la actividad, Alfredo Pacheco reiteró el compromiso del Congreso de aprobar el importante instrumento jurídico que demanda toda la sociedad.
El jurista Servio Tulio Castaño Guzmán afirmó que será prerrogativa de los legisladores decidir en uno u otro sentido.
“Con la correcta aplicación de la ley de extinción de dominio, se le acaba la fiesta al narcotráfico”, aseguró Magdic durante el taller.
Palabras de bienvenida del Dr. Servio Tulio Castaños G
fuente: megadiario